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GRANADADIGITAL* : La organización Ecologistas en Acción criticó hoy que la proliferación de urbanizaciones y viviendas ilegales se ha convertido en un "cáncer que devora territorio y paisaje en toda Andalucía, crea situaciones de absoluta impunidad, genera corrupción y termina por justificar todo tipo de infracciones al planeamiento urbanístico", lamentando que la disciplina urbanística "ha sido la gran ausente en la gestión municipal, y el gran pacto político y ciudadano para hacer frente a este problema sigue sin aparecer".
Tal y como señalaron en un comunicado, los procesos urbanizadores son "un modo más de contaminación y destrucción de recursos naturales no renovables como el suelo y el paisaje", lamentando la existencia de un modelo de ciudad "extensivo y que se hace insostenible, la agudización de los problemas de la movilidad urbana y la dependencia del vehículo motorizado para los desplazamientos, el encarecimiento de los servicios urbanos, los incrementos en los consumos de agua, o los de contaminación de los acuíferos por las infiltraciones de las aguas fecales de este tipo de edificaciones, carentes de cualquier sistema de tratamiento de vertidos".
"Sólo cuando aparecen sentencias judiciales a tantas infracciones de las leyes, el debate se reabre y la búsqueda de soluciones globales, que no son otras que la legalización de todo lo construido ilegalmente, se plantean", reprocharon. Ante ello, insistieron en que la medida "más eficaz" para impedir nuevas urbanizaciones y construcciones ilegales es la prevención.
Por ello, pidieron tanto a las corporaciones municipales como a la Junta de Andalucía que "paralicen todo proceso de parcelación o construcción ilegal desde sus inicios, imponiendo las medidas sancionadoras y de restauración de la legalidad estipuladas en la legislación y planeamientos urbanísticos vigentes, y muy particularmente convirtiendo en normal la demolición de todo lo ilegalmente construido".
Asimismo, instaron a poner todas las construcciones ilegales en suelo no urbanizable en conocimiento de la Fiscalía y no considerar a las asociaciones de propietarios de viviendas ilegales como "interlocutores válidos a la hora de modificar planeamientos para favorecer la situación de estas urbanizaciones y construcciones ilegales".
Además, señalaron que la legalización de estas urbanizaciones y construcciones ilegales "debe de ser la excepción, planteándose sólo la legalización de las urbanizaciones y construcciones en las que por su antigüedad hayan prescrito las infracciones urbanísticas y sea inviable su demolición".
Insistieron en que "no se legalice ninguna urbanización, vivienda, ni construcción existente en Sistemas Generales, suelos no urbanizables de especial protección por razones forestales, medioambientales o culturales, o terrenos de propiedad o dominio público, incluidas las vías pecuarias estén deslindadas o no".
Igualmente, apostaron porque la superficie de las urbanizaciones ilegales que se recalifiquen a suelo urbano o urbanizable computen como "nuevos suelos urbanos o urbanizables a efecto del cálculo del 40 por ciento máximo de crecimiento previsto en el POTA, pero no a efectos del cálculo de la tendencia de crecimiento seguida en los últimos diez años".
Apuntaron que la legalización de las urbanizaciones ilegales "debe de contar las infraestructuras necesarias para la correcta depuración de sus aguas residuales y un compromiso temporal de cierre de los pozos ciegos y fosas sépticas que, en todo caso, debe de estar concluido antes de la legalización o la concesión de licencias de obras o de primera ocupación".
DERECHO DE ACCESO A VPO
En el caso de las vías pecuarias y caminos públicos ocupados ilegalmente y para los que no exista solución urbanística para su recuperación, "hay que garantizar trazados alternativos financiados por los dueños de las viviendas ilegales, manteniendo como mínimo la misma superficie, la continuidad de los trazados y la interconexión con el resto de la red pecuaria".
De otro lado, señalaron que las urbanizaciones ilegales construidas parcial o totalmente en suelo forestal "tienen que llevar como medidas compensatorias la cesión de suelos en su periferia de la misma superficie para reforestarlos e incorporarlos al patrimonio forestal municipal".
Indicaron que los propietarios de las viviendas que se legalizarán deberán hacerse cargo del coste de la urbanización interna y de la parte correspondiente de las infraestructuras generales --carreteras de accesos, variantes, conducciones y depósitos de agua, conducciones y estaciones de bombeo de aguas residuales-- que no se hubieran construido si no existieran estas urbanizaciones ilegales.
Por último, subrayaron que la lucha contra el urbanismo ilegal tiene que ir pareja al fomento de políticas de las administraciones públicas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna de todos los ciudadanos, en base a la construcción de las VPO que demande la población, a viviendas sociales para las rentas más bajas, a viviendas para jóvenes en régimen de bajo alquiler con opción a compra, y destinando suelos públicos a planes racionales de autoconstrucción en terrenos urbanizados y con los servicios y equipamientos necesarios.
* Granada Digital - E.P. - 12.11.09
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
Andalucía: Ecologistas critican que la disciplina urbanística "ha sido la gran ausente en la gestión municipal"
Millet desvió dinero público a las obras de su casa de L'Ametlla del Vallès
ELPAÍS/Barcelona* : Ya hay pruebas para un posible delito de malversación de fondos públicos. Así lo afirmaron ayer los nuevos gestores del Palau de la Música, que cifran en 23,7 millones de euros la estafa que cometió Fèlix Millet al frente de la institución. De esta cantidad, al menos 2,95 millones proceden de subvenciones públicas que en su mayor parte fueron a parar a obras de la casa de Millet en L'Ametlla del Vallès, regalos y viajes familiares.
El nuevo equipo gestor y la Generalitat presentaron ayer el resultado de sus auditorías al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona.
De momento, Millet y Montull están imputados por apropiación indebida y falsedad documental. Pero las administraciones públicas manifestaron, a través de sus representantes en el Palau, que confían en que la justicia recoja también las pruebas que indican que Millet malversó dinero público, puesto que así lo determina la auditoría elaborada por los interventores del Departamento de Economía y Finanzas.
El Palau está gestionado por tres entidades: la asociación, propietaria del edificio; la fundación, que se nutre de aportaciones privadas, y el consorcio, integrado por las administraciones. El ex presidente del Orfeó usó a su antojo las tres entidades. El director general del Palau de la Música, Joan Llinares, explicó que el modus operandi era casi siempre el mismo: aprovechaba que el Orfeó no estaba auditado para derivar dinero del consorcio y la fundación hacia allí.
La mayor parte del dinero del consorcio se desvió a través de las aportaciones que el organismo -integrado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura- efectuaba a la asociación. Entre 2002 y 2008, Millet se embolsó 1,7 millones de euros con el pretexto de que era dinero que iba al Orfeó, cuando éste nunca llegaba a ingresar esas cantidades. De hecho, las auditorías que el Departamento de Economía había elaborado sobre los ejercicios de 2002 y 2003 ya advertían de que había ingentes cantidades de dinero público que iban a la asociación y que no estaban debidamente justificadas. Finalmente, tras entrevistar a dos empleados del consorcio, la Generalitat ha acreditado que Millet extendía cheques al portador que cobraban varios empleados en Caixa Catalunya y que luego le entregaban. Algunas cantidades también se retiraron en efectivo.
La segunda fórmula era la falsificación de facturas. En conjunto, Millet se hizo con 750.154 euros procedentes del consorcio a través de certificados que validaron las empresas Triobra, Clos 9, Clos Interiors, Manteniments Integrals FM2, Eiffage Energía, Instal·lacions i Manteniments Tècnics de Catalunya y Vigilancia y Sistemas de Seguridad. La empresa Triobra facturó al Palau 392.175,43 euros que correspondían a las obras que realizó en su casa de L'Ametlla del Vallès, según admite el anterior consejero delegado de la sociedad, Emilio Vidal, a los interventores. Vidal fue presidente hasta enero de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, que reúne a las empresas que, curiosamente, deben encargarse de controlar que no haya desvíos presupuestarios o temporales en las obras.
Además, el Instituto Catalán de Finanzas, el banco de crédito de la Generalitat, concedió dos créditos al consorcio, uno por 1,26 millones y otro por 731.710 euros. La auditoría acredita que Millet usó al menos 172.308,45 euros de este dinero para su uso particular y, además, la mayoría de este dinero corresponde a las facturas de Triobra, por lo que fuentes de la investigación apuntan que también fueron a sufragar su casa de L'Ametlla. A todo este dinero hay que añadir varias cantidades que suman 637.286,37 euros, aportadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (ICAEM), sin justificar.
El fraude final en las tres entidades suma más de 23 millones, y eso sin contar las remuneraciones que cobraron Millet, Montull, la ex directora financiera Gemma Montull y la ex directora general Rosa Garicano. Los cuatro, según Llinares, se subieron el sueldo sin motivo alguno ni amparo legal.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 14/11/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Greenpeace, contra la ley que legaliza el Algarrobico
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ELALMERÍA* : La asociación ecologista Greenpeace ha presentado un recurso contra la adaptación de las normas subsidiarias de Carboneras a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que convierten en urbanizable el paraje protegido de la playa del Algarrobico, donde se asienta el hotel.
La organización ecologista considera que tanto la Junta de Andalucía como el Ministerio de Medio Ambiente "han faltado a su compromiso de demolición y promueven con sus actos y pasividad que el hotel ilegal siga en pie". Asimismo, acusa al Ayuntamiento de Carboneras de seguir apostando "por el desarrollo más insostenible de su municipio".
"A la paralización de la expropiación de los terrenos por parte del Gobierno se suma ahora que el Ayuntamiento de Carboneras pretenda aprobar una norma del todo ilegal. El caso de El Algarrobico sobrepasa todos los límites de la vergüenza administrativa conocidos", aseguró el director de Greenpeace España, Juan López de Uralde.
Para Greenpeace, esta norma urbanística es "del todo inviable" e indica que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural (PORN) Cabo de Gata-Níjar está paralizado cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), organismo que, según la ONG, consideró que urbanizar El Algarrobico sería "demoledor" para el Parque.
Así, recuerda que el TSJA devolvió a El Algarrobico la protección que tenía en el PORN de 1994, es decir espacio protegido no urbanizable y, por tanto, las normas urbanísticas de Carboneras "son ilegales".
Greenpeace recuerda también que la licencia de construcción del hotel de Azata del Sol debe ser revisada, según establece la sentencia de septiembre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Almería. Según los ecologistas, el hotel acumula 18 pronunciamientos judiciales a favor del medio ambiente y de su demolición desde que los tribunales comenzaron a pronunciarse en el año 2006.
* El Almería - Agencias / Almería, carboneras - 14.11.09
Foto: El Algarrobico (Almería), protesta Greenpeace (archivo) - A.Rodríguez, Greenpeace
Valencia: Cercle Obert de Benicalap solicita la aprobación de un plan destinado a la regeneración de zonas urbanas degradadas
Cercle Obert de Benicalap* solicita la creación de un fondo especial para acometer la regeneración de La Parreta, rehabilitando Agryfersa y creando equipamientos y servicios públicos básicos en su entorno inmediato. A juicio de "Cercle Obert de Benicalap", el gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia deben consensuar un programa de inversiones, destinados a reurbanizar adecuada y dignamente la zona conocida como La Parreta, al lado del barrio de Benicalap.
Al lado del Hospital LA FE, muy cerca de la Avenida de Campanar, hay un enorme bloque de edificios, con una antigüedad superior a los 50 años, conocido popularmente como “Agryfersa” donde hay cerca de 400 pequeños apartamentos. A la carencia histórica de equipamientos sociales, culturales, deportivos, asistenciales, lúdicos… en la mencionada zona de La Parreta, se une la falta total de programas institucionales destinados a la rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios donde viven personas mayores, con escasos recursos, emigrantes…
Para nuestra entidad “Cercle Obert de Benicalap” – Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, se impone la necesidad urgente de que se invierta en aquellos edificios donde se detecten grandes y crónicas problemáticas sociales y asistenciales, como el referido edificio de Agryfersa. Rehabilitar las zonas comunes y dotar de bancos, zonas ajardinadas y espacios de encuentro (guarderías, ludotecas, centro socio-cultural, centros de formación profesional, oficinas de atención municipal, reten de policía local…) a los numerosos habitantes de la zona, debe constituir una prioridad municipal y autonómica, en aras a favorecer la socialización e integración de los diversos colectivos humanos que habitan en el mencionado espacio urbano y alrededores.
El elevado número de personas en situación de precariedad, marginación y exclusión, nos obliga a solicitar al Ayuntamiento de Valencia, que proceda a destinar parte del presupuesto que ha destinado el gobierno de España, a la atención de las necesidades y demandas que precisan recibir los vecinos y residentes de la Comunidad de Agryfersa – La Parreta.
Somos conscientes de que los más de 141 millones de € que le corresponderían a Valencia suponen el doble del presupuesto de inversiones para 2009 del Ayuntamiento de Valencia y sobrepasa en 24’2 millones los 116.933.530 € de la Generalitat.La aportación extra supondrá triplicar el presupuesto municipal de inversiones para 2009 y que pase de los 71’9 millones previstos a en torno 213 millones de €.
La financiación prevista debe estar destinada a proyectos que conlleven mejoras en las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto productivas como de utilidad social.
Promover la construcción y rehabilitación de viviendas sociales y degradadas, así como potenciar programas formativos, asistenciales, lúdicos… entre la población ubicada en los barrios periféricos como Benicalap… deben ser prioridades municipales. Por tanto, y a tenor de la existencia de los 141 millones de euros que le corresponden a la ciudad de Valencia, nuestra entidad cívica y cultural, reclama que se atiendan las legítimas e históricas propuestas de “Cercle Obert de Benicalap” a favor de la Comunidad de Agryfersa y resto de la zona conocida como “La Parreta”, recordando la intolerable e inadmisible existencia de espacios y solares convertidos en basureros y ubicados al lado de la Ciudad Sanitaria La FE.
Conviene que el Ayuntamiento de Valencia, en colaboración con la Diputación Provincial, el gobierno central (Ministerio de la Vivienda) y la Generalitat, elaboren un programa destinado a potenciar la rehabilitación, urbanización y saneamiento de las calles, plazas, solares... que conforman la zona denominada La Parreta, reservando las correspondientes Partidas Presupuestarias y asignando los recursos técnicos y humanos que permitan la regeneración del tejido urbano y social en un plazo no superior a cinco años, dada la alarmante existencia de numerosas personas y colectivos en situación de precariedad y exclusión social.
Recordamos que Benicalap, La Parreta y Ciudad Fallera, son los espacios urbanos de Valencia con mayor número de emigrantes y personas de escasos recursos económicos, formativos... de toda la Comunidad Valenciana, así como la que menos atención y ayuda recibe de las instituciones públicas.
Se impone con urgencia, la implantación de programas de inversión pública, que permitan la regeneración urbanística, ambiental y social de la zona, así como la creación de los equipamientos y servicios públicos adecuados al alto nivel demográfico existente.
"Cercle Obert de Benicalap" - Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro, estima básico y prioritario, dotar de un comedor social y un albergue para indigentes y personas sin recursos a la zona conocida como La Parreta, así como se valora por las instituciones públicas valencianas, la creación de un fondo económico especial que permita la total y completa rehabilitación del conjunto de edificios conocido como AGRYFERSA, donde conviven cerca de 400 familias con muy escasos recursos y casi nula formación laboral...
El edificio y toda la zona merece recibir una especial protección por parte de las instituciones públicas competentes en materia de rehabilitación y regeneración urbanística, ambiental, social, dada las peculiaridades extraordinarias que concurren, tal y como disfruta la FINCA ROJA de Valencia.
Luchar contra la exclusión y contra la existencia de zonas marginadas y degradadas, es una labor urgente y básica que deben acometer y asumir con rigor y esmero todas las instituciones públicas, desde el Congreso de los Diputados, el gobierno central, hasta la Generalitat (Dirección General de Vivienda y Proyectos Urbanos), Defensor del Pueblo, Cortes Valencianas y el Ayuntamiento de Valencia, contando siempre con el concurso y colaboración de los colectivos vecinales activos, que han demostrado a través del tiempo, su implicación solidaria y altruista en aras a favorecer la convivencia pacífica y armónica de todas las personas.
* Otro Madrid - Antonio Marín Segovia - 6.11.09
Foto: Valencia - Cercle Obert de Benicalap
