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20MINUTOS* : Un paisaje inmóvil, fantasmal, deshabitado. Así describe un reportaje de la cadena de televisión británica BBC el esqueleto de lo que debía haber sido la macrourbanización de Seseña, proyectada por el constructor Francisco Hernando, más conocido como 'El pocero'.
"La población de este pueblo no ha desaparecido, simplemente nunca llegó", afirma Hugh Pym, el reportero que se paseó por las calles desiertas de la casi ciudad. A la vez que camina, ofrece datos: Más de 13.500 viviendas fueron construidas, pero menos de 3.000 fueron vendidas. Y apenas un centenar de vecinos las habitan. Datos que ejemplifican el parón del mercado de la vivienda en España.
En un vídeo que amplía el texto, Hugh Pym repasa la historia de Seseña. "A 40 kilómetros al sur de Madrid, fue pensada como la principal urbanización para aquellos trabajadores que no podían pagar los precios de la ciudad", dice.
Pero Seseña, afirman, es sólo la punta del iceberg. "En el sur de España, los signos de un sobredesarrollo son evidentes, saltan a la vista", se asegura. Un horizonte de grúas y bloques de apartamentos, tradicionalmente atestados pero que hoy se encuentran vacíos o a medio construir.
Tras detenerse en algunos ejemplos concretos, como el un inglés de Lancashire que ha visto frustrado su sueño de un retiro dorado en Marbella. Y para finalizar, un repaso en tonos oscuros de la historia reciente: Durante los últimos años, España ha construido más casas que el Reino Unido, Francia y Alemania juntos. La construcción ha supuesto un quinto de todos los puestos de trabajo creados desde el año 2000".
* 20 Minutos - 30.08.2008
Foto: Seseña (Toledo) - C.Manuel, elpais.com
La Seseña del Pocero, una "ciudad fantasma" para 'BBC'
Sevilla: Urbanismo acumula quejas ciudadanas sin resolver desde hace más de 3 años
DIARIODESEVILLA* : La Delegación municipal de Urbanismo acumula quejas ciudadanas sin resolver desde hace tres años, según consta en la memoria de la comisión especial de quejas y sugerencias del Ayuntamiento de Sevilla correspondiente al año 2007.
Este organismo, conocido popularmente como Defensor del Ciudadano, tramitó el año pasado una treintena de expedientes relacionados con el área de Urbanismo y dedicó buena parte de su trabajo en resolver las 50 denuncias pendientes del año 2005 y las 38 de 2006.
Cuando se cerró la memoria, la oficina del Defensor todavía tenía tres quejas en tramitación desde hace más de tres años. Dos de ellas estaban relacionadas con la instalación de unas antenas de telefonía móvil, la primera en una azotea del edificio Macarena Tres Huertas y la segunda en la sede de Sevillana Endesa. En ambos casos el Defensor pidió al servicio de disciplina urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se pronunciara "con urgencia" sobre la legalidad de estas antenas. La respuesta, sin embargo, todavía no ha llegado a la comisión de quejas y sugerencias. Fuentes de este órgano indicaron a este periódico que han tratado de ponerse en contacto telefónico con los responsables de la Gerencia en varias ocasiones sin que hayan sido atendidos.
La tercera de las quejas pendientes corresponde al abandono de las instalaciones de la gasolinera en la avenida de Jerez. Este surtidor fue cerrado al público hace tres años y luego se convirtió en un refugio de indigentes y drogadictos, "además de desprender olores a combustibles con el consiguiente peligro y preocupación para los vecinos". La queja todavía no se ha resuelto porque la compañía propietaria, la empresa Repsol, tiene solicitada la licencia de demolición y el proceso se encuentra bloqueado porque el Ayuntamiento ha abierto un expediente de expropiación.
De 2006 hay otras dos denuncias abiertas. La primera es una presentada por los responsables del Colegio Público Adriano del Valle, en la barriada de la Plata, por las ventanas que los vecinos han abierto de manera ilegal en el patio de recreo y que están a la altura de los niños. La comisión recomendó a la Gerencia el cerramiento de los huecos, la eliminación de la balconada y la retirada de los elementos colocados en las paredes, pero de momento todavía no ha recibido la respuesta de Urbanismo.
El segundo los expedientes abiertos corresponde a una denuncia por la suciedad, la presencia de ratas y las chabolas existentes en un solar cercano a las instalaciones de Renfe en la calle Manuel Laffón. De nuevo la comisión está a la espera de la respuesta de Urbanismo para solicitar una intervención en este solar, que pasaría por el adecentamiento, desbroce y vallado de cada una de las parcelas que lo componen.
Las últimas denuncias que permanecen sin resolver son del año 2007. Una de ellas es la reclamación de una vecina por las posibles irregularidades en la instalación de unas antenas de telefonía móvil en la avenida de Kansas City. La unidad de disciplina urbanística visitó la zona y emitió un informe indicando que no se ajusta a la licencia concedida, por lo que se ha requerido al propietario para que las adapte al permiso del que dispone.
Otra queja pendiente es la de un ciudadano que se enganchó su chaqueta de piel con una valla protectora de las obras del carril bici. En el mismo estado se encuentra la petición de un vecino de la barriada de Aeropuerto Viejo que denunció la falta de red de alcantarillado en su barrio. Urbanismo aseguró al Defensor que no puede atender la reclamación porque cuando se le dio la licencia de obras ésta estaba condicionada a que fuera él quien realizara el alcantarillado y que por tanto no es competencia ni de Emasesa ni del Ayuntamiento. También está pendiente una queja por la suciedad acumulada en la calle Mercurio y generada por las obras, que impiden a un vecino acceder a su garaje.
Entre el resto de expedientes tramitados por la comisión a lo largo del año 2007 destacan los relacionados con las antenas de telefonía y los abiertos contra determinados bares por colocar veladores sin licencia. Entre estos hay negocios hosteleros de las calles Feria, Corral del Agua y Niculoso Pisano, así como otro bar de la urbanización Parqueflores.
Otro tipo de denuncias muy frecuentes son las que presentan ciudadanos que han sufrido caídas o algún otro percance en la vía pública. La comisión tramitó quejas por el mal estado de la calzada u obras que provocaron caídas en Pino Montano, Nervión o la Plaza Nueva, donde una mujer sufrió un accidente en las obras del Metrocentro.
* Diario de Sevilla - Fernando Pérez Ávila - 31.08.2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
Vitoria: La plataforma contra el parking amenaza con colapsar las calles
ELCORREO* : La intensidad de las protestas vecinales contra el parking de Amárica es directamente proporcional a la proximidad de los trabajos. Esta semana han comenzado los primeros sondeos para el aparcamiento subterráneo, y ayer la plataforma ciudadana Vitransitable anunció movilizaciones. La agrupación reúne a vecinos y comerciantes de la zona que se oponen a la infraestructura.
Y para hacer valer sus razones anuncian la inminente puesta en marcha de varias acciones.
La más llamativa será la denominada «simulacro de las repercusiones sobre el tráfico». Todos los jueves, a las siete de la tarde, llamarán a los vecinos a sacar sus coches y a pasearlos por las calles Florida, Fueros, Manuel Iradier y Paseo de la Senda. De esa manera, pretenden añadir «50 o 60 coches a la circulación para demostrar la situación que se va a crear si se abre el parking», explica Ignacio Zulaica, vecino, comerciante y portavoz de la plataforma. Durante una hora se colapsará la zona para representar lo que, a su juicio, ocurrirá si se sigue adelante con el proyecto de aparcamiento subterráneo.
Además, el colectivo ha realizado un 'estudio crítico' en el que se analiza el impacto ambiental y urbanístico en la zona. A juicio de Zulaica, también existe el problema de los precios, ya que el coste para los usuarios será «el más alto de todos los de Vitoria». Desde la plataforma insisten en que no se oponen a la construcción de un parking; lo que condenan es que se lleve a cabo un «miniparking (337 plazas) que no va a dar ningún servicio» y, a cambio, va a congestionar la zona.
Por eso, igual que han hecho los partidos de la oposición municipal, piden al gabinete Lazcoz otra ubicación para la infraestructura y que ésta tenga una mayor capacidad.
* El Correo Digital - 31.08.08 -L. LÓPEZ
Foto: Varios vecinos contrarios al plan del alcalde Lazcoz. / J. ANDRADE, elcorreodigital.com
El ladrillo hace las Américas
ELPAÍS* : Europa vuelve a mirar a Latinoamérica. La fuerte caída de los mercados del Viejo Continente, sumada a la crisis de liquidez y a la ralentización de otros mercados naturales, como Europa del Este, ha situado a la región como la plaza más atractiva para las constructoras europeas. El crecimiento económico de los últimos cinco años se suma a precios bajos, mano de obra barata, condiciones de financiación favorables, un sistema bancario ordenado y, sobre todo, una fuerte demanda insatisfecha en los principales países de la región.
Características que se asemejan a la Europa inmobiliaria de hace 15 años, el mismo sector que ahora agoniza. Según Eurostat, en el último trimestre la construcción ha caído un 3,2% en la Unión Europea y un 2% en la eurozona. Los más afectados han sido Alemania, con bajones del 8,1%, y España, con un desplome del 6,2%. Esto sin contar que en todos los miembros del club comunitario se han registrado retrocesos en la venta de pisos y retrasos en los nuevos proyectos.
Un informe del Servicio de Estudios de BBVA indica que se dan todas las condiciones para el desarrollo del segmento de crédito hipotecario. Esto gracias a la evolución demográfica, la mejora de las rentas reales y la elevada rentabilidad. Otros especialistas y promotores agregan que las posibilidades se multiplican por la elevada cotización del euro frente al dólar y por la inusual estabilidad política en la región. También se suman otros factores más técnicos, como el bajo precio del suelo, el menor coste de la mano de obra y la creciente demanda de una segunda residencia.
En ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá o Río de Janeiro, la demanda por el mercado residencial y de oficinas crece por encima de los dos dígitos en una región en que la construcción sólo representa el 4,5% del PIB total, medio punto por debajo de los datos registrados hace una década. Con todo, el crecimiento de la construcción en toda la región supera el 8% anual desde el año 2004 y, en países como Brasil o México, el sector ostenta un valor agregado que ronda los 40.000 millones de dólares. En Argentina, Chile y Colombia esta cifra llega a 10.000 millones.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) agrega en su último informe sobre inversiones que los capitales que ya están asentados también se han beneficiado de planes de infraestructuras puestos en marcha por los Gobiernos. Brasil y México son el mejor ejemplo de estas iniciativas, dos países que se colocan a la cabeza de los destinos más buscados por los inversionistas. Las características que les hacen atractivos son básicamente las mismas: tamaño, estabilidad económica, políticas regulatorias a largo plazo y capacidad productiva instalada.
Chile, Argentina, Perú y Colombia se encontrarían en un segundo escalón. Para el BBVA, el factor común de estos países es el aumento del ingreso de las familias y las promociones estatales para nuevas viviendas. Esto ha permitido que, por ejemplo, en Colombia, el PIB de edificaciones -que aglutina todas las estadísticas de la construcción- lograra un crecimiento promedio de 17,8% en el periodo 20022007 y que en Chile la tasa de crecimiento pueda ser de hasta un 50% durante los próximos 20 años. En Argentina, a pesar del gran desarrollo en el último quinquenio, el sector sigue teniendo potencial, "ya que todavía existe una demanda de vivienda insatisfecha comparando con países desarrollados".
¿Y España? Los inversores españoles son los que más en serio se lo han tomado respecto de sus socios europeos. Los datos del Ministerio de Industria reflejan que el primer destino de las inversiones en construcción, fuera de la eurozona, es Latinoamérica. En el año 2007, el capital inmobiliario destinado a la región representó un 17,6% del total, con 305 millones de euros. Es más, durante el primer trimestre del año 2008, 20 de los 28 millones invertidos hasta ese momento han tenido como destino Latinoamérica. Las principales empresas que ya han puesto bandera en la región son el Grupo Mall en Panamá, Grupo Lar y OHL en México y Fadesa.
* ELPAIS.com - FERNANDO CANO 31/08/2008
Foto: El valor agregado de la construcción en Brasil supera los 40.000 millones de dólares. BLOOMBERG - 31/08/2008. elpais.com
Exigen cumplimiento Declaración de Impacto en las obras de la autopista de Las Pedrizas - Málaga
Los vecinos afectados y la coordinadora NUEVA CULTURA DEL TERRITORIO* exigen que se cumpla la Declaración de Impacto Medioambiental en la construcción de la autopista “Las Pedrizas - Málaga”, ya que están siendo vulneradas reiteradamente por la U.T.E.: Sacyr, Gea 21 y COVASA. Estas normas de obligado cumplimiento advierten de que “se asegurará que no se dispongan vertederos en el valle del río Cauche”.
Los vertederos improvisados crecen a lo largo del cauce del río Cauche, arrasando montes, enterrando árboles vivos y expulsando la fauna de la zona que está quedando convertida en un erial irreparable. Se están construyendo múltiples carriles que no constan ni en el proyecto, ni en la Declaración de Impacto y que aumentan considerablemente el trauma paisajístico y biológico.
Esta obra necesita una importante cantidad de agua, que las empresas responsables están extrayendo del río, construyendo presas no autorizadas hasta agostarlo y secar los pozos. El problema de suministro de agua les ha llevado también nuevas prospecciones, sin contar el número de “accidentes” provocados por las máquinas con roturas de tuberías y pérdidas de agua potable, cuyas consecuencias han agravado las restricciones entre los usuarios. (Se ha presentado una denuncia en la Cuenca Mediterránea, por todo esto). Los responsables de la autopista, han utilizado aguas fecales sin depurar para regar los carriles y aminorar la enorme polvareda que estamos sufriendo. Pero, esta solución, además de estar prohibida tajantemente, es un atentado contra la salud de las personas que vivimos en el entorno. Hemos presentado, en consecuencia, una denuncia en la delegación de Salud. El Ayuntamiento de Casabermeja afirma que estas aguas están depuradas al 50%, pero difícilmente puede depurar las aguas una depuradora que nunca ha funcionado.
Hemos visto desaparecer bosques de encinas y cegar cañadas (supuestamente también prohibido). Se transplantaron inicialmente olivos y encinas centenarios, que no tardaron en secarse. Ahora no se toman esa molestia, simplemente los arrancan o los entierran vivos bajo los múltiples vertederos.
El horario de trabajo estipulado por la norma es de 8 de la mañana a las 22 horas, con un descanso de 14 a 15 horas. Nos parece excesiva esta jornada laboral. Pero, además, esta norma también la han incumplido reiteradamente, viéndonos obligados a llamar a la Guardia Civil y a presentar una denuncia en el Ayuntamiento de Casabermeja. Los “trabajos” continúan durante toda la noche en los túneles con entradas y salidas de los camiones que hacen imposible conciliar el sueño.
Esta Autopista tampoco respeta el patrimonio histórico. Además de las destrucción impune del acueducto del S.XVII con posibles orígenes romanos, en la fase de estudio se arrasó una necrópolis calcolítica de hace 4.000 años en el Municipio de Casabermeja, (también lo hemos denunciado). Saben que están actuando en zonas de alto valor arqueológico con bienes catalogados, pero actúan con total impunidad.
No hay vigilancia alguna y actúan como quieren con el Patrimonio de todos, y con la ceguera voluntaria de los organismos competentes. Nadie ha contestado todavía a nuestras múltiples denuncias. ¿Es que las normas no obligan a todos los ciudadanos?
Exigimos del responsable Don Santiago Hernández, nombrado por la administración, el cumplimiento de la Declaración de Impacto y que dé explicaciones. Asimismo exigimos una actuación, conforme a la Declaración de Impacto, de los organismos que aprobaron y dieron su conformidad a esta infraestructura.
Exigimos a la empresa que se reparen los múltiples taludes que suponen un peligro, la reparación de carriles por los que circulamos los vecinos, que se han deteriorado gravemente con el paso de la maquinaria pesada
Exigimos la actuación inmediata de la Cuenca Mediterránea, para que aclare de dónde se está extrayendo el agua y qué permisos ha concedido.
Se está construyendo esta autopista con la misma impunidad de la que “gozan” los países subdesarrollados.
Plataforma ciudadana AUTOPISTA NO. Casabermeja.
Contacto: 691560143, 635399962, 679952106
* Nueva Cultura del Territorio - Málaga - 28 de agosto de 2008
"Ibiza es la isla con mayores índices de corrupción urbanística"
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LIBERTADBALEAR* : La dirigente del Grup de Estudis de la Naturalesa (GEN), Neus Prats, aseguró hoy que Ibiza es la isla con más corrupción urbanística y en la que los ciudadanos tienen más asumido que “todos los políticos son iguales”. Según Prats una de las cosas más sujetas a corrupción son las obras públicas ya que hay proyectos “faraónicos” que cuentan con presupuestos “astronómicos” no justificados que podrían hacerse con menos dinero.
De este modo detalló que la labor de las administraciones es gestionar correctamente el presupuesto de todos los ciudadanos y “esto quiere decir hace lo máximo con el mínimo gasto posible”. En cuanto a casos concretos de obras públicas en Ibiza, Prats consideró que deberían investigarse proyectos como el Puerto, las autovías o el de Eivissa Centre.
Para la portavoz del GEN, “lo peor” de la corrupción es que acaba con la democracia y suscita una opinión generalizada de que todos los políticos son iguales. En Eivissa esta idea “está más que generalizada porque no hay otro lugar en el que haya una falta de interés similar”, sentenció. Así detalló que esta carencia de interés absoluta empeora la calidad no sólo de la isla sino de la vida de los ciudadanos.
La portavoz del Grup de Estudis de la Naturalesa denunció también que la Fiscalía anticorrupción de Baleares dedica su labor exclusivamente a Palma e ignora a Ibiza a la hora de controlar la corrupción urbanística. Motivo por el que detalló que “aquí la fiscalía anticorrupción directamente no existe”.
* Libertad Balear - 30 Agosto 2008
Foto: Ibiza vila /Forbfruit (Wikipedia)
Mil urbanizaciones y 200.000 viviendas ilegales se reparten por Andalucía
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ABC* : El PP presentará una iniciativa en el Parlamento en la que demanda a la Junta que elabore un censo de viviendas y urbanizaciones ilegales en Andalucía, por municipios y provincias, estableciendo tipos y características de las irregularidades, y que adopte a las medidas oportunas para la «regularización» de parte de ellas, que son consecuencia de su «absoluta falta de control y de planificación urbanística» durante los últimos años.
Esa falta de control sobre el planeamiento urbanístico ha desembocado en un problema que alcanza grandes magnitudes en Andalucía, ya que se estima que hay unas 1.000 urbanizaciones y 200.000 viviendas ilegales, en las que pueden llegar a vivir hasta 400.000 personas en verano, según un informe del Defensor del Pueblo.
Alicia Martinez, portavoz de urbanismo del PP en el Parlamento, recordó ayer las 30.000 viviendas ilegales que hay en Chiclana, los 2.000 expedientes de demolición en Mijas, o los conocidos casos de Marbella y Estepona y expuso que éstos «son sólo la punta del iceberg del problema».
Entre estas viviendas se encuentran las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable realizadas por los propietarios y los fenómenos en las zonas costeras, tanto de autoconstrucción como casos de urbanizaciones amparadas por convenios urbanísticos en el marco de la corrupción municipal.
Regularizar todo lo posible
Alicia Martinez anunció que el PP presentará una proposicion no de Ley en el Parlamento con la intención de que se apruebe un plan para regularizar en lo posible estas viviendas y explicó que, donde sea posible esa normalización, debe hacerse garantizando los servicios mínimos de alumbrado, suministro de agua o depuración de residuos.
Matizó no obstante que no se trata de una «amnistía urbanística» y de «regularizar todo», ya que «hay suelos que nunca podrán ser recalificados y las viviendas construidas en ellos siempre van a estar fuera de la ley, por lo que no hay más solución que la demolición».
Lo que pide el PP es la elaboración de una norma que cubra el vacío legal existente para reconocer gran parte de las viviendas ilegales y su necesaria normalización, todo ello con criterios uniformes para todo el territorio andaluz.
La portavoz del PP instó a la Junta a no dejar estos temas a la discreción de cada ayuntamiento y a orientarlos en materia de urbanismo, además de regular los contenidos de los instrumentos de planeamiento urbanístico mediante soluciones «tipo» para problemas similares.
Censo de viviendas
El PP también pide que se elabore un censo de viviendas y urbanizaciones ilegales en Andalucía, por provincias y municipios, en el que se recoja las características de las irregularidades en las que incurren.
Para el PP, estos requerimientos deberán estar aprobados por el Parlamento antes de diciembre de este año y garantizar en los presupuestos de 2009 una dotación presupuestaria de apoyo a los municipios afectados para acometer los planes de infraestructuras necesarios en colaboración con los ayuntamientos y propietarios.
Martínez recordó que la competencia sobre el control e inspección de la ordenación del territorio y el urbanismo, corresponde a los ayuntamientos y a la Junta de Andalucía.
En muchos casos los ayuntamientos no han actuado debidamente ante esta problemática, señaló la diputada popular, pero realmente la Junta tampoco ha reclamado a los consistorios el cumplimiento de la ley.
La planificación territorial ha fallado, dijo la parlamentaria del PP, no sólo por el retraso en la elaboración de planes subregionales y del Plan de Ordenación del territorio de Andalucía sino que, además, «la Junta tenía conocimiento de la práctica habitual de construcción de edificaciones al margen de la ley, pues incluso recibía ingresos económicos en concepto de actos jurídicos documentados y ha permitido la agresión al medio ambiente».
Respecto a la incorporación de 25 inspectores para luchar contra los delitos urbanísticos, dijo que «es un número insuficiente para toda Andalucía, son necesarios más inspectores para que la medida sea eficaz»
* ABC Sevilla - ELENA MAÑERO - 30.08.2008
Foto: Barbate (Cádiz), playa Zahora - mma.es
El caso urbanístico valenciano en la UE no comportará una sanción económica
ELPAÍS* : El proceso judicial será largo, pero imparable. El Tribunal de Luxemburgo fallará en un plazo aproximado de dos años sobre la legalidad de la forma como se adjudican en la Comunidad Valenciana los Programas de Actuación Integrada (PAI), y si este proceso es un contrato público, como defiende la Comisión Europea y los afectados, o bien es un contrato administrativo especial, como sostiene el Consell.
Pero la sentencia, según confirmaron ayer a este periódico expertos del Tribunal de Luxemburgo, no comportará sanción económica alguna contra el Gobierno de España, y por extensión contra la Generalitat, con lo que no habrá tampoco posibilidad de indemnizaciones para los afectados. "En caso de dar la razón a los argumentos de la Comisión Europea se exigiría un cambio en la legislación urbanística valenciana", apuntaron fuentes jurídicas, "si no hay modificación alguna se podría reabrir el proceso de infracción y entonces se fijarían sanciones contra el Gobierno por infringir una norma comuntaria". La multa, en caso de confirmarse, beneficiaría a los presupuestos de la Comisión Europea, pero en ningún caso a los propietarios.
Los expertos juristas consultados por este periódico admiten que la única vía que tienen los afectados para poder cobrar algun tipo de indemnización es plantear recursos ante los tribunales españoles. "Si la sentencia de Luxemburgo es favorable a ellos, tendrán más fuerza, pero el camino es otro: los tribunales españoles", explica un experto del Tribunal de Luxemburgo. Así que las expectativas que tenían algunas asociaciones de afectados de cobrar importantes cantidades de dinero de la Generalitat se desvanecen. Uno de los abogados que representa a algunos de los afectados admitía ayer que el problema de fondo es que "no se discute sobre el derecho a la propiedad privada, sino que el debate se ha situado en el proceso de adjudicación de los PAI".
No obstante, para los afectados ya ha sido un logro que sus reivindicaciones llegaran tan lejos. Un proceso que no ha sido, precisamente, un camino de rosas. La presentación del recurso de la Comisión Europea contra el Gobierno de España por los supuestos abusos urbanísticos se ha demorado mucho más de lo previsto. Aunque la Comisión Europea decidió en junio de 2007 llevar a España ante el Tribunal Europeo de Justicia, atendiendo la demanda de cientos de afectados, el recurso sólo se ha presentado en julio de 2008. "En un plazo de dos o tres meses debería haberse tramitado, y ha tardado más de un año, algo ha pasado ahí", admite otro jurista. Ya en marzo del año pasado Abusos Urbanísticos No (AUN) denunció que el tema "se cayó" de la agenda de la reunión de la Comisión en marzo, justo antes antes de las elecciones autonómicas, y sólo fue aprobado en junio, después de revalidar el PP una nueva mayoría absoluta en la Generalitat.
Las presiones de los gobiernos autonómicos y estatal han podido demorar este proceso, pero ahora se plantea por fin la batalla jurídica. España tiene un plazo de dos meses para presentar alegaciones, y en este proceso se podría volver a enredar la madeja, ya que la Generalitat, gobernada por el PP, no tiene entidad jurídica propia para poder defenderse y ha de ser el Gobierno de España, en manos de los socialistas, el que tutele la defensa jurídica. En este sentido, será la Abogacía del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores la que ejerza la defensa del Consell.En el plazo de un año, para septiembre de 2009, según cálculos de varios expertos consultados, se podría celebrar ante el Tribunal de Luxemburgo una vista pública en la que cada una de las partes enfrentadas, Comisión Europea y Gobierno de España defiendan sus respectivos puntos de vista. Es posible que también intervenga algún Estado miembro que se considere afectado por este proceso. Quizás el Reino Unido, con un importante número de residentes en la Costa Blanca que se han sentido víctimas de los abusos urbanísticos y cuyo cónsul adquirió un protagonismo especial en las visitas que los eurodiputados hicieron a la Comunidad Valenciana, se persone a favor de las tesis de la Comisión Europea.
Tras la vista pública en el Tribunal de Luxemburgo, dentro de un año aproximadamente, un Abogado General examinará con detalle el caso en cuestión y emitirá un informe en el que dará su opinión, tras este dictamen el Tribunal de Luxemburgo se reunirá y se pronunciará mediante una sentencia, algo que podría llegar en un plazo de unos dos años.
Los expertos consultados ayer por este periódico advirtieron de que en el fondo no se dirimirá si la aprobación y ejecución de estos PAI, que han permitido construir miles de viviendas, ha violado el derecho a la propiedad privada de los residentes que habían adquirido hace años sus fincas. La cuestión de fondo que analizará el Tribunal de Luxemburgo es si estos PAI son un contrato público, como defienden la plataforma Abusos Urbanísticos No (AUN) y la propia Comisión Europea, o si se trata de un contrato administrativo especial, como estima el gobierno de la Generalitat. En el primer caso, no se trata sólo de que la tramitación de estos programas urbanísticos deba seguir unos rigurosos criterios de publicación, selección y adjudicación pública, sino que se deben regir por el derecho comunitario y respetar los estrictos límites que éste impone.
Sin embargo, si se considera que un PAI es un contrato administrativo especial , ello supondrá dejar al libre albedrío de cada gobierno autonómico o local su política urbanística y los criterios de adjudicación de estos programas. "Aunque parece que se discute del sexo de los ángeles, las consecuencias son importantísimas: si prospera la tesis de los gobiernos valenciano y español, un ayuntamiento tendrá que aplicar la normativa europea de contratos públicos para comprar fotocopiadoras o para construir su nueva sede, pero para aprobar PAI valorados incluso en más de cien millones de euros, el ayuntamiento tendrá las manos libres siempre que respete la legislación autonómica. Extraño, ¿no?", explica un experto consultado.
* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 30/08/2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Una presa para salvar chalés ilegales
ELPAÍS/Jaén* : La oposición política y vecinal en el municipio de Los Villares (Jaén) a la construcción de la presa de laminación del río Eliche ha avivado el enfrentamiento entre los villariegos y sus vecinos de las zonas residenciales de Los Puentes, junto a los ríos que bordean la capital jiennense.
Los primeros hablan de "auténtico disparate y atentado ecológico" mientras que los inquilinos de los chales construidos ilegalmente hace décadas junto al cauce del río defienden esta infraestructura hidráulica para acabar con las inundaciones que padecen de forma periódica.
Los vecinos de Los Villares quieren frenar el proyecto de la presa en el periodo de alegaciones, que concluye el 2 de septiembre. Para ese día han convocado una manifestación en la capital jiennense. Ayer ya hubo una concentración realizada por la Plataforma Ciudadana de Defensa del Patrimonio Cultural y Medio Ambiente. Su portavoz, el arqueólogo Manuel Molinos, explicó que se trata de un pantano seco que se construiría a 89 metros de altura junto al paraje de Los Cañones, de gran valor paisajístico, que aliviaría el agua por su parte baja y, en caso de avenidas, cerraría sus puertas. Para evitar que la presa se tapone se construirá una gran malla de hierros transversalmente al río para detener los arrastres, piedras y lodos, con lo cual el agua fluiría limpia hacia la zona de Los Puentes. "Lo que se quedaría en Los Villares sería toda la basura, pero además todos los árboles se secarían y nos encontraríamos con un desierto a las puertas del pueblo", explicó Molinos. Además, la presa, sostienen Molinos, vulnera la Ley de Patrimonio Histórico al inundar 16 sitios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) por la presencia de pinturas y abrigos rupestres.
En Los Villares el consenso político y ciudadano contra la presa es total. Ya se han recogido más de 2.500 firmas contra el proyecto, en una población de algo más de 5.000 habitantes. La alcaldesa, la socialista Carmen Anguita, no teme enfrentarse a su partido, que promueve en Madrid y Sevilla esta infraestructura. "La presa es un disparate y un atentado ecológico en toda regla", sentencia.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir publicó el 30 de julio el expediente de información pública del proyecto. El coste -que financiará el Gobierno central- superará los 45 millones de euros, una cantidad a la que hay que añadir otra inversión millonaria de la Junta para el encauzamiento del río. Se calcula que costaría unos 800.000 euros por kilómetro. "Sería mucho más barato indemnizar a los propietarios de los chales; nosotros no tenemos culpa de que se permitiera construir ilegalmente", subraya la alcaldesa. El Ayuntamiento de Los Villares ha ofrecido suelo para levantar las viviendas construidas dentro del dominio público hidráulico.
La Confederación del Guadalquivir señaló en un informe de 2004 que de las 1.655 viviendas que hay que deslindar para construir la presa, 155 -en su mayoría chales de segunda residencia- están en situación ilegal al encontrarse a menos de 50 metros del cauce del río. El subdelegado del Gobierno en Jaén, Fernando Calahorro, admitió que la alternativa "más adecuada" era la demolición de esos chales. Pero esa decisión se ha ido demorando por el temor a un coste político. "No entendemos que desde la Administración se dé el equívoco mensaje de favorecer a quien invade el dominio público. ¿Qué interés público se está defendiendo?", se preguntan desde el Ayuntamiento de Los Villares, que el 11 de agosto aprobó una moción de rechazo a la presa.
Mientras, los habitantes de Los Puentes temen que la oposición de sus vecinos de Los Villares aborte un proyecto que llevan esperando desde las graves inundaciones de 1996. "El muro es imprescindible para evitar las catástrofes que se han repetido en la zona", señala Luis Guzmán, presidente de la asociación vecinal del Puente de la Sierra.
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 30/08/2008
Foto: Jaén, ayuntamiento - andaluciarustica.com
El edil tránsfuga Clemente García, que ha dado mayoría al PP de Águilas, actuaba al dictado de Casanova
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LAVERDAD/Murcia* : La Policía tiene registradas múltiples llamadas entre el concejal independiente y el empresario que impulsaba una urbanización en un paraje de especial protección «No desesperes. Voy a muerte hasta el final», le escribió en un SMS el edil que ahora entra al equipo de gobierno.
El alcalde popular de Águilas, Juan Ramírez; la consejera de Economía, Empresa e Innovación, Inmaculada García, y el portavoz regional del PP, Pedro Antonio Sánchez, tendrían quizás que haber esperado unos días antes de bendecir con sus gestos y sus palabras la incorporación al equipo de gobierno municipal de un edil tránsfuga: Clemente García López, quien salió elegido en las pasadas elecciones por el Movimiento Aguileño Socialdemócrata (MASd) y que a finales de julio se pasó al Grupo Mixto.
Quizás, hoy, Ramírez, García y Sánchez, se habrían alegrado de haber aguardado hasta poder echarle un vistazo a las últimas diligencias judiciales del caso Zerrichera, cuyo secreto se levantó hace un mes, y haber constatado la especial relación, de práctica subordinación, que el citado edil Clemente García mantenía hacia el empresario murciano Trinitario Casanova, principal impulsor de un resort de unas 4.000 viviendas, un hotel y un campo de golf en el paraje protegido de La Zerrichera.
Quizás, entonces -aunque esto no son sino suposiciones-, Pedro Antonio Sánchez no habría refrendado con su presencia las bondades del pacto alcanzado entre el alcalde y el edil tránsfuga, y la consejera de Economía quizás hubiese estado más comedida a la hora de definir a Clemente García como «un hombre honesto y honrado» y a quien dijo conocer desde la infancia.
«Lo mejor que le podido»
Y es que las numerosas grabaciones telefónicas recabadas por los agentes de la UDYCO demuestran la estrecha relación existente entre Trinitario Casanova, y el ex concejal del MASd, que en apariencia acomodaba su actuación política a la voluntad y a los deseos del empresario. Un ejemplo muy explícito se registra el pasado 18 de marzo, unos minutos antes de las tres de la tarde, cuando Clemente García Pérez telefonea a Casanova y le informa de que una votación, en la que éste último tenía gran interés, ha transcurrido en contra de los intereses del promotor.
Éste, enfadado por el traspiés, apenas quiere escuchar a su interlocutor y le insta a hablar otro día.
- Clemente: Bueno, el resultado el resultado es que hemos estado paralizando la votación más de media hora...
- Trinitario: Que tampoco lo comentemos eso. Ya cualquier día, tranquilamente tomando un café, comentaremos cosas. No, ahora no. Vamos a comer tranquilamente (...)
- Clemente: Hombre, creo que lo he hecho lo mejor que he podido. No he podido hacer otra cosa.
- Trinitario: Tranquilo, que ya hablamos tomando un café.
- Clemente: Te lo digo en serio.
- Trinitario: Tomando un café hablaremos, venga.
«Reunión con la consejera»
Más significativo es el mensaje que dos días después envía Clemente García al empresario. «Esta tarde me reúno con la consejera (en apariencia, Inmaculada García, también aguileña de origen y amiga de juventud). Parece que han reaccionado. Dios quiera. No desesperes. Voy a ir a muerte hasta el final. Un abrazo».
Por no hablar del SMS que apenas cuatro horas después le envía de nuevo: «Quiero que valores la posibilidad de que yo haga unas declaraciones a nivel regional y nacional. Con la excusa de Marina de Cope. Podemos dar a conocer a toda España el daño que se le ha hecho a Águilas. A las personas y a las empresas».
La respuesta de Casanova debió de ser positiva, pues 45 minutos más tarde, Clemente García Pérez vuelve a enviarle otro SMS: «OK. Acabo de estar con mi amigo el senador y me ha dicho que me va a ayudar todo lo que pueda para meter presión. La reunión va a ser, al final, mañana a las 11. Te mantengo informado».
«Sólo me falta el gran jefe»
Al día siguiente, 21 de marzo, cuando en apariencia se celebraba el encuentro «con la consejera», Clemente envía otro mensaje de móvil al empresario, dándole cuenta de su gestión. «La reunión ha ido bien. He visto voluntad. Sólo me falta una reunión con el gran jefe próximamente».
El día 28 de marzo, los agentes de la UDYCO interceptan los dos siguientes SMS, que parece venir a confirmar, una vez más, la subordinación de Clemente García a los intereses de Casanova. El primero, a las 19.53 horas: «Acaban de confirmarme la cita con el presidente para la próxima semana. Creo que deberíamos vernos antes». Y 17 minutos después, después de haber recibido supuestamente las indicaciones del empresario: «OK. No lo dudes. Tengo las ideas muy claras. Siempre se hará en los términos pactados. Buen viaje».
«Dando instrucciones»
Conversaciones telefónicas de ese tipo, que fueron debidamente registradas por los especialistas de la Policía y cuyas transcripciones están en poder de La Verdad, son las que han llevado al juez de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, a ir prorrogando, un mes tras otro, la intervención de los teléfonos utilizados por Trinitario Casanova.
No en vano, el magistrado destaca la estrecha relación del promotor de la Zerrichera «con personas vinculadas con el entorno de Pedro Gil, como es Clemente García Pérez, concejal y miembro del partido oportunamente fundado por Gil cuando éste abandonó o fue cesado por el PSOE». Y añade que esas conversaciones que se van produciendo a lo largo de meses, unidas a las que previsiblemente se irían sucediendo en fechas próximas, podrían ser de gran relevancia para la investigación.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 29.08.2008
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
Munar infló ilegalmente en 23 millones las obras de la carretera de Manacor
ELMUNDO/Palma* : Mientras el Govern del PP modificaba al alza el presupuesto del velódromo Palma Arena en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, el Consell de Mallorca de UM hacía lo propio con su obra estrella: la carretera Palma -Manacor. Una infraestructura que, teniendo en cuenta su coste financiero, puede considerarse como la más importante de cuantas han sido realizadas en Baleares hasta la fecha.
Y si en el primero de los casos los técnicos analizan en estos momentos la legalidad de las modificaciones de manera conjunta con la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, en el segundo ya existe un dictamen firme por parte de los servicios jurídicos de la institución insular que ahora preside la socialista Francina Armengol.
Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: señalan que el proceso fue "nulo de pleno derecho" al no mediar expediente administrativo alguno. "Se hizo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, por lo tanto –las modificaciones del presupuesto– están viciadas de nulidad de pleno derecho y no son susceptibles de convalidación", apostillan la jefa de servicio de Secretaría Técnica del Consell de Mallorca del Departamento de Obras Públicas, Magdalena Porcel; y el secretario general de la institución, Jeroni Mas, en un documento que obra en poder de Armengol desde el pasado 21 de febrero.
No obstante, el Govern que preside su compañero de partido Francesc Antich no ha querido hacerlo público ni tampoco ponerlo en manos del Ministerio Público para que investigue el multimillonario modificado como sí lo ha hecho con el del recinto deportivo palmesano.
El 16 de mayo de 2007 la empresa concesionaria de las obras, explotación y mantenimiento de la carretera Palma-Manacor, integrada por Melchor Mascaró; Electro Hidráulica; Aglomerados Mallorca; Obras y Pavimentaciones Man; y Sacyr remitió al Consell de Mallorca un documento en el que advertía la necesidad de ampliar el presupuesto de 145.529.298 euros previsto inicialmente para acometer el desdoblamiento de la Ma-15.
El 'interés público'
El director de las obras aludía entonces a la necesidad de que se aumentara la disposición de dinero "por razones de interés público". Ya que, siempre según él, habían surgido "circunstancias imprevistas" que habían puesto en peligro la "necesidad de mantener el tránsito con un nivel de servicio funcional, así como la necesidad de acabar las obras dentro de los plazos previstos". "Se justifica la modificación", explicaba en su informe, "en que la obra consistía en abrir una zanja del mínimo amplio posible donde ubicar la carretera desdoblada, los caminos de servicio y los diferentes accesos". "Allí también se debían ubicar los diferentes enlaces" lo que, agregaba la concesionaria, "obligaba a demoler y reconstruir todos los cerramientos y servicios ubicados en el entorno o bien hacer las correspondientes obras de adaptación en los casos de los servicios ya existentes –gasolineras, restaurantes, etc–". "Asimismo", concluía la contratista, "se debe hacer sin interrumpir el tráfico y respetando los plazos de ejecución previstos". Para llevar a cabo estos extremos y no alterar ni la circulación ni las fechas marcadas, la modificación se tenía que materializar en un «incremento total de la inversión» de 22.721.735 euros.
A la vista de esta petición el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, curiosamente ex gerente de una de las empresas concesionarias, Melchor Mascaró, acordó dar luz verde a esta petición. Lo hizo el 23 de mayo de 2007, apenas cuatro días antes de las elecciones. Asumía para justificar su decisión la necesidad que esgrimía su ex empresa de ampliar el presupuesto inicial atendiendo al referido "interés público".
El informe jurídico elaborado por el Consell de Mallorca a posteriori advierte en la actuación de los responsables del Departamento de Obras Públicas comandado entonces y ahora por Pascual, "la inobservancia de los requisitos para la modificación de los contratos de concesión de obras públicas". Y recuerda que "ni el contratista ni la dirección facultativa pueden ejecutar modificaciones sustanciales en la obra sin la debida aprobación por el órgano de contratación conforme a la Ley de Contratos". Y que "en caso de hacerlo se originan responsabilidades para el contratista, la dirección facultativa de obra y/o a los funcionarios encargados de la inspección y el control de las obras".
* El Mundo - ESTEBAN URREIZTIETA | EDUARDO COLOM - 29.08.2008
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Málaga: Derribo con polémica en La Virreina
MÁLAGAHOY* : Las máquinas entraron ayer en el parque periurbano de La Virreina y derribaron el antiguo caserón de recreo. El equipo de gobierno del PP justificó la actuación en el "estado de ruina inminente" del inmueble y aseguró que, pese a que carecía de protección, ha hecho los planos para reconstruirlo tal y como estaba.
Mientras, el grupo municipal del PSOE se lamentó de la pérdida de uno de los "escasos ejemplos" de casonas del siglo XIX que hay en Málaga y acusó al PP de convertirse "en el principal destructor del patrimonio histórico y artístico de la ciudad".
Qué hacer con la antigua casona es uno de los pulsos que mantienen populares y socialistas. La última propuesta del PSOE, plasmada en una moción que fue rechazada el pasado junio, fue acondicionar el inmueble como un centro de fomento empresarial, con el objetivo de contribuir a la creación de empleo en La Palma-Palmilla. El programa electoral del PP para las municipales de mayo de 2007 contenía que el caserón de La Virreina sería rehabilitado y tendría uso social.
Ayer, la concejal del Distrito, María Ángeles Arroyo, precisó que se estudiarán los "diferentes proyectos" que el Ayuntamiento baraja para la parcela y que la opción elegida será "la mejor para los vecinos". Una de las posibilidades que se estudia, según trascendió hace unos meses, es ubicar la llamada Ciudad de la Diversión, una iniciativa impulsada por la concejala de Parques y Jardines, Teresa Porras, con un parque similar al Valle de los Seis Sentidos de Valladolid, que la edil visitó personalmente hace un tiempo.
Sobre la demolición llevada a cabo por la Gerencia de Urbanismo, el Consistorio sostuvo que el estado de conservación del edificio, de titularidad municipal desde el 2000, se había agravado en los últimos meses y era "pésimo", además de que resultaba "extremadamente peligroso". "Algunas personas lo frecuentaban con el consiguiente riesgo y peligro ante posibles derrumbes y desprendimientos", dijo en un comunicado. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, recordó que el edificio no estaba protegido y que antes de la demolición se han levantado los planos para "reproducir la construcción original".
La viceportavoz municipal del PSOE, Mariluz Reguero, criticó al PP por "aprovechar" agosto, mes en que la actividad municipal es casi inexistente, para "destruir el patrimonio" de la ciudad y lamentó que no se haya dotado al inmueble de algún tipo de protección dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado provisionalmente hace un par de semanas.
Reguero sostuvo que el PP pretendía la demolición del inmueble, ya que aunque era de su propiedad desde 2000, "no se ha querido rehabilitar en ningún momento". Afirmó que hay otros edificios similares que sufren abandono "con la finalidad de que se caigan", entre los que citó la finca La Píndola, Los Remates o Soliva. Informó también de que el PSOE ha reclamado los informes técnicos sobre el estado del caserón de La Virreina y el decreto de ruina y demolición firmado por el alcalde, Francisco de la Torre.
* Málaga Hoy - E. Codina - 29.08.2008
Foto: Una máquina ultima, ayer, el derribo del caserón de La Virreina./malagahoy.es
La denuncia que ha acabado en los tribunales la presentó ¡Abusos Urbanísticos No!
LEVANTE/Valencia* : La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) mostrado ayer su satisfacción por la denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. El presidente de AUN, Enrique Climent, explicó el recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia por la posible infracción de directivas de contratos públicos "tuvo su génesis en las denuncias de 2004 de AUN".
"Nos causa una magnífica sensación este acontecimiento y esperamos que tenga buen final" ha añadido su portavoz, quien ha reiterado que "ya no existirá la influencia ni los intereses de los partidos políticos porque el tema ya lo lleva el Tribunal Europeo". Por tanto, continuó, "al estar el asunto en manos del Tribunal Europeo, los grupos políticos ya no tienen nada que decir", en alusión a los apoyos y criticas dados a las normas urbanísticas valencianas desde el PP y PSPV.
Por su parte, Veïns de Parcent espera que "Europa aplique toda su fuerza para defender a sus ciudadanos". En esta población de la Marina Alta, de poco más de 1.000 habitantes, la tramitación de tres polémicos PAI (que hubiera incrementado su población a 5.000 almas) ha provocado un cambio de gobierno, una sentencia del TSJ-CV contra uno de los proyectos (que hizo escuela y generó la doctrina Parcent) y, ahora, tiene enfrentados a los promotores con el actual equipo de gobierno que reniega del crecimiento desenfrenado que proponía el anterior equipo del PP, dirigido por Maria del Carmen López.
Ayer, el concejal de Urbanismo de Parcent, Joan Carles Poquet (Coalición Democrática de Parcent-CDP), calificó de "interesante" el proceso y ha apuntado que "las leyes que rigen a los ciudadanos deben adaptarse a las leyes europeas".
* Levante-EMV - Efe/L. B. B., Alicante/Valencia - 29 de agosto de 2008
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
Cientos de personas viven alegalmente en comercios del Turó de la Peira
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ELPAÍS/Barcelona* : La calle de Travau es, a las seis de la tarde, un hervidero de niños latinoamericanos que juegan por la acera a perseguirse. Es también una sucesión de persianas metálicas a medio abrir. Ya no hay comercios. Han desaparecido. Ahora, tras las persianas bajadas que alguna madre vigila desde su silla plegable, se esconden hogares a pie de calle.
En el Turó de la Peira, un barrio de origen obrero en el distrito de Nou Barris, un centenar de locales se han convertido de forma alegal en vivienda. En cambio, según datos del distrito, en cinco años solamente se han solicitado ocho peticiones de licencia de cambio de uso: tan sólo cuatro se han concedido.
Así es como la estructura comercial del Turó ha muerto progresivamente coincidiendo con la llegada de la inmigración. Pocas tiendas quedan de lo que había sido una zona comercial en ebullición hace ocho años. En el año 2000, el número de licencias de comercio era de 1.200. Cinco años más tarde, la cifra retrocedió hasta las 1.106, según datos del Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes del Consistorio aseguran que, con la eliminación del IAE, hoy no hay datos públicos objetivos para contabilizar el número de locales comerciales en la ciudad. Sólo hay encuestas valorativas de los propios comerciantes, que en el caso de Nou Barris reflejan la preocupación por su futuro.
El gerente del distrito, Josep Garcia Puga, y su director de servicios técnicos, Albert Bassas, afirman desconocer la alegalidad en la que se encuentran un centenar de familias, gran parte de las cuales provienen de Ecuador y República Dominicana. Así mismo, anuncian que abrirán una investigación y aseguran que, de confirmarse, "sería muy grave". Sin embargo, restan importancia a la proliferación de locales-vivienda.
Garcia Puga afirma que "pudiera ser que, en algunos casos, los propietarios, ya viejos, decidieran quedarse a vivir en el local; o bien que, sin mala fe y desconociendo los procedimientos legales, hubieran alquilado su local como vivienda a inmigrantes". También admite el gerente que, en otros casos, alguien pudiera aprovechar para hacer negocio fuera de la ley.
Una pareja se interesa en una inmobiliaria del barrio por un local en la esquina de la calle de Travau con Aneto para convertirlo en vivienda. "El alquiler va de los 300 a los 400 euros, la venta sale por unos 90.000 más las reformas", afirma el vendedor. El alquiler medio de un piso en Barcelona ronda los 800 euros.
Visitan un local de 33 metros cuadrados con dos estancias a diferentes alturas, cuatro escalones que las unen, una ventana que da al patio interior y techos que apenas llegan a los dos metros de altura. Luego visitan otro local, éste en la calle de Beret, también de unos 35 metros cuadrados. La estancia ya tiene tabiques que la dividen. Al entrar está el comedor, luego un dormitorio sin ventana, un pequeño lavabo, una cocina y otra habitación con una ventana que da a la calle. El local está plagado de humedades. Ambos, por supuesto, no cumplen las condiciones de habitabilidad. "Esto puede quedar muy chulo, he visto locales así y luego ves cómo han quedado y no parecen lo mismo", explica el vendedor.
Albert Bassas, director de servicios técnicos del distrito, afirma que el propietario puede ser procesado si hay evidencias de que conoce la alegalidad que se está cometiendo en su local alquilado. "Si los requisitos básicos de habitabilidad se incumplieran, podrían darse casos de sobreocupación e infravivienda", añade.
Para hacer habitable un local y conseguir la licencia de cambio de uso, un arquitecto debe presentar un proyecto de obra al Ayuntamiento. Si el proyecto cumple con los requisitos, el Consistorio, tras una inspección in situ, concede la licencia y la obra puede proceder. Posteriormente, para acceder al suministro de agua, luz y gas, y poder optar a las subvenciones que concede el Estado sobre vivienda, el inquilino tiene que conseguir la cédula de habitabilidad. Debe, para ello, recurrir de nuevo a un arquitecto que revise si, una vez más, el espacio es habitable. Así pues, en este último trámite, el Ayuntamiento no interviene y, por tanto, reconoce no saber si se producen estafas. "Si tienes los contactos, con dinero puedes conseguir la cédula, -dice el vendedor de la inmobiliaria mostrando una de ellas-, no sé cómo se lo hacen, pero la consiguen".
Locutorios, tiendas de alimentación regentadas por paquistaníes, peluquerías y algún bar son los únicos negocios que aún se mantienen. Lo cierto es que la mayoría de los viejos comerciantes -familias que abrieron su local en los años cincuenta y sesenta del pasado siglo, y cuyos hijos han abandonado el Turó por zonas más céntricas- se han jubilado. Es el caso de la pastelería Pons, en la calle de Cadí con Aneto, así como decenas de otros comercios, entre ellos carnicerías, pollerías, librerías, tiendas de ropa, videoclubes y mercerías. Sobre las causas, según el distrito, una zona, los pisos construidos por Sanahúja, que aún no ha sido capaz de rehacerse del duro golpe de la aluminosis.
La asociación de vecinos reconoce estar muy atenta a la sobreocupación en los llamados pisos patera. Pese a ello, su presidente, Antonio Silva, que remienda los zapatos de los vecinos desde hace más de treinta años, asegura no tener noticia de irregularidades en estos locales-vivienda. Sin embargo, reconoce que ha habido una transformación evidente en el barrio y que, en general, el cambio ha sido más que positivo. "El Turó se ha rejuvenecido gracias a los inmigrantes, las tiendas habían cerrado y ahora hay más vida en la calle", explica mientras tornea la suela de un zapato viejo.
Más allá de las alegalidades, desde el distrito no ven con malos ojos esta transformación. Y aseguran que es una tendencia que progresa en muchos barrios de Barcelona con características parecidas, como Poblenou, Barceloneta, Horta o Gràcia, debido a la crisis del pequeño comercio y la demanda de metros cuadrados a bajo precio.
* ELPAIS.com - CRISTINA GARDE - Barcelona - 29/08/2008
Foto: Barcelona vista - Sergi Larripa (wikimedia)
Experto asegura que el fomento del turismo pasa por conseguir "un entorno de cinco estrellas"
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ECODIARIO/Baeza* : En rueda de prensa, explicó que precisamente el paisaje o escena urbana es "una de las cuestiones que más busca el turista de patrimonio", algo que según afirmó "en España tiene muy poca tradición y tratamientos muy negativos". "En buena medida es necesaria una coordinación" de las políticas: urbanismo, limpieza, medio ambiente, tráfico y seguridad ciudadana, "para que el entorno sea también de cinco estrellas".
El profesor titular de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla Alfonso Fernández Tabales, que participa en el curso 'Planificación y gestión creativa del patrimonio histórico' que ofrece esta semana la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de Baeza (Jaén), explicó hoy que para fomentar el turismo en la actualidad es necesario que las instalaciones turísticas se inserten "en un entorno de cinco estrellas", lo que comprendería mejoras en "la limpieza pública, el acerado, el tráfico, aparcamiento, contaminación acústica y la escena urbana" de cada región.
En rueda de prensa, explicó que precisamente el paisaje o escena urbana es "una de las cuestiones que más busca el turista de patrimonio", algo que según afirmó "en España tiene muy poca tradición y tratamientos muy negativos".
"En buena medida es necesaria una coordinación" de las políticas: urbanismo, limpieza, medio ambiente, tráfico y seguridad ciudadana, "para que el entorno sea también de cinco estrellas", añadió el experto, al hilo de lo que afirmó que las competencias, en este sentido, "están bastante delimitadas", y que las iniciativas dependen en gran medida de los ayuntamientos.
Actualmente, según destacó Fernández Tabales, "se entiende que el entorno es cada vez más importante", y que las cuestiones más cercanas sobre la conservación del mismo "dependen en gran medida de los ayuntamientos".
De hecho, explicó que "algunas de las cuestiones más interesantes no cuestan dinero" puesto que dependen de "normativas", como la que afecta al tratamiento del paisaje urbano, que en muchos casos regula "que en la publicidad exterior no se permitan determinados colores, o que el mobiliario urbano sea de un color o un material" concreto.
Asimismo, opinó que las administraciones deben "acabar con las actuaciones emblemáticas en los cascos históricos" y preocuparse "un poco más" por la recuperación de los mismos.
NUEVOS COMPETIDORES
El profesor de la Universidad de Sevilla señaló, por otra parte, que la cuestión del patrimonio tiene cada vez más importancia "porque si algo caracteriza al mercado turístico mundial, es que están surgiendo de manera incesante y muy rápida nuevos competidores en todos los segmentos turísticos: sol y playa, golf, naturaleza, congresos y cultura".
Para España, según destacó, "han surgido grandes competidores en la Europa del este" y también "en el norte de África y en Latinoamérica", países con los que "no se puede competir en precio". Turquía, añadió además, "es el gran competidor de España en sol y playa", así como en otros segmentos.
Sobre esto último añadió que "lo que sí esta claro a estas alturas es que hay que competir a través de un producto singuralizado", haciendo que "cada comarca marque cual es su singularidad", algo que tiene relación con la historia y cultura concreta de cada región.
TURISMO PARA FINANCIAR EL PATRIMONIO
"En la tradición" se ha visto al turismo como el agresor del patrimonio. Esto, según explicó, tiene que cambiar para que se perciba al turismo como "un instrumento de gestión", puesto que éste "debe ser el gran financiador de la gestión y la conservación del patrimonio", puesto que "no hay en España recursos económicos suficientes" para una cantidad de patrimonio "inabarcable", que además necesita ser valorado por parte de la población en la que se inserta.
En cambio, aseguró que España puede competir "en calidad", e insistió en que se trata de "la calidad del entorno" puesto que hoy es posible situar un hotel de cinco estrellas en cualquier lugar del mundo.
Esto se traduce en, por ejemplo, "que los cascos históricos sean accesibles para personas en silla de ruedas", algo en lo que "tienen un importante papel las administraciones públicas", concluyó.
* EcoDiario.es - BAEZA (JAÉN), 28.08.2008 (EUROPA PRESS)
Foto: Baeza (Jaén), UNIA sede_Antonio_Machado - Johnbojaen 2006 (wikipedia.org)
Mateo: «Bascuñana le dijo a Casanova: compra otra finca y trasladamos el aprovechamiento»
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LAVERDAD/Murcia* : Día 29 de octubre del 2007. Son las 22:22:26 horas cuando el ex director general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Antonio Alvarado, uno de los principales imputados en el caso Zerrichera, recibe una llamada en su teléfono móvil, que está intervenido por los agentes de la UDYCO. «Más vale tarde que nunca», le espeta su interlocutor, a modo de saludo.
Se trata de «un tal Fernando», que es como se refiere a esta persona el juez instructor Antonio Alcázar, y que en apariencia «ostenta cargo o función en la Administración regional».
No se equivoca el magistrado en sus consideraciones. Según los informes policiales, «el tal Fernando» telefoneó desde un teléfono corporativo (el 88307, de Ibercom), utilizado por altos cargos de la Comunidad Autónoma, y que según ha podido averiguar La Verdad a través de tres fuentes distintas de la Administración autonómica, es el asignado a Fernando Mateo, ex director general de Carreteras y actual secretario general de Política Social, Mujer e Inmigración. Es desde hace años hombre de confianza del consejero Joaquín Bascuñana, con quien ya estuvo en Obras Públicas y Vivienda y a quien ha seguido en Política Social.
La conversación que mantienen Antonio Alvarado y Fernando Mateo, cuya transcripción íntegra está en poder de este periódico, resulta de gran importancia para la investigación, ya que sirve de base para que el juez Alcázar ordene intervenir los teléfonos del ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, e investigar su patrimonio y sus cuentas bancarias y también los de su esposa. En concreto, Alvarado se refiere a Marqués, supuestamente, como «el gran mullidor» -muñidor, en realidad-, añade que es «la persona que debería estar y no está, porque está ganando mucho dinero todos los meses» y se queja de que «nos está arrastrando a muchos, unos por arriba y otros por abajo».
La conversación, de la que se ofrece un extracto a continuación, se inicia con el lamento de Alvarado de que nadie está saliendo en su apoyo y en el de los otros imputados «utilizando los argumentos políticos que tenemos para defendernos», como, por ejemplo, que «el fiscal -Manuel López Bernal- no está siendo un defensor de la legalidad, sino un fiscal político».
- Fernando Mateo: Yo, de todos modos, hay una cosa que me mosquea, Antonio, en todo este procedimiento y... ¿Cómo un tío que se juega mucho dinero -en referencia al empresario Trinitario Casanova- se conforma con dos bravuconadas, no sé si pactadas, eh, no lo sé si están pactadas o no, con dos bravuconadas en los periódicos contra el Presidente? ¿Cómo ese tío no, eh, pone todos esos argumentos encima de la mesa? Argumentos políticos, me refiero.
- Antonio Alvarado: ...porque, porque no quiere ir de político.
- Mateo: No, no ponerse...
- Alvarado: Te lo digo yo, seguramente tiene a algún político cogido por los huevos y esperaba más de él. Es la única explicación que tengo.
- Mateo: ¿Algún político cogido por los huevos y esperaba más de él?
- Alvarado: Sí.
- Mateo: ¿Político activo?
- Alvarado: O inactivo. Posiblemente, aquí el problema de todo ¿sabes el que es? Que la persona que debería estar no está, ¿eh?, porque está ganando mucho dinero todos los meses y eso nos está arrastrando a uno... a muchos, unos por arriba y otros por abajo, ¿me explico?
- Mateo: Ya, ya, ya.
- Alvarado: ¿Me entiendes?
- Mateo: Ya
- Alvarado: Todo por salvar precisamente al gran mullidor (sic).
- Mateo: Ya, ya.
- Alvarado: ¿Me explico?
- Mateo: Ya
- Alvarado: Y te iba a decir una cosa, pero ésa te la diré personalmente.
- Mateo: Escucha, Antonio, tú sabes..., yo te conté, te conté a ti, creo, eh, que Bascuñana, que es, que era amigo, antes de Casanova, convenció al Casanova para que comprara la...
- Alvarado: Escucha, que todos..., escucha. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar y vamos a quedar un día a comer. Es que ya, por teléfono, todas estas cosas yo creo que no las debemos hablar, eh.
- Mateo: No, pero, que... Escucha, que esto tiene absoluta legitimidad. Le dijo: cómprate una finca en otro lado, que se te traslade el aprovechamiento. Y, según se me informa a mí, el ausente -en aparente referencia a Marqués- le dijo: Ni hablar, ésa, tú eres tonto, pa qué, para qué pijo vas a pagar esto, que te sale gratis. Pues mira dónde vamos, Antonio, mira por donde vamos. De todos modos, escucha. ¿Tú qué días vienes por Murcia?
- Alvarado: Pues, eh (la comunicación se corta).
Tras recibir el contenido de esa conversación y el informe elaborado por la UDYCO, el juez instructor del caso Zerrichera ordenó, el pasado enero, que los teléfonos de Francisco Marqués fueran intervenidos, al estimar que «el cargo que ocupaba -el de consejero de Medio Ambiente y superior de Alvarado- le hubiese podido permitir orquestar las actuaciones que desde su consejería se debían llevar a cabo para permitir la modificación del PGOU del paraje La Zerrichera en el Ayuntamiento de Águilas».
Y añade el magistrado que, en virtud de todos los datos existentes en las diligencias penales, a resultas de toda la investigación practicada por los agentes de la UDYCO, «no es descartable que termine declarando como imputado en la causa».
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 28 agosto 2008
Foto: La Zerrichera (Murcia) - Paco Alonso (La Verdad)
Bruselas denuncia oficialmente a España por el urbanismo del Consell
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Comisión Europea ha sentado ya en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) a las dos leyes urbanísticas valencianas. El ejecutivo comunitario ha presentado ya el escrito de denuncia, que formalmente se dirige "contra el Reino de España", pero que va directo a la línea de flotación del urbanismo valenciano de los últimos catorce años.
El ejecutivo comunitario considera que se han "incumplido" dos directivas europeas al adjudicar los programas de actuación integrada (PAI) conforme a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus herederos: la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y el reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (Rogtu). Éste último es una novedad que aparezca en las denuncias, ya que hasta ahora las críticas de la Comisión Europea se dirigían hacia la LRAU, primero, y la LUV, después.
Las directivas incumplidas son las referidas a los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (Directiva 93/37/CEE) y la de adjudicación de contratos públicos de obras y servicios (Directiva 2004/18/CE). Por ello se pide al Tribunal de Justicia Europeo que sentencie el incumplimiento y que "se condene en costas al Reino de España".
Los motivos que alega la Comisión Europea en su escrito de denuncia son ya viejos conocidos, lo que revela la ineficacia de las alegaciones enviadas desde la Generalitat Valenciana y desde el Gobierno en los últimos años.
El ejecutivo comunitario considera que "las adjudicaciones de PAI se refieren a obras públicas, que deben adjudicarse siguiendo lo dispuesto en las directivas 93/37/CEE y 2004/18/CE".
Agentes urbanizadores
"En otras palabras -continúa el escrito de denuncia- la Comisión afirma que los PAI son contratos públicos de obras adjudicados por entidades locales (los ayuntamientos) que incluyen la realización de obras públicas de infrastructuras por parte de agentes urbanizadores seleccionados por la administración local".
A continuación, la Comisión Europea detalla los "aspectos" que la LUV incumple de las directivas citadas: "la posición privilegiada del primer licitador, a la experiencia de los licitadores en contratos similares, a la presentación de alternativas a la propuesta del primer licitador en sobre abierto, a la regulación de las variantes, a los criterios de adjudicación de los PAI, a la posibilidad de modificar el contrato tras su adjudicación (por ejemplo, la posibilidad de incrementar cargas de urbanización) y a la regulación de los supuestos de ejecución incompleta del contrato por parte del licitador adjudicatario".
* Información - 28 de agosto de 2008
Foto: Construcciones cerca de la costa en la Marina Alta, en una imagen reciente A. I., diarioinformacion.com
Málaga: La industria deja paso a los rascacielos en la capital.
GAS* : El pasado 14 de agosto, era aprobado con carácter provisional el nuevo PGOU de la ciudad, donde finalmente se especifica que los últimos suelos con especificidad industrial, quedan transformados en suelo urbanizable. Las fábricas de teléfono de Citesa, la de amoniaco, la Térmica o los depósitos de Repsol, serán sustituidos por edificios de gran altura y de carácter residencial.
Para el alcalde de Málaga, estos edificios "singulares" imprimirán un carácter "moderno y vanguardista" de "gran ciudad" por lo que desde su equipo de gobierno se darán todas las facilidades legales para que el proyecto pueda llevarse a cabo, ya que con estas construcciones, el centro de la ciudad se trasladará a esta zona.
En el Plan de Ordenación Urbanística aparecen 12 convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento de Málaga con diferentes para llevar a cabo los cambios de uso del suelo, o para aumentar el límite de edificabilidad en zonas ya estipuladas como urbanas, proyectándose unas 5.300 viviendas.
Aún cuando el alcalde promociona esta ampliación urbanística en una Málaga saturada por el cemento, aún no se han ofrecido datos económicos claros, de lo que supondrán las concesiones de las empresas promotoras al Ayuntamiento, aunque al menos se sabe que la mitad de los convenios firmados, alcanzan una suma de 202 millones de euros, por lo que esta cifra se duplicará posiblemente, si se le suman las otros 6 convenios, cuyos datos económicos no han transcendido.
En el área que ocupaban los depósitos de Repsol, está proyectado que se lleve a cabo el proyecto más reseñable, con unos beneficios para las arcas municipales de 84 millones de euros y que dará lugar al edificio más alto de la capital con 40 plantas y 160 metros de altura, además, se prevé la construcción de otros cuatro edificios de 17 plantas. En total supondría la creación de 1.332 viviendas, 399 de VPO, y equipamiento comercial y de oficina.
Junto a la antigua fábrica de Citesa, se proyectan dos torres, de 30 pisis, donde se prevé existirán 664 viviendas y cuya edificación supondrán ingresos para el Ayuntamiento de 23 millones. El solar que ocupaba la antigua Central Térmica, pasará a convertirse en, la "nueva acera de La Marina", una gran plaza donde convergen el nuevo paseo marítimo de poniente y el futuro eje norte-sur desde Teatinos y donde se ubicarán 4 edificios.
La antigua fábrica de amoniaco se transforma en 1.420 viviendas, así mismo, se llevará a cabo la expropiación de suelo a la Iglesia, para recalificar parte del colegio de Gamarra, construyéndose en el nuevo espacio urbanizable, 132 casas, y se trasladará el colegio Maristas, edificándose en el solar, 198 viviendas, así como zonas comerciales y aparcamientos. Por su parte la empresa Hipercor, aportará 7,5 millones de euros para la ampliación de sus instalaciones.
El último enclave frente al mar que queda sin urbanizar en Málaga, en Arraijanal, será transformado en 664 viviendas según se contempla en el PGOU con un reporte económico de 28 millones de euros para el Ayuntamiento.
La especial situación de la provincia de Málaga, aún cuando la burbuja inmobiliaria se ha paralizado, sigue provocando que la expansión urbanística llegue hasta sus límites. Una vez que ya no se puede expandir más en longitud, son los rascacielos los que van abriéndose espacio entre las ciudades.
* Grupo de Acción Social (GAS) - 16/08/2008
Foto: Málaga, nuevos rascacielos - urbanity.es
Tarifa: Oposición a la nueva urbanización junto a Atlanterra
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Ecologistas en Acción* ha presentado alegaciones al Plan Parcial de “Cabo de Plata”, en el municipio de Tarifa. Este Plan se basa en el desfasado PGOU de 1990, que contempla unas desmesuradas previsiones de crecimientos urbanísticos. Al desastre urbanístico y medioambiental que ha supuesto Atlanterra, con sus 2.500 viviendas, se suma ahora la urbanización colindante de Cabo de Plata -promovida por Atalaya desarrollos Inmob., Atlanterra A.G. y Cortijo del Moro S.A.-, con una superficie de 1.279.780 m2, un campo de golf, 1.035 de viviendas y 1.372 plazas hoteleras...
... y la intención de recalificar el Cortijo del Moro, promovido por la inmobiliaria Grupo Veintidós, con una superficie de seis millones de metros cuadrados, para construir otras 1.100 viviendas, 1.350 plazas hoteleras, y dos campos de golf en una actuación que provocaría un gigantesco impacto ambiental y territorial. Este Plan Parcial responde a una política urbanística y turística obsoleta, que no es más que el desarrollo en el siglo XXI de la política turística del franquismo, ya que este terreno se incluyó como Suelo Urbanizable en el PGOU en base a la declaración de Centro de Interés Turístico Nacional por el régimen franquista.
Este tipo de proyectos están en absoluta contraposición con los planes y leyes urbanísticas que ha venido aprobando la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz estos últimos años, como la Agenda 21 de Andalucía y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). El Ayuntamiento de Tarifa en vez de adaptar este PGOU obsoleto a los nuevos criterios de ordenación del territorio, de conservación del litoral y de la política turística, sigue promoviendo un crecimiento insostenible y la colmatación del litoral en uno de los litorales más privilegiados de Europa. Estos planes especulativos se basan en la “burbuja inmobiliaria”, que ya se ha desinflado, y que sólo ha favorecido la economía del “ladrillo” y el empleo temporal y de baja cualificación. Esta política irresponsable de basar el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas ha sido la principal causa de la crisis económica que padece nuestro país. Pero el Ayuntamiento de Tarifa parece no querer enterarse.
Resulta paradójico que el mismo Ayuntamiento que ha apoyado y potenciado la urbanización de Atlanterra, justifique esta nueva urbanización en base a la falta de equipamientos. Esta falta de equipamientos justificaría la construcción de los mismos en el interior de Atlanterra o en su periferia, pero no es admisible construir más para intentar “compensar” el déficit de equipamientos existente.
El PGOU de Tarifa se aprobó sin Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no se ha tenido en cuenta su impacto sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el territorio. Especialmente grave es que se pretenda aprobar esta nueva urbanización sin tener garantizado el abastecimiento de agua. A pesar de que Tarifa es un municipio que ha tenido problemas serios de suministro de agua, el Ayuntamiento, o mejor dicho la empresa privada Aqualia, certifica que hay suficientes recursos para abastecer a la urbanización Cabo Plata. Dichos informes son manifiestamente fraudulentos por varias razones: quien debe certificar legalmente la existencia de recursos hídricos no es un Ayuntamiento ni una empresa privada, sino la Agencia Andaluza del Agua; se han falseado las demandas que se requieren, pues aseguran que serán 250.000 m3/año cuando sólo el campo de golf necesitará el doble; y ni siquiera se mencionan normas de obligado cumplimiento como el Plan Hidrológico del Barbate. Ecologistas en Acción entiende que sería gravísimo que tanto la Agencia Andaluza del Agua como la Consejería de Medio Ambiente aprobaran este Plan Parcial, y se podría incluso incurrir en un presunto delito de prevaricación.
Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Tarifa que:
1. Proceda a rechazar el Plan Parcial SA-1 “Cabo de Plata”, por entender que no respeta la actual normativa urbanística y medioambiental, no garantiza los recursos hídricos necesarios, carece de las infraestructuras viarias imprescindibles, no incorpora las subsanaciones exigidas en el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 30 de enero de 2007, consagra un modelo de desarrollo insostenible, es atentatorio al interés general, y generaría graves impactos al valioso patrimonio natural y paisajístico de Tarifa.
2. Que se inicie el proceso de desclasificación de los terrenos incluidos en este Plan Parcial declarándolos Suelo No Urbanizable de Especial Protección, como inicio de una nueva política urbanística y medioambiental en base a criterios de sostenibilidad.
* Ecologistas en Acción de Cádiz - 26 de agosto 2008
Foto: Tarifa (Cádiz), urbanización Atlanterra - mma.es
La nueva dirección del área de Urbanismo de Dénia está ligada al sector inmobiliario privado
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LEVANTE/Alicante* : El jefe de Ordenación Urbanística tiene dos empresas de servicios de arquitectura y el coordinador de obras está vinculado a través de dos firmas con las principales promotoras. La desaparición de la actual Gerencia de Urbanismo, programada por el pentapartito para el pleno mañana, lleva consigo una profunda reestructuración de este importante departamento municipal.
El pasado jueves, el edil de Gent de Dénia Miguel Llobell fue el encargado de anunciar que la alcaldesa, la popular Ana Kringe, había decretado que el arquitecto municipal, Rogelio Mira, pasaba a ser el Jefe del Servicio de Ordenación Urbanística (lo que en otro momento se llamó gerente de Urbanismo) mientras que el ingeniero municipal, Jesús Escolano, comenzaba a desempeñar la dirección, coordinación, control y evaluación de programas y proyectos del Servicio de Obras del departamento de Urbanismo.
El argumento utilizado por el gobierno de concentración, aupado al poder por una moción de censura, ha sido la austeridad y la buena gestión para mejorar -según ellos- la situación del urbanismo generada por el anterior equipo de gobierno formado por PSPV y Bloc, lo que ha significado todos los cambios en el área y la colocación en los puestos de mando de funcionarios del consistorio.
Levante-EMV ha podido saber que el Jefe de Ordenación Urbanística, Rogelio Mira, cuenta con dos empresas de asesoramiento inmobiliario cuyas sedes sociales están ubicadas en la misma calle: Corokia S.L. y Arquimazara S.L. Ambas, según reza en el registro mercantil, se dedican al "negocio inmobiliario".
El coordinador de proyectos del Servicio de Obras, Jesús Escolano, aparece como administrador de le empresa Deniastur Ingeniería Civil S.L. y como consejero de otra mercantil llamada Meridian Gestión Urbanística. Esta última tiene como accionista a la constructora Blauverd, promotora que en el mandato de PSPV y Bloc intentó sacar adelante el PAI de l'Almadrava-Molins, con 4.000 nuevas viviendas y que cuenta con un millón de metros cuadrados en la ciudad. La presidencia de Meridian Gestión Urbanística la ostenta Ignacio Barceló Lillo que es apoderado de la misma Blauverd y también de otra mercantil con fuerte arraigo en Dénia; Desarrollos Urbanísticos Las Marinas S.L., presidida por el promotor dianense Enrique Pla, secundado también por el empresario local Juan Riera y por Vicente Girbes (gerente de Blauverd).
El Plan General de Ordenación Urbana deberá definir el urbanismo en un momento de crisis para el sector de la construcción y tras una convulsa moción de censura que dio la alcaldía al PP.
* Levante-EMV - 27 de agosto de 2008
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Los cuatro 'cabecillas' de la trama de Estepona seguirán en la cárcel
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ELCORREO/Andalucía* : Los cuatro cabecillas de la presunta trama de corrupción de Estepona seguirán en la cárcel dos meses después de ser detenidos. La jueza denegó la libertad al ex jefe del gabinete de Alcaldía, José Flores, y al edil del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo. El ex alcalde, Antonio Barrientos, y otro edil del PES, Manuel Reina, también seguirán en prisión.
Ha pasado algo más de dos meses desde que en Estepona (Málaga) se destapara el pasado 17 de junio una red de corrupción urbanística calcada a la de su vecina Marbella. Una trama presuntamente urdida por el que fuera alcalde de la localidad de la Costa del Sol, el ex socialista Antonio Barrientos, que se dedicaba, entre otras actividades ilícitas, a cobrar comisiones ilegales a cambio de favores urbanísticos. Grandes sumas pagadas por grandes promotores y empresarios locales, que iban a parar a una caja b y que los principales implicados podrían haber estado utilizando para su lucro personal o incluso para financiar a sus partidos políticos, el PSOE y el Partido de Estepona (PES), heredero directo del GIL.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, sigue avanzado en el caso Astapa. Se espera que en otoño, cerca de octubre, levante parcialmente el secreto de sumario y se puedan conocer más detalles de esta trama discípula aventaja de Malaya. De momento, la jueza ha decidido mantener en prisión a quienes parecen ser los cuatro protagonistas de la presunta red corrupta. Según se difundió ayer, ha denegado la puesta en libertad del que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, y del edil del PES José Ignacio Crespo, informó Efe. El Ministerio Fiscal también se había opuesto a que salieran a la calle.
A finales del pasado julio la magistrada tomó la misma determinación para el ex alcalde, por considerar que existía riesgo de fuga y que podía intentar influir en las declaraciones de los imputados en el caso. También sigue en prisión el otro ex edil del PES, Manuel Crespo. A todos se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. A Reina también el de fraude. Ellos cuatro se perfilan como los protagonistas de una red que cuenta con 41 imputados –siete de ellos miebros de la corporación municipal–, 17 en libertad sin medidas cautelares y otros 20 en la calle tras depositar una fianza.
Medidas económicas. A pesar de que los principales imputados no saldrán de la cárcel, la jueza sí que ha revocado –siguiendo la orden de la Audiencia de Málaga– las medidas cautelares de tipo económico que había adoptado. Únicamente no se tocarán las fianzas personales que habían pagado los imputados para evitar la cárcel y que suman 2,3 millones de euros.
Sí se han alzado las medidas que impedían a los implicados disponer de sus bienes rústicos y urbanos, las cuentas bancarias de los imputados han quedado desbloquedas y el dinero que algunos depositaron para hacer frente a responsabilidades patrimoniales si fueran declarados culpables en el juicio deberá ser devuelto. La Audiencia de Málaga advierte de que estas medidas se habían adoptado de forma indiscriminada contra todos los imputados sin que se pudiera determinar la responsabilidad patrimonial concreta de cada imputado. Por ello ordena revocar de las medidas económicas sólo para tres imputados que presentaron recursos, aunque la jueza ha decidido acatarlo y extenderlo a todos los imputados.
* El Correo de Andalucía - 25/08/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Valverde Térmica No presenta una moción para la no recalificación de terrenos para la central térmica
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EXTREMADURA24h* : Tras varias reuniones mantenidas con los representantes públicos del pueblo de Valverde de Mérida, la Plataforma ciudadana Valverde Térmica No quiere hacer público que presentará una moción de censura para que no se recalifiquen los terrenos para la central térmica.
La alarma social que causa entre la población de Valverde de Mérida y pueblos cercanos el proyecto de Central Térmica de Ciclo Combinado situado en nuestro término, motiva a la Población a una movilización continuada si no se asegura por parte de dichos representantes la efectividad de sus promesas y compromisos electorales respecto a este tema.
Tanto el Grupo Popular como el Grupo de Independientes del Ayuntamiento de la localidad mostraron su rechazo a este proyecto y se comprometieron con sus votantes a utilizar todos los medios legales para impedir la instalación de dicha Central y la del resto de las proyectadas en el entorno.
El Alcalde de Valverde de Mérida, a petición de la Plataforma Ciudadana va a presentar una Moción para el próximo Pleno en los siguientes términos.
Que el Ayuntamiento en Pleno de Valverde de Mérida se compromete a no iniciar ninguna modificación o revisión de la normativa urbanística de este municipio con el propósito de recalificar y adaptar los usos de los terrenos donde pretende ubicar Mérida Power SL la Central Térmica de Ciclo Combinado proyectada en este término municipal, tanto si se tramita o no como un proyecto de interés regional.
Que con tal fin el Ayuntamiento de Valverde de Mérida pondrá de inmediato este acuerdo en conocimiento de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de Extremadura, así como de la empresa promotora de la Central Térmica de Ciclo Combinado, Mérida Power SL"
Nos congratulamos de esta decisión que es consecuente con la voluntad del Pueblo y esperamos que sirva para hacer desistir de su pretensión al promotor de dicha Central.
La Plataforma Ciudadana Valverde Térmica No así como el resto de Plataformas englobadas en la Federación Térmicas No Extremadura seguirán en lucha contra este tipo de instalaciones para nuestra tierra.
* Extremadura 24 horas - 26/08/2008
Foto: Valverde de Mérida (Badajoz), manifa contra térmica - valverdetermicano.blogspot.com
La contaminación por dióxido de nitrógeno se dispara en Madrid
ELPAÍS* : Se acaban las vacaciones, vuelven los coches a la ciudad y, con ellos, la contaminación. Dos estaciones de medición del centro, la de la plaza de Gregorio Marañón y la del paseo de Recoletos, registraron en la noche del lunes al martes niveles muy altos de dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico causado por el tráfico y que irrita las vías respiratorias.
Las dos superaron, entre las diez y las doce de la noche, los 220 microgramos por metro cúbico (µg/m3) que la legislación europea considera "límite para la protección de la salud". Marañón llegó a marcar 320; Recoletos, 291.
La media de toda la red -con 25 estaciones operativas- también fue anormalmente alta: 153 µg/m3. La noche anterior, a la misma hora (23.00), marcó 78, es decir, la mitad. Ecologistas en Acción atribuyó ayer este "preocupante" repunte a la "vuelta de miles de automóviles a la capital". El portavoz de Calidad del Aire de la organización, Juan García, apuntó también a otra causa: el buen tiempo. "Cuando hay estabilidad atmosférica, como ahora, el aire no se renueva", explicó. Eso provoca que los gases contaminantes que emiten los tubos de escape no se despejen. Además, señaló, por la noche se produce el fenómeno conocido como inversión térmica: durante el día los gases se almacenan arriba porque pesan menos, pero al bajar las temperaturas por la noche el aire limpio se enfría, las masas de aire se intercambian y el contaminado baja a ras de suelo durante unas horas.
Un portavoz del Ayuntamiento de Madrid reconoció ayer que los niveles de contaminación son "altos", pero aseguró que no se consideran alarmantes ya que están "dentro de la normalidad". "No hemos superado el nivel de alerta", precisó, "por lo que no es necesario avisar a la población". El umbral de alerta del dióxido de nitrógeno se sitúa en 400 µg/m3 que tienen que registrarse durante tres horas seguidas en "lugares representativos de la calidad del aire", según la legislación europea, traspuesta a España en un real decreto de 2002.
La media de Madrid incluye estaciones céntricas, que habitualmente registran valores altos, como Marañón y Recoletos, y otras en los que los niveles suelen ser muy bajos, como Casa de Campo. García no recuerda que se haya superado nunca el umbral de alerta, pero sí que a principios de este año se sobrepasaron los 400 microgramos en dos estaciones del centro de Madrid. El Ayuntamiento no avisó a la población, puesto que no está obligado a ello.
La normativa europea fija que no pueden superarse los 220 µg/m3 en más de 18 ocasiones en un año. La estación de Recoletos ya ha marcado por encima de ese nivel en 34 ocasiones, según los datos que recoge diariamente Ecologistas en Acción a partir de la información que cuelga en su web el Ayuntamiento de Madrid. Las últimas fueron la noche del lunes: 226 a las 22.00, y 291 a las 23.00. Gregorio Marañón lo sigue de cerca, con 27 superaciones. Las últimas, a la 1.00 del lunes (230), a las 23.00 (320) y a las 24.00 del mismo día. La estación que hay al final de la calle de Alcalá lleva 20; la del paseo de los Pontones, 14.
Y lo peor, asegura el portavoz de Ecologistas en Acción, está por llegar. Este invierno podrían repetirse los registros del anterior. A finales del pasado enero, la estación de Recoletos superó 12 veces los 220 microgramos en sólo cuatro días.
* ELPAIS.com - ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 27/08/2008
Foto: Madrid es una de las ciudades más contaminadas (archivo) - EFE
