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LASPROVINCIAS/Valencia* : El trabajo se acumula cuando está a punto de cumplirse la primera década del siglo XXI. Miles de chalés de Camp de Túria continúan vertiendo sus aguas fecales en pozos ciegos cuando acaba de cumplirse el plazo marcado por la Unión Europea para que todas las viviendas del continente estuviesen comunicadas con una red de saneamiento.
En Llíria son unas 9.000 viviendas, en La Pobla de Vallbona unas 2.000, en Olocau alrededor de la mitad pero todas las que hay en las urbanizaciones... En toda la comarca la suma da una cifra nada despreciable. Ante esta situación, asociaciones de vecinos, equipos de gobierno y grupos de la oposición en los Ayuntamientos buscan y exigen soluciones no sin conflictos.
La comarca sufre las consecuencias del urbanismo del siglo pasado. Durante muchos años, la ley no exigía una red de alcantarillado para aprobar una promoción de chalés. Además, miles de estas viviendas se edificaron sin permiso.
Ahora los ayuntamientos intentan regularizar esos miles de viviendas, o al menos así lo anuncian. Por ejemplo, el PSPV de La Pobla de Vallbona denunció ayer la existencia de 17 urbanizaciones en el término municipal donde, en total, 2.000 viviendas carecen de la red de alcantarillado.
El Ayuntamiento, mientras tanto, acaba de anunciar que proyecta la instalación de los colectores de aguas residuales y de pluviales en la zona norte del término, donde se hallan la mayoría de los chalés que todavía vierten en fosas sépticas.
Los equipos de gobierno municipales se escudan en la falta de recursos económicos. Las redes generales de colectores cuestan mucho dinero y se ejecutan cuando la Generalitat o el Gobierno los subvencionan. Los entramados de las urbanizaciones, que recogen los residuos de cada casa, deben ser costeados por los propietarios.
La fórmula que menos conflictos genera es la del Ayuntamiento que saca a concurso las obras, las paga y luego pasa el recibo a los vecinos por medio de aportaciones especiales. Este procedimiento supone adelantar el dinero de las arcas municipales y, como consecuencia, que no haya recursos para ejecutar otros proyectos más vistosos y también reclamados por los ciudadanos.
El municipio donde primero se intentó coger el toro por los cuernos fue el de Llíria al iniciar el proceso de regularización de las urbanizaciones del entorno del parque de Sant Vicent. El equipo de gobierno no lo ha tenido nada fácil.
Representados en el Consejo de Urbanizaciones, algunos vecinos acusan al Ayuntamiento de Llíria de obligarles a pagar costosos proyectos mientras ellos abogan por una obra más barata por la que se instalaría el alcantarillado y se asfaltarían las calles. Además, el Consistorio pretende adjudicar las obras y los vecinos exigen que sea la institución municipal la que las ejecute y luego las cobre a los propietarios.
Las actuaciones en el entorno del parque de Sant Vicent empezaron la pasada legislatura. La instalación de la red general está en su recta final e incluso ya se han realizado las obras en algunas urbanizaciones.
* Las Provincias - 13.01.09 -M. RODRÍGUEZ
Foto: Una urbanización de La Pobla de Vallbona que actualmente carece de red de alcantarillado - lasprovincias.es
Miles de chalés de Camp de Túria carecen de alcantarillas
Amenazan con 'rajar' a un periodista de Tenerife por informar sobre un presunto caso de corrupción urbanística
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EUROPAPRESS* : El abogado tinerfeño Felipe Campos ha denunciado este martes que el periodista del rotativo 'El Día' ha recibido amenazas de muerte por informar sobre el presunto caso de corrupción urbanístico denominado 'Arona', hecho que calificó de "gravísimo" por lo que solicitó a la Comisión de Ordenación Territorial y de Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) que suspenda la tramitación del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) del municipio sureño.
Campos relató en rueda de prensa que el redactor Juan Antonio Medina --que no estaba hoy en la convocatoria-- había recibido "amenazas de muerte" el pasado 19 de diciembre "cuando se disponía a abandonar su puesto de trabajo". El letrado detalló que el hombre que profirió las amenazas tenía acento argentino y le dijo al periodista "que no siguiera escribiendo sobre el 'caso Arona' o le rajarían".
El abogado señaló que desde el minuto que se enteró de los hechos --en Nochebuena-- se puso en contacto con la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz donde el subdelegado, Juan Antonio Batista, le mostró su preocupación por lo narrado y lo comunicó a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Campos también informó personalmente a la delegada del Gobierno, Carolina Darias, según dijo.
Para el letrado el origen de las amenazas está en la publicación de una información el pasado 28 de noviembre donde el periódico tinerfeño informaba sobre que el redactor del PGOE, Jorge Coderch, reconocía que el documento se había redactado de forma "irregular" ante las peticiones de los miembros del grupo de gobierno en el consistorio de Arona.
"Este es un hecho gravísimo", insistió el abogado que recordó que él mismo sufrió un intento de calcinar su despacho en Santa Cruz, aunque finalmente los delincuentes quemasen las oficinas de una abogada suya, la también diputada regional del PSOE, Gloria Gutiérrez.
En esta línea, Campos añadió que la denuncia por amenazas de muerte se ha añadido al expediente del 'caso Arona' al igual que la información publicada al entender que "el plan general es un delito en sí de prevaricación". "No es demagogia decir que la amenaza va contra todos los periodistas y contra libertad de expresión y es un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho", indicó.
SUSPENSIÓN ANTE LA COTMAC
Campos también afirmó que no entiende a qué espera la Cotmac para "paralizar la aprobación" del planeamiento de Arona y denunció que lleva más de un mes a la espera de que lo reciba algún representante de la Consejería de Ordenación Territorial.
El abogado también recordó que el denominado 'caso Arona' investiga una presunta trama de corrupción por prevaricación por la concesión de licencias ilegales "con conocimiento de los concejales". También se investigan "adjudicaciones de contratos a dedo" y expuso que dos arquitectos municipales han estado en prisión preventiva y un guardia civil también está imputado.
Aquí adelantó Campos que cuenta con más información relativa al caso, pero que la hará pública a la mayor brevedad posible. Ésta tiene que ver con el redactor del plan y el alcalde, José Alberto González Reverón (CC). "Me parece éste es un tema que hay que denunciar y creo que es por seguridad práctico", apostilló.
"En Arona existe un entramado de intereses económicos muy poderoso que confluyen en el Plan General. Queremos que el mismo se vaya a la basura. La Cotmac no puede plantearse reconocerlo por sus irregularidades", detalló el abogado que aseguró que aunque no puede dar nombres se han concedido "cientos y cientos de licencias ilegales y se beneficia a unas personas concretas".
"LA PRÓXIMA VEZ TE RAJAMOS"
En su edición de este martes el periódico 'El Día' informa sobre lo sucedido el pasado 19 de diciembre. Así expone que la denuncia presentada ante la Guardia Civil del redactor relata como una persona le dice: "No te vuelvas. Deja de escribir de Arona. Esto es un aviso, la próxima vez te rajamos".
Además se informa de que "desde el verano de 2008 han sido varios los artículos elaborados por el citado redactor en los que se han hecho públicos algunos aspectos relativos al PGO que han sido objeto de denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Arona, encargado del caso mencionado, para su incorporación al mismo".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Ene 2009
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Dos urbanizaciones de Lloret de Mar acumulan 600 irregularidades
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ELPAÍS/Girona* : El Ayuntamiento de Lloret de Mar (Selva) está decidido a poner orden en la cuarentena de urbanizaciones que rodean el núcleo original del municipio. En colaboración con el Consell Comarcal de la Selva y a través de una empresa especializada, el Consistorio ha comenzado a supervisar el estado de los barrios y las zonas residenciales alejadas del centro. En una inspección a fondo realizada en los últimos meses se han detectado 600 irregularidades.
De éstas, 400 están en la urbanización Lloret Residencial y 200 en la de Serra Brava. La cifra podría aumentar, ya que está previsto que las inspecciones se extiendan de forma progresiva al resto de las urbanizaciones.
Tanto Lloret Residencial como Serra Brava son edificaciones construidas en zonas boscosas de difícil acceso, en medio de la sierra prelitoral, rodeadas de pinares y surcadas por rieras y torrentes que buscan la salida al mar. La mayoría de las infracciones documentadas hasta el momento se refieren a la realización de obras sin licencia. Por ejemplo, construir una piscina en la finca sin declararla o levantar un chalet -o una casa unifamiliar, tanto da- en un terreno donde sólo consta una barraca en el catastro municipal. Los inspectores también se han encontrado con zonas donde las rieras y torrenteras, cauce natural del agua que baja de la montaña después de las lluvias, están tapadas o rellenadas para poder edificar, con el peligro de desbordamientos e inundaciones en caso de temporal.
Una vez registradas las infracciones, el proyecto municipal estudiará cada caso antes de decidir qué medidas tomará. Para el Ayuntamiento, es una oportunidad de conseguir que los vecinos infractores paguen los tributos correspondientes a las construcciones "reales" que existen en su parcela, teniendo en cuenta que hay propietarios que sólo pagan 40 euros anuales por una finca en la que se alza un chalet. Pero también hay previstas sanciones para estas construcciones irregulares, que pueden llegar a los 30.000 euros de multa o terminar con la supresión de la piscina o el derribo de la casa ilegal. Por el momento no se ha ejecutado ninguna demolición, pero el Ayuntamiento no descarta aplicar el máximo rigor en los casos más graves.
La actuación municipal se enmarca en al anteproyecto de ley de mejora de urbanizaciones con déficit urbanísticos, que se está tramitando en el Parlament. Y es que en muchos casos el origen de las irregularidades ya viene de lejos. Gran parte de las urbanizaciones construidas en Lloret de Mar y en el resto de Cataluña fueron promovidas durante el boom turístico y el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970.
Durante este periodo se erigieron decenas de urbanizaciones promovidas y comercializadas sin contar con un proyecto de parcelación, planeamiento urbanístico, previsiones de servicios ni dotaciones básicas de energía. Los principales problemas son de alumbrado, pavimentación, abastecimiento de agua y saneamiento. Se calcula que en Cataluña existen unas 2.300 urbanizaciones, 400 de ellas situadas en suelo no urbanizable, donde residen unas 625.000 personas.
* ELPAIS.com - NATALIA IGLESIAS - Girona - 12/01/2009
Foto: Lloret de Mar (Girona) - J.Sánchez (El País)
Castilblanco: El fiscal quiere inhabilitar 12 años al ex alcalde por los chalés ilegales
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha pedido 12 años de inhabilitación para cargo público y multa de 14.400 euros para el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) por permitir la construcción, presuntamente, de cientos de chalés ilegales y cobrarles impuestos municipales.
Fuentes judiciales informaron a Efe de que la Fiscalía especial para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo le imputa un delito continuado de prevaricación por omisión y otro de exacciones ilegales, por los que pide dos y diez años, respectivamente, de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público.
La Fiscalía se querelló contra el edil por no haber perseguido varios centenares de construcciones ilegales en la urbanización Las Minas, pues las "funciones inherentes" al cargo de alcalde incluyen ser "garante de la legalidad urbanística". Según la Fiscalía, Ruiz Lucas no hizo "actividad alguna obstructiva o sancionadora, ni siquiera informativa", no dictó decretos de paralización de las obras y "ni siquiera la Policía Local realizó visitas de inspección a las parcelas". Además, la Fiscalía le imputa haber cobrado el IBI y otros servicios municipales, como la recogida de basuras y el suministro eléctrico, según han testificado varios de los propietarios imputados.
Manuel Ruiz Lucas fue alcalde en siete mandatos, entre 1979 y 2007, y su abogado ha defendido que sus funciones eran administrativas y no era una autoridad capacitada para perseguir delitos, y además la propia querella de la Fiscalía citaba a otras autoridades de la Junta y de la Diputación que tuvieron conocimiento de las presuntas irregularidades. La supuesta "permisividad municipal" ante las construcciones ilegales ha dado lugar a numerosas sentencias absolutorias contra los dueños de los chalés, que según los jueces creían estar actuando legalmente, pues el alcalde mantuvo diversas reuniones con ellos "para mejorar el suministro eléctrico" e informó en esas reuniones y en los periódicos locales "de que se iba a proceder a la legalización urbanística ".
Las Minas es una finca de la Sierra Norte que ha sido parcelada y en la que los propietarios construyeron desde los años 60 naves, viviendas, calles y piscinas, pese a tratarse en buena parte de un suelo forestal de protección especial según la Ley de Montes, y no urbanizable según las Normas Subsidiarias. La urbanización ocupa tres veces más extensión que el casco urbano histórico.
Junto a la condena de 12 años de inhabilitación, el fiscal reclama dos multas de 7.200 euros por cada delito y otros cuatro años de suspensión de cargo o empleo público, figura que, a diferencia de la inhabilitación, supone la privación temporal del ejercicio del cargo público, en este caso la condición de edil que Ruiz Lucas posee, después de haber sido el más votado en las últimas elecciones, aunque un pacto PP-PSOE le impidió seguir ostentando la vara de mando.
El ex alcalde defendió ayer su "total inocencia" y aseguró que la Fiscalía ha obviado puntos esenciales en este caso, como el hecho de que la urbanización ya estaba construida, con más de 500 chalés, cuando accedió a la Alcaldía y que desde 1985 el Ayuntamiento ha intentado legalizar estas construcciones con la Junta y la Diputación, o que la Policía Local ha realizado inspecciones para evitar nuevas construcciones. De hecho, asegura que existen más de 200 órdenes de paralización. Ruiz Lucas también negó que la urbanización se levante sobre suelo forestal y explicó que si el Ayuntamiento ha cobrado impuestos municipales ha sido porque así se lo fijaba el catastro.
* Diario de Sevilla - R. P., castilblanco de los arroyos - 13.01.2009
Foto: Un panel con una relación de calles de Las Minas, que ocupa más extensión que el núcleo histórico - diariodesevilla.es
Recorrido de segregación inmobiliaria
JUNE FERNÁNDEZ* : El acceso a la vivienda es probablemente el derecho básico más conculcado en el Estado español y también el más pervertido, después de décadas de especulación. La vivienda libre está por las nubes, la de protección oficial es escasa e impone unas estrictas condiciones. Si para cualquier persona un techo es una necesidad esencial para desarrollar una vida plena, tener un espacio de intimidad y seguridad, para las personas inmigradas supone una ventana a buena parte del resto de sus derechos que limita la Ley de Extranjería.
El empadronamiento permite acceder al sistema público de sanidad, educación y otras prestaciones, y demostrar el arraigo social: la principal vía por la que se regularizan las personas inmigradas sin papeles. Para reagrupar familiares la normativa también exige unas duras condiciones respecto a la vivienda.
Además de ese racismo institucional, las imágenes en los medios de comunicación de conflictos en barrios y escuelas identificados como guetos o de los llamados “pisos patera” estigmatizan aún más al colectivo y aumentan las actitudes de exclusión por parte de inmobiliarias y arrendadores. SOS Racismo Bizkaia organizó unas jornadas en Bilbao para abordar las diferentes caras de la discriminación en el acceso a la vivienda.
La organización antirracista presentó una investigación realizada a partir del análisis de anuncios de particulares e inmobiliarias, entrevistas en profundidad y una simulación: personas con acento autóctono y otras con acento extranjero llamaban para interesarse por anuncios de habitaciones en alquiler y contrastaban el trato recibido. Las conclusiones son contundentes: el 50% de inmobiliarias no oferta pisos a población extranjera; el 64% no los alquilan a inmigrantes, y en el 30% de las llamadas a anuncios la persona inmigrante recibía un trato diferenciado. Además, la mitad de arrendadoras imponía unas condiciones más duras a inmigrantes y el 45% les preguntaba por su país de origen. Entre otras dificultades, el estudio destaca el requisito del empadronamiento para solicitar una vivienda social, la exigencia de aval bancario y pago de fianza para alquilar un piso, y que las inmobiliarias sólo les ofrecen a las personas extranjeras una parte de su oferta. De fondo, el racismo estructural que provoca una Ley de Extranjería que “establece una dicotomía de ciudadanos de primera y de segunda, impide un acceso normalizado al mercado laboral e influye en el racismo social”, recalcó Miguel Navarro, uno de los autores del estudio. Navarro enumeró algunas de las conclusiones de esa dinámica: crece la exclusión social y el ‘sinhogarismo’; la concentración en determinadas zonas de las ciudades y la figura estigmatizada del subarriendo. “Esa vulnerabilidad fomenta los abusos y refuerza la resignación el fatalismo”, concluyó el integrante de SOS Racismo.
La segregación residencial fue uno de los temas más analizados en las ponencias. Al igual que Irene Molina, que se centró en el caso de Suecia, Juan Carlos Checa, profesor de Sociología de la Universidad de Almería, demostró con su análisis que, frente a la opinión mayoritaria, el racismo y las discriminaciones sutiles resultan más determinantes a la hora de formar guetos que los factores económicos y la preferencia de vivir junto a sus compatriotas.
Pedro Cabrera, sociólogo de la Universidad de Comillas, explicó las variables de exclusión residencial que exponen a las personas extranjeras a convertirse en sin techo. Además, criticó que en la intervención con personas en exclusión social severa se antepongan las políticas represivas a la asistencia social. El resultado, afirmó, es que la cárcel se convierte en el mayor proveedor de techo y comida para las personas con menos recursos.
* Diagonal - June Fernández, Bilbao - Del 8 al 21 de enero de 2009
