,+baladrar+-+guiaplayas.es.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : Las denuncias de supuestos abusos urbanísticos se cuentan por cientos. Este es el relato que hacen de su situación algunos afectados... Viel i Lieve de Clippel. Pagar 700.000 euros/ William y Sonia Gale. Jubilación de pesadilla/ José María Díaz. Progreso con garantías/ José Crespo. Sentirse en el limbo.
VIEL Y LIEVE DE CLIPPEL. Pagar 700.000 euros
Desde hace 22 años viven en un caserón de unos 900 metros cuadrados sobre la colina, en el Alto de las Palmeras en la zona conocida como la Coma del Pou de Benissa. Adquieron 30.000 metros cuadrados, y desde hace dos años una promotora presentó un proyecto para urbanizar la zona y construir 104 chalés. "Nos cogen más de la mitad del terreno para poner casas y nos obligan a participar en los gastos", afirma la pareja de origen belga, Van Viel i Lieve de Clippel. En su terreno está previsto que se levanten 17 casas, "sólo me dejan la terraza, y encima nos piden 700.000 euros por los gastos de urbanización de la zona". Hace dos años que no hay ningún avance en el proyecto pero temen que de nuevo vuelva a resurgir, "esperemos que nos dejen tranquilos y podamos continuar disfrutando de esta vista", ya que desde su casa se contempla el Penyal d'Ifach. "No está nada claro, esperamos que se modifique la ley y proteja los derechos de los propietarios", concluye.
SONIA Y WILLIAM GALE. Jubilación de pesadilla
Otra pareja de afectados son los británicos Gale, que hace ocho años decidieron jubilarse y retirarse a la cálida costa mediterránea. Vendieron todas sus pertenencias -tenían un bar- y con las ganancias se compraron en 2001 una parcela de unos 2.300 metros cuadrados, que incluía un adosado de 90 metros, jardín y piscina, en Benissa (Alicante). William y Sonia Gale encontraron su rincón ideal en el Racó de Galeno. Pero en 2002 una promotora presentó en el Ayuntamiento un PAI (Programa de Actuación Integrada) sobre una superficie de 250.000 metros cuadrados para edificar adosados. Ahora han empezado las obras, viven roedados de ruidos y excavadoras. Ante este panorama, según sus abogados, se han ido antes al Reino Unido de vacaciones. Les notificaron que su parcela estaba afectada por el PAI y que debían pagar 42.500 euros en concepto de gastos de urbanización y perder unos 800 metros cuadrados de terreno porque se hará un vial. El caso está ahora en el Tribunal Supremo a la espera de una resolución. "La Administración les ha dado la espalda, están despesperados por la lentitud de la justicia", admite uno de sus abogados, "a este paso la sentencia la verán sus nietos".
JOSÉ MARÍA DÍAZ. Progreso con garantías
En la urbanización El Aljibe, en la ladera este del Maigmó, más de un centenar de propietarios no duermen. Compraron hace décadas unas parcelas de entre 5.000 y 7.000 metros cuadrados, allí tienen sus casas con piscina y jardín, pero les amenaza un PAI que proyecta 1.290 viviendas con la correspondiente urbanización del suelo. A cada propietario el agente urbanizador le exigirá "mucho dinero", admite José María Díaz, uno de los vecinos afectados, que empezará a pagar por metros. Una delegación vecinal expuso en Bruselas su caso ante el Comité de Peticiones el pasado abril. Se sienten indefensos por este plan parcial, rebajado pero no paralizado por el nuevo equipo de gobierno. Los afectados valoran la LUV vigente. "La nueva ley es prima hermana de la anterior. Lo malo es que deja muchas puertas abiertas y flecos que promotores, alcaldes y agentes urbanizadores pueden aprovechar en cualquier momento", sostiene Díaz. Los afectados aplauden si se vuelve a modificar la legislación urbanística valenciana para defender sus intereses, "no estamos en contra del progreso y de la urbanización, pero hay que ver cómo y a qué precio" concluye este vecino.
JOSÉ CRESPO. Sentirse en el limbo
El caso de José Crespo es conocido. Su periplo comenzó con la LRAU todavía en vigor. Jurista desde hace 20 años, compró una casa en la localidad de San Juan (Alicante), en 1999. "Vi una casa con jardín que me gustó y antes de comprarla comprobé que su situación era legal, y la compré". Dos años después, Crespo comenzó a oír rumores sobre expropiaciones en la zona, pero nadie le notificó nada. "Investigué y supe que una empresa había presentado un proyecto para urbanizar dos millones de metros cuadrados donde está mi casa". Como contaba a finales de 2005, Crespo contabilizó nueve proyectos diferentes. Algunos de estos PAI parecían respetar la vivienda, otros la destruían bajo una rotonda y otros se quedaban con medio jardín. Según Crespo, el proyecto no tenía pliego de condiciones, ni se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea "ni respetaba las obligaciones de transparencia y competencia".
En 2003, con un cambio de gobierno municipal, la situación cambió y los PAI se pararon. Cuatro años después, con la LUV en vigor, ha sido el propio ayuntamiento de San Juan el que tramita un nuevo Plan General, donde se propone la reclasificación de dos millones de metros cuadrados de suelo en la zona conocida como Fabraquer. Los cauces son legales, pero Crespo replica: "Yo, por lo menos, me siento de nuevo en el limbo", asegura.
* ELPAIS.com - E. M. / C. V. - Alicante / Valencia - 19/05/2008
Foto: Benissa (Alicante), baladrar - guiaplayas.es
Abusos urbanísticos/ Casos con nombres y apellidos
Los juzgados tramitan más de veinte denuncias de casas ilegales en Motril
+-+ideal.es.jpg)
IDEAL/Granada* : Los cortijos en zonas no permitidas costarán mucho más caros de lo previsto a un buen número de motrileños. El ejemplo ya existe. Por haber construido una casa en un terreno no urbanizable de Torrenueva, un vecino ha sido condenado a un año y tres meses de prisión, a pagar 3.360 euros de multa y a derribar la edificación.
Esta es la primera sentencia firme con estas consecuencias por un delito contra la ordenación del territorio en el término municipal de Motril, pero no será la única. Sin ir más lejos, en los próximos días tendrá lugar un juicio contra otra construcción en el anejo torreño. Esta vez por una casa situada en una zona arqueológica.
Los juzgados tramitan ya más casos de gente que ha levantado su hogar -en Motril-, sin tener en cuenta que lo hacían en suelo prohibido. El Ayuntamiento tiene conocimiento de estos procesos judiciales porque él debe aportar al juez los expedientes de las casas que pasan por los tribunales.
Ahora tiene que entregar información acerca, al menos, de veinte viviendas que el Consistorio expedientó y paralizó. Las denuncias, según fuentes municipales, las pone, en gran medida, el Seprona aunque también hay particulares que demandan a otros por la situación de sus viviendas.
Cuando el Seprona denuncia alguna edificación, lo pone en conocimiento del Ayuntamiento. Entonces, desde allí, abren el expediente de paralización e inicia un proceso sancionador.
Conociendo la historia del primer motrileño condenado a prisión por construir una casa ilegal seguro que a muchos se les quitan las ganas de sumar ladrillos en territorio no permitido.
Según la sentencia, el juzgado de lo Penal número 1 de Motril considera probado que el acusado, como promotor y propietario de una edificación situada en un paraje denominado La Chumba, inició antes de septiembre de 2005 la construcción de un inmueble de unos 150 metros cuadrados por planta, contando con semisótano, dos alturas, además de porche de unos 75 metros cuadrados y una piscina.
Según el PGOU
Dicha parcela se encuentra, según el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad granadina, clasificada como suelo no urbanizable y la edificación realizada por el acusado no es susceptible de ser autorizada.
Por eso, una vez iniciada la construcción se ordenó su paralización por parte del Ayuntamiento de la Entidad local de Torrenueva, la cual fue notificada personalmente al acusado, que tiene antecedentes penales no relacionados con esta causa.
Pese a ello continuó con la ejecución de las obras hasta su finalización y, además, no se inició expediente o procedimiento administrativo alguno tendente a la autorización de la edificación. El juez, además de la cárcel, de la multa y del derribo de la edificación impone una inhabilitación al acusado para la profesión de promotor inmobiliario o constructor por tiempo de dos años.
La cosa no pinta bien para algunos ya que la justicia está dispuesta a castigar a todos los constructores y promotores que no cumplen con la legalidad vigente en cuanto a la ordenación urbanística de las poblaciones en las que actúan.
Además, el Ayuntamiento de Motril lleva a cabo su propia ofensiva contra las casas ilegales y ya tiene abiertos diez expedientes de derribo. En el término municipal motrileño existen más de 1.000 construcciones ilegales detectadas y denunciadas que podrán ser demolidas.
* Ideal - LAURA UBAGO - 19.05.2008
Foto: TORRENUEVA. La primera sentencia firme obliga a derribar una casa de esta localidad. A. AGUILAR, ideal.es
Otro edificio de Viveiro tiene orden de derribo parcial del TS desde 2001
,+edificio+parcial+a+derribar+-+lavozdegalicia.es.jpg)
LAVOZ/Lugo* : Con la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre los 118 pisos de Lodeiro todavía sin digerir, el Concello de Viveiro afronta otra orden de derribo dictada por el TS, ésta parcial, de un edificio de la calle Nicolás Cora Montenegro.
El problema parte, en ambos casos, de licencias otorgadas por los gobiernos del popular César Aja. El alto tribunal, en sentencia del 4 de junio del 2001, ordenó la demolición de las dos últimas plantas de un inmueble de la calle Nicolás Cora.
El litigio se remonta al 31 de diciembre de 1976, cuando el alcalde, Ramón Salgueiro Abad, y los propietarios de una casa anexa al consistorio, en la plaza Mayor, firmaron un convenio que permitiría elevar la citada vivienda hasta las cinco plantas, cuando se redactase una normativa urbanística. A cambio, estos vecinos consentían trasladar la servidumbre de luces y vistas (en la pared medianera) a la cuarta planta y sucesivas del edificio, para poder así construir la nueva casa consistorial.
El pacto se frustró ya que, en la tramitación del Plan Especial de Protección e Reforma Interior (Pepri) del casco histórico (aprobado el 7 de agosto de 1997), la Consellería de Cultura impuso la consolidación de las alturas de las edificaciones del lado norte de la plaza Mayor, donde se ubica la casa en cuestión. Ante esto, el Concello y los propietarios acordaron, el 25 de noviembre de 1997, que el primero pagaría una indemnización de 120.000 euros, a abonar en tres años (2002, 2003 y 2004).
Entretanto surgió otro conflicto entre el Concello y el propietario de la vivienda de la plaza Mayor, Francisco Méndez Goas. Este último interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la comisión de gobierno del 17 de enero de 1994 (con Aja de alcalde), de conceder una licencia para construir un edificio en la calle Nicolás Cora Montenegro. La obra se ejecutó y, tras varios recursos, el TS dictó el derribo de las dos últimas plantas. El tema parecía resuelto tras el pleno del 5 de abril del 2002, con el compromiso municipal (PP votó a favor; BNG y EU-IU, en contra; y PSOE se abstuvo) de abrir una calle paralela a Nicolás Cora, por detrás del citado inmueble, para dar acceso a fincas de Méndez Goas y colindantes.
Las obras tenían que estar acabadas el 31 de diciembre del 2003. La nueva corporación, regida por el bipartito PSOE-BNG, modificó el acuerdo y aplazó un año la apertura del vial, aún pendiente. El demandante ha pedido la ejecución de la sentencia.
Inquietud vecinal
Con este precedente, los dueños de los pisos de los edificios de Lodeiro afectados por la orden de derribo del TS, que declaró nulas las licencias otorgadas en su día por la junta de gobierno del PP, afrontan una semana difícil. La inquietud es evidente, aunque la mayoría confía en que la demolición no llegue a ejecutarse, pues son muchas las familias damnificadas. El alcalde, el socialista Melchor Roel, ha convocado para hoy a las 20.00 horas una reunión de la junta municipal de portavoces.
Los representantes de los cuatro grupos políticos que componen la corporación analizarán la reciente sentencia del TS y tratarán de consensuar la postura del Concello. El mandatario local ha reiterado estos días su compromiso de defensa de los vecinos, más de 320 personas residentes en estos inmuebles.
* La Voz de Galicia - 19.05.2008
Foto: El Supremo dictó la demolición de dos plantas del inmueble situado en la calle Nicolás Cora - PEPA LOSADA, lavozdegalicia.es
Una empresa exige 5 millones a Firgas por el edificio del ex alcalde Arencibia
,+pol%C3%A9mico+edificio+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA/GranCanaria* : La sociedad Merotez reclama al Ayuntamiento de Firgas una indemnización de 5,20 millones de euros por el largo litigio que mantiene por la clausura del edificio promovido en el centro del municipio por el ex alcalde, Sebastián Arencibia.
Los distintos grupos políticos aprobaron en mayo de 2006 el inicio de una investigación para depurar posibles irregularidades urbanísticas por el exceso de ocupación pero, desde entonces, las viviendas y los locales comerciales sigue sin estrenarse.
Los grandes letreros de una entidad bancaria permanecen en la fachada del enorme inmueble de la calle José Santos, 10 de Firgas. Sin embargo, la sucursal permanece cerrada porque le faltan los pertinentes permisos. Lo mismo sucede con las viviendas construidas en la zona baja y el local de la planta baja. El largo litigio entre los dueños y el Ayuntamiento sigue sin resolverse, dos años después de que se destapara un conflicto en el que se entremezclan los motivos políticos y urbanísticos.
Algunos ediles consideraron en su momento que Sebastián Arencibia "se aprovechó de su condición de alcalde" para hacerse con esta propiedad como para recibir una serie de supuestas ventajas. Sin embargo, el complicado proceso para depurar responsabilidades por parte del Ayuntamiento y avalados por un informe privado se ha estancado dos años, en los que la empresa ha visto cómo el edificio no puede inaugurarse por la falta de los últimos papeles municipales.
Por esta razón la sociedad dueña del inmueble, Merotez, ha decidido exigir en concepto de "daños y perjuicios" la cantidad de 5,20 millones de euros al Ayuntamiento por sus derechos de propiedad sobre el inmueble, así como por la explotación, ya sea por venta o por alquiler.
La sociedad limitada recuerda que el edificio se ejecutó "conforme a proyecto, redactado y aprobado al efecto, y contando con la oportuna licencia municipal de obras y posterior reformado". Además, añade, los locales dispone de la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento en el mes de febrero de 2006.
* La Provincia - JAVIER BOLAÑOS - 19.05.2008
Foto: Vista del polémico edificio construido en el centro de Firgas. LP/DLP
Europa fuerza la revisión de la ley urbanística
,+urbanizaci%C3%B3n+Cumbre+del+Sol+-+elpais.com.jpg)
ELPAÍS/Valencia* : La legislación urbanística valenciana será reformada por segunda vez después de años de estar en entredicho en las instituciones de la Unión Europea. Los palos que la Eurocámara ha dado a la Generalitat a cuenta de esta normativa -incluso los populares europeos la han censurado- y la denuncia al tribunal de justicia europeo exige una adaptación a las directivas europeas.
El primer aviso contra la legislación urbanística valenciana se produjo a raíz de las denuncias de un grupo de afectados contra la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sustituida en 2006 por la ley Urbanística Valenciana (LUV), que heredó todavía vicios de la primera. Después de una larga instrucción, la Comisión acabó denunciando en 2007 a España ante el tribunal de justicia comunitario al entender que la ley valenciana vulnera las directivas europeas sobre contratos públicos. A este frente se unió el del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que tras una avalancha de denuncias ciudadanas sobre abusos urbanísticos, tomó cartas en el asunto. Desde 2003 la Eurocámara ha reprobado hasta tres veces los casos de abusos. En palabras de la Comisión Europea, la nueva norma valenciana -impulsada por el consejero Rafael Blasco en la legislatura de 2003-2007-, aunque mejoró algunos aspectos no acaba de garantizar la transparencia ni la competencia en la adjudicación de los conocidos Programas de Actuación Integrada (PAI). El sistema de fijación del precio del proyecto es uno de los aspectos más polémicos.
La presión no cesa. El Parlamento sigue recibiendo hoy denuncias de afectados de la Comunidad Valenciana -el pasado 2 de abril debatió otras 47 denuncias-. El Comité de Peticiones sopesa en estos momentos, según fuentes de la Eurocámara, la redacción de otro informe duro contra España por no haber corregido el problema. En el pleno del 2 de abril, un eurodiputado austriaco planteó incluso que el PE emplease su potestad para congelar los fondos europeos destinados a España como medida de presión. El 26 o 27 de mayo, los coordinadores de los diferentes grupos políticos con representación en el Comité de Peticiones decidirán qué hacer con esta nueva oleada de quejas ciudadanas.
El Consell, tras años de defensa a machamartillo de sus leyes urbanísticas dentro y fuera de su territorio, se dispone ahora a reformarla, si bien bajo un amplio paraguas de cambios que el Consell quiere ahora consensuar con el principal partido de la oposición. El departamento de Urbanismo se propone una reestructuración de las leyes de Ordenación del Territorio, la Urbanística y la adaptación a la ley estatal del Suelo. A este paquete se añade una decreto con el que se pretende animar a los ayuntamientos a disponer de suelo para vivienda protegida.
Lo admita o no, la Consejería de Urbanismo se ha visto obligada a revisar toda su legislación por las exigencias de Europa. El propio García Antón lo reconoció la pasada semana en Alicante durante la clausura de unas jornadas sobre la construcción. "Coordinar todas las leyes [del ámbito urbanístico] y cumplir bien con Europa", manifestó el consejero. Acerca de un posible pacto urbanístico con la oposición, García Antón manifestó su deseo de que las partes consensuen un texto "antes de vacaciones". "Tratamos de evitar la disfuncionalidad", explicó en referencia a las críticas que despierta el urbanismo valenciano en Bruselas y también en colectivos profesionales autóctonos como el de arquitectos, ingenieros o abogados.
Al otro lado, los socialistas admiten los contactos, pero insisten en que la negociación es de carácter técnico y no son partidarios de "magnificar el nivel de los contactos". "Los socialistas queremos que mientras dure la negociación la consejería no aproveche para colar proyectos urbanísticos controvertidos", explica Francesc Signes, coordinador de Territorio en el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En resumidas, el PSPV ha pedido al Consell que de los 130 millones de metros cuadrados de suelo pendientes de reclasificación, sólo salgan adelante las revisiones de Planes Generales de Ordenación Urbana y de normas subsidiarias, así como los proyecto que estén claros. "No pedimos una moratoria, sino que este periodo no se convierta en un coladero", concluye Signes.
Así pues, la resolución que dicte el Comité de Peticiones durante la reunión de los coodinadores de cada grupo será crucial. "Se planteará un texto de resolución y luego se votará. Posteriormente se elevaría al presidente del Parlamento Europeo", resume el presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent. Los europarlamentarios españoles temen que la resolución sea más dura que las anteriores, ya que los avisos previos han servido de poco. Y no sólo eso, desde que se abrió el primer expediente por denuncias de abusos urbanísticos en Bruselas, el catálogo de casos se ha ampliado y, a estas alturas las instituciones europeas miran con lupa los posibles incumplimientos de directivas relacionadas con el medioambiente.
Para el ex eurodiputado socialista Joan Calabuig, que ha seguido el proceso en los últimos años, las Cortes Valencianas deberían de crear una comisión que escuche e investigue a los afectados. "Las peticiones no cesan de llegar a Bruselas porque aquí nadie les escucha ni les atiende", opina. Los últimos informes de la Sindicatura de Greuges coinciden en denunciar la situación, pero la Generalitat no ha dado ningún paso para deshacer un entuerto que dura años.
Calabuig rescata una idea que propuso el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana,y que nunca se cumplió, y que consiste en abrir oficinas de atención a los residentes extranjeros -muchos de los afectados son ciudadanos de otros países de la Unión-. "Deben [el Consell] de reconsiderar su actitud", añade Calabuig, que todavía recuerda cómo desde el Gobierno valenciano se ha acusado a los eurodiputados socialistas de orquestar estas denuncias con el único objetivo de desgastar al Consell. "Este largo proceso está deteriorando la imagen de los valencianos, es cierto. Pero resulta ridículo a estas alturas en que la CE nos ha llevado ante el tribunal de justicia que todo esto se deba a una conspiración orquestada por ingleses, socialistas, verdes e incluso por eurodiputados conservadores de otros países de la UE", concluye.
"Los ciudadanos se han encontrado con que no pueden luchar contra estos casos ni siquiera con su voto", explica uno de los afectados. Un ejemplo es lo sucedido en Parcent, donde los vecinos votaron contra el anterior equipo de gobierno para impedir que los PAI previstos salieran adelante. Ahora Vecinos de Parcent, grupo político que gobierna, viven una situación imposible. El nuevo ayuntamiento se enfrenta a una querella si se paraliza uno proyecto comprometido el anterior mandato.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ / E. MOLTÓ - Valencia / Alicante - 19/05/2008
Foto: La urbanización Cumbres del Sol- CARLES FRANCES, elpais.com
Cuatro activistas se encadenan a bidones de cemento para parar una obra en Esplugues
ELMUNDO/Barcelona* : Cuatro activistas se han encadenado a dos bidones de cemento en la zona donde se están llevando a cabo las obras del plan Porta Barcelona de Esplugues de Llobregat para tratar de paralizar su desarrollo. Tienen previsto permanecer encadenados hasta el sábado, cuando está convocada una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad.
Según ha informado un portavoz de la plataforma popular contra el plan Caufec, su objetivo es parar las máquinas y protestar contra un plan que consideran fruto de la "especulación". "Pondremos nuestros cuerpos ante las máquinas para frenar lo que creemos es un error", ha señalado la citada fuente.
En este sentido, ha denunciado que no se haya llevado a cabo un proceso participativo sobre el proyecto con los vecinos del barrio de Finestrelles, donde se están llevando a cabo las obras desde el 2 de agosto. Además, los activistas reclaman la libertad de 'Franki', el joven condenado a más de dos años de prisión por descolgar una bandera española del balcón del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona).
La plataforma popular contra el plan Caufec ha alertado de las "nefastas repercusiones de la cantidad de cemento con la que llenarán la montaña" de Esplugues para el medio ambiente, la flora y fauna y la accesibilidad. A su vez, criticó que el plan no contempla la vivienda social y los equipamientos públicos.
El plan Porta Barcelona, promovido por la inmobiliaria Sacresa, prevé la construcción de más de 700 viviendas, dos torres de oficinas y un centro comercial en dos ámbitos: Finestrelles Norte (situado en la montaña de Sant Pere Màrtir y junto al Hospital de Sant Joan de Déu) y Finestrelles Sur (situado junto a la carretera de Laureà Miró y en la zona limítrofe con L'Hospitalet de Llobregat). Para hacerlo posible, la inmobiliaria Sacresa soterrará 31 torres eléctricas de alta tensión que hay en la zona.
* El Mundo - Europa Press - 19/05/2008
Un plan urbanístico destruirá valiosos murales en Castellón
ELPAÍS* : Alicia duerme en la misma habitación donde nació, tal como cuenta su madre, de 87 años. Vive en una casa de más de 400 metros cuadrados, de principios del XX, y creció rodeada de unos murales cerámicos que han sido calificados de "conjunto excepcional" por su "innegable valor histórico-artístico".
Pero Alicia se tiene que mudar a un adosado, o un piso, a unos dos kilómetros porque un programa de actuación urbanística la obliga a ello. Y quiere llevarse el arte que la ha rodeado.
La Pradera es una casa que fue diseñada por el arquitecto Godofredo Ros de Ursinos y construida a principios de los años 20. Los abuelos de Alicia la adquirieron poco después y mantuvieron el legado de su primer propietario, Manuel Porcar, un industrial cerámico que encargó las piezas para su casa a uno de los pintores de su fábrica, José Soriano. Aquellos murales cerámicos, que fueron incrustados en las paredes en forma de trece paneles, se mantienen en "inmejorable estado de conservación", según redactó el director técnico del Instituto de Promoción Cerámica, José Luis Porcar.
Alicia tendrá que abandonar su casa en breve y, dado que son suyas, quiere arrancar las piezas de su espacio original para buscarles otro destino. La casa fue levantada en una zona no urbanizable conocida como Els Mestrets. Desde hace años, dispone de todos los servicios y paga impuestos como si fuera suelo urbano, igual que ha ocurrido en otras zonas como la Marjaleria, donde las viviendas han sido legalizadas.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 19/05/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
La perversión del ladrillazo
IÑAKI SILVEIRA* : Aniquilación de paisajes, perdida de biodiversidad, urbanismo especulativo, empleos en precario, siniestralidad laboral, precios de vivienda a precios imposibles para las familias, etc, etc, etc. A eso nos a conducido el ladrillazo. Escándalos, inmoralidad, vergüenza urbanística. Faltan calificativos para describir la verdadera dimensión e implicaciones que la denominada burbuja inmobiliaria conlleva y que a punto de explotar amenaza con arrastrarnos como si de un tsunami se tratase.
Consecuencias ecológicas,sociales y económicas que son una carga de profundidad contra la sostenibilidad de una sociedad en la que el progreso económico y la usura de unos pocos ha pivotado sobre el esfuerzo colectivo dentro de unos niveles superiores a lo aconsejable y que ahora amenaza con salpicar nos a todos. Derivado de este fenómeno se a producido el abuso y la corrupción urbanística en una especie de cóctel que une política, poder y ladrillo y del que han bebido sin mesura patriotas del ladrillo y políticos corruptos sospechosamente permisivos con los especuladores del cemento y el ladrillo.
Nadie niega que la construcción sea un sector económico vital, pero no mas que el industrial, el turístico,el pesquero, el agrario o el de los pequeños industriales, comerciantes y artesanos. Pero tienen que reconocer que esta crisis la han generado ellos, construyendo sin control, estableciendo los precios que han querido pervirtiendo los mercados e inventando el trafico de influencias y billetes en bolsas de supermercado. Se han hecho demasiado poderosos aislados en la burbuja inmobiliaria, sin ningún control. Ahora piden ayuda para resolver su crisis confundiendo lo privado con lo publico. Otra cosa sera que el Gobierno se mantenga firme frente al llanto del ladrillo y no intente arreglar este desaguisado económico cargando los costos sobre los salarios de los trabajadores y recortes de las partidas destinadas al gasto social. No podemos permitirlo, no debemos resignarnos, debemos blindarnos como sociedad para que el ladrillazo, su crisis y los costos de su reconversion recaigan única y exclusivamente sobre quienes la han generado y permitido, sobre quienes se han enriquecido ilícitamente y han desviado sus capitales inmobiliarios y ganancias especulativas a paraísos fiscales.
* Iñaki Silveira Lorenzo, Ciutadella, 10 Mayo 2008
* Es Diari - Opinión - 11.05.2008
