EFE/Valencia* : Medio centenar de representantes de diversos colectivos de ciudadanos han reclamado hoy a las puertas de la Generalitat Valenciana la paralización de la revisión del PGOU de Valencia, al considerar que la Ley de Territorio "obliga a hacer una planificación territorial", entre otros asuntos.
Así lo ha indicado hoy a EFE uno de los representantes del colectivo Per l'Horta, Antonio Montiel, quien ha explicado que la revisión del PGOU, aunque se presenta como una actuación "simplemente municipal de la capital", condiciona tanto la movilidad como el parque de viviendas de la comarca de l'Horta.
Ha agregado que las decisiones de planificación urbanística general de Valencia no pueden ser indiferentes por su implicación con "el conjunto de relaciones funcionales, demográficas, socioeconómicas y territoriales del conjunto de la comarca".
Montiel ha señalado que también han solicitado la tramitación del Plan de Acción Territorial del Litoral, paralizado desde 2007, ya que "no se puede tramitar un plan de ordenación sin que se produzca la planificación territorial necesaria".
Asimismo el representante del colectivo Per l'Horta ha señalado que la petición exige someter a información pública el Plan de Acción Territorial de l'Horta, al que se comprometió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con la consiguiente suspensión de licencias y de planes de actuación integrada.
A juicio del representante del colectivo Per l'Horta, el presidente de la Generalitat, tiene la obligación de intervenir y paralizar la ejecución de la revisión del PGOU hasta que no se resuelvan la queja interpuesta por los colectivos ante el defensor del pueblo y porque la revisión actual compromete el futuro del Plan de Acción Territorial de l'Horta que promueve el propio gobierno autonómico.
Asimismo Montiel ha denunciado que el proceso de participación ciudadana del que presume la alcaldesa para la elaboración de esta revisión del PGOU ha sido "reducido", moptivo por el que, en su opinión, no se ha alcanzado "el consenso social".
Montiel ha recordado que Camps tiene la obligación legal de contestar en tres meses la petición formulada y ha advertido que en el caso de que no recibieran contestación lo reclamarán ante el Tribunal Constitucional.
Entre los colectivos que han apoyado esta reivindicación destaca Per l'horta, Acció Ecologista-Agró, Acció Cultural del País Valencià, Intersindical Valenciana STEPV, Consell Juventud de València, Ca revolta y CC.OO.
* Levante-EMV - EFE - 15.05.2008
Foto: Valencia, ayuntamiento - viajeros.com
Colectivos ciudadanos reclaman a la Generalitat que paralice la revisión del PGOU
La urbanización de Miño paralizada preveía contaminar la marisma de Baxoi
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LAVOZ/A Coruña* : El proyecto de construcción de la macrourbanización de Miño en monte Piñeiro -paralizado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza- prevé afectar al entorno con las obras y con vertidos de aguas residuales. En el caso de la marisma de Baxoi, se prevé la llegada de materiales sólidos y contaminantes durante la fase de construcción de las 700 viviendas previstas y se advierte de que «las repercusiones alcanzarían los procesos de sedimentación de la marisma, a su vegetación y sobre todo a su fauna».
También se reconoce que el sistema de saneamiento elegido para la zona dejaría huella, ya que las aguas residuales se derivarían a una depuradora que vertería directamente al humedal y a la playa. Además, el plan reconoce que esta área ya tiene un nivel de contaminación importante, puesto que «ha sufrido el vertido de aguas residuales sin depurar» durante el tiempo en el que Miño no disponía de depuradora, motivo por el que el estudio del proyecto concluye que ya «ha recibido unos sobreaportes de sedimentos arcillosos y de cantos a través del río Xario o Vidrieiro. Todo ello explica el estado de degradación que posee la marisma de Baxoi».
El saneamiento es una de las cuestiones que ha suscitado más alegaciones entre partidos y asociaciones de protección de la naturaleza, ya que rechazan que se añada una contaminación previa para deteriorar más el entorno natural de Miño.
Depuradora
Tanto el PSOE como la asociación Verdegaia alertan de que la depuradora prevista se quedará pequeña, puesto que tiene capacidad para 5.000 habitantes (las parroquias de Perbes, Vilanova, Castro y Leiro) y asumirá el servicio de la urbanización de 1.300 viviendas que construye Martinsa-Fadesa en el municipio y los vertidos del polígono industrial de Vidrieiro (en Pontedeume), «que no seu conxunto equivalen a 20.000 habitantes», según Verdegaia. Esta organización precisa que «coa incorporación da urbanización R-3 de O Piñeiro, dubidamos que a depuradora de Ponte Baxoi teña suficiente capacidade para tratar de forma axeitada toda esa carga contaminante».
Los socialistas critican que el el proyecto de urbanización sea remitido a la Xunta por el promotor y no por el Ayuntamiento, un detalle que les parece sospechoso y por el que denuncian que, a la vista del «examen de todo el proceso, el Concello le hace un traje a medida a la firma constructora (una UTE de Lugo)». Aducen otras deficiencias, como «el incumplimiento del artículo 57 de la Ley 9/02, así como que con carácter previo a la aprobación del plan se omiten otros informes sectoriales, como los de Costas, Augas o Estradas en cuanto a posición, capacidad y afección de vías perimetrales del ámbito».
Pendiente de proteger
La Consellería de Medio Ambiente recalca que los planes para la zona se revisarán de forma exhaustiva, ya que está a 1.800 metros de una zona protegida y catalogada como lugar de importancia comunitaria (LIC), como es el entorno del Mandeo en Betanzos. Además, en la actual revisión que se está realizando de los espacios protegidos que integran la Red Natura 2000 existe una propuesta para incrementar el betanceiro y que incluiría a Miño.
* La Voz de Galicia - Bea Abelairas - 15.05.2008
Foto: Miño (A Coruña) - mma.es
El TSJ rechaza que se construya en el último tramo de dunas del litoral de Dénia
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LEVANTE/Alacant* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por una promotora contra el Plan General Transitorio (PGT) de Dénia que protegió parte de los terrenos anteriormente urbanizables que posee en primera línea de playa en les Deveses, justo en el único tramo virgen de dunas que subsiste en la costa dianense.
La sentencia rechaza, además, que la constructora tenga derecho alguno a indemnización.
En les Marines y les Deveses se está librando la principal batalla judicial de las promotoras contra el plan general en vigor en Dénia. Allí, cerca de 3 millones de metros cuadrados antes urbanizables quedaron suspendidos con el PGT y son múltiples los recursos planteados por promotoras que adquirieron los terrenos con anterioridad, cuando eran urbanizables.
En el caso de esta sentencia, la protección de parte de la parcela adquirida por la promotora es consecuencia de que el PGT amplía hacia el oeste la anterior franja de protección del dominio público marítimo-terrestre, pues recoge el nuevo deslinde provisional tramitado por Costas desde 1995. El TSJ resuelve los recursos interpuestos por la constructora Alter de Pau, S.L., contra la aprobación del PGT en diciembre de 2005. La mercantil había solicitado unos meses antes (el 16 de marzo de 2005) licencia de obras para construir 31 apartamentos con aparcamiento y psicina en una parcela de la zona de Racons, al final de les Marines. Entonces, el suelo tenía consideración de urbano de uso residencial, según el PGOU entonces vigente. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia, pero la promotora argumenta que considera que la había obtenido ya por silencio administrativo.
El 27 de diciembre de 2005, Territorio aprueba el PGT de Dénia, después de que los tribunales anularan el PGOU de 1990. Y el plan transitorio modifica la consideración de la parcela, pues incorpora el desilinde provisional aprobado por Costas en 1995, lo que se traduce en que parte de los terrenos se califican como no urbanizables de especial protección marítima. Además, ese suelo queda integrado en la ficha de espacios protegidos como Dunes Racons. La actora solicitaba la anulación del PGT y, subisidariamente, una indemnización económica. En otra apelación otra, pedía que se declarara caducada la tramitación del nuevo deslinde de Costas. En ambos casos, el TSJ desestima las peticiones.
* Levante-EMV - Sergi García - 14 de mayo de 2008
Foto: tramo virgen. La zona de Racons aún conserva las dunas en Dénia/ ernest weber, levante-emv.com
Almuñécar: El juzgado anula un nuevo convenio urbanístico firmado por Benavides
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IDEAL/Granada* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ha anulado otro convenio urbanístico de gestión firmado por el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que fijaba la compensación del aprovechamiento urbanístico sobre el sector 'La Mariquilla' de La Herradura.
Esta anulación se suma a la del convenio de gestión del sector de Río Seco, firmado también por el alcalde y los promotores de dicho sector, por el que el Ayuntamiento cobró más de 3 millones de euros.
El decreto ahora anulado, de fecha 11 de agosto de 2005, aprobaba un convenio de gestión denominado 'La Mariquilla' por el que el Ayuntamiento vendía el 10 por ciento de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5 por ciento de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones.
El juzgado de los Contencioso Administrativo Número 3 de Granada ha vuelto a dar la razón al PP de Almuñécar tras la demanda interpuesta por esta formación contra este decreto firmado en su día por el alcalde Juan Carlos Benavides.
Desde el PP sexitano, tras el fallo sobre el convenio de Río Seco al que también tuvo acceso IDEAL y al que se suma éste otro, se espera que el resto de los convenios denunciados en su día vayan 'cayendo' en cadena y lo recaudado en su día haya que devolverlo «en algunos casos con intereses»,según recordó el portavoz popular, Juan Luis González Montoro.
Hacer caja
Precisamente fue González Montoro quien dio aviso al equipo de gobierno antes y durante la negociación para apoyar el documento del Plan. «Sin embargo -recordó- desde el propio gobierno municipal lo que importaba en ese momento era hacer caja para sacar adelante los proyectos de fin de mandato», señaló.
El decreto que ahora ha sido anulado en cuestión estaba fechado el 11 de agosto de 2005 y venía aprobar un Convenio de Gestión firmado el 4 de abril de 2004, denominado 'La Mariquilla'. Ahora el Juzgado viene a dar la razón al PP y anula el citado convenio, «ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. Es decir, determina que el Convenio contraviene la Ley y por eso lo anula», indicó.
Esta es la segunda sentencia que se dicta en pocos días y que anula otra de las ventas realizadas por Benavides a cuenta del futuro planeamiento.
El PP ha impugnado ante los tribunales 24 de estos convenios, mientras que los particulares han impugnado tres, habiendo recaído ya sentencia que anula el del sector Río Seco y de la cual IDEAL informó el pasado domingo.
«La novedad en este caso es que el juzgado determina que el PP sí está legitimado para interponer dichas demandas, ya que entiende que los actos urbanísticos son de Derecho Público, afectan a materias generales y pueden ser objeto de revisión a petición de cualquiera. Además, el Juzgado recuerda que entre los fines de los partidos políticos está velar por la legalidad y por el interés general, y que, por tanto, procede que dichos partidos puedan impugnar actos administrativos que afecten a una generalidad de personas», explicó el portavoz popular almuñequero.
Grave problema
Juan Luis González Montoro advierte que de continuar las sentencias tal y como se prevé «el Ayuntamiento va a tener un gravísimo problema económico si tiene que devolver las cantidades recaudadas. Benavides hizo una mega campaña electoral con muchas obras e inversiones que se pudieron ejecutar gracias al dinero recaudado con estos convenios, que ahora los juzgados están anulando». El portavoz no dudó en afirmar que Benavides, «en un alarde de irresponsabilidad y de temeridad, se ha gastado el dinero recaudado ilegalmente».
González Montoro subrayó que los citados convenios, «además de ilegales, son lesivos para el interés general, ya que se está poniendo el precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá del desarrollo del Plan General que todavía no se ha aprobado; de ese precio se cobra sólo un 5%, y el resto se cobrará dentro de cinco, seis o diez años, pero sin posibilidad de modificar el precio inicial».
Ante este panorama los populares anuncian que el Ayuntamiento dejará de ingresar bastantes cientos de millones de euros en los próximos años, ya que los precios del suelo y de los aprovechamientos crecen.
* Ideal - 14.05.08 - JUAN M. DE HARO
Foto: La_Herradura (Almuñécar) Granada - sexitanas.es
Valencia: El Defensor del Pueblo investiga por falta de transparencia y participación el nuevo PGOU
LEVANTE* : La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia se ha topado con el Defensor del Pueblo. Esta institución ha admitido a trámite una queja de la l'Associació Per l'Horta en la que cuestiona el procedimiento de la revisión del PGOU que se encuentra hasta la primera semana de junio en exposición pública. Per l'Horta considera que el consistorio "vulnera derechos elementales de información, acceso, audiencia y participación ciudadana en la elaboración de normas administrativas".
El nuevo PGOU reclasificará más de 250 hectáreas de huerta y la construcción de 54.000 viviendas, al tiempo que fija un modelo de ciudad de crecimiento moderado de 900.000 habitantes.
El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación que "podría concluir con el requerimiento al ayuntamiento para que anule el trámite de audiencia defectuoso", informaron fuentes de la entidad. La asociación recuerda que se están analizando tres documentos (el Informe de Sostenibilidad, la revisión simplificada del PGOU y el Estudio del Paisaje) que el ayuntamiento pretende resolver en un sólo trámite y reclama al Defensor que requiera al consistorio a "empezar de nuevo el proceso con anuncios claros y una tramitación individualizada de los documentos". Opinan que el consistorio, gobernado por el PP, "ha reducido de forma interesada los plazos con la intención de limitar las posibilidades de alegación y presentación de alternativas de los ciudadanos, vaciando así su posibilidad de participación".
Defienden su derecho a "participar en el proceso de una forma real y efectiva, con un plazo de tiempo suficiente y claramente definido". El colectivo entiende que este proceso no se puede hacer "a través de procedimientos ambiguos, poco serios y pobres, que no tienen más finalidad que la de otorgar al ayuntamiento una estética democrática y participativa que maquilla su falta de voluntad para facilitar a los ciudadanos procesos verdaderamente participativos".
El consistorio ha fijado un plazo de información al público de 45 días, el mínimo previsto por la normativa. El PSPV denunció la ausencia de participación ciudadana en la fase de concierto previo y abogó por empezar de cero. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, presentó entonces un plan de participacion ciudadana que incluye jornadas informativas, una página web, una votación sobre las unidades del paisaje.
* Levante-EMV - S. G./ H. G. Valencia - 14 de mayo de 2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
La irritación de los constructores con Solbes
ANTÓN COSTAS* : Acostumbrados a más de 10 años de bonanza, de vender todo lo que se podía producir aun antes de comenzar la obra, de precios estratosféricos, de plusvalías muy por encima del beneficio normal en cualquier otra industria, de ostentación pública de riqueza, ahora algunos promotores y constructores de vivienda se encuentran con la cruda realidad de tener que hacer frente a los excesos de endeudamiento, buscar salida a un elevado número de viviendas construidas que no encuentran comprador y replantear el futuro del negocio para condiciones de normalidad del mercado.
Fervientes partidarios del mercado libre en los años de vacas gordas, la crisis les ha vuelto de repente intervencionistas, reclamando, casi con apocalíptico dramatismo, la ayuda del Estado. Naturalmente, esa petición no la justifican los constructores en razón de su propio interés, sino atendiendo a los "más de un millón de empleos" que se perderán si el Estado no interviene.
Esas llamadas de socorro han hecho mella en la nueva ministra de la Vivienda, pero no así en el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que es, en último término, el que tiene la llave de la caja de los recursos públicos. El ministro, como un buen médico, es partidario de la purga como medicina para los excesos, y no cree que se deba impedir artificialmente el necesario ajuste en la construcción.
Esta posición, expresada en la Comisión de Economía del Congreso la semana pasada, ha irritado a la patronal española de la construcción, cuyo presidente ha acusado a Solbes de decir "frivolidades", y le ha conminado a dejarse de "discursitos" y dedicarse a hacer un mejor diagnóstico. Por lo que se ve, el lenguaje de algunos constructores es peculiar, asilvestrado, callejero, de andamio, si me lo permiten los trabajadores del sector. Nunca antes lo había escuchado de representantes de otros sectores industriales -como el caso del textil, el naval y el siderúrgico- que antes lo pasaron igual o peor que ahora los constructores.
Si de algo no se le puede acusar a Solbes es precisamente de frívolo. En este sentido, el ministro no se distingue precisamente por ser la alegría de la huerta, como queda reflejado en su doble del programa Polonia, de TV-3. Por el contrario, su estilo es el del rigor sin florituras, aunque, eso sí, no sin una cierta sorna a la gallega, como la que utilizó la semana pasada al responder a la acusación de "despreciar" al sector de la construcción que le hizo Cristóbal Montoro, nuevo portavoz económico del Partido Popular y anterior ministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar: "¿La solución que propone es que sigamos construyendo 750.000 viviendas al año aunque no las vendamos?", le contestó el ministro.
El diagnóstico de Solbes es acertado: "el sector ha acumulado excesos en años anteriores que deben ser corregidos para que la construcción residencial vuelva a crecer con normalidad, en el entorno del 3%". Eso no significa desconocer que "el ajuste de la construcción, y su efecto arrastre sobre el resto de sectores, va a tener inevitablemente un impacto en el PIB, aunque será transitorio". Pero es inevitable y sano. No es el momento de inyectar ayudas que actúen como estímulo fiscal.
La palabra clave en el diagnóstico de Solbes es, a mi juicio, "normalidad". Y la normalidad para el sector de la construcción residencial no es lo que ocurrió durante la década que acaba de terminar. Fue un periodo de anormalidad, con la iniciación de una media de 650.000 viviendas al año (más que las que se iniciaron en Alemania, Francia e Italia), cuando la formación de nuevos hogares estuvo alrededor de la mitad; y en el que los precios se incrementaron a una media anual alrededor del 12%. El simple sentido común dice que ese comportamiento no podía ser sostenible, ni era sano.
Normalidad significa que más allá de la crisis actual, la industria de la construcción tiene un futuro razonable y hasta brillante en nuestro país. La inmigración, el retraso en la emancipación de los jóvenes y el crecimiento espectacular de nuevas formas de hogares significan una demanda importante y sostenida en los próximos años.
Pero eso no significa que todas las empresas del sector tengan que ser salvadas de la crisis. La purga que necesita el sector tiene en la crisis su mecanismo darwiniano: supervivirán los mejores. Y eso será bueno para la industria. Lo saben perfectamente los promotores y constructores que después de padecer y sobrevivir a la crisis anterior, de la primera parte de la década de 1990, no se dejaron llevar por los excesos de ésta.
En una economía de mercado cada palo ha de aguantar su vela. No vale ser liberales cuando la cosa va bien, y llamar al papá Estado cuando arrecia el temporal. Sólo los banqueros se salvan, en parte, de esta regla general, por la singular importancia que la confianza en el sistema financiero tiene para la estabilidad del conjunto de la economía. Pero no así los constructores, que, como los empresarios de cualquier otro sector industrial, han de aguantar el ciclo económico y pagar sus propios excesos.
No hay mal que por bien no venga. Esta crisis debe permitir al sector de la construcción residencial llevar a cabo una reconversión profunda, de la misma forma que antes lo hicieron otras industrias y el sector automovilístico. Es el esfuerzo profundo de mejora de la innovación, la productividad y la calidad del producto, y no la irritación con Solbes, la que sacará de la crisis a la construcción y le dará una imagen pública de industria innovadora que hoy no tiene. Por lo que veo en una publicación reciente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña, de eso son también conscientes los constructores más renovadores.
* Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.
* ELPAIS.com - Opinión - 13/05/2008
