ELOBSERVADOR* : El nuevo PGOU que tramita la administración local del Partido Popular en Marbella supone una amnistía generalizada a las construcciones ilegales que se han desparramado por todo el municipio al son de la chequera de Juan Antonio Roca y Jesús Gil. Constructores y promotores se benefician de este ‘todo vale’ con el que el actual Ayuntamiento quiere revitalizar los males que ha provocado la investigación judicial.
Todo se legaliza, incluida la piedra angular de la operación Malaya, el Hotel Guadalpín Marbella de Aifos, al que sólo se piden 635 metros para regularizar su situación. Frente a las intenciones de la alcaldesa del PP, Ángeles Muñoz, la abogada Inmaculada Gálvez insiste en declaraciones a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com en solicitar “la demolición del hotel, emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol” para restaurar la legalidad alterada. No es la única, mañana viernes la Plataforma de vecinos 29-M enviará al eurodiputado David Hammerstein un amplio dossier documental del PGOU de Marbella para que el Europarlamento de Bruselas conozca y tome cartas en este asunto.
LA denominada 'operación Malaya’ sobre la corrupción en Marbella empieza en 2005 tras la declaración de un testigo que fue citado en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella para declarar sobre irregularidades urbanísticas relacionadas con el hotel Guadalpín Marbella de Aifos. Es la conversación entre este funcionario y el juez Miguel Ángel Torres lo que destapa el mayor caso de corrupción de España. La abogada Inmaculada Gálvez, estrechamente ligada a estos hechos y conocedora de los pormenores del Guadalpín, como defensora de clientes afectados por el inmueble, lo califica sin tapujos como “el emblema de la corrupción urbanística de la Costa del Sol”.
ABIERTO sin las preceptivas licencias, acumulando tantas irregularidades durante su construcción que la arquitecta inicial del proyecto se largó a mitad de construcción porque no quería hacerse responsable de lo que se venía encima (ver noticias relacionadas); objeto de dudosas compraventas por empresas de Isabel Pantoja cuando era pareja del entonces alcalde, Julián Muñoz, que concedió a renglón seguido los consiguientes permisos; refugio y cortesía para una legión de políticos, jueces y funcionarios agraciados por la generosidad empresarial de Aifos, el hotel Guadalpín Marbella ha sido objeto de polémica y de constante atención mediática.
AHORA el establecimiento se ve beneficiado por la amnistía generalizada que concede el nuevo PGOU de Marbella a las numerosísimas construcciones ilegales que salpican la ciudad. “El famoso Hotel Guadalpín, construido por Aifos, deja de aportar casi 3.000 metros cuadrados. La construcción, estudiada al detalle en el caso Malaya, tenía que entregar 3.590 metros cuadrados para regularizarse, que pasan a 635 metros”, informó el martes el diario El País.
PARA evitarlo están la cascada de alegaciones que han presentado tanto Gálvez como multitud de abogados como representantes vecinales, entre ellos los de la Plataforma 29-M, que se distingue por pedir mano dura y que se cumpla lo que dicta la ley que es la restauración de la legalidad alterada por las construcciones ilegales, lo cual, en cristiano, significa demolición. “Para el Guadalpín pido demolición. Allí hay un Plan parcial, una urbanización consolidada. Es que si se legaliza, se está legalizando el emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”, subraya Gálvez.
UNA de las acciones paralelas de la Plataforma vecinal 29-M es solicitar la intervención de la Unión Europea en este asunto, para lo cual cuentan con el compromiso de colaboración del eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, a quien enviarán mañana viernes un amplio dossier con documentación detallada de las ilegalidades cometidas.
* El Observador - 8.01.2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
El PP de Marbella legaliza al “emblema de la corrupción urbanística en la Costa del Sol”
El PGOU de Antella prevé 6.000 nuevas casas sin conocer si dispone de agua
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LEVANTE/Valencia* : Ni estudio de disponibilidad de recursos hídricos, ni previsión de necesidad de VPO, ni reserva de suelo para el ecoparque, ni siquiera, un estudio de impacto ambiental "completo".
Las carencias del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) presentado por el Ayuntamiento de Antella, que preside la popular Mª Isabel Giménez, son tantas que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha decidido exigirle al consistorio que remita casi una decena de informes que debían acompañar el PGOU aprobado provisionalmente en julio de 2007 y que subsane algunas deficiencias del plan urbanístico.
Entre los informes reclamados destaca el estudio sobre previsión de necesidades de VPO en el municipio, especialmente importante en el caso del PGOU de Antella dado el volumen de nueva vivienda que proyecta (unas 6.000 casas y un campo de golf fruto de la reclasificación de 2.600.000 m2).
* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó - 8.01.2008
Foto: Antella (Valencia) - lasprovincias.es
La Fiscalía lleva el ´caso Caballistas´ al Supremo y recurre la sentencia absolutoria
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ÚLTIMAHORA/Mallorca* : El 'caso Caballistas' llegará al Tribunal Supremo. La Fiscalía de Balears ha presentado el escrito por el que recurre la sentencia que absolvía a los catorce acusados, la mayor parte de ellos alcaldes y altos cargos municipales del Partido Popular.
El Ministerio Público se queda solo a la hora de elevar el caso al máximo tribunal, ya que ninguna de las dos acusaciones particulares ha presentado recurso en el plazo previsto, que terminó a las doce de la noche de ayer.
La acusación de Jaume Melis, al que representaba el abogado Josep de Luis, ya anunció hace días que no plantearía un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears. En la misma línea, el PSIB confirmó ayer que tampoco llevaría el caso más allá. Desde el partido consideran que la sentencia absolutoria pone de manifiesto de forma suficiente que los cargos del PP cometieron una actuación reprobable políticamente. Pese a que no formalicen el recurso, ambas acusaciones particulares permanecen personadas en la causa y podrían adherirse al recurso de la Fiscalía, aunque esta posibilidad parece lejana.
El fallo de la sala de lo Civil y Penal es especialmente claro al afirmar que no hubo delito. El texto zanja que los caballistas de ses Salines habían actuado en los lugares que habían certificado los alcaldes y que, por lo tanto, no hubo «mentira objetiva» cuando los cargos municipales emitieron los certificados que más tarde se usaron para respaldar la declaración de interés general de una finca del ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal. Además, la sentencia quitaba importancia a la posible falsedad que se hubiera cometido que sería «inocua», ya que se trababa de documentos sin sellos oficiales ni registros de salida, por lo que no tenían validez legal efectiva. En el mismo articulado, también se dejaba claro que en ningún caso era objeto del juicio la situación urbanística de la finca y que lo único que se juzgaba era si había habido o no un delito de falsedad. Así, tras el juicio celebrado a principios de diciembre, fueron absueltos Sebastià Vidal, ex alcalde de ses Salines; Sebastià Escalas Vidal, celador del Ajuntament de ses Salines; Sebastià Portel y Andreu Prohens, secretario y ex alcalde de Campos; Miquel Vidal, alcalde de Santanyí; Joan Jaume Mulet, alcalde de Llucmajor; Joan Jaume Ramis, ex alcalde de Lloret; Catalina Soler, ex alcaldesa de Felanitx; Gabriel Matas, alcalde Montuïri; Antoni Serra, ex alcalde de sa Pobla; Joan Llabrés, ex concejal de sa Pobla; Joan Rubert, teniente de alcalde de Inca; Joan Rotger, alcalde de Selva y Antoni del Olmo, ex alcalde de santa Margalida. Todos ellos se enfrentaban a penas de suspensión de cargo público y el caso de los primeros de cárcel por delitos de falsedad documental.
* Última Hora Digital - V. MALAGÓN - 8.01.2009
Foto: Ses_Salines (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
Gran Scala, un año jugando a la ruleta en Aragón
DIAGONAL* : Al final de 2007 se anunciaba un proyecto de juego, al estilo Las Vegas y denominado Gran Scala, que supondría una nueva ciudad del juego. ¿Qué ha sido de él? Un año después del anuncio de esta ciudad del juego prevista para 100.000 habitantes (la segunda más poblada en Aragón) en el desierto de Monegros, repasamos con uno de los portavoces de la plataforma Stop Gran Scala, J.L. Martínez, el estado del proyecto y la evolución de las resistencias articuladas.
Durante este año de Gran Scala, algunas cosas, como el contenido del proyecto o el apoyo del Gobierno de Aragón (PSOE-PAR), han permanecido intactas. Otras, como la percepción social del negocio o la composición de las resistencias, se han ido modificando. Al inicio, Martínez reconoce que fue fundamental la oposición rápida y tajante de los sectores antagonistas de los movimientos sociales y de IU en Aragón. “Esto compuso el primer núcleo de la campaña, que partía de una razón política esencial: si la patronal del juego de Las Vegas desembarca aquí, con el apoyo de la clase política, esta tierra está acabada”.
A partir de ahí, fueron sumándose enfoques de los distintos impactos del proyecto: sobre el medio ambiente, el modelo de empleo o la vida local. Esto impulsó la plataforma Stop Gran Scala, que ha liderado la oposición al evento y que, junto a las informaciones aportadas por algunos medios sobre los promotores (ILD), ha incidido decisivamente en el cambio de la opinión pública. Sobre esta base, la oposición ha ido incorporando otros sectores sociales, como la gran mayoría de organizaciones cristianas de base y la Chunta Aragonesista, partido que definió esta postura tras un intenso debate interno. Para Martínez, esto muestra cómo el movimiento ha sido capaz de acumular apoyos en torno a su oposición originaria. En la actualidad, el objetivo de la plataforma es “formar un grupo de presión fuerte, cuyas aspiraciones van más allá de la viabilidad del proyecto”.
Operación desgastada
A la oposición exterior se suma el propio desgaste interno de la operación Gran Scala. “El negocio para los promotores era comprar unos terrenos muy baratos y venderlos mucho más caros a unos inversores exteriores, atraídos por la confianza que otorgaba el apoyo institucional a la operación. Como el proyecto tuvo que hacerse público prematuramente, la compra de terrenos se complicó”, declara Martínez.
A su vez, el crecimiento de la oposición ha bloqueado la vía de las expropiaciones. Para el portavoz, el estancamiento del proyecto prueba su falta de solidez: “Con todo un Gobierno a favor y en un año, los promotores no han desembolsado ni un duro para la ejecución”. En este contexto, la Plataforma insistirá con sus movilizaciones hasta que el Gobierno de Aragón rompa sus acuerdos con los promotores: “En definitiva, la operación Gran Scala es una opción política y un debate que no puede aparcarse, sobre todo ahora”.
Oposición a pie de obra
Durante 2008, las movilizaciones multitudinarias en Zaragoza se han combinado con una pluralidad de resistencias en el territorio donde se proyectaba “la ciudad del juego”. A la ubicación inicial en Los Monegros le siguió la formación, en su capital Sariñena, de la plataforma Monegros No Se Vende. A su vez, siempre han aparecido minorías de propietarios que, pese a no poder hacer público su desacuerdo con el proyecto, han disentido, al considerar la incompatibilidad de Gran Scala con su modo de vida actual. A esto se añaden sectores juveniles y las organizaciones del Baix Cinca, como Docentes Contra Gran Scala, que han organizado la oposición en núcleos más poblados, como la capital, Fraga, de 15.000 habitantes, conforme el proyecto se desplazaba al este.
* Rebelión - Diagonal - 8.01.2009
