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LEVANTE/Valencia* : Segundo varapalo judicial al urbanismo salvaje en l'Horta. La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha reafirmado la paralización del Programa de Actuación Urbanística (PAI) "Nou Mil·leni" de Catarroja, avalado por la Conselleria de Medio Ambiente, que supone la construcción de 11.459 viviendas y más que duplicar la población actual de la citada localidad -que pasaría de 26.000 a 60.000 habitantes-, así como la reclasificación de 1.500.000 metros cuadrados.
El auto del TSJ da la razón al grupo socialista de las Corts -que presentó un recurso- y resuelve la suspensión cautelar del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo mediante el que se aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector "Nou Mil·leni" de Catarroja. El TSJ ya aprobó a principios de mayo la suspensión a instancias del Gobierno pero únicamente por no haberse acreditado la disponibilidad hídrica, ya que la Conselleria de Medio Ambiente avaló el megaproyecto con un informe favorable de la empresa suministradora de agua pese a contar con uno negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que consideró "no vinculante". El Consell recurrió esta suspensión.
Ahora, la paralización tiene mayor calado, ya que no se limita al problema del agua, sino que entra de lleno en la cuestión de la sostenibilidad del desarrollo urbanístico. Según fuentes conocedoras del auto, la sala entiende que un proyecto de la magnitud de "Nou Mil·leni", que va a provocar alteraciones determinantes en la geografía, las relaciones sociales, las necesidades y servicios de los ciudadanos, sólo puede canalizarse adecuadamente a través del Plan General y no mediante un instrumento al margen pensado para actuaciones concretas (un plan parcial de mejora). El tribunal, a expensas de su resolución definitiva, indica que en este caso ha podido entrar en conflicto el principio de la no paralización del planeamiento urbanístico "con otros dos constitucionalmente prevalentes", como la "necesaria sostenibilidad del desarrollo" y la defensa del medio ambiente a través del uso racional del agua. De no parar el proyecto, en caso de un fallo negativo, ya no habría marcha atrás.
El PSPV recurrirá "Rabassa"
La doctrina contenida en el auto del TSJ llevará ahora a los socialistas, según pudo saber este periódico, a recurrir también el Plan Rabassa de Alicante, que pretende construir 15.000 viviendas y la reclasificación de 3 millones de metros cuadrados.
* Levante-EMV - JUANJO GARCÍA GÓMEZ - 10.06.09
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
El TSJ paraliza el PAI ´Nou Mil·leni´ al cuestionar también su sostenibilidad
Miranda: Los propietarios de La Arboleda piden que se retire el plan para urbanizar la zona
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ELCORREO/Burgos* : No es el momento adecuado, ni urbanística ni económicamente, para poner en marcha el proyecto de La Arboleda. Así lo entiende buena parte de los propietarios de las 21 hectáreas de suelo que están afectadas por un plan que consideran «insensato, inoportuno, innecesario y despilfarrador» y que, por tanto, piden a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento -promotores de la iniciativa- que «lo retiren o, al menos lo pospongan para cuando realmente sea una necesidad social».
La propuesta ha quedado así recogida en un comunicado hecho público por un grupo de afectados que el lunes mantuvo su primera reunión para poner en común su punto de vista y tratar de acordar una línea de trabajo a seguir. Confían en que su la opinión sirva para algo y sea tenida en cuenta.
Y es que calculan que «más del 80% de los propietarios están en contra del proyecto». Un porcentaje que se eleva al cien por cien cuando se trata de personas que residen en la zona. «De los 12 ó 14 que vivimos aquí todos nos oponemos», explicó explicó Miguel Ángel Valderrama, uno de los implicados.
Por eso han decidido unirse para defender sus derechos y su dinero, ya que serían ellos los encargados de asumir el coste de ordenar la zona y no todos -aseguran- están en disposición de hacerlo. Pero si se lleva a cabo el plan según lo previsto no les quedaría más remedio que hacerlo.
La administración regional ha optado por la «coordinación» como modelo de desarrollo de la zona. Eso, en la práctica, implica que la Junta actúa como «agente urbanizador y los propietarios pagan el coste en dinero o en especie, es decir, en suelo», apuntó Valderrama.
Esto puede suponer, en su opinión, que una persona «sin comerlo ni beberlo, como no puede pagar la urbanización se queda sin su huerta». Según les han trasladado, se ha fijado en 51,68 euros el coste de urbanizar cada metro cuadrado y ese precio para una persona que tenga 500 metros de suelo se traduciría en un desembolso de más de 25.000 euros. Una inversión a la que, teniendo en cuenta la actual situación económica y la escasa promoción de viviendas, no saben cuándo podrían recuperar o sacarle un beneficio. Eso sin olvidar que el plan recoge la necesidad de «realojar a los vecinos de 5 casas, pero no sabemos quiénes son».
Una realidad que también le hicieron llegar ayer a la concejala de Urbanismo, Aitana Hernando, con quien se reunieron para tratar de aclarar algunas dudas.
En los próximos días tienen previsto mantener contactos con diversos abogados a los que pedirán asesoramiento profesional sobre los pasos a dar y las posibles acciones que podrían llevar a cabo. La primera de ellas la tienen claras: presentar alegaciones al proyecto. En eso están ahora, ya que saben que tienen de plazo hasta que finalice el mes.
En otras zonas
En su contenido de las mismas lo debatirán este domingo, cuando tienen previsto volver a reunirse, aunque ya tienen claro por dónde van a ir. «El plan se justifica en la idoneidad la demanda del mercado y una necesidad de viviendas que nosotros creemos que no existe», explicó Valderrama.
No entienden la urgencia por generar nuevo suelo urbanizado para 1.000 pisos más cuando en estos momentos, según sus cálculos, Miranda cuenta con terreno para «construir no menos de 4.000», parcelas en la que en su mayoría no se está trabajando «a causa del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de la negativa de los banco a conceder créditos hipotecarios»,.
Ellos lo tienen claro, antes de urbanizar La Arboleda es necesario dar salida a áreas como Miranda Sur, con capacidad para 2.000 viviendas; El Crucero Oeste, que prevé crear 900 más; así como la ampliación del Ronda y del PR-1.
* El Correo Digital - 10.06.09 - CRISTINA ORTIZ
Foto: La zona de actuación se centraría en un área de unas 21 hectáreas en las que se levantarían hasta 1.005 viviendas. / AVELINO GÓMEZ, elcorreodigital.com
¿Es la sombra de la corrupción un estímulo para votar?
SOITU* : El caso Gürtel en Valencia, el espionaje en Madrid o el tráfico de influencias en Castellón pueden haber resultado un acicate para los votantes del PP, a la vez que un anestésico para un electorado desmotivado. La ideología y no la gestión política se han impuesto de nuevo en las urnas. ¿Se cura la corrupción? En el informe que se presenta mañana sobre La Democracia en España 2009 de la Fundación Alternativas se compara la corrupción española con otros países europeos y se buscan soluciones que propicien un cambio de tendencia.
Si un racionalista como Pascal acuñó la frase "el corazón tiene motivos que la razón no entiende" será porque la lógica no siempre alcanza para analizar, por ejemplo, cuál es el factor determinante a la hora de votar. Desde luego, la corrupción no se encuentra entre los comportamientos que el electorado castiga. La sombra de la duda que oscurece la gestión de algunos dirigentes 'populares' con causas abiertas en los tribunales no sólo no ha cohibido a sus votantes sino que ha resultado ser un estímulo empaquetado de cruzada contra el enemigo. Frente al activismo, se sitúa el creciente desencanto con la clase política, la falta de credibilidad que transmiten los gobernantes y el peligro de que esa desidia siga relajando el necesario control ciudadano a la gestión política vía urnas.
Las elecciones municipales de 2007 ya dejaron constancia de que aunque España fuera un campo minado por la corrupción urbanística, a los votantes no les influía gran cosa que el alcalde de turno hubiera dejado su impronta en aberrantes complejos tipo colmena o hubiera arremetido contra espacios protegidos en aras del ladrillo y de su patrimonio personal. En el informe sobre La Democracia en España 2008 de la Fundación Alternativas se estudiaron 133 casos de municipios en los que se había producido una acusación por corrupción y cómo reaccionó el electorado en esa consulta municipal. En 94 de ellos (70,7%) los sospechosos mantuvieron la alcaldía y sólo 39 la perdieron. El informe GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, presentado hace sólo unos días, sobre la transparencia de la financiación de los partidos españoles, critica la opacidad que rodea a las cuentas a nivel local y también a los ingresos de fundaciones y empresas ligadas a ellos —no obligadas a dar explicaciones al Tribunal de Cuentas—. También avisa sobre la excesiva dependencia, y por lo tanto, debilidad de los partidos frente a los bancos con los que han contraído fuertes deudas. Quizá por eso, la intensa transfusión del Estado al sector financiero ha sido uno de los únicos pactos alcanzados en la actual legislatura.
Tipical spanish
La corrupción política no es un caso tipical spanish exclusivamente. En todos los países existen políticos incapaces de resistir la tentación. Sin embargo, "España es un país relativamente corrupto comparado con los de su entorno, utilizando los indicadores estándar, donde existen fundadas razones para sospechar que la corrupción es incluso más elevada de lo que apuntan los datos", señala el análisis de Alternativas 2009, titulado 'Hacia un New Deal global'. El director de su Laboratorio, el ex ministro de Administraciones Públicas y Energía, Juan Manuel Eguiagaray, explica que "las razones que propician la corrupción están muy documentadas, como la elevada concentración de poderes, una excesiva regulación o un gran número de municipios —más de 8.000 que tienen que ser viables, entre otros—. Hemos tratado de ser más innovadores trasladando el ejemplo de Suecia, el país de Europa menos corrupto junto con Dinamarca y Nueva Zelanda". Suecia optó por la reducción de municipios logrando con la reagrupación entidades más potentes —con una media de 1.040 empleados frente a los 40 españoles—, más capaces de prestar servicios y más profesionalizadas. La separación de poderes dejaría la gestión en manos de técnicos o ejecutivos y la estrategia seguiría dependiendo de los políticos. Eguiagaray revela que, "aunque en la práctica parece la opción ideal, cada vez que se ha planteado esta posibilidad en España, los poderes públicos ponen el grito en el cielo".
El escritor José Saramago asegura hoy en una entrevista a EFE: "La corrupción no le importa a nadie. Ahora mismo, en España, un partido como el PP, minado por la corrupción, ha salido incólume de las elecciones europeas". En realidad, la corrupción sí preocupa a los ciudadanos pero no se refleja en las elecciones. Tanto el PP como el PSOE disponen de códigos éticos desarrollados en los noventa cuando el partido que lideraba un Aznar en la oposición criticaba la corrupción de la que se acusaba al Gobierno de Felipe González. En el pasado informe dice "se echa en falta en los partidos un mayor compromiso en la desincentivación de la corrupción de sus militantes".
Entre las miles de acusaciones que intercambian los políticos, la corrupción es considerada una más por muchos votantes, quienes aunque no aprueben que sus representantes utilicen ciertas prácticas éticamente reprobables en beneficio propio, vuelven a ratificarles en el cargo vía papeleta. Algo influirá esa actitud en la puntuación con que el grupo de investigadores y expertos de 'Hacia un New Deal global. Pactos para una nueva prosperidad en España' ha calificado la democracia en nuestro país. Un 6 frente al 6,2 del año pasado. Su director, Joaquín Estefanía explica que 'en esta especie de auditoría de la democracia se trata de conocer cual es su calidad. Se evidencia una importante diferencia entre la buena valoración que obtienen las instituciones y las reglas frente a la insatisfacción que producen las prácticas políticas y la crítica a la falta de autonomía del poder político frente al poder económico".
* SOITU.es - PILAR PORTERO - 9.06.09
Foto: Audiencia_nacional - google
Una juez ve indicios de prevaricación y delito urbanístico en el alcalde de O Pino
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ELPAÍS/A Coruña* : El trato político que el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo, ha dispensado a la promotora Fadesa en la tramitación administrativa de su polémico parque empresarial sentará al regidor popular en el banquillo. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arzúa, ha dictado un auto que ordena la apertura de juicio oral contra el citado alcalde del PP.
La juez ha visto en su actuación indicios de "prevaricación y de un delito urbanístico" y solicita tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular que formulen sus escritos sin perjuicio de que puedan solicitar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.
El auto, con fecha 20 de mayo, alude a la "tala de arboles sin licencia" (más de 66.000) efectuada por la empresa para llevar a cabo el parque empresarial. Y pone en tela de juicio la controvertida aprobación del proyecto de urbanización por el gobierno del PP el mismo día en que el Ayuntamiento de O Pino recibió una orden de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Consellería de Cultura.
Según la versión del alcalde, en una misma mañaña recibió tres alegaciones de distintos grupos de propietarios, solicitó informes técnicos a los funcionarios y una consultora externa que le fueron entregados antes del mediodía para denegar las reclamaciones de los particulares y sólo entonces aprobó el proyecto de urbanización para las parcelas, un millón de metros cuadrados, donde se ubica el polígono empresarial.
Meses antes, el mismo regidor había recomendado por carta a sus vecinos vender las tierras a Fadesa por 6,05 euros el metro cuadrado. Dicho importe se probó irrisorio cuando el Jurado de Expropiaciones de Galicia fijo el justiprecio en 17,65 euros, tres veces más de lo que habían percibido los propietarios de terrenos que se guiaron por su alcalde y cerrarron tratos con la promotora inmobiliaria. Un grupo de particulares mantienen varios pleitos con el Gobierno de O Pino por este caso.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 09/06/2009
Foto: O Pino (A Coruña), obras polígono - elpais.es
La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes se personará en el caso de Ovidio Blanco
EUROPAPRESS/Asturias* : El presidente de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, Francisco Díaz-Cadórniga, apuntó hoy que se personarán como acusación particular en el proceso contra Ovidio Blanco. Resaltó además que considera "obvio" que se paralice el Plan Parcial de Cabueñes porque "está contaminado", en relación con la resolución de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que ha apreciado irregularidades en la actuación del ex arquitecto municipal de Gijón Ovidio Blanco que obtuvo una plusvalía de 600.000 euros en la compra venta de una parcela afectada por el plan de Cabueñes.
Díaz-Cadórniga agradeció a la Fiscalía "no solo el resultado de su actuación sino también la atención prestada" cuando los responsables de la plataforma presentaron documentación del caso.
Asimismo, incidió en que "parece confirmar lo que la Plataforma ha venido denunciando todos estos meses", por lo que dijo que ya tienen abogado para personarse como acusación particular, en el momento en que dispongan de la confirmación formal de la resolución.
"La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón tendrá que hacer una valoración política de toda esta historia, ya que hasta el momento la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, que fue quien denunció el caso, decía que había que esperar a ver lo que decía la Fiscalía", apuntilló remarcando que "ahora que ya ha hablado el fiscal, el Ayuntamiento tendrá que hacer una valoración".
Para el presidente de la Plataforma es necesario que se evalúen las responsabilidades políticas. "El es ex arquitecto jefe del área de Urbanismo y tuvo unos responsables políticos que tendrán que decir algo al respecto", afirmó. Además, pidió a Izquierda Unida de Gijón que diga algo al respecto.
"Hacemos una valoración positiva de la resolución ya que parece indicar que nuestras denuncias iban por el buen camino. Ahora habrá que esperar, con todas las precauciones del mundo, a que el caso vaya al juzgado y se decida", concluyó.
* Europa Press - Gijón 8.06.09
