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ABC/Lugo* : Primer varapalo judicial al urbanismo de Viveiro. El Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Lugo viene de anular la validez de una licencia urbanística para la construcción de un edificio de 200 viviendas en la parroquia de Covas en diciembre de 2006, que el Ayuntamiento concedió mediante el procedimiento de silencio administrativo, y saltándose los informes en contra del técnico municipal y las consellerías de Cultura y Política Territorial.
La juez titular del juzgado va más allá, al dar traslado del caso a la Fiscalía ante la existencia de «indicios» de infracción penal por posibles delitos, ya que la citada construcción se situaba en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
De hecho, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Viveiro ya investiga una denuncia por la vía penal de las mismas características de la ahora resuelta, y de la que ABC informó el pasado 4 de diciembre. La instrucción abarca hasta once licencias urbanísticas concedidas todas ellas mediante el procedimiento del silencio administrativo, y en cuatro de ellos la Policía Judicial atribuye -por ahora- al alcalde socialista Melchor Roel y su Junta de Gobierno la comisión de posibles delitos de prevaricación.
Ausencia documental
En la sentencia, notificada a las partes el pasado 28 de diciembre, la juez de lo Contencioso Administrativo estima en primer lugar que no ha lugar a la aplicación del silencio administrativo para la concesión de la licencia, ya que los plazos para beneficiarse de este procedimiento han de contabilizarse desde que toda la documentación del proyecto es presentada ante la administración competente, y no desde que se solicita inicialmente la licencia.
La magistrada estima que en el momento en que el Concello concede la licencia, el 4 de diciembre de 2006, el solicitante carecía del proyecto infraestructural común de telecomunicaciones y el estudio de seguridad y salud, ambos requisitos exigidos por la ley y sin los cuales «no es posible conceder la licencia ni expresamente ni por silencio».
Es más, la sentencia estima que tampoco se incluyeron ni el proyecto técnico ni la memoria urbanística, «y al faltar esta documentación no puede entenderse acreditdo el cumplimiento de la normativa aplicable». La juez acusa al ayuntamiento de «dar entrada de una forma bastante flagrande a un supuesto de silencio contra legem (contra la ley)», pero sin justificar jurídicamente su propia decisión.
Informe en contra
Lo que pretendía el Concello era pasar por alto la «expresa desautorización del proyecto por la Consellería de Cultura», un rechazo que no fue recurrido por la promotora pese a tratarse de un informe «previo, preceptivo y vinculante».
«De forma que no podría tenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planeamiento urbanístico», si bien posteriormente el Ayuntamiento contrató ex profeso a un consultor externo para que le elaborase un informe a medida con el que conceder este permiso.
La juez distingue entre la infracción administrativa y la posible infracción penal -por un delito contra el patrimonio, el territorio y otro de prevaricación-, y por ello remite el caso a la Fiscalía de Urbanismo. Así, entiende apreciar «temeridad» en la Junta de Gobierno que preside el alcalde Melchor Roel, ya que no cabe interpretación legal de la norma que ampare la actuación del Concello.
* ABC - JOSE LUIS JIMÉNEZ - 13.02.09
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
El urbanismo «silencioso» de Viveiro
Trece empresarios hicieron negocio con la trama de corrupción del ´caso Faycán´
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Trece empresarios se beneficiaron del entramado organizado por el ya ex alcalde de Telde Francisco Valido y los concejales del Partido Popular Carmelo Oliva y María Antonia Torres, con la ayuda del que fuera interventor municipal, Enrique Orts, según el juez instructor del caso Faycán, Francisco Javier García.
En el auto que pone fin a la instrucción, el magistrado apunta a 17 compañías que se avinieron a pagar entre todas casi un millón de euros, según el auto, para lograr adjudicaciones o desbloquear pagos. Las comisiones oscilaban entre el 6 y el 8%, aunque hubo quien dio el 20%.
Antonio Nadal, director de zona de Cobra y Moncobra, pagó a través de su empleado Juan Francisco Gordillo, 102.434 euros, un 8% del total contratado, mientras que Ángel Omar Suárez, administrador de Planos, Gestión y Construcción y Patrimonial Pacific, abonó entre 62.714 y 83.618 euros. El representante de Gráficas Atlanta, Domingo Campos, dice el juez, pudo haber pagado 9.386 euros.
En el escrito se relata cómo el administrador de Mazotti, Alejandro Navarro, entregó al encargado de gestionar las comisiones, el asesor de María Antonia Torres, Francisco Gordillo, 180.000 euros. Era "tan habitual", que Cobra y Cementos Las Torres, cuyo directivo Pedro Betancor también está imputado, plasmaron estas cantidades en sus libros de cuentas.
Quien más dio fue Felipe Ojeda, el dueño de Ferretería Felipe y Nicolás Ojeda Pérez, que ya suministraba a Torres cuando era consejera insular. García calcula que desembolsó 269.050 euros, el 20% de los casi 2,7 millones que cobró.
En el caso de Fernando Verona, administrador de Acinox, el juez sospecha que arregló el local del PP para cobrar una deuda pendiente de 39.376,10 euros. En cuanto a Preconte, el auto recoge que a cuenta de las comisiones, su administrador, José Manuel Gutiérrez, dejó un piso y dos plazas de garaje al matrimonio Torres-Orts, e hizo reformas en la casa de Gordillo.
Mención aparte merecen Salvador Santana, marido de la entonces edila del PP Guadalupe López, y administrador de Desra y Cariragua, y su socio Antonio Medina, a quienes se les adjudicaban trabajos fraccionados y les desbloquearon proyectos pese a los informes negativos.
Otra de las empresas implicadas es Iturri, que tuvo un empleado que se doblegó a las comisiones, Víctor Hugo Rosales. Sin embargo, su sucesor se negó, lo que provocó que Orts revocara los confirmings a última hora. Quien sí dio 60.000 euros para desbloquear un pago de 1,5 millones fue Abelardo Martínez, ex director regional de Dragados.
Por su parte, José Manuel Antón, administrador único de Grupo Europa, llegó a Telde de manos del portavoz del PP en el Parlamento de Canarias Jorge Rodríguez para hacer casas sociales a través de Urvitel. El juez habla de pagos por 90.000 euros que se justificaron con facturas falsas, entre ellas las hechas por Verónica García, empleada de Edasoft. En esta trama participó también uno de sus trabajadores, Francisco José Benítez.
La última empresa es Servicios Comunitarios, cuya representante, Mari Luz Navarro, es la denunciante del caso.
* La Provincia - E. M. A. - TELDE - 13.02.09
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El alcalde de Benitatxell urdió el chantaje a un promotor al detectar un fallo en el plan general
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LEVANTE/Alicante* : Un error urbanístico tan evidente que resulta incluso burdo. Un error que dio pie al alcalde de Benitatxell, Juan Cardona, y a la primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ambos del Pideb, a urdir, en connivencia con el arquitecto municipal y un abogado que hizo de intermediario, un supuesto intento de soborno. Los cuatro están imputados por cohecho.
De la declaración que efectuó el propio alcalde el 9 de julio en el cuartel de la Guardia Civil de Xàbia, donde estaba detenido, se desprende que los dos políticos vieron en un fallo urbanístico fácilmente subsanable la oportunidad de pedir 50.000 euros al constructor Pedro Sánchez, cuyos terrenos urbanizables y ya reparcelados del plan parcial Vista Montaña III se declaraban en el nuevo PGOU como suelo no urbanizable de protección paisajística. Además, el constructor, aparentemente, tenía que pasar por el aro, ya que el plazo de alegaciones había terminado.
Pero el promotor denunció los hechos a la Guardia Civil. El pastel se destapó cuando la concejala Rheindorf, que es de origen austriaco, y el abogado Kai Oliver Wagner, que supuestamente ejerció de intermediario en el intento de soborno, iban a entregar los dos informes que confirmaban el error urbanístico y que el constructor había exigido para pagar los 50.000 euros. Esos informes los firmaban el propio alcalde y el arquitecto municipal. En el del primer edil, se especificaba que las parcelas quedarían como suelo urbano y el promotor "podrá solicitar la correspondiente licencia urbanística".
El alcalde confesó los hechos ante la Guardia Civil y mostró su arrepentimiento. Relató que le comentó a Rheindorf que el error de estas parcelas se podía corregir y que era la oportunidad de pedir al constructor "una aportación económica para el partido". En principio, según la declaración del propio alcalde, decidieron pedir al constructor 60.000 euros, pero este último dijo que era demasiado y consensuaron la cantidad de 50.000 euros. Cardona también declaró que el arquitecto estaba al corriente de la petición de dinero y que le había dicho que "algo le tocaría".
* Levante-EMV - A. P. F. - 12.02.09
Foto: Benitachell (Alicante), costa - mma.es
"He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista"
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SOITU* : El Parlamento Europeo acaba de aprobar un nuevo informe demoledor sobre el urbanismo en España, en el que llega a sugerir la interrupción de fondos que no sean utilizados de forma acorde con las normativas europeas y a pedir una moratoria "de todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social". Hablamos con la ponente de este texto, la eurodiputada danesa de Los Verdes /Alianza Libre Europea, Margrete Auken.
"Este documento se ha hecho en respuesta a las más de 15.000 reclamaciones recibidas en la Comisión de Peticiones por ciudadanos de toda Europa. Alemanes ingleses, polacos... y sobre todo españoles. La gran mayoría de las personas que han pedido a gritos que las instituciones europeas tomen partido en los abusos urbanísticos de muchas zonas de España, han sido los propios españoles", cuenta Auken. Y es que "el desenfrenado urbanismo ha afectado gravemente al medio ambiente y a la vida de muchas personas", afirma esta eurodiputada de 64 años.
El informe, que ha sido aprobado en la Comisión del Parlamento Europeo con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, señala que "esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa".
Por ello, "la Comisión ya ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos en diferentes comunidades españolas" e incide en que "las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una destrucción masiva en la última década, ya que el cemento y el hormigón han saturado esas regiones (...) y todo ello principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades".
¿Qué opinas del urbanismo en España? "He visto urbanismo masivo en Europa, pero lo de España es surrealista", afirma la eurodiputada, quien quiere dejar claro que el informe no sólo hace referencia a la corrupción urbanística, sino más bien al modelo de desarrollo que se ha llevado a cabo en muchas ciudades y costas del país. "La corrupción forma parte de esta situación, pero lo más grave de todo esto es que estas personas que han estado cometiendo un fraude, no han estado trabajando, no han ejercido bien sus competencias y el precio que se está pagando es el colapso del sistema urbanístico español", cuenta esta danesa, que lamenta que muchas áreas del país estén totalmente "minadas" y muchos europeos se vean en la necesidad de acudir a las instituciones europeas.
Desde el partido de Aukel argumentan que "la justicia española se ha mostrado incapaz de tratar con eficacia la inmensa mayoría de los casos de abusos urbanísticos. Los trámites son lentísimos, carísimos, tortuosos y no suelen llegar a entrar en el contenido de las demandas. Casi nunca se actúa con medidas cautelares para evitar la destrucción y las sentencias, si llegan, casi siempre llegan cuando el mal está hecho".
Como detalla el documento presentado ante los eurodiputados, se quiere conseguir "un replanteamiento del urbanismo en España de acuerdo con la legislación europea, como las Directivas Hábitat, Marco de Agua, de contratación pública y la de blanqueo de capitales", y también sugiere que si la situación no mejora, se interrumpan las ayudas financieras que provienen de los fondos europeos: "Se recuerda que la Comisión está facultada por el artículo 91 del Reglamento (CE) nº 1083/20062 a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE", detalla el texto.
A esta medida, hay que añadir la solicitud que hace la propuesta de Ankel a las autoridades regionales competentes: "una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario, principalmente por lo que se refiere a la adjudicación de contratos urbanísticos y al cumplimiento de las disposiciones en materia de agua y medio ambiente".
En relación a estas posibles resoluciones, Aukel opina que "las instituciones europeas tienen que poner todos los medios con los que cuentan para forzar nuevas acciones que cambien la situación actual y defiendan ante todo los derechos de los ciudadanos europeos".
Este texto, que pasará ahora al Pleno de la Eurocámara para someterse de nuevo a votación y decidir su aprobación definitiva, es el tercer informe sobre el urbanismo en España que elabora la UE a partir de las quejas enviadas por los ciudadanos. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la costa mediterránea, y alertaron de la situación que sufren residentes españoles y europeos.
* SOITU.es - ALMUDENA MARTÍN - 11.02.09
Foto: El hotel Algarrobico, construido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) - Reuters
Ocho contratos de la Comunidad para el imputado Ulibarri
ELPAÍS/Madrid* : El empresario José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, ha obtenido al menos ocho contratos de obras con la Comunidad de Madrid para construir colegios, parte de la ampliación del metro, uno de los nuevos hospitales y un parque de bomberos.
Ulibarri, nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario.
Ulibarri es uno de los 37 imputados por la presunta trama de corrupción que encabeza Francisco Correa. Garzón considera que hay indicios de que los imputados formaron un conglomerado de empresas para obtener fondos de entidades públicas para beneficio propio con "dádivas y sobornos a funcionarios".La empresa de obras de Ulibarri ha construido al menos cuatro colegios y ha rehabilitado otro en Madrid. El juez Garzón señala a esta comunidad como una de las regiones en las que se movía la trama corrupta, que también actuaba en Valencia, donde el empresario burgalés controla cuantiosos negocios de construcción y medios de comunicación, principalmente. En Madrid, José Luis Ulibarri resultó adjudicatario entre 2005 y 2007 de cinco proyectos de la Consejería de Educación que superan los 16 millones de euros.
A principios de 2007 Begar se presentó y ganó frente a otras constructoras la obra del colegio de infantil y primaria Winston Churchill, en Valderribas (Vicálvaro). La oferta de la empresa rebajaba en más de 700.000 euros (de 5 a 4,3 millones) el presupuesto previsto por la Comunidad de Madrid para la obra. Debía terminarlo en 19 meses y construir las 27 aulas que finalmente fueron inauguradas por la presidenta Esperanza Aguirre el pasado octubre. En su nota a los medios de aquel día, la Comunidad destacaba que el centro, que cubre con otro más antiguo la demanda educativa de un barrio nuevo y joven, costó cinco millones de euros. Los mismos que había calculado al principio la Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación. ¿Qué pasó con los 700.000 euros de diferencia?
Antes de que acabara el proyecto, la constructora de Ulibarri obtuvo una ampliación de contrato del primer concurso, y sin publicidad. En agosto de 2008, Begar Construcciones recibe 787.000 euros más para insonorizar el colegio Winston Churchill. Esta vez por procedimiento negociado, que permite elegir a una empresa sin competencia cuando la cuantía no supera el 20% del presupuesto. El proyecto se amplió, según explicaron ayer desde la Consejería de Educación, para insonorizar el colegio, situado junto a la estación de tren de Vicálvaro. Ésa fue precisamente una de las peticiones que hizo la asociación de padres y madres de alumnos meses antes de que concluyeran las obras, como consta en una carta del AMPA.
Los encargos a la empresa constructora de Ulibarri en la Comunidad de Madrid incluyen otros proyectos, todos adjudicados por concurso abierto y "con los procedimientos legalmente establecidos", asegura un portavoz del Gobierno regional. Begar es una de las firmas que ha construido el hospital Infanta Leonor (Vallecas), inaugurado el pasado marzo. Junto con otras seis empresas, creó la sociedad Hospital de Vallecas, SA. El centro se abrió al público sin la licencia de ocupación que debía otorgar el Ayuntamiento.
También es responsable de la ampliación de la red del metro, otra de las propuestas estrella de Aguirre en la anterior legislatura. Begar hizo la estación de Aviación Española de la línea 10 de Metro (Hospital del Norte- Puerta del Sur) que adjudica Mintra, la empresa que construye el suburbano. Recibió 12 millones de euros por esa obra, inaugurada a finales de 2006. El sello de Ulibarri también está detrás de las obras del parque de bomberos de Navacerrada, obtenido por 4,2 millones de euros.
* ELPAIS.com - P. Á. - Madrid - 13/02/2009
Foto: Obras en la Ciudad de la Justicia de la empresa Begar- L. SEVILLANO, elpais.com
