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ABC/Valencia* : La alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción nº6 de la localidad imputada por un presunto delito contra el medio ambiente. La comparecencia de Bastidas, también presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se produjo a petición del fiscal en el marco de unas diligencias abiertas en 2006 como consecuencia de una denuncia interpuesta por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La edil de Alzira está siendo investigada por vertidos de aguas sin depurar en el río Júcar entre 2004 y 2006. Los hechos supuestamente delictivos se concretan en el colector que daba servicio al polígono industrial del Tulell y que vertía directamente en el citado río sin que antes mediara ningún proceso de depuración de las aguas residuales. «No existía sistema de tratamiento de residuos y todo llegaba directamente al cauce del Júcar», explican fuentes del Ministerio Público.
La Confederación Hidrográfica del Júcar alertó de los hechos al Ayuntamiento, pero éste delegó la responsabilidad de solucionar el problema en el Ministerio de Medio Ambiente. Fue entonces cuando la CHJ acudió al juzgado ante la persistencia del problema. El instructor ordenó que se tomaran muestras y requirió un informe al Instituto de Medicina Legal para determinar la toxicidad de los vertidos. El forense ecotoxicólogo confirmó que los vertidos «podían causar grave daño al medio ambiente».
Ayer, en su declaración, que se prolongó durante una hora, la alcaldesa dijo conocer la existencia de esos vertidos. En su descargo, volvió a esgrimir la tesis que ya había utilizado para responder a los requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que adoptara medidas: insistió en que las competencias para sanear las aguas y evitar los vertidos en el caude del río eran del Ministerio de Medio Ambiente. La normativa es clara al determinar las competencias municipales en el tratamiento de las aguas residuales, señalan desde la Fiscalía, en alusión a la Ley de Bases de Régimen Local, de ámbito estatal, y la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales, aprobada por la Cortes Valencianas.
Medidas correctoras
La alcaldesa de Alzira, la primera persona que declara como imputada en este procedimiento pese a que las diligencias se incoaron en 2006, explicó ayer al juez instructor y al fiscal que el Consistorio llegó incluso a excederse en sus atribuciones adoptando algunas medidas, como la aprobación de unas ordenanzas sobre vertidos, para resolver el problema. Estas medidas, con todo, serían posteriores a la comisión del presunto delito.
* ABC - SABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 16.01.2009
Foto: Río Júcar a su paso por la comarca de la Ribera, en Valencia - abc.es
La alcaldesa de Alzira declara ante el juez imputada por vertidos de aguas residuales
El Tribunal Supremo anula la licencia de construcción de 6 hoteles en Fuerteventura
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CANARIAS7* : El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la empresa Oliva Oceánidas SL contra la anulación de seis licencias municipales para la construcción de otros tantos establecimientos hoteleros en El Cotillo, en el municipio majorero de La Oliva.
Según se señala en un pronunciamiento de la Sala quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal, la anulación de las licencias fue procedente, al no haberse obtenido la autorización previa para el proyecto de actividad turística de estos seis hoteles dentro del Plan Parcial Costa del Faro SAU-1.
También se especifica en su sentencia, contra la que no cabe recurso, que la forma de proceder del Ayuntamiento de La Oliva, entonces presidido por Domingo González Arroyo, al otorgar estas licencias de edificación supeditándolas a la obtención de las autorizaciones que debieran conceder otras administraciones "es un subterfugio".
Con él se buscaba eludir el precepto legal que "categóricamente" establece que dicha autorización es previa a la concesión de la licencia de edificación, se establece en ella.
El acuerdo municipal que autorizaba estos hoteles fue recurrido por el Gobierno Autónomo y anulado en 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por no ser conforme a derecho.
Esta resolución motivó que la empresa promotora presentase un recurso de casación ante el Supremo, que ahora ha dictado sentencia dando la razón al Ejecutivo canario y condena al recurrente al pago de las costas procesales.
* Canarias 7 - EFE - 16.01.2009
Foto: La Oliva (Fuerteventura), ayuntamiento - flickr.com
La UE plantea una moratoria de los planes urbanísticos insostenibles
ELPAÍS* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo considera imprescindible una moratoria para los nuevos planes urbanísticos que no respeten los criterios "rigurosos" de sostenibilidad ambiental y no garanticen el derecho de la propiedad y, además, plantea frenar aquellos otros programas que no tengan asegurada el agua.
Estas son las principales conclusiones del borrador del informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación del derecho comunitario, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de Los Verdes.
La eurodiputada expondrá el próximo martes el documento a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En esa sesión, el documento se someterá a un nuevo debate para su aprobación. Aparte, de los eurodiputados de los distintos grupos, en el acto intervendrán un representante de la Generalitat Valenciana y un portavoz del colectivo Abusos Urbanísticos No.
Si finalmente el informe recibe el visto bueno, se fijará un calendario (incluye plazo para la presentación de enmiendas e informes de opinión de otras tres comisiones de la Eurocámara) antes de ser debatido en el pleno del Parlamento Europeo. Este extremo no se producirá antes del próximo mes de marzo, según distintas fuentes oficiales consultadas por este periódico.
La propuesta de resolución al Parlamento Europeo que recoge el borrador de la eurodiputa Auken incluye 19 peticiones. La ponente del informe expone hasta un total de 23 consideraciones para justificarlas. Las más destacadas hacen referencias al choque de la normativa urbanística estatal y regional en materia ambiental con las directivas europeas y los supuestos abusos cometidos sobre el "legítimo" derecho a la propiedad. Sobre este último punto remarca que el Tribunal Constitucional "no ha proporcionado una interpretación exhaustiva del artículo 33 de la Constitución española que alude al derecho a la propiedad".
El informe destaca que en el curso de la actual legislatura, la Comisión de Peticiones, "ha informado en tres ocasiones de la magnitud de los abusos contra los derechos legítimos de los ciudadanos europeos sobre sus bienes legalmente adquiridos en España". La ponente alude a la inquietud de la Comisión "respecto a los procedimientos de contratación pública, por lo general en relación con las deficiencias en el control de los procesos de urbanización por parte de las autoridades de comunidades autónomas y locales de España".
Auken señala la lentitud de los tribunales ante el reto de "la urbanización excesiva", y precisa: "El Parlamento ha observado que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos". La eurodiputada advierte de que esta actividad, respaldada por autoridades locales y regionales "irresponsables" a través de una inadecuada legislación, ha dañado la imagen de España en Europa.
El informe de Margrete Auken resalta que la mayoría de los planes urbanísticos denunciados han acarreado la reclasificación de suelo rural "para provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor". La europarlamentaria asegura que España, y en especial la costa del Mediterráneo, ha sufrido una destrucción masiva en la última década, a consecuencia del urbanismo salvaje, "y todo por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción".
Los pilares del documento de la eurodiputada danesa (tres años después del primer informe de Bruselas sobre los efectos del urbanismo salvaje) han sido las tres visitas que miembros de la Comisión de Peticiones han realizado sobre el terreno a España, las 186 peticiones recibidas sobre supuestos abusos urbanísticos planteadas y avaladas por unas 15.000 firmas, y la denuncia de Los Verdes sobre 250 proyectos urbanísticos que no tienen garantizada el agua.
En los tres apartados, el protagonismo del urbanismo valenciano ha sido estelar. Miembros de la Comisión de Peticiones han inspeccionado sobre el terreno en tres ocasiones los municipios valencianos que incluyen programas urbanísticos rayanos en el urbanismo salvaje. En la última visita, en febrero de 2007, los representantes de la Comisión pasaron, entre otras, por las poblaciones de Orihuela, Catral, Torrevieja, Oropesa, Parcent, Cullera y Oropesa.
El grueso de las 186 peticiones ha sido formulado por residentes en la Comunidad Valenciana. Éstos han planteado supuestas vulneraciones del derecho a la propiedad en los procesos de urbanización o reparcelación de programas de actuación urbanística (PAI) que afectaban a edificaciones ya consolidadas.
Y también en el tercer bloque (la denuncia de Los Verdes sobre planes urbanísticos tramitados sin tener garantiza el agua ni con el informe favorable de los organismos hidrológicos competentes) la Comunidad Valenciana se ha llevado la palma. Los grandes PAI que se proyectan en el territorio valenciano (entre ellos el plan Rabassa, Nou Mil·leni o el Manhattan de Cullera) se encuentran en la lista objeto de una investigación por parte de la Comisión.
Los eurodiputados valencianos mantienen una opinión disímil respecto al informe Auken. Así, José Manuel García Margallo, del Grupo Popular, califica de "grueso calibre los considerandos del informe referidos a la hipotética vulneración del derecho a la propiedad". El eurodiputado del PP reclamó la presencia de un representante del Gobierno español para explicar a la Comisión "todas esas acusaciones". Mientras, el eurodiputado del PSOE Vicent Garcés subraya que el sentido final del voto de su grupo al informe en el pleno del Parlamento está supeditado a "la resolución de la denuncia sobre la Ley Valenciana de Urbanismo que instruye el Tribunal de Estrasburgo, el informe oral de la ponente ante la Comisión de Peticiones el martes y la evolución de la crisis que atenaza al sector inmobiliario y de la construcción".
El colectivo Abusos Urbanísticos No (la entidad que surgió en 2005 en La Marina ante el aluvión de denuncias de afectados) expresó su conformidad con la argumentación y propuestas del informe y reiteró su crítica al urbanismo valenciano, "que no ha resuelto una situación insostenible".
Urbanismo salvaje
- 186 peticiones: En la actual legislatura la Comisión de Peticiones ha recibido 186 denuncias sobre otros tantos casos de abusos urbanísticos, avaladas por 15.000 firmas. El grueso de las peticiones partió de la Comunidad Valenciana.
- Tres visitas: El aluvión de denuncias sobre supuestos abusos urbanísticos acarreó hasta tres visitas de los eurodiputados a la Comunidad Valenciana para verificar el alcance del urbanismo salvaje
- Planes sin agua: La denuncia sobre el caótico urbanismo valenciano alcanzó su mayor dimensión con el dato revelado por Los Verdes: de casi 260 urbanizaciones autorizadas en España sin agua, 129 se proyectan en el territorio valenciano.
- Informe demoledor. Tras varios años de recabar datos, la eurodiputada Margrete Auken ha redactado un informe demoledor para la gestión urbanística del Gobierno valenciano. El documento está a expensas de su debate y aprobación en la Eurocámara.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/01/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Andalucía: La Fiscalía investiga a otros dos alcaldes por corrupción urbanística
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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Cádiz ha abierto diligencias contra el alcalde de El Puerto, Enrique Moresco (PP), para determinar si financió de manera irregular la pasada campaña electoral. El empresario Manuel Lores, ex presidente del equipo de fútbol Racing Portuense, sostuvo el pasado diciembre que Juan José Fortes que, según él, decía hablar en nombre de Moresco, le había pedido una aportación económica de 20.000 euros destinada a la campaña del Partido Popular en las pasadas elecciones locales.
A cambio, Lores esperaba que si el PP conseguía la alcaldía, desde el Ayuntamiento se le allanara el camino para desarrollar un gran proyecto inmobiliario vinculado a un nuevo campo de futbol.
Meses después, una vez que el PP obtuvo el gobierno local, el empresario y la concejal de Urbanismo, Patricia Ibarra, firmaron un convenio que fijaba los criterios para el desarrollo del proyecto inmobiliario. Hasta el momento, el PP ha negado la veracidad del contenido de la denuncia y ha precisado que el documento firmado con Lores establecía que la adjudicación de las obras quedaría establecida por un concurso público. El mes pasado, Izquierda Unida plasmó las acusaciones públicas de Lores en la denuncia que ha motivado la apertura de diligencias.
Moresco rehusó ayer opinar sobre la actuación de la Fiscalía, aunque sí lo hizo un portavoz del Ayuntamiento portuense, que calificó como "un trámite menor" y precisó que el propio Moresco ha presentado, a su vez, una denuncia contra Manuel Lores. El alcalde recibió el pasado diciembre el apoyo del presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, quien se comprometió a estar al lado de Moresco "hasta las últimas consecuencias".
La Fiscalía de Almería también trabaja en un caso de supuesta corrupción urbanística a escala municipal. El Ministerio Público acusa al ex alcalde socialista de Ohanes -dimitió del cargo y se dio de baja del partido el lunes pasado- Juan Francisco Sierra de haber recibido dinero de manos de un constructor y promotor a cambio de la firma de las licencias de primera ocupación de unas viviendas. La Fiscalía le imputa los delitos de coacción y cohecho.
El empresario presentó la denuncia ante la Fiscalía hace dos semanas. Según fuentes de la investigación, el denunciante de Sierra aportó entonces documentación y pruebas relacionadas con alguno de los pagos que presuntamente recibió el alcalde y cuya cantidad es "menor" de 80.000 euros. Las mismas fuentes precisaron que la cantidad total del dinero que Sierra pudo haber recibido tendrá que "acreditarse" durante el proceso judicial. "Pedía dinero para que él actuara en algo que aparentemente él tenía obligación de hacer. Algo como dar una licencia de primera ocupación", detallaron fuentes del caso. Las mismas fuentes precisaron que, según consta en la denuncia presentada, las presuntas coacciones realizadas por Sierra sólo se hicieron contra un empresario, el mismo promotor y constructor que ha denunciado el caso ante la Fiscalía.
En un primer momento, el PSOE de Almería envió un comunicado en el que anunciaba la dimisión de Sierra, de 31 años, "por motivos de salud". El mismo comunicado precisaba que Sierra había renunciado "satisfecho por la gestión realizada". Sin embargo, 48 horas después, un segundo comunicado con declaraciones del secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE, Juan Antonio Segura Vizcaíno, aseguraba que todos los alcaldes y concejales del partido socialista "Son personas dignas y honradas" y que aquellos que se han desviado de esa línea de comportamiento habían sido apartados "inmediatamente" del partido.
* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN / M. J. LÓPEZ DÍAZ - El Puerto / Almería - 16/01/2009
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
