YAHOO/Marbella* : El juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del "Caso Malaya", en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento Juan Antonio Roca y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe. El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche y las operaciones en las parcelas denominadas "Ave María" y "Francisco Norte".
El magistrado ha ordenado tomar declaración como imputados en relación con la primera de las operaciones, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor y al abogado Francisco Soriano -también procesados por el "Caso Malaya"-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.
En relación con las actuaciones urbanísticas sobre la parcela "Francisco Norte", tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.
En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez no accede a la propuesta policial de proceder a la detención de Arteche y solicita al Ayuntamiento que informe sobre los expedientes urbanísticos de ambas fincas, y ordena que se practiquen distintas pruebas periciales.
El magistrado señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en "Ave María", así como casi 900 en "Los Verdiales", fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros.
Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de "Ave María" a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros.
El auto judicial señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca.
Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche, beneficiario final de los aprovechamientos".
El magistrado apunta que, teniendo en cuenta el PGOU de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros.
Dicha actuación, según Pérez, "conduce a una eventual malversación de caudales públicos imputable a Sánchez y Liétor, por su vinculación con CCF 21, Arteche y Mora como partícipes en el delito especial propio, y Roca y Muñoz como autores".
Subraya además que en la hipótesis que se manejaba en el convenio de la aplicación de la revisión del PGOU de 1998 el valor de los aprovechamientos que permutaba el consistorio ascendía a casi cinco millones de euros, mientras que fueron adquiridos por Arteche por 1,8 millones de euros, "lo que muestra indicios de fraude".
* Yahoo Noticias - EFE - Marbella (Málaga), 13 ene 2008
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El juez imputa a Roca, Muñoz y Yagüe en una pieza separada por operaciones de urbanismo
Arona: El juez acusa al alcalde y a siete ediles de cohecho, tráfico de influencias y extorsión
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ELDÍA/Tenerife* : A los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio añadió los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión a raíz de la declaración testifical del empresario José Ramón Ansorena, que motivó las detenciones de un empresario y del arquitecto municipal.
El testimonio del empresario José Ramón Ansorena Cabrera, como representante de la entidad Proguito S.L., motivó no sólo las detenciones y posterior prisión del arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa, y del empresario Arsenio Zamora, sino que supuso la ampliación de las imputaciones al alcalde, José Alberto González, y a los siete concejales que formaban con él la junta de gobierno local durante el mandato anterior.
Hasta el pasado 18 de diciembre, fecha en que compareció Ansorena ante Nelson Díaz Frías, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, tanto el alcalde como los concejales Félix Sierra, Alfonso Barroso, José Luis González, Juan José Alayón, Manuel Barrios, Sebastián Martín y Daniel Martín estaban imputados por los presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio. Sin embargo, el juez emitió un auto al día siguiente en la que explicaba que a tales supuestos "habría que añadir (...) los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión".
En el auto citado, en el que también procede a "declarar totalmente el secreto de las actuaciones", que estará vigente hasta el próximo día 19, el juez tiene en cuenta la declaración del representante de Proguito S.L., "así como los elementos probatorios aportados por el referido", para adoptar esta medida. De hecho, especifica que en los presumiblemente nuevos delitos incorporados a la causa "presuntamente estarían implicados, según dicha declaración testifical, varios funcionarios públicos del Ayuntamiento de Arona, aludiendo dicho testigo (José Ramón Ansorena) directamente a un concejal ya imputado", además de al detenido Arsenio Zamora.
Según otras fuentes consultadas por EL DÍA, efectivos de la Policía Judicial acudieron a la casa consistorial aronera el viernes pasado para recabar la documentación necesaria obrante en las dependencias municipales con las que constatar aspectos de lo declarado ante el juez por el empresario Ansorena Cabrera.
Se ampliará en breve
Por otra parte, el abogado de una de las partes personada en la querella, Felipe Campos, confirmó ayer a este periódico que "estoy ultimando los detalles" para proceder a la ampliación de dicha denuncia a los actos de dicho órgano municipal posteriores a la fecha (mediados de febrero de 2007) en que la Fiscalía Anticorrupción interpuso tal querella contra la Junta de Gobierno Local anterior. El motivo es que percibe una supuesta reiteración del comportamiento que dio lugar a la denuncia en el transcurso de los últimos meses del mandato que concluyó con las elecciones celebradas el 27 de mayo pasado.
Felipe Campos no especificó la cantidad de acuerdos adoptados en ese periodo por la Junta de Gobierno Local, pero sí apuntó que el mismo órgano ya ha tomado decisiones similares, supuestamente, en el mandato actual, incluyendo la concesión de una licencia vinculada a un ex concejal del equipo gobernante anterior.
El gobierno municipal de Arona durante el periodo 2003-2007 lo formaban CC, CAN y PP, mientras que el presente está integrado sólo por ediles de Coalición Canaria, que obtuvo la mayoría absoluta hace siete meses.
* El Día - MEDINA, Arona - 11 DE ENERO DE 2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Europa pide al Consell que anule los contratos con las ocho empresas mixtas urbanísticas
LEVANTE/Valencia* : La Comisión Europea ha pedido a la Generalitat que anule los contratos suscritos con ocho empresas mixtas, creadas por el Consell a través del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) con un selecto grupo de promotoras valencianas, porque incumplen preceptos de hasta cuatro directivas europeas sobre adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios.
El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, alega que "los procedimientos de selección de los accionistas privados en las sociedades mixtas sólo se publicaron en medios locales, con plazos de presentación de ofertas particularmente reducidos y con criterios de atribución carentes de claridad y objetividad".
Igualmente, solicita a las autoridades competentes (en este caso la Generalitat) que derogue un párrafo de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que concede trato de favor a estas mercantiles mixtas cuando su objeto sea construir viviendas de protección oficial (VPO). El ejecutivo comunitario también advierte que si este asunto tiene que dirimirse ante el Tribunal de Justicia Europeo "la Comisión solicitará al Tribunal que suspenda la disposición legislativa (el párrafo de la LUV), que acuerde las medidas provisionales necesarias y, particularmente, el cese de las actividades que constituyen contratos públicos atribuidos a las sociedades mixtas, en cuyo capital participan dichas entidades infringiendo las directivas".
La dirección de Mercado Interior desgrana las decisiones que le han llevado a tomar esta decisión en el dictamen motivado enviado a la Generalitat en el que demuestra que conoce al detalle los pasos que se han dado en la constitución de las polémicas empresas mixtas.
Las dos primeras mercantiles se crearon entre el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) y las inmobiliarias de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por adjudicación directa donde "no ha existido ningún tipo de publicidad", apunta el dictamen motivado de la Comisión Europea. Esta decisión de la Conselleria de Territorio sentó a cuerno quemado entre los promotores valencianos por lo que para las seis siguientes empresas mixtas se publicaron anuncios en periódicos de ámbito provincial o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Sin embargo, "los plazos para la presentación de ofertas no habrían superado, en el mejor de los casos, quince días después de su publicación". En realidad, en dos de las sociedades urbanizadoras el concurso público apenas duró cinco días y, según publicó Levante-EMV, se pactaron con las promotoras antes de que el Ivvsa hiciera pública la búsqueda de socios.
La Comisión Europea incide además en otro detalle, "el urbanismo de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como", tal como lo denunció en su momento el PSPV. "Se da la circunstancia de que el presidente del consejo de administración de las sociedades mixtas participadas por el Ivvsa es el consejero autonómico de Territorio y Urbanismo de la Generalitat Valenciana y que dicha consejería es la encargada de aprobar definitivamente dichos PAI y de otorgar la cédula de urbanización, requisitos sin los cuales, la ejecución del PAI no se podría producir. De este modo, se demuestra que dicha consejería atribuye contratos públicos de obras y servicios (la redacción de un plan urbanístico) a través de la aprobación definitiva de PAI que se adjudican a las sociedades mixtas creadas por ella misma a través del Ivvsa".
Un hecho que, a juicio de la comisión, se produce "sin respetar las disposiciones de las directivas en materia de contratación pública" y "perjudicaría al objetivo de que exista una competencia libre y no falseada y a los principios de igualdad de trato y no discriminación".
Sobre estas cuestiones también incidió el Síndic de Comptes en su informe de 2006 en el que recomendaba "disolver estas sociedades mercantiles" porque en algunos casos había quedado "sin contenido el objeto social de las empresas constituidas".
Por último cabe recordar que la mayoría de sociedades mixtas creadas desde 2003 por el Ivvsa planificaban sus proyectos sobre suelo no urbanizable que obligaba a reclasificar hasta 6,2 millones de metros cuadrados de suelo. La mayoría de actuaciones tampoco estaban previstas en los planes generales a pesar de que, en algunos casos, duplicaban la población de las municipios donde se proyectaban.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 13 de enero de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El mapa de la crisis
ELCONFIDENCIAL* : La crisis inmobiliaria y crediticia ya está golpeando con fuerza a España. Y donde se va a sentir con mayor crudeza es en la costa mediterránea -Andalucía, Murcia y, en menor medida, la Comunidad Valenciana-, según un mapa caliente de la crisis que ha elaborado Citigroup. Por eso, las entidades financieras con mayor riesgo son las que tienen mayor exposición a estas zonas, en especial las cajas de ahorros regionales. Algo que preocupa mucho al Banco de España, que va a lanzar inspecciones masivas referidas al riesgo inmobiliario y al Gobierno, que pretende evitar la quiebra de alguna gran inmobiliaria.
En un detallado estudio titulado gráficamente The Pain in Spain (El dolor en España), Citigroup identifica a siete cajas como las más vulnerables en el entorno actual: todas las andaluzas -San Fernando, Granada, Cajasur, Cajasol, Unicaja y Jaén- más Caja Murcia. Dentro de los bancos, el que peor lo tiene es el Banco de Valencia y, dentro de los grandes, el Popular, a juicio de este análisis.
A su juicio, todo el sistema financiero español tiene una exposición parecida al mercado inmobiliario y a los créditos hipotecarios. Por eso, considera que el factor diferencial es su presencia geográfica. Así, determina el perfil de riesgo de cada comunidad autónoma en función de de 18 criterios referidos al mercado inmobiliario, al crediticio, a la riqueza, a la inmigración, al mercado laboral y al tejido empresarial de cada región. En función del grado de exposición de cada banco o caja a cada comunidad, calcula el riesgo de su cartera de créditos: cuanto mayor es la presencia de una entidad a una comunidad de "alto riesgo", mayor es el peligro para su activo.
La conclusión del estudio es que las zonas que más van a sufrir en la crisis son el sur de la costa mediterránea, es decir, Murcia y Andalucía. Le siguen la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y La Rioja. En el otro extremo, las regiones con menor riesgo son Madrid, País Vasco y Navarra (ver el mapa adjunto).
"Las cajas sufrirán el grueso del dolor"
Se da la circunstancia de que las cajas tienen una cuota de mercado -sobre todo en hipotecas nuevas- mayor que la media nacional en las zonas con más peligro; en especial, en La Rioja (70% de cuota), Murcia y Castilla-La Mancha (64%) y Valencia (58%). De ahí que las entidades más concentradas en esos mercados regionales afronten los mayores problemas potenciales en sus carteras de créditos. Asimismo, la generalidad de las cajas andaluzas -con muy poca diversificación fuera de su comunidad, según Citigroup- presentan un perfil de riesgo "alto".
Con perfil "medio-alto" aparecen las cajas de Onteniente, La Rioja y la CAM, mientras que el riesgo es "medio", siempre según Citigroup, para Bancaja, Ibercaja, General de Canarias, Asturias, Baleares, CAI, Cantabria, Canarias, Extremadura, Badajoz, Guadalajara y Pollença. En el otro extremo, las entidades más a salvo de la crisis son Caja Navarra y Caja Vital.
Respecto a la banca, ninguna entidad tiene un nivel de riesgo tan alto como estas cajas. La que más se acerca es el Banco de Valencia, con el 73% de sus créditos en su comunidad y en Murcia. Le siguen Banca March, Espirito Santo y Pueyo. Entre los medianos y grandes, el que tiene mayor exposición a las zonas problemáticas es Popular, seguido por Banesto, BBVA, Santander y Bankinter. Por el contrario, los más protegidos son Sabadell, Pastor y, a la cabeza del ranking, Guipuzcoano. Algo que puede sorprender a la vista de los esfuerzos de sus accionistas por vender el banco.
El banco norteamericano coincide con otros expertos (como Merrill Lynch) en las causas de la crisis: el debilitamiento de la economía, el estallido de la burbuja inmobiliaria con caídas de precios, unos mercados de capitales ilíquidos en un momento en que la banca española está fuertemente endeudada y el esperado mayor deterioro del entorno de crédito.
* El Confidencial - Eduardo Segovia.- 11/01/2008
Foto: cotizalia.com
Las vicisitudes del POTAUS
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : Hace un cuarto de siglo (13 de junio de 1984), oficialmente la Junta de Andalucía, ante los evidentes problemas que se estaban haciendo patentes, reconoció la necesidad de "formular directrices de Planeamiento Urbanístico para el Área Metropolitana de Sevilla" y como consecuencia de ello, cinco años después, publicó el avance de las "Directrices para la Coordinación Urbanística". Tardó 5 años más para ordenar que la Consejería de Obras Públicas redactara y terminara en el plazo de un año, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS 1994). Dos años necesitó para hacer el diagnóstico pero, en lugar de terminar su redacción, sólo se decidió a publicar los "documentos de objetivos del POTAUS 2000". Habían pasado 16 años. ¡Cuántos desmanes se habrían evitado!
Mientras tanto, el proceso de deterioro del territorio metropolitano avanzaba de manera acelerada e irreversible. La construcción sin control de miles de monótonos contenedores de ladrillo, dispersos en un territorio de olivares, vid y naranjos marcaba una nueva forma de ocupar el suelo pero, sobre todo, la inauguración de la primera tienda de IKEA en Andalucía, se convirtió en un nuevo hito efecto de la globalización, que exigía a la Junta, terminar el POTAUS. Durante el 21 de enero 2004, los coches atascados necesitaron más de una hora para recorrer tres kilómetros y llegar a dicha tienda. Existen centros comerciales similares en 33 países.
Para este acontecimiento, no se habían preparado ni las vías ni los accesos ni los aparcamientos. La alcaldesa de Castilleja de la Cuesta, pequeño término municipal sin patrimonio natural porque su suelo está completamente asfaltado, en lugar de compartir responsabilidades con las empresas, prometió resolver todos los problemas presentes y futuros, como siempre, con dinero público para asegurar, dijo, los puestos de trabajo y el desarrollo. La realidad se ha encargado de contradecirle: pese a la inversión inmobiliaria, según el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), existen 866 mujeres y 432 hombres en paro en Castilleja, la carencia de equipamientos es notable y la calidad de vida ha disminuido.
Los nuevos problemas que soportaba Castilleja, también se estaban incubando y reproduciendo de forma similar, pero con mayor magnitud y variedad, en los demás municipios del área metropolitana de Sevilla. La finalización de la redacción del POTAUS que ya duraba 10 años, a todas luces resultaba urgente, pero, ¿qué poder o qué ley obligaba a la Junta a cumplir el plazo que ella misma se había impuesto? A tenor de los resultados de las elecciones, ni siquiera éstas fueron un medio eficaz para castigar los incumplimientos. Al contrario, los ciudadanos premiaron al gobierno concediéndole mayoría absoluta.
La desidia de la Junta ha durado un cuarto de siglo. No la comprendían ni los empresarios del Aljarafe que en 2006, en un acto ejemplar digno de mención, entregaron a la Consejería de Obras Públicas la "Estrategia Territorial para el Desarrollo Económico del Aljarafe" y solicitaron que se concluyera el POTAUS. La Consejera les respondió que se harían cuatro planes sectoriales: transportes, espacios verdes, vivienda e infraestructuras y con esa idea, en noviembre de 2006 se publicó por segunda vez una Orden con el mismo motivo y plazo que la primera: redactar el POTAUS pero incorporando varios municipios y, sin razón suficiente, dejando fuera otros. En planeamiento, la suma de las partes no es igual al todo.
El plazo para su conocimiento y alegaciones ha terminado.
Se puede alegar el incumplimiento, la omisión o la incorrecta interpretación de la legalidad (norma) pero no del soporte teórico ni conceptual del Plan. En este aspecto solamente cabe plantear preguntas y compartir públicamente las ideas para enriquecer la opinión pública. Según Habermas "el espacio de la opinión pública es una red para la comunicación de contenidos y tomas de postura, es decir, de opiniones y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agrupadas en torno a temas específicos", por ejemplo, el planeamiento. Su mayor expresión es posible en democracia: interacción entre verdad, transparencia y participación activa.
Justamente lo que no se ha hecho al firmar los convenios, base de la desbocada expansión urbanística que el POTA, instrumento jurídico jerárquicamente superior, ha puesto freno con porcentajes máximos para la expansión del suelo (40%) y de la población (30%) y, por otra parte, ha impuesto una forma de ocupación del suelo para recuperar el "modelo de ciudad mediterránea" compacta y continua: sostenible. Sin embargo, la Junta, lejos de hacer cumplir estas determinaciones, ha prometido excepciones al POTA. El POTAUS, haciendo caso omiso al principio jerárquico de contenido legal, se ha encargado de recogerlas.
Se están cumpliendo los plazos, pero persisten las mismas dolencias urbanísticas que tanto están perjudicando a la salud cívica: elefantiasis del ámbito privado y anemia del público.
* Jorge Benavides Solís es doctor arquitecto y profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
* ELPAIS.com - Andalucía - 11/01/2008
