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ELPAÍS/Valencia* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha estimado el recurso del portavoz socialista. Alfredo Barberán,grupo socialista de Enguera y ha anulado las bases de un programa de actuación integrada (PAI) en Enguera.
El tribunal considera contraria a derecho la realización del pleno extraordinario de aprobación, tramitado por la vía de urgencia y cuyo expediente no fue facilitado al grupo socialista hasta el mismo día de la sesión.
El alcalde, Santiago Arévalo, del PP, considera "absurda" la sentencia, dado que la urgencia de una cuestión "es una juicio de valor, la determina el pleno, no un tribunal" y ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo. "Convocaremos otro pleno, volveremos aprobar el mismo expediente y ya está", avanzó el alcalde.
El proyecto de 24.108 metros cuadrados en los terrenos de la antigua fábrica textil Piqueras y Marín, promovido por la mercantil PL Madrid, SL, de Xàtiva, preveía la construcción de 300 viviendas en bloques de cuatro pisos.
* ELPAÍS.com - X. A. - Xàtiva - 21/06/2009
Foto: Enguera (Valencia) - lasprovincias.es
EL TSJ tumba un PAI de 300 viviendas en Enguera
Sevilla: La visita de la Unesco reabre el debate sobre la Torre Pelli
ELCORREODEANDALUCÍA* : En plena obra, el rascacielos de Cajasol encara otra semana de debate, y no por cuestiones técnicas. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco se reúne en Sevilla desde mañana lunes hasta el día 30 y está por ver si los colectivos en contra de su construcción logran que este organismo reconozca el impacto negativo de la torre.
El asunto no estará entre los 133 casos con problemática patrimonial que, a escala global, revisará el Comité en su cita de Sevilla, pero se tratará extraoficialmente, de ahí que los colectivos en contra del rascacielos de Cajasol ya hayan organizado un calendario de actos.
Sólo el tiempo dirá si la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares acaban en la lista de Patrimonio en Peligro por el impacto negativo de la torre, obra del arquitecto argentino –nacionalizado norteamericano– César Pelli con una altura de 178 metros, 80 más que la Giralda. La pérdida de la categoría de Patrimonio Mundial de estos monumentos, a priori, parece complicada.
No obstante, pese al apoyo de las administraciones y a la legalidad del rascacielos, lo cierto es que hay precedentes en los que la presión de la Unesco ha bloqueado un proyecto. A los casos ya conocidos de Colonia y Oviedo –en los que el organismo de la ONU desautorizó y consiguió parar proyectos urbanísticos con rascacielos– se une ahora el de Praga. Recientemente, la Unesco ha mostrado formalmente su preocupación por la construcción en el barrio de Pankrác de varios edificios de unos 100 metros.
Si la Unesco no respalda el proyecto, Sevilla podría seguir los pasos de Colonia, a la que el organismo de la ONU incluyó en 2004 en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro ante la insistencia de las autoridades alemanas en construir en el barrio de Deutz un ambicioso proyecto urbanístico con cuatro rascacielos.
El tiempo apremia y la obra sigue su curso. El Ministerio de Cultura ha creado un comité de expertos para que analice la polémica y España se presente en la cita del Comité Mundial del Patrimonio de junio de 2010 (en Brasilia) con una postura única. Para entonces ya estará lista la cimentación de los 43 pisos (tres bajo rasante). Y es que el tiempo corre a favor de Cajasol.
Los informes y las voces a favor y en contra se multiplican. El punto de partida fue un documento demoledor de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organismo consultivo oficial de la Unesco. Denunció el impacto que para el patrimonio puede tener el edificio, lo que motivó que el tema casi fuese incluido en la reunión de Sevilla, organizada para inscribir nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial y revisar los que están en peligro.
El promotor (Cajasol), el Ayuntamiento y la Junta defienden el proyecto y aseguran que no “agrede” al casco histórico. Es más, sostienen que da respuesta a lo planteado en el PGOU, que no tiene afección visual a pie de calle, en el corazón donde se ubican los monumentos protegidos, que los problemas de tráfico los solucionarán las administraciones con transporte público, que el edificio, pese a su altura, será “sostenible”, rentable y beneficioso para la economía de la ciudad.
En el otro lado del ring está la plataforma Túmbala, que pretende que los 178 metros se recorten. Este colectivo, que aglutina desde ecologistas hasta profesores universitario o entidades sociales de diversa índole, asegura que la torre “amenaza” los valores patrimoniales y paisajísticos del Centro; que va en contra del modelo de ciudad sostenible mediterránea; que su “errónea” ubicación creará un caos “espectacular” de tráfico e incluso que la especulación urbanística, en plena crisis, es éticamente “injustificable”, sobre todo porque viene “de una entidad financiera a la que se le supone una vocación social”. Además, apuntan que un rascacielos no moderniza una ciudad, ya que eso depende de la mentalidad de sus moradores.
Lo cierto es que el proyecto enclavado en Puerto Triana no se libra de la polémica y desde su nacimiento ha estado en la diana. Puerto Triana en sí arrancó en 1998, durante el mandato de Soledad Becerril (PP), como un ambicioso complejo con 87.000 metros cuadrados de edificabilidad, de los que al menos 72.000 eran para centros comerciales y de ocio. Ricardo Bofill diseñó una torre de 80 metros para la sede de las cajas de ahorro. Todo debía estar listo en la primavera de 2003. Con 150 millones de euros, generaría 5.000 empleos.
El resbalón vino cuando en 2003 la Consejería de Obras Públicas redujo de forma drástica la edificabilidad a 45.000 metros cuadrados, destinados sobre todo a centros administrativos, lo que llevó a replantearlo como sede de oficinas. Entonces abandonó el proyecto Rodamco, grupo especializado en centros comerciales.
El segundo escollo fue político: al llegar al Gobierno local, IU se opuso al proyecto. Los socios privados salieron del mismo y las cajas de ahorro sevillanas compraron su parte, retomando las negociaciones con el Ayuntamiento. Pasado un lustro, Puerto Triana volvió a empezar de cero en 2003. Tres años después, la Gerencia de Urbanismo aprobó el Plan de Reforma Interior incluyendo la posibilidad de construir una torre de entre 150 y 225 metros o dos edificios de 90 metros.
El Ayuntamiento apostó por un rascacielos para liberar el resto del espacio y disponer de un símbolo arquitectónico de la Sevilla de siglo XXI. Las cajas, por su parte, recelaron en un primer momento porque levantar más de 22 plantas supone un enorme gasto. Pero la entidad financiera cambió de opinión. El 17 de julio de 2007 se puso la primera piedra, tras un concurso de arquitectura basado en el diseño de un gran rascacielos. Y ya se construyen las pantallas que rodearán el recinto.
* El Correo de Andalucía - Obreros trabajando ayer, sábado, en la cimentación de la torre / Paco Cazalla, elcorreodeandalucia.es
La ciudad de Valencia pierde 30 millones en el solar del nuevo estadio
ELPAÍS* : El Valencia Club de Fútbol ganó 30 millones de euros en la permuta del solar sobre el que se construye el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. O lo que es lo mismo, la ciudad de Valencia pierde esa cantidad a causa de la tasación asumida en la operación por el equipo de la alcaldesa, la popular Rita Barberá.
Según un informe de la Gencia Tributaria incluido en la investigación que desarrolla la Fiscalía de Valencia sobre la permuta, la tasación de los más de 80.000 metros cuadrados de ese solar asciende a 75 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento acordó con el club un valor de 45 millones, tras asumir la más alta de las tres tasaciones que solicitó cuando el convenio estaba por firmar.
Esa sustancial diferencia, según la Fiscalía de Valencia, es producto directo de una decisión a sabiendas favorable para el club tomada por el Ayuntamiento de Valencia, concretamente por Rita Barberá, alcadesa, y por los concejales Jorge Bellver, de Urbanismo, y Alfonso Grau, de Grandes Proyectos.
Si es o no sostenible una imputación contra la alcaldesa, aforada por su condición de diputada, es una cuestión que está en manos del fiscal general del Estado, que tiene sobre la mesa dos informes: uno, de la Fiscalía de Valencia considerando que sí; y otro, de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, competente para aforados, que opina lo contrario. Las diligencias se mantienen abiertas en espera de la respuesta de Cándido Conde-Pumpido.
El Ayuntamiento recalificó para uso deportivo privado la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas donde se construye el nuevo estadio del Valencia. Un informe de la Universidad Politécnica valoró esa parcela y sus nuevos usos en 33 millones de euros y dos informes privados en 43 y 45 millones de euros, respectivamente. La Corporación aprobó el acuerdo con el club con la tasación más alta, la de 45 millones. El club, a cambio, entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad. Esas parcelas están valoradas en 18 millones de euros. Los 17 millones de diferencia debían ser compensados por el club con un abono en efectivo. De momento, ni las parcelas ni el dinero se han entregado al Ayuntamiento. Sin embargo, sobre el solar previsto, aunque con las obras paralizadas por falta de fondos, ya se levanta el esqueleto del futuro estadio.Meses después de que el Ayuntamiento aprobara en pleno el convenio, el club solicitó una recalificación parcial del solar, concretamente de los metros cuadrados que en el proyecto inicial conveniado estaban destinados a oficinas. Pidió permiso para poder disponer de una licencia de uso hotelero. Y el Ayuntamiento volvió a decir que sí sin hacerse ningún cuestionamiento sobre el impacto económico respecto del pacto entre las partes.
Una denuncia de los vecinos obligó a la Fiscalía de Valencia a abrir una investigación. Los denunciantes consideraron que el Ayuntamiento había dejado a los ciudadanos sin unos terrenos de uso público para acceder a los deseos de un club de fútbol que salía claramente beneficiado en la operación económica.
La Fiscalía inició las diligencias y llamó a declarar a varios técnicos del área municipal de Urbanismo. Además, reclamó al Ministerio de Economía y Hacienda una nueva valoración sobre la parcela.
Esa valoración se eleva a 75 millones de euros. Ello significa, tal como consta en el informe, que el Valencia suma un beneficio de 30 millones de euros como consecuencia del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento.
La Fiscalía de Valencia, una vez estudiada toda la documentación aportada por el Ayuntamiento y las explicaciones de los técnicos, considera que el equipo de Rita barberá que dirigió las negociaciones con el club de fútbol conocía indiscutiblemente las intenciones de solicitar una posterior recalificación para permitir un ventajoso uso hotelero en el complejo deportivo. De ello, responsabiliza a Grau, a Bellver y a la propia alcaldesa.
Precisamente, por el hecho de encontrarse con una aforada, la Fiscalía de Valencia tuvo que enviar el asunto a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Ésta reclamó en dos ocasiones informes complementarios para conocer el detalle de todo lo actuado.
Su criterio es diferente, ya que no ve claro que de ese beneficio sean responsables los dos concejales y la alcaldesa. Más aún, sin entrar demasiado en el fondo de la cuestión, entiende que hay falta de pruebas para sostenerlo.
A su juicio, la última recalificación, la que permite al Valencia disponer de una licencia de uso hotelero en el complejo, se produce con posterioridad a la firma del acuerdo. Ante la divergencia entre ambos, el asunto está en manos del fiscal general del Estado.
* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 21/06/2009
Foto: Valencia, nuevo estadio (archivo) - elpais.com
Un millar de personas se manifiestan en Cangas en contra del puerto de Massó y los rellenos en la costa
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FARODEVIGO* : Detrás de una pancarta con la leyenda “Tí que vives do mar, únete e defende o teu posto de traballo”, un millar de personas partieron ayer desde la Alameda Vella de Cangas para recorrer el centro urbano en manifestación contra el puerto deportivo de Massó y los rellenos en el litoral. La protesta, organizada por la cofradía “San José” y la red de colectivos “Galiza non se vende” estuvo encabezada por el patrón mayor, Evaristo Fernández, y otros miembros del cabildo, así como representantes del movimiento ecologista.
También participaron marineros y colectivos de otros municipios de la ría, con una nutrida presencia de jóvenes. La manifestación ralentizó el tráfico en la Avenida de Bueu, Alexandre Cribeiro, Avenida de Vigo y Castelao, donde los participantes se plantaron frente al Concello para desplegar sus pancartas y corear consignas contra el proyecto de Marina Atlántica, las autorizaciones de la Autoridade Portuaria y la pasividad del BNG y PSOE, especialmente la alcaldesa, para frenar las obras. “¡Veu máis xente da que esperaba. Imos seguir nesta guerra en defensa do noso mar e ímola gañar!”, proclamó el patrón mayor. “Para ser a primeira non está mal, pero detrás virán outras se isto non funciona”, añadió Antonio Fernández Cordeiro, portavoz del Foro Social.
La protesta comenzó en la Alameda Vella con los argumentos de los convocantes sobre el “atentado ecolóxico” que supone el proyecto para Massó, la “perda de 500 empregos no mar”, la “ilegalidade” de las obras y el “pelotazo especulativo” que representa esa “usurpación de terreos e privatización do mar”. El recurso a la Guardia Civil para proteger las obras, el “ataque frontal ao pequeno comercio” –los convocantes criticaron la ausencia de este sector en la protesta–, y, sobre todo, la “deixación de funcións municipais” y la supuesta connivencia de la prensa fueron otros de los mensajes más recurridos. En días previos, un coche con megafonía alertaba de la destrucción de empleos y la afectación a la playa de Rodeira.
Entre el público se encontraba el concejal de Urbanismo, artífice político de la movilización contra el proyecto de Marina Atlántica. Abalo cifró en “mil persoas” las que le acompañaban y cuyo mensaje resumió como “a necesidade de recuperar a unidade de acción no goberno en defensa dos traballadores e do sector mariñeiro”. También acudió el edil de Cultura e Patrimonio Xosé Manuel Pazos, de Esquerda Unida (que forma parte de ACE). El BNG no acudió a la manifestación, aunque su portavoz, Óliver Álvarez, comunicó que “respetan” a los asistentes, “pero tamén aos moitos que non asistiron”, e instó a Abalo a “sentarse con Marina Atlántica e a Autoridade Portuaria para resolver o problema”. La edil no adscrita, Begoña Pérez, se dejó ver al principio de la manifestación, mientras que el PSOE no compareció.
Desde el Foro se hizo un llamamiento a mantener la “guardia permanente” en el vial de A Congorza para evitar el suministro de materiales a la obra y a acudir a los plenos que se celebren. La sesión ordinaria de junio, prevista para el viernes, se traslada al jueves siguiente. “Iremos a preguntarlle catro cousas a un partido que dí que é socialista e obreiro, e tamén aos que teñen alí a alcaldesa, a ver se non pensan mover un dedo”, manifestaron sus portavoces.
Reivindicación pacífica
A pesar de las tradicionales consignas “se isto non se asume, lume, lume, lume!” o “se isto non se amaña, caña, caña, caña!”, y de mensajes dispersos contra la Guardia Civil o el uso de métodos de protesta más contundentes, la manifestación finalizó sin incidentes. “Imos a seguir nesta batalla e ímola gañar, pero desde o respeto e de forma pacífica”, proclamó el patrón mayor.
* Faro de Vigo - G.M.P. - 21.06.09
Foto: Marineros de Cangas y de otras cofradías de la ría encabezaron la protesta por las calles del centro urbano cangués. - Gonzalo Núñez, farodevigo.es
