Disfrazados de presos y con billetes falsos de 500 euros adheridos a su indumentaria, varios simpatizantes de la Plataforma por una Vivienda Digna* se introdujeron en el Salón Inmobiliario de Madrid el pasado viernes 2 de junio. La “visita”, que fue pacífica en todo momento, se articuló como una protesta por la especulación desmedida y los elevados precios de la vivienda en España, inalcanzables para la gran mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes. Entre los mensajes escritos que llevaban los miembros de la plataforma se podían leer frases como “Que levante la mano el que tenga derecho a una vivienda pero no la pueda pagar”, o “No somos tontos, la vivienda no vale lo que cuesta”.
Este último mensaje era corroborado de alguna manera por la publicidad de algunas empresas presentes en el salón, ya que si algo ha caracterizado al SIMA 2006 es la poca afluencia de público y la abundancia de descuentos por adquirir una vivienda. El grupo murciano MAN ofrecía 12.000 euros de descuento y el grupo Pinar llegaba hasta los 18.000 euros en algunas promociones. Otras promotoras han ofrecido también descuentos económicos y algunas lo han hecho en especie, como un año gratis de Digital +, muebles gratis o rebajas en la hipoteca.
Uno de los aspectos de la feria que más indignó a los activistas por una vivienda digna fue la falta de viviendas asequibles para los jóvenes, destacando que un joven con un salario medio sólo pueda aspirar a una vivienda a 50 km de la capital, y aún así pagando más de 120.000 euros. "Quieren que nos vayamos de Madrid, y por eso protestamos en este salón, porque nuestra vida y familia está aquí y no queremos malvivir a 50 km de distancia", declaraba uno de los presentes.
La Plataforma por una Vivienda Digna (www.viviendadigna.org) mantiene que las diferentes administraciones, en especial las autonómicas, tienen la principal culpa de la situación actual y reivindica medidas contundentes para atajar el gravísimo problema del acceso a la vivienda existente en España. Algunas de estas medidas son una mayor carga impositiva a las viviendas vacías (sólo en Madrid se estiman en más de 300.000), reformas profundas en la gestión del suelo para no fomente la especulación, reformas en la gestión de las cooperativas, fomento del alquiler y medidas para asegurar la protección medioambiental en los nuevos desarrollos urbanísticos, entre otras.
La Plataforma, no alineada a ninguna corriente política y con comités en las principales regiones españolas, pretende seguir movilizándose y mostrando su rechazo a los altos precios de la vivienda, que contrastan con la precariedad laboral en la que se desenvuelve la mayor parte de la juventud española.
* Plataforma por una Vivienda Digna
Comité territorial de Madrid
http://www.viviendadigna.org
madrid[arroba]viviendadigna.org
* DIario Rojo y Negro - Miércoles 6 de junio de 2007
Activistas por la vivienda digna protestaron en el Salón Inmobiliario de Madrid
Premios Atila Región Murciana 2007
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, Ecologistas en Acción* concede los Premios Atila Región Murciana con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”. Los ganadores han sido elegidos por cientos de murcianos, que han nominado a numerosos candidatos mediante votación vía Internet propuesta por esta organización. En esta edición los ganadores, en función de los votos emitidos, son: Premio “Atila 2007”: Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Premio “Caballo de Atila 2007”: Benito J. Mercader, Consejero de Industria y Medio Ambiente.
Premio “Atila 2007”: D. Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. No sólo ha sido reelegido en las recientes elecciones, sino que también repite primer puesto en estos premios. Los méritos que le hacen merecedor de este premio, de nuevo, son su apuesta por la especulación urbanística como base del modelo de desarrollo de la Región de Murcia, permitiendo y promoviendo la urbanización de todo el suelo de la Región, cambiando las Leyes regionales a su conveniencia. Al Gobierno Regional le trae sin cuidado la importancia ecológica y social de los suelos que urbanizan, desprotegiendo espacios naturales si es necesario, agotando los recursos hídricos, y haciendo desaparecer en los últimos años gran parte de la huerta tradicional murciana. Todo esto aderezado con los numerosos casos de corrupción urbanística, por algunos de los cuales están imputados varios cargos públicos de este gobierno.
Premio “Caballo de Atila 2007”: Benito J. Mercader, Consejero de Industria y Medio Ambiente, por seguir la estela de sus predecesores, permitiendo y aprobando la continua sustitución del suelo por ladrillos en todo el territorio regional, sin importar que sean espacios naturales, huerta tradicional, o la falta de recursos hídricos, la falta de previsión de infraestructuras y servicios (por ejemplo la depuración de aguas), e ignorando la desaparición de nuestros recursos naturales, arqueológicos, históricos, sociales, etc.
Accesit “Alcalde Modelo”: Miguel Ángel Cámara, Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, por convertir a Murcia en una ciudad inhabitable e insostenible, cuyo aire está cada día más contaminado, cuyas calles son cada día más ruidosas e intransitables para las personas, cuyas plazas son remodeladas en solares de cemento y adoquines, cuyo tráfico aumenta día a día, etc. Por la continua apuesta por la urbanización de la huerta, a conveniencia de promotores, centros comerciales y del coche privado. Por ampliar aparcamientos en el centro y carriles de acceso para coches en detrimento del transporte público y de otras alternativas como la bici. Por malgastar el dinero en carísimas esculturas, cuya ubicación roza el insulto en algunos casos (léase sardina en el río Segura), en vez de invertir educación (escuelas infantiles públicas), en mejora del transporte público, en reducción de la contaminación y del ruido, etc.
* Ecologistas en Acción - Región Murciana 4 de junio
Foto: marina Cope (Murcia) /Ecologistas en Acción
El Defensor del Pueblo andaluz sugiere someter a referéndum los PGOUs
EuropaPress* : "El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sugiere que se estudie la conveniencia de incluir en la normativa actual, previos trámites legales, la exigencia de convocar una 'consulta popular' no vinculante antes de la aprobación provisional de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) por los plenos de los ayuntamientos, con el fin de que los responsables municipales y autonómicos conozcan la posición de la población en torno a la propuesta de ordenación que se vaya a realizar. En el informe de 2006 de la institución el Defensor propone este 'referéndum' como una de las medidas para incrementar la participación de los ciudadanos en el proceso de formulación de sus planeamientos urbanísticos, un asunto que a su juicio tiene "una enorme transcendencia para los derechos constitucionales de la ciudadanía".
No obstante, y como alternativa, el Defensor añade que, si no se considera oportuno contemplar ese trámite como preceptivo, "sería más que recomendable que los ayuntamientos voluntariamente se planteen incluir en sus normas de organización asumir el compromiso, dentro del respeto al marco legal que se establezca, de celebrar la mencionada consulta popular con carácter previo a la aprobación de los PGOU".
En su informe anual, Chamizo reflexiona en el capítulo dedicado al 'Desarrollo urbanístico y sostenibilidad en Andalucía' sobre "uno de los grandes debates sociales y políticos a los que hemos asistido en los últimos años" y realiza más de una decena de recomendaciones.
En primer lugar, "y reconociendo que en algunos modelos urbanísticos rechazables desde diferentes perspectivas han estado presente actuaciones ilícitas de agentes privados y responsables públicos", subraya que "la inmensa mayoría de los planeamientos urbanísticos cuyo modelo está causando rechazo por parte de colegios profesionales, amplios sectores de la población y no pocos responsables públicos, no hubieran tenido lugar si no hubieran sido aprobados formalmente con arreglo al ordenamiento jurídico en vigor por los órganos de gobierno competentes de los municipios y, en los casos en que ello era exigible, por los de la Comunidad Autónoma --Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo--".
Por ello, entiende que "el sector publico y fundamentalmente los municipios han sido, cualquiera que sea la justificación de las decisiones adoptadas, los principales responsables de la situación creada".
Asimismo, afirma en el informe que, "pese a los esfuerzos realizados a través de las políticas públicas de vivienda, de infraestructuras y ambientales, los poderes públicos no han sabido garantizar, en plenitud y 25 años después de la aprobación de la Constitución, la consecución de los objetivos que, en aras a la protección de determinados derechos, les compelía, entre otros, los artículos 45, 46 y 47".
Así las cosas, destaca la necesidad de que, "de forma coordinada con los agentes sociales, los poderes públicos lideren modelos alternativos que, facilitando el desarrollo económico de la sociedad, no hipotequen, a medio y largo plazo, los valores inherentes de nuestro territorio".
Para ello, dice que se debe tener en cuenta, además del beneficio a corto plazo, la demanda de servicios, el coste de las infraestructuras externas que demandarán estas urbanizaciones, el gasto medio que realiza el turismo que se asienta sobre inmuebles residenciales en lugar de establecimientos hoteleros, el gasto sanitario o el consumo energético y de agua. Añade que, al mismo tiempo, es preciso valorar también, en términos de calidad de vida, de cara a la población residencial y al turismo, la apuesta por un desarrollo compatible con el medio ambiente.
Igualmente, demanda que se prive de urbanizar espacios con valor ambiental e indica que "es imprescindible apostar por otros modelos de edificación de menor consumo de suelo y localizables en espacios que, por su menor calidad ambiental y paisajística, se estimen más adecuados, generando, sobre todo en las áreas metropolitanas, espacios susceptibles de disfrute ambiental colectivo y que deben ser necesariamente preservados, como garantía de sostenibilidad para las generaciones futuras".
Debate
En definitiva, para la institución, la cuestión territorial, expresada en términos de desarrollo sostenible, "debe alcanzar en el debate cultural y político una preeminencia que, hasta ahora, no ha tenido", por lo que pide que "las instituciones defensoras de los derechos constitucionales deben fomentar la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de tantas y tantas acciones y omisiones de los poderes públicos y de la sociedad en éste ámbito, criticar abiertamente el papel desempeñado hasta ahora por las Administraciones Públicas, realizar propuestas para una mayor y mejor tutela de tales derechos y articular mecanismos de colaboración con asociaciones ecologistas y otros colectivos interesados en la defensa de estos valores".
"Es necesario crear una nueva conciencia, no ya del problema, sino de la necesidad de afrontarlo con urgencia y, a partir de aquí, exigir las responsabilidades", concluye el Defensor en este capítulo.
* ABC - Sevilla - 4 de junio de 2007
