PÚBLICO* : Un estudio atribuye la violencia contra los bienes públicos a la exclusión de los jóvenes de las ciudades. Señala que muchos de sus puntos de encuentro se destinan al sector turístico. Turistas agotados en busca de un descanso. Usuarios del Bicing. Pakistaníes vendiendo latas de cerveza. Camareros ahuyentando a los sin techo que piden limosna en las dos terrazas del lugar.
Y agentes de la Guardia Urbana pendientes de que los skaters no rueden por la plaza dels Àngels de Barcelona, donde solían hacerlo hasta que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) se convirtió en punto de interés turístico. Situaciones similares se viven en el resto de capitales, donde los bares tienen preferencia a las canchas de baloncesto.
La ciudad como mero escenario de intercambio mercantil, progresivamente privada de sus espacios públicos, sometida a una imparable especulación urbanística y cargada de símbolos de poder, constituye el escenario propicio para el vandalismo. Así lo pone de relieve el estudio El vandalismo como fenómeno emergente en las grandes ciudades andaluzas, editado por el Centro de Estudios del Gobierno regional, que detecta un incremento de la violencia juvenil contra bienes públicos y privados.
"Ciudad mercado"
Dicha subida, según el estudio, supone un "claro indicador de exclusión social" derivada de la falta de expectativas que impone a la juventud la llamada "ciudad mercado", cada vez más orientada al turismo en detrimento de la comodidad del ciudadano. En resumen: una juventud sin alternativas de ocio y poco espacio disponible muestra una mayor predisposición a percibir la ciudad como un espacio ajeno contra el que es lícito cometer actos de violencia.
Las conclusiones del estudio del Gobierno andaluz pueden extrapolarse a todas las ciudades neoliberales, según sus responsables. "La ciudad cara, inhóspita y difícil de disfrutar para quien no opta al consumo genera vandalismo", opina Francisco Aix, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y coautor del estudio, realizado a partir del número de alertas por actos vandálicos comunicadas al 112 y reforzado con entrevistas a policías, bomberos, servicios de emergencias y jóvenes de hasta 30 años realizadas entre 2005 y 2008. En toda Andalucía, se pasó de 574 llamadas al 112 en 2005 a 3.303 en 2008.
Francisco Aix, no obstante, puntualiza que el interés del estudio es fundamentalmente sociológico, ya que la definición cuantitativa del fenómeno es difícil, más aún por la integración en el 112 de llamadas que antes se realizaban a otros números de emergencias, como el 061 y el 062. "Pero sí es evidente", explica, "que los disturbios de 2005 en la periferia de París y su enorme proyección mediática generaron un efecto llamada en todas las ciudades analizadas".
Una voz reputada en el debate sobre la crisis del modelo de ciudad, el urbanista Jordi Borja, señalaba ya en 2001 que el fenómeno actual "no se trata de una crisis de la juventud [...]. Se trata de una crisis de sociedad, que excluye a una parte de los que representan su futuro", señala Borja en el texto La ciudad como desafío, realizado dentro de un proyecto educativo en Gijón.
Contra el poder
Aix y Mario Jordi, investigador y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, sitúan su perspectiva en el contrapunto de la forma de tratar el fenómeno por la mayoría de los medios, que lo presentan como mera violencia ilógica. El estudio señala que "son aquellos elementos del mobiliario urbano que contienen publicidad institucional y simbolizan el poder los que sufren más incidencias", por ejemplo, las marquesinas.
Los colectivos que reivindican mayores espacios públicos aportan múltiples ejemplos de cómo la asfixia urbanística y normativa provoca tensión en el comportamiento de la juventud. La plaza dels Àngels de Barcelona constituye un caso paradigmático. La construcción del MACBA en 1995 convulsionó esta céntrica y popular plaza del Raval. Lugar de reunión de los vecinos y de juego para niños y skaters, se convirtió en una de las rutas más frecuentadas por los turistas.
En 2006, con la aprobación de la Ordenanza Cívica de la ciudad, se prohibió patinar en el lugar. Desde entonces, se suceden a diario las visitas de la Guàrdia Urbana para advertir, multar e incluso requisar los monopatines.
Por ello, no fue casual que en 2006 una manifestación antisistema contra la especulación urbanística acabara en esta plaza. Se produjeron enfrentamientos con los Mossos dEsquadra y la noche dejó la imagen de un manifestante encapuchado arrojando bengalas contra la fachada del museo con un bazoca casero. Tres años después, el Ayuntamiento ha anunciado que, además, colocará mobiliario urbano en este espacio para acabar con los skaters.
Ley antibotellón
En las ciudades andaluzas han sido comunes las movilizaciones contra la ley antibotellón al entender que "restringe la utilización del espacio público", en palabras de Marta Solanas, miembro de la asamblea de la plataforma ciudadana La Calle es de Todos.
El principal punto de rechazo a la ley antibotellón guarda relación con los hechos recogidos en el estudio presentado ayer: la falta de confianza en los jóvenes por parte de los poderes públicos. "¿Cómo es posible que una ley limite, genéricamente, que debe preservarse la pacífica convivencia ciudadana, dejando su definición a la interpretación de las policías locales?", pregunta Marta Solanas. El margen de discrecionalidad que deja la norma ha dado lugar a episodios ridículos, como la multa de 100 euros que la Policía de Sevilla impuso a dos jóvenes por beber refrescos en la calle, según la propia denuncia.
En Madrid, el Ayuntamiento multiplicó por 20 (de 300 a 6.000 euros) las multas por los grafitis el pasado febrero. La edil de Medio Ambiente, Ana Botella, no distingue entre lo que para unos es una forma de ganarse la vida y lo que para otros es suciedad. A su juicio, todo es vandalismo. La razón: el Consistorio gasta anualmente 6 millones en limpiarlos.
Francisco Aix, responsable del estudio andaluz, advierte que la discusión debe tener en cuenta la terminología. "Vandalismo es un término de este lado de la cuerda. Para alguien que hace grafitis, cuando pinta no está haciendo nada malo", señala.
La generación de los padres con miedo
La sobreprotección de algunos padres y las calles llenas de coches y sin espacios públicos han creado una generación de niños que algunos sociólogos y medios de comunicación británicos han tildado de “street stupids”. Es decir, chavales que no saben lo que es caerse de un columpio, perderse o pelearse por un balón. Su ocio lo reparten entre la televisión y las videoconsolas, confinados en las habitaciones de sus casas. “Un poco de peligro y de incertidumbre es bueno para los niños. Además, con el incremento de la obesidad infantil, los beneficios de jugar en la calle son obvios”, señala uno de los varios artículos que el diario ‘The Independent’ ha dedicado a este asunto. Desde las páginas de este periódico proponen un juego al lector: “Toma unos cuantos segundos para recordar cuál era tu lugar favorito de juegos cuando eras un niño. ¿Dónde estaba este lugar especial? ¿Cómo era? ¿Cómo olía? Seguro que estaba en la calle. Al margen de los adultos. Y era un lugar salvaje, sucio, con bastantes posibilidades de ser un poquito peligroso...”. “Un recuerdo que, de no cambiar las cosas, no tendrán ya las próximas generaciones de adultos”, concluye.artículo.
* Público - P.F. / Á.M. / A.M.V. / P.R. - SEVILLA / BARCELONA / MA - 10/07/2009
Foto: Un joven corre sobre una de las fuentes de la Alameda de Hércules, convertida en símbolo de la lucha por la democratización del espacio público en Sevilla. - LAURA LEÓN, publico.es
La falta de espacio público alienta el vandalismo
Los vecinos de la Cañada dispuestos a formar un municipio independiente
ELMUNDO/Madrid* : El portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de La Cañada Real, Miguel Martín Nombela, ha asegurado que estos vecinos están "dispuestos todo" para legalizar su situación, incluso a "independizarse y crear el municipio de La Cañada". "Estamos dispuestos a todo, a pagar al Ayuntamiento por la propiedad y que se pueda legalizar la situación.
Queremos que se pongan sobre la mesa todas las opciones, incluso estamos dispuestos a independizarnos y crear el municipio de La Cañada o, si se nos trata correctamente, no nos importa tampoco ser un barrio e Rivas", ha explicado Martín Nombela en el programa "El Círculo a primera hora" de Telemadrid.
Los vecinos -unos 50.000- piden la "regularización, no sólo de los que llevan más años, sino de todas las personas honradas que hay ahí", ha señalado el portavoz vecinal, tras quejarse de que "nadie" les haya pedido "opinión" en el proceso abierto por las administraciones implicadas para desafectar y reformar la Cañada.
Martín Nombela ha dicho que los vecinos están "desilusionados" porque están viendo el "talante de los ayuntamientos" hacia ellos, sobre todo los de Rivas y Madrid.
"Gallardón dice que son terrenos públicos y que no tenemos ningún derecho. Sin embargo, tenemos la solicitud de agua y luz desde hace más de 20 años y, aunque ningún vecino tiene título de propiedad, se nos ha cobrado algún tiempo el IBI. Además, es un juez quien tiene que decir si tenemos derechos o no, no Gallardón, que calla lo que quiere, como que ha hecho desarrollos que el Tribunal Supremo paralizó. Si no cumple la ley, que no nos venga a dar lecciones a nosotros", ha criticado.
Tras subrayar que "el alcalde de Coslada se está comportando de otra manera", el portavoz ha insistido en que este proyecto lo "tiene que liderar la Comunidad de Madrid" y ha hecho un "llamamiento" a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "para que no nos deje, porque si no, no nos van a dejar ni un metro de terreno y va a haber conflictos", ha advertido.
"Si no lo tutela la Comunidad, este plan está condenado al fracaso", ha aseverado, y ha hecho hincapié en que "sólo una mínima parte de la Cañada son chabolas y drogas" y en que "la mayoría son viviendas unifamiliares y dignas".
Martín Nombela ha negado además que en La Cañada haya un "foco de islamistas radicales".
"Pongo la mano en el fuego. Además, La Cañada está muy vigilada por la Guardia Civil y la Policía, que es lo que queremos porque nos sentimos protegidos de los más marginales de otros sectores", ha manifestado.
* El Mundo - EFE - 10.07.09
Foto: Madrid, derribos la Cañada Real - EFE
Varapalo de la UE a las obras de Puertomayor
LAVERDAD/Murcia* : Las autoridades europeas ha entrado de lleno en el proyecto de Puertomayor, en La Manga del Mar Menor, y considera que las obras de construcción del puerto deportivo y el dragado del canal se han hecho incumpliendo varias directivas y el artículo 126 del Tratado, relativos a la preservación del hábitat y del medio ambiente de este paraje tan singular.
La Comisión de las Comunidades Europeas ha enviado una resolución al ministro español de Asuntos Exteriores para que en un plazo de dos meses el Gobierno de la nación conteste a todas las observaciones detectadas por Bruselas sobre el proyecto, según ha sabido La Verdad.
Al parecer, las evaluaciones de impacto realizadas para autorizar las obras del puerto deportivo no han sido adecuadas, y tampoco se han tomado las medidas necesarias para preservar los valores ambientales de la zona. Puertomayor está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a raíz de la denuncia que presentó el Ministerio de Medio Ambiente contra la decisión del Gobierno murciano que autorizó la continuación de las obras.
* La Verdad -
M. BUITRAGO - 9.07.09
Foto: Obras para la construcción de Puertomayor en una foto de archivo | JM. RODRÍGUEZ, laverdad.es
Greenpeace denuncia los 'parques naturales de papel' del Consell
ELPAÍS/Valencia* : Una cosa es la teoría y otra la realidad. O, aplicado a los parques naturales, una cosa son las normas de protección y otra el ladrillo, el hormigón y el cemento, que amenazan la conservación de los entornos más valiosos del territorio valenciano. La Comunidad Valenciana es, para Greenpeace, el lugar de España donde "adquiere pleno significado" esta actitud, que la organización ecologista califica de "parques de papel".
"Las figuras de protección utilizadas no son más que declaraciones formales por parte de la Generalitat", apunta esta entidad en su informe Destrucción a toda costa.
No es que no existan medidas de protección, es que no son efectivas. La Administración valenciana "ha firmado una serie de documentos con unos mapas con sus polígonos de protección del área" y los argumentos que justifican estas elecciones. Además, el Consell presume de haber declarado numerosos parques naturales. De esta forma, de las 2.330.500 hectáreas de superficie, un 9,4% cuenta con algún tipo de salvaguarda medioambiental. La defensa formal del litoral es aún superior. De los 538,4 kilómetros de franja costera, hay 111 que se encuentran bajo alguna figura de preservación del entorno, ya sea autonómica o medioambiental, lo que representa "un aceptable 20,8%".
Pero Greenpeace pide algo más: un compromiso real con el medioambiente. Declarar un parque natural debe llevar aparejado asumir la protección de ese entorno a través de instrumentos eficaces. Y, para la entidad ecologista, esto no sucede, por lo que sobre los parques "pesan numerosas afecciones que amenazan la conservación de estos espacios".Greenpeace no sólo destaca a la Comunidad Valenciana entre las autonomías que sólo protegen formalmente sus espacios naturales. El territorio valenciano también encabeza la lista en el número de casos de corrupción urbanística registrados a lo largo de este año, con un total de 196 y 32 imputados. Por detrás está Andalucía (114 casos y 332 imputados) y Baleares (79 y 25). En toda España, de las 625 personas imputadas, 289 son cargos públicos, desde alcaldes hasta arquitectos municipales.
El informe Destrucción a toda costa, tampoco deja muy bien parada a la Comunidad Valenciana en lo que respecta a la protección de los humedales. La Generalitat tiene catalogadas 48 zonas húmedas que abarcan 45.000 hectáreas y que se encuentran en la zona litoral en el 90% de los casos. A pesar de que "forman un sistema denso y el mejor distribuido de toda Europa", también son "los más amenazados por el urbanismo y la contaminación". Greenpeace destaca el caso de Alicante, donde "se concentran grandes urbes junto a parajes acuáticos protegidos, lo que provoca problemas ambientales como la eutrofización [aporte excesivo de nutrientes al medio acuático que provoca el descenso del nivel de aves]".
El repaso a la salud costera del litoral valenciano por parte de la organización ecologista se detiene en otra cuestión que la ciudad de Valencia conoce bien y que el informe relaciona con un remedio contra la crisis desarrollista y con tintes provincianos. Se trata de la potenciación de los puertos industriales.
"Es sorprendente cómo todos los puertos industriales que plantean una ampliación esgrimen los mismos argumentos de convertirse en el mayor puerto de mercancías de España", apunta el documento, que vincula el tráfico marítimo con "una fuente muy importante de contaminación ambiental". Otra cuestión es la relativa a los puertos deportivos. A pesar de que la Comunidad Valenciana es, después de Murcia, la autonomía donde más ha caído el número de matriculaciones de barcos de recreo (un 26,8%) respecto a 2007, "el Consell impulsa macropuertos convencido de que el sector no se verá afectado por la crisis y de que la construcción de zonas comerciales en las nuevas dársenas creará importantes beneficios económicos". Greenpeace alude a los casos de Dénia y Xàbia, cuya ampliación "ya se tramita", y los de Altea y El Campello, donde se estudia "la creación de nuevas instalaciones".
En Dénia, "hay un proyecto de ampliación para construir 1.000 nuevos atraques y una nueva bocana" y en Altea "se mantiene viva la posibilidad de destinar más de seis millones de euros a 1.214 amarres". Y todo ello, "sin aprobar aún la Ley de Puertos que debe establecer las necesidades reales de nuevos pantalanes".
El colofón del trabajo es el cuestionamiento europeo al modelo urbanístico valenciano. Greenpeace recuerda las denuncias presentadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la ley urbanística valenciana de dos directivas (sobre adjudicación de contratos públicos de obras, y obras y servicios). No sólo por la antigua Ley de Regulación de la Actividad Urbanística, sino también por su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana, "que permite todo tipo de arbitrariedades, impide la competencia y abre la puerta a la corrupción al otorgar a ayuntamiento y al urbanizador poderes exagerados que no están sometidos a ningún tipo de control".
* ELPAIS.com - JAIME PRATS - Valencia - 09/07/2009
Foto: altea puerto- EA.
