20minutos*/Murcia : "Equivalen a unos 20.000 campos de fútbol. La mayoría se desprotegieron con la Ley del Suelo del Gobierno murciano (PP) en la zona del litoral. El ladrillo tiene espacio de sobra para colocarse en la Región. A las 15.000 hectáreas que el Gobierno regional desprotegió en 2001 con la Ley del Suelo, se le suman otras 1.340 hectáreas en espacios protegidos, en Águilas y Cartagena, en las que se pretende urbanizar. Los promotores disponen del equivalente a 20.000 estadios de fútbol para viviendas y campos de golf.
Ecologistas en Acción y los Naturalistas del Sureste protestaron ayer para que se paralicen y blinden, al menos, cinco grandes proyectos urbanísticos en zonas con valor medioambiental: La Zerrichera, Lo Poyo, Marina Cope, Novo Carthago y Puerto Mayor.
La Consejería de Industria y Medio Ambiente anunció en enero la aprobación de un Plan de Ordenación del Mar Menor (para que no se construya en Lo Poyo) y un Plan de Gestión para la Sierra de Almenara que fije si se puede edificar en la Zerrichera. Pero no se sabe nada. El PP dice que se aprobará pronto.
El PSOE espera la marcha de su recurso a la Ley del Suelo ante el Constitucional.
Las zonas en peligro
Marina Cope: 2.000 hectáreas (Águilas y Lorca).
Carrascoy-El Valle: 7.000 has (Murcia, Alhama de Murcia y Fuente Álamo).
Barranco de Gebas: 1.800 has (Alhama y Librilla).
Saladares de Guadalentí: 1.500 has (Alhama de Murcia y Totana).
La Zerrichera: 240 hectáreas (Águilas).
Lo Poyo y Novo Carthago: 900 has (Cartagena).
Puerto Mayor: 100 hectáreas (Cartagena).
Otras zonas: 2.800 has (Sierra de las Moreras...).
Ecologistas con ropa de albañil
Una veintena de activistas Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción, vestidos de albañiles y constructores, trasladaron ayer a la Consejería de Industria y Medio Ambiente un cargamento de ladrillos con los que hicieron una parodia de urbanizar la Consejería. Querían simular la construcción de una residencial de lujo en pleno centro de la ciudad de Murcia para protestar por la desprotección de espacios naturales en la Comunidad.
*20minutos - Murcia - 27.04.2007
Foto: Marina de Cope (Murcia)/Ecologistas en Acción
El ‘ladrillo’ amenaza 16.000 hectáreas muy verdes
La Fiscalía investiga un posible soborno por la reforma urbanística de Ibiza
Diario de Mallorca* : "El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, informó ayer de la apertura de una investigación por "el presunto soborno" que se podría haber producido en torno al proyecto de reforma del centro de Vila conocido como Eivissa Centre, que impulsa la sociedad mixta Itusa formada por el Ayuntamiento y la constructora Brues SA. El Ministerio Público anunció ayer esta actuación a raíz de la reproducción de extractos de conversaciones mantenidas por el ex secretario general de la Federación Socialista de las Pitiüses (FSP-PSOE) Roque López con la edil Sandra Mayans y el gerente de Itusa, Josep Marí Ribas, Agustinet, que también es candidato de la izquierda a la alcaldía de Sant Josep, sobre el posible cobro de comisiones.
En estas grabaciones Roque López asegura que la empresa constructora podría llegar a pagar hasta "250 millones de pesetas" con dinero negro obtenido a través de la comercialización de parte de las viviendas y locales comerciales previstos en el proyecto. López llega a decir a Mayans, según la grabación, que se trata del "mayor pastel de la historia que puede ir tanto al PSOE como al PP" y que dispone de información de Antonio Pinal, presidente de Brues.
Brues y el Govern
La constructora Brues ha recibido importantes adjudicaciones del Govern balear. En concreto ha trabajado en las obras de la variante de Son Ferriol al Camí de sa Síquia, inicio de la autopista de Manacor, por valor de 19 millones de euros. Asimismo ha construido un instituto en Marratxí por valor de 5,8 millones y ha trabajado en la construcción del metro de Palma. También Cort le adjudicó construir los aparcamientos de Santa Payesa por valor de 12 millones de euros.
El alcalde lo niega y anuncia acciones judiciales
El alcalde de Eivissa, Xicu Tarrés, anunció ayer acciones judiciales contra los responsables de la "campaña de difamación" contra el PSOE de Eivissa, en referencia a la reproducción de la grabación de Roque López. Tarrés, estuvo apoyado por el gerente de la empresa pública Itusa, Josep Marí Ribas Agustinet, y el concejal de Urbanismo, Vicent Torres.
El primer edil aseguró que los abogados del Ayuntamiento se han puesto en contacto con la Fiscalía para que la justicia aclare los hechos, "con el fin de que los responsables de esta campaña de difamación comparezcan ante el juez y ante la opinión pública". Tarrés afirmó también que "se trata de un montaje con falsas acusaciones y calumnias", además de una "infamia sin fundamento". En relación al proyecto Eivissa Centre, el primer edil resaltó que es "inmaculado".
Por su parte, Josep Marí Ribas, reconoció haber hablado con mucha gente sobre el proyecto y "las teorías, falsedades y bulos que había hecho circular el PP y determinados medios de comunicación". Marí aseguró también que las declaraciones podrían estar descontextualizadas, a la vez que destacó que no recibió ningún papel con cuentas paralelas del presidente de Brues, Antonio Pinal.
El alcalde de Eivissa defendió la actuación de la edil Sandra Mayans e insistió en la "manipulación" de las grabaciones difundidas.
*Diario de Mallorca - 27 de abril de 2007
Foto: Ibiza /patrimonio-humanidad.com
El nuevo PGOU de La Romana (Alicante) no garantiza el suministro de agua
El País* /Alicante : "El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Romana no tiene justificada la disponibilidad de recursos hídricos y, además, fue aprobado sin la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según denuncia el colectivo Acció Ecologista-Agró. El planeamiento prevé la construcción de 2.000 nuevas viviendas, extremo que multiplicará por cuatro su actual censo -2.200 habitantes-.
Los ecologistas sostienen que la Comisión Territorial de Urbanismo ha incumplido uno de los condicionantes de la declaración de impacto ambiental al aprobar el nuevo planeamiento sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la disponibilidad de recursos hídricos para abastecer la futura población "y sobreexpootando aún más el ya esquilmado acuífero de Quibas".
Según el grupo conservacionista, la dirección general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Territorio y Vivienda aprobó el 3 de mayo de 2005 la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU, "a pesar de la obligación legal de hacerlo", precisa una nota de los ecologistas. La Consejería de Territorio y Vivienda no ha contestado al requerimiento de este periódico sobre afirmación de Acció Ecologista-Agró.
*EL PAÍS - Alicante - 27/04/2007
El alcalde de Cudillero será juzgado por prevaricación en materia de urbanismo
J.CUARTAS.- El País* : "El alcalde de Cudillero (Asturias), Francisco González, del PSOE, será procesado el próximo 2 de octubre en vista oral por el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés tras haber sido acusado por unos particulares de la supuesta comisión de un delito de prevaricación en la ordenación sobre el territorio por el que le piden una pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial.
González, que en mayo concurrirá a su reelección para un quinto mandato, fue denunciado por unos vecinos por haber autorizado en 2002 la construcción de un bloque de apartamentos en la localidad El Pito en una zona calificada como núcleo rural y en el que, según la acusación particular, sólo se podían construir viviendas unifamiliares o edificaciones adosadas.
La Comisión de Gobierno de Cudillero aprobó la concesión de una licencia para la construcción de 24 viviendas y locales en el núcleo rural de El Pito y pese a la que, según la acusación particular, la entonces secretaria general del Ayuntamiento, Mari Luz Loredo, advirtió en un informe que la naturaleza del suelo sobre el que se iba a actuar impedía la concesión de la licencia finalmente otorgada. Los denunciantes argumentan también en su querella que la autorización fue concedida sin informe previo del arquitecto municipal
La denuncia de los vecinos fue cursada en diciembre de 2004 ante el Juzgado de Pravia, cuya titular, tras tomar declaración al alcalde de Cudillero, resolvió en enero de 2006 admitir y cursar la querella por el procedimiento abreviado. El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, al que se dio traslado del caso, ha fijado ahora la celebración de juicio oral para el 2 de octubre. La fiscalía no presentará cargos, según informó ayer el diario La Nueva España.
El consejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, Francisco González Buendía, también del PSOE, calificó tiempo atrás en el Parlamento autónomo de "difícilmente legalizables" las viviendas en cuestión.
Pero el alcalde de Cudillero sostuvo ante el Juzgado de Pravia, cuando compareció como imputado, que el Principado de Asturias "interpuso un recurso contencioso-administrativo y la suspensión cautelar de la obra con resultados favorables al Ayuntamiento".
*ELPAIS.com - Oviedo - 27/04/2007
Foto: Cudillero /asturiasverde.com
Solicitan el bloqueo de los fondos comunitarios para el PEIT
Las principales organizaciones ecologistas españolas, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra han enviado una carta al Comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea, Stavros Dimas, para solicitar que se bloquee la financiación comunitaria al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), en tanto no cumpla la legislación europea en materia de medio ambiente. En resumen, las organizaciones ecologistas valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión Europea de apercibir al Estado español por no tener en cuenta la legislación ambiental a la hora de planificar las infraestructuras a desarrollar y esperamos que sirvan para dar un giro a la política de transportes hacia su sostenibilidad.
Las organizaciones ecologistas enviaron en junio de 2006 una Queja ante la Comisión Europea por no haber evaluado el Ministerio de Fomento el impacto sobre la Red de espacios Natura 2000 tal y como obliga la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Esta Directiva obliga a los estados miembros a evitar la degradación de cualquier espacio perteneciente a la Red Natura 2000, así como a evaluar los efectos de cualquier plan o proyecto que se lleve a cabo en estas áreas antes de aprobarlos. Esta queja se traduce ahora en el procedimiento de infracción comunicado por la Unión Europea el 22 de marzo.
Dado que los reglamentos de la Unión Europea impiden que se financien con fondos europeos actuaciones contrarias al derecho comunitario las organizaciones ecologistas han solicitado la paralización de los fondos hasta que el Estado español garantice que las infraestructuras del PEIT no afectarán a los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Esto supondrá eliminar del PEIT las infraestructuras más impactantes (se incluyen algunos ejemplos al final del comunicado) y condicionar la construcción y financiación de las infraestructuras a la no afección a la Red Natura 2000.
Según el análisis llevado a cabo por las entidades ecologistas más de 1.800 km de carreteras y ferrocarriles propuestos en el PEIT afectan, al menos, a 327 espacios de la Red Natura 2000 (tabla).
Efectivamente, el PEIT aprobado sigue recogiendo la construcción de 6.000 km de autovías y 9.000 km de líneas de alta velocidad ferroviaria. Sin embargo, España es el segundo país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas (sólo superado por Alemania, con apenas 600 km más, por lo que lo rebasaremos en breve) y el primero en términos relativos en número de kilómetros de autovía por vehículo o por habitante. Además, la gran mayoría de las nuevas autovías previstas en el PEIT se construirán en itinerarios que no llegan ni a los 5.000 vehículos por día, cuando los manuales señalan como razonable el desdoblamiento de una carretera a partir de los 10-15.000 vehículos día.
Pero, a juicio de las organizaciones de defensa de la naturaleza, el PEIT además adolece de otros graves problemas que no lo hacen compatible con un transporte sostenible. Por ejemplo, el PEIT dificultará mucho la lucha contra el principal problema ambiental al que se enfrenta la Humanidad: el cambio climático. Y no es de extrañar que así sea: en 1998 había 9.649 km de autovías y autopistas, mientras que en 2012, si se cumplen las previsiones del PEIT, tendremos 17.450 km (15.000 km estatales y 2.450 km ya existentes de las Comunidades Autónomas). Si a esto le añadimos que la carretera es la responsable del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero relativas al transporte, es fácil ver hasta qué punto es contraproducente esta enorme construcción de autovías para limitar las emisiones de CO2.
En resumen, las organizaciones ecologistas valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión Europea de apercibir al Estado español por no tener en cuenta la legislación ambiental a la hora de planificar las infraestructuras a desarrollar y esperamos que sirvan para dar un giro a la política de transportes hacia su sostenibilidad.
Algunas de las infraestructuras incluidas en el PEIT con mayor impacto sobre la Red Natura 2000, y por lo tanto las más “culpables” de que España se arriesgue a no recibir los fondos europeos, son:
1. Autovía A43 Puertollano-Mérida. Entre las especies afectadas debe destacarse el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra, el águila-azor perdicera y al lince ibérico.
2. Toledo-Ciudad Real-Córdoba. Afecta a las LIC y ZEPA de Montes de Toledo y Sierra Morena (con presencia importante de especies como lince, águila imperial, buitre nego, cigüeña negra). El tramo Puertollano-Córdoba produciría un impacto medioambiental enorme, al atravesar el valle de Alcudia y una de las áreas mejor conservadas de Sierra Morena y no significará una mejora en las comunicaciones entre ambas localidades.
3. Autovía Linares-Albacete. Afectará significativamente el LIC Sierra de Alcaraz y LIC Río Guadalmena, afectando a la mejor zona para el lince de Albacete.
4. Autovía ruta de la plata A66 de Gijón a Sevilla. El tramo: Zafra-Sevilla afectará a numerosos espacios de la Red Natura 2000 y afectará a zonas muy importantes para el lince, el águila imperial o la cigüeña negra. Afectaría necesariamente a la Sierra de Aracena. En concreto, el vial afectaría a dehesas de encina y alcornoques en muy buen estado de conservación, así como a monte y matorral mediterráneo denso. Contribuiría a una mayor fragmentación de Sierra Morena, produciendo un efecto barrera importante. El Tramo Benavente-Zamora afectaría a la Reserva de Villafáfila (avutarda común, cernícalo primilla, etc.)
5. Autovía A48 Costa de la Luz (Cádiz-Algeciras). Afectaría al Parque Natural de los Alcornocales, así como a los montes de Tarifa, un área de gran valor ambiental. Es una zona de paso de aves en migración muy importante.
6. Autovía Cuenca-Teruel. Atraviesa por medio de los Montes Universales. Se trata de un área de gran valor natural con un relieve muy quebrado. Afectaría a la LIC-ZEPA de la Serranía de Cuenca (águila real y alimoche).
7. Autovía IV Centenario (Ciudad Real-Valencia). Afectará a la ZEPA Campo de Calatrava (avutarda, cernícalo primilla, sisón) y a la ZEPA Campo de Montiel (águila imperial ibérica).
8. Linea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. El tramo de tren da alta velocidad Madrid-Cáceres afectará a un gran número de espacios de la Red Natura 2000 y a especies emblemáticas como avutarda común o el lince ibérico.
9. Ampliación del Puerto Norte de Valencia. Generará un fuerte impacto sobre la Albufera y las playas situadas al sur del puerto.
10. Puerto de Granadilla (Tenerife). Afectaría a uno de los tramos de litoral mejor conservados de la isla y a hábitats marinos protegidos.
Longitud y número de espacios de la red Natura 2000 afectadas por la propuesta de PEIT
CARRETERAS Kilómetros Nº Espacios
Afección Km LIC 682,52 131
Afección Km ZEPA 491,87 50
Afección RED NATURA 775,67 134
TREN Kilómetros Nº Espacios
Afección Km LIC 913,03 188
Afección Km ZEPA 630,22 56
Afección RED NATURA 1026,69 192
TREN + CARRETERAS Kilómetros Nº Espacios
Afección RED NATURA 1802,36 327
*Ecologistas en Acción - Transporte - 26 de abril
Foto: Ecologistas en Acción
¿Qué pasará cuando los precios de la vivienda empiecen a caer?
GUILLERMO DE LA DEHESA*.- El País**: "La burbuja de la vivienda española no es nueva. En todos los países desarrollados los precios de la vivienda han sido siempre procíclicos y han mostrado una tendencia recurrente a experimentar periodos duraderos y persistentes de auge de precios y de volatilidad baja, seguidos de otros, igualmente persistentes, de precios estancados o cayendo y volatilidad elevada, y la española se acerca a esta segunda fase. En todo caso, la volatilidad de los precios de la vivienda (activos reales) es mucho menor que la de la Bolsa (activos financieros), por ello no hay que extrapolar lo ocurrido estos últimos días al mercado de la vivienda.
Las burbujas de la vivienda y sus desinfles han tenido siempre que ver con la evolución demográfica, así como con el nivel de empleo, de la renta por habitante y de la confianza de los consumidores, pero sus detonantes suelen ser el nivel de los tipos de interés, ya que los precios de la vivienda suelen ser tan sensibles a los cambios en los tipos de interés nominales o reales o más que los bursátiles. Cuando los tipos reales de interés son casi cero o negativos durante cierto tiempo (como ha ocurrido en España en los últimos cinco años), los precios de la vivienda tienden a subir rápidamente, dada una oferta con crecimiento normal, ya que su demanda tiende a dispararse.
Por el contrario, cuando los bancos centrales suben los tipos de interés para moderar las tensiones de precios, la carga de intereses y de principal de las hipotecas aumenta, su renta disponible, su consumo y su demanda de viviendas tiende a reducirse y sus precios terminan cayendo, pudiendo incluso provocar una recesión, ya que dicha caída no sólo afecta negativamente al consumo agregado, sino también al número de viviendas iniciadas, lo que hace que la actividad de una parte del sector de la construcción se deteriore y éste reduzca su actividad y su empleo.
El FMI hizo un estudio en 2003 en el que identificaba 20 casos de burbujas de los precios de la vivienda en 14 países desarrollados (incluida España) que posteriormente estallaron entre 1970 y 2001, con una caída media de sus precios de un 30%. Los resultados mostraban que la duración media de dicha contracción de precios había sido de cuatro años, que la probabilidad media de que la burbuja de vivienda terminase en una fuerte contracción de precios había sido del 40%, que algunas de dichas contracciones de precios precedieron, coincidieron o se solaparon con recesiones en sus economías, que la reducción del crecimiento se iniciaba inmediatamente después de dicha caída y que la recuperación total de la tasa de crecimiento previa tardaba otros tres años.
Sin embargo, en estos últimos años, las burbujas de Australia y del Reino Unido se han desinflado moderadamente y no han provocado recesión alguna. Por un lado, porque la subida de tipos de interés por parte de sus bancos centrales ha sido gradual y, por otro, porque ésta ha coincidido con el nivel de desempleo mínimo, y la evidencia muestra que una tasa elevada y mantenida de empleo tiende a sostener la demanda de vivienda así como sus precios.
Dicha evidencia histórica también demostraba que el precio de las viviendas empieza a crecer por debajo de la inflación y luego a caer en términos nominales una vez que los tipos de interés de las hipotecas superan el 6% o se mantienen ligeramente por debajo de dicho nivel durante cierto tiempo, y que su caída se inicia 12 meses después que los tipos alcanzan dichos niveles.
Finalmente, estimaba que el efecto de la subida de tipos de interés sobre los precios de la vivienda primero y sobre la actividad económica después, tiende a ser mayor: cuanto mayor sea el porcentaje del total de familias que han contratado una hipoteca; cuanto mayor sea el porcentaje de las hipotecas contratadas a tipo de interés variable y cuanto mayor sea el porcentaje del valor de la hipoteca en relación al precio total de la vivienda y menor sea el porcentaje del pago al contado de entrada; y por otro lado, cuanto mayor sea el porcentaje de hipotecas contratadas al final de la burbuja, ya que éstas tienden contratarse más alegremente.
En España está iniciándose una fase clara de moderación de los precios de la vivienda tras una fuerte subida que les ha llevado a una sobrevaloración de alrededor del 30%. ¿Qué efectos puede tener sobre la renta disponible de las familias, el consumo y el crecimiento y la estabilidad de las entidades de crédito?
En primer lugar, hay que reconocer que España es hoy uno de los países del mundo con mayor porcentaje de familias con vivienda propia, alcanzando un 84% del total, frente a una media en la UE del 66%. A pesar de ello, el valor agregado de las hipotecas en porcentaje del PIB español es todavía menor que en la media de la UE (un 48% frente a un 56%).
En segundo lugar, es, paradójicamente, uno de los países del mundo con mayor porcentaje de hipotecas contratadas a tipo variable o ajustable: un 98% del total, frente a un porcentaje medio del 51% de la UE. Este porcentaje es excesivamente elevado. Aunque la mayoría de los préstamos hipotecarios se financian con depósitos, lo que justifica que las entidades de crédito españolas prefieran los créditos a tipo variable, existen las cédulas hipotecarias, parecidas a los pfandbriefe de Alemania o los covered bonds de Holanda, de Dinamarca o del Reino Unido que permiten refinanciarlas a mayor plazo. Estos otros cuatro países mencionados tienen un porcentaje de hipotecas a tipo variable mucho más bajo: el 17%, 13%, 18% y 53%, respectivamente.
En tercer lugar, el porcentaje de hipotecas recientes ha sido elevado, ya que en estos dos últimos años, en el pico de la burbuja, han seguido aumentado a ritmos del 20% en promedio. En cuarto lugar, en parte a causa de la fuerte demanda de vivienda y en parte debido a las grandes obras públicas cofinanciadas con transferencias comunitarias, la construcción ha llegado a representar, en 2006, el 16% del PIB (frente a un 9% de media en la UE), el 10% del valor añadido bruto y el 14% del empleo.
Finalmente, otro aspecto paradójico del caso español es que otra parte importante del aumento del precio de la vivienda por el lado de la oferta se debe al fuerte aumento del precio del suelo, ya que los costes de la construcción de viviendas no han crecido, en promedio, más que el IPC, cuando la densidad de población española es de 83 personas por kilómetro cuadrado, frente a 245 del Reino Unido, 479 de Holanda o 350 de Japón, por poner tres claros ejemplos de burbujas recientes. Sin embargo, existen otros factores que pueden compensar el efecto de los anteriores:
En primer lugar, la burbuja está cediendo con moderación. Desde que el Banco Central Europeo ha empezado a aumentar los tipos de interés, estos aumentos se han trasladado, más que íntegramente, a los préstamos hipotecarios (ya que están descontándose alzas futuras), que han experimentado la mayor subida de los últimos seis años, acercándose al 5%. En consecuencia, el crecimiento interanual de los precios de la vivienda ha pasado del 17% en 2004 y del 14% en 2005, a un 9% en 2006, al 7% ahora, al 3% el próximo diciembre y, en 2008, podrían ya subir menos que la inflación o caer.
En segundo lugar, el crecimiento anual de la demanda de crédito hipotecario, medida en número de hipotecas, se ha ralentizado al 5,2%, frente a un 17% hace un año (aunque ha aumentado su importe medio en un 14%), en parte porque las entidades financieras han comenzado a endurecer sus criterios de aprobación, especialmente en la relación préstamo-valor de la vivienda, aunque todavía alargan sus plazos ligeramente.
En tercer lugar, una burbuja tiende a mantenerse más tiempo o a moderarse, en lugar de desinflarse bruscamente, siempre que la economía siga aumentando su población y su número de hogares, pero sobre todo siempre que su población en edad de trabajar y su empleo sigan creciendo.
La entrada masiva de extranjeros en España, en su gran mayoría inmigrantes (de 1 millón en 2000 a 4,7 millones a finales de 2006), ha hecho que la población total haya aumentado a un ritmo del 1,5% anual entre 2000 y 2006 y que el número de hogares haya aumentado en 2,5 millones. A pesar de ello, el número de viviendas aumentó en 3,0 millones, luego se ha creado un exceso de oferta de unas 500.000 viviendas. Estos excesos de viviendas se concentran en las regiones con menores tasas de inmigración y, salvo Andalucía, en las menos turísticas, mientras que en Baleares, el País Vasco y sobre todo Madrid existe todavía un déficit (decreciente) de viviendas respecto a los hogares existentes.
Además, un 90% de dichos inmigrantes tiene edades entre 20 y 40 años, permitiendo aumentar la población en edad de trabajar (entre 20 y 64) de forma muy importante, lo que, unido a su elevada tasa de participación y movilidad funcional y territorial, ha hecho que su empleo aumente rápidamente. Si se añade otro 10% de jubilados extranjeros con mayor capacidad de compra, ambos factores podrían todavía llegar a sostener una demanda razonable de vivienda durante cierto tiempo, evitando una caída brusca de sus precios. De ahí que el FMI calcule que el crecimiento promedio de 2007 y 2008 vaya a ser del 3,25%. De cumplirse estas previsiones, el problema principal residiría fundamentalmente en el efecto de la subida de tipos de interés sobre el coste anual de la hipoteca en relación a la renta disponible de los hogares.
Si suponemos que del actual nivel del 3,5% el BCE sube al 4,0% este año e incluso hasta el 4,5% en 2008 y el volumen de hipotecas aumenta en un 5% en ambos años, el coste anual neto del principal e intereses de las hipotecas (incluidas su deducción en el IRPF) podría llegar a aumentar unos 3 puntos porcentuales respecto a la renta disponible después de impuestos de un hogar medio, con lo que pasaría del 30% actual al 33% en 2008, todavía muy lejos del 49% alcanzado en el peor momento de la recesión de 1993.
Por otro lado, la inversión en vivienda y sus precios tendrían que caer mucho para que la deuda hipotecaria total de la media de familias españolas empezara a ser un peligro para su balance patrimonial, ya que actualmente sólo representa el 11% de su patrimonio no financiero total, el porcentaje más bajo de la UE después del de Italia.
Finalmente, los elevados niveles de solvencia de las entidades de crédito y su amplio exceso de provisiones sobre la morosidad efectiva neta (añadiendo fallidos y restando recuperaciones) van a evitar que se planteen problemas de estabilidad del sistema financiero, incluso en el caso de que la caída de la inversión y los precios de la vivienda llegara a ser profunda en los próximos años.
*Guillermo de la Dehesa es presidente del Centre for Economic Policy Research.
**ELPAIS.com - 26/04/2007
Los expertos avalan paralizar la construcción en la franja costera
P.LÓPEZ.- El País*/Galicia : "La suspensión de los desarrollos urbanísticos a 500 metros de la costa es una medida no sólo conveniente, sino indispensable, siempre y cuando se haga "de forma competente". Es la opinión de los arquitectos y responsables de urbanismo de Cataluña, Asturias y Menorca, que debatieron ayer en Santiago sobre la planificación del litoral, convocados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
La prohibición de desarrollar suelo urbano a menos de 500 metros del mar en Galicia, que figura en la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral, fue el telón de fondo de la jornada organizada por los arquitectos gallegos. En ella intervinieron el director general de Urbanismo de la Generalitat, Joan Llort, el responsable del Plan de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA); el arquitecto Ramón Rañadas, y el del Plan Territorial Insular de Menorca, el arquitecto y sociólogo José María Ezquiaga.
Los tres hablaron de sus experiencias en tres territorios donde se adoptaron medidas similares a la ahora emprendida por la Xunta en la franja costera, como es el caso de Asturias y Cataluña, o de un plan que, como el de Menorca, desclasificó 20.000 viviendas previstas en suelos que pasaron a convertirse en rústico de protección. La mesa redonda que siguió a sus exposiciones giró en torno a la ley de medidas urgentes de Galicia, para la que reclamaron consenso social y político.
Rañadas rompió el hielo: "Yo no tendría miedo a una suspensión, siempre que sea de forma competente". Su opinión fue suscrita por los otros dos ponentes. Joan Llort puso el acento en la necesidad de lograr una "aceptación tácita" de los ciudadanos respecto a este tipo de medidas, para lo que destacó el papel de los medios de comunicación y su creciente sensibilidad medioambiental, mientras que Ezquiaga agregó la necesidad de que este tipo de medidas cautelares no se prolonguen excesivamente.
El factor tiempo es fundamental, concluyeron los ponentes. En primer lugar, para adoptar la suspensión sin previo aviso, de forma que se eviten movimientos especulativos. Y en segundo, con una tramitación rápida que devuelva sus derechos a los propietarios en el más corto período de tiempo posible. En el caso de Galicia, el límite legal será de dos años desde que entre en vigor la ley, el mes próximo, aunque se derogará en cuanto entre en vigor el Plan de Protección del Litoral.
En Cataluña, la Generalitat se vio "sorprendida por la aceptación tácita" de la suspensión, que se produjo "como el regreso de las tropas de Irak: por sorpresa y de golpe", en palabras de José María Ezquiaga. Así, los ciudadanos comprobaron después que el plan definitivo fue "menos grave de lo que se podía imaginar". En Menorca ocurrió algo similar. Se suspendieron cautelarmente tantos suelos que el plan litoral posterior sólo pudo ser visto con buenos ojos. "Los propietarios comprobaron que no podía ser peor", bromeó el director del plan insular. Llort consideró el momento apropiado para adoptar una medida como la aprobada por la Xunta.
*ELPAIS.com - Santiago - 26/04/2007
Foto: Oleiros - Sta. Cristina (A Coruña) /turismo
