LEVANTE/Valencia* : El colectivo "Cercle Obert" del barrio valenciano de Benicalap ha solicitado por escrito que el Valencia CF devuelva al municipio los terrenos públicos donde se construye el nuevo Mestalla, al considerar que esta sociedad anónima deportiva adeuda al ayuntamiento "mucho dinero y diecinueve parcelas". El colectivo ha remitido el escrito a las Corts Valencianes con copia a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Esta plataforma considera que el fútbol "es un negocio privado que se hace gracias al dinero público y a la pasividad de muchos ciudadanos" y que hace ya cinco años que el Valencia debía haber compensado a la ciudad por el terreno municipal donde se construye el estadio, en el barrio de Benicalap.
La asociación ciudadana recordó que la parcela se destinó a "equipamientos públicos deportivos y de ocio, para uso y disfrute de los vecinos de la zona" en el año 2000 y que hasta ahora el ayuntamiento no ha recibido ni los diecinueve solares previstos, ni los diecisiete millones de euros que debían aportar el Valencia CF. El colectivo explicó ayer que las obras de construcción del estadio llevan un año paradas "dada la situación de quiebra" del Valencia, entidad que ha recibido "un claro trato de favor" por parte de la Generalitat, Bancaja y Canal 9 y que todas las partes implicadas han declarado siempre que los terrenos son de titularidad pública.
Servicios públicos
Por ese motivo los vecinos solicitan la adopción de "medidas urgentes para recuperar los terrenos municipales donde se construye el Nuevo Mestalla", para que se destinen a "equipamientos y servicios públicos", ya que consideran que el trato de favor que recibe una empresa privada como el Valencia Club de Fútbol es "intolerable".
"No es admisible ni legal que una entidad privada, disponga de todo tipo de ayudas, prebendas, subvenciones y tratos de favor, mientras el resto de empresas privadas tiene que soportar todo tipo de problemas" concluyeron desde Cercle Obert.
* Levante-EMV - 8.03.10
Foto: Valencia, nuevo Mestalla (montaje) - kaosenlared.net
Cercle Obert exige al Valencia CF que devuelva los terrenos del nuevo estadio
La ONU condena a España por la opacidad ambiental
ELPAÍS* : La ONU ha condenado el incumplimiento español del Convenio de Aarhus, que regula la transparencia ambiental. En un informe pionero, aunque no vinculante, da la razón a la Asociación para la Justicia Ambiental y considera que en España se incumplen las normas internacionales de acceso a los expedientes ambientales.
La asociación denunció que un Ayuntamiento, el de Murcia, obligaba a pagar dos euros por cada fotocopia para acceder a un plan -de 600 páginas- para construir una urbanización. Además, los periodos de alegaciones cayeron en verano y navidad. Así, los vecinos que se oponían sufrieron trabas para alegar contra dicho plan urbano.
Este es un caso extremo, pero estas trabas son frecuentes en expedientes ambientales pese a que, por ley, son públicos. "No es sólo un problema local de urbanismo poco transparente sino de democracia ambiental", dice Eduardo Salazar el abogado que llevó el caso.
* ELPAIS.com - 9.03.10
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
'Operación Molinos': El juez sugiere que la Comisión de Ordenación sufrió presiones con éxito
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ELPERIÓDICO/Aragón* : El magistrado del Juzgado nº1 de La Almunia, que instruye la Operación Molinos, señala en un auto que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio (CPOT) de Zaragoza "cambió el criterio que mantenía en el mes de julio" del 2008 sobre la sexta fase del polígono Centrovía, en La Muela, y adoptó "una nueva decisión completamente diferente" sobre ese plan urbanístico "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias".
La afirmación se incluye en un reciente auto por el que el juez deniega la petición de archivo de las diligencias para Patxi Aramburu, un ejecutivo de Construcciones Sagain en cuyas actuaciones aprecia indicios de los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La Fiscalía emitió hace unos días un informe en el que se mostraba contraria al sobreseimiento.
La defensa de Aramburu considera que no existen indicios para atribuir a su cliente esos delitos. En el caso del uso de información privilegiada, al entender que no queda acreditado que tratara de influir en órganos municipales o autonómicos para que adoptaran resoluciones favorables a la empresa para la que trabaja. Una de las operaciones que se encuentran bajo investigación es la sexta fase de Centrovía, impulsada por Sagain y que finalmente debía llevar a cabo Inbisa.
Sin embargo, el instructor señala que las intervenciones telefónicas que obran en la causa ponen de manifiesto "los numerosos contactos" que mantuvo Aramburu con "representantes del Ayuntamiento de La Muela" y de la CPOT "tendentes a la aprobación de la delimitación de la sexta fase del polígono Centrovía, contactos que se multiplicaron después del mes de julio del 2008", cuando el órgano autonómico denegó la solicitud. "A partir de ese momento", narra, el ejecutivo, "ya directamente o a través de terceros como el propio arquitecto municipal (Francisco Núñez, imputado en la causa) o la alcaldesa de La Muela (Mariví Pinilla, en libertad bajo fianza), trataron de influir sobre la comisión". La CPOT, añade, cambió de criterio y aprobó el expediente "pocos meses después" y "sin haber variado a priori sustancialmente las circunstancias".
DATOS RESTRINGIDOS La defensa también niega que Aramburu hubiera dispuesto de soplos administrativos en sus negocios en el municipio zaragozano, ya que, "en su actividad empresarial tenía acceso a información de naturaleza urbanística del Ayuntamiento de La Muela como cualquier otro ciudadano".
El juez "no comparte" esa tesis al entender "que en la instrucción existen datos objetivos" que "demuestran" que el ejecutivo hizo para Sagain "numerosas operaciones" en La Muela que "le han reportado importantes beneficios económicos en muy poco tiempo" --pelotazos, en román paladino-- y en algunos de los cuales fue parte vendedora la Sociedad Urbanística de La Muela, una empresa pública municipal. Por otro lado, añade, las intervenciones telefónicas muestran que "tenía una estrecha relación" con Pinilla y Núñez.
El magistrado destaca en el mismo auto que La Muela y La Puebla de Alfindén, "localidades donde trabaja como arquitecto municipal" Nuñez, son "los únicos lugares" --se sobreentiende que de Zaragoza-- donde Sagain "ha realizado actividades de compra y venta de inmuebles".
HACIENDA Por último, la defensa de Aramburu mantiene que este no puede ser responsabilizado de un hipotético fraude fiscal cometido por los responsables de la constructora al no ostentar él cargo de administrador en ella.
En este punto, el juez se limita a recordar que José Miguel Mosteo, el imputado número 35, confesó que en el 2004 emitió dos facturas a nombre de Sagain por 716.768 y 348.000 euros "que obedecen a trabajos no realizados" ni cobrados por el emisor.
* El Periódico - 9.03.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
El hormigonado de la acequia de la Cartuja del Puig no tenía permiso local ni de Patrimonio
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LEVANTE/Valencia* : La obra de modernización de la acequia que rodea el muro norte de la Cartuja del Puig, por la que se entubó con hormigón esta infraestructura y se destruyeron elementos del «Molí de Fora», no contó con licencia municipal ni tenía permiso de la dirección general de Patrimonio. Además la intervención, realizada por la Real Acequia de Moncada, no tuvo un estudio arqueológico previo, como establece la ley, a pesar de que el inmueble afectado tiene la más alta catalogación, la de Bien de Interés Cultural.
Así lo ha puesto de manifiesto el Ayuntamiento del Puig en un informe en respuesta a un requerimiento del Síndic de Greuges. El Centre d´Estudis de l´Horta Nord denunció ante esa institución diversas obras irregulares de la Cartuja. Éstas habían sido advertidas previamente por uno de los mayores expertos en esa cartuja, el profesor de Patrimonio Artístico de la Universitat de València, Albert Ferrer Orts, así como 30 de sus alumnos; y también por el investigador del Puig, Julio Badenes, que ha realizado numerosos trabajos sobre el patrimonio local.
A partir de la queja del Centre d´Estudis, el Síndic pidió a las partes implicadas —el ayuntamiento, la Conselleria de Cultura y la propiedad del inmueble— que justificaran estas obras. Y el consistorio ha respondido con un amplio informe en el que defiende muchas de las intervenciones porque contaban con la autorización de Patrimonio. La principal excepción es la colocació de tubos en la acequia, de la que se dice que si bien «no se ha demolido el molino» que data al menos del siglo XVI, se realizó «sin solicitar licencia, lo que le ha supuesto la incoación de un expediente de infracción urbanística».
La Real Acequia de Moncada realizó esta obra con una subvención de la Conselleria de Agricultura, según el informe, que ahora le ha supuesto un doble expediente —el municipal por falta de licencia y el de la Conselleria de Cultura— lo que comportará «la demolición total o parcial de las obras realizadas y la recuperación de lo que merezca ser recuperado», según el informe municipal. Sorprendentemente, el mismo documento dice que la Real Acequia «desconocía» que actuaba en un BIC y que «la infracción no ha sido intencionada».
Otra de las denuncias sobre la cartuja se refería a que los muros interiores de la iglesia, que fueron pintados de blanco tapando el color original. El informe municipal dice que el pigmento inicial «se encuentra protegido por una capa de pintura al temple y en el caso de que se deseara restaurar dicha pintura, el proceso es fácilmente reversible. El informe insiste en que sólo se ha utilizado pintura plástica «en la zona del zócalo que, en su día, disponía de azulejos que fueron expoliados y donde se ha colocado pladur». El documento municipal indica que toda la intervención tiene la «tutela» de Cultura, a pesar de que hace meses, a raíz de investigarse la primera denuncia de Albert Ferrer, se desentendieron de la intervención tanto Patrimonio —que llegó a enviar una inspección— como el propio arquitecto restaurador, que alegó que se había pintado sin su consentimiento aunque negó el daño al pigmento original.
Respecto a la tercera presunta agresión, el recrecimiento del tejado de la celda prioral del complejo, el informe del Ayuntamiento de Puig dice también que el proyecto técnico de ampliación de ese recinto tenía asimismo autorización de Patrimonio.
El Centre d´Estudis pide que se repongan los elementos afectados
Tras recibir la comunicación del Síndic, la respuesta del Centre d´Estudis de l´Horta Nord no se ha hecho esperar. La entidad recuerda que hace más de un año denunció ante Patrimonio los hechos y que, en todo este tiempo, no han recibido respuesta, a pesar de las inspecciones y los informes realizados. Por ello, pide al Síndic que inste a todas las partes implicadas —el ayuntamiento, la conselleria y la propiedad— que garanticen en las actuaciones el cumplimiento de la Ley de Patrimonio y, en ese sentido, se proteja de forma eficaz complejo y se restituyan los elementos afectados por las obras como son la celda prioral, los muros interiores de la iglesia, la acequia exterior y el primitivo molino hidráulico. La entidad sigue defendiendo que no se ajustan a la legislación por lo que pide que se pongan en marcha los mecanismos sancionadores que se establecen en la propia normativa.
* Levante-EMV - 9.03.10
Foto: Acequia histórica que se entubó hace meses sin licencia. f. martínez, levante-emv.com
Corralejo: Freno al cemento
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LAPROVINCIA/Fuerteventura* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas ha solicitado al Juzgado Contencioso Administrativo 2 de la capital grancanaria que paralice la construcción de más de tres mil viviendas en Corralejo, en la isla de Fuerteventura. La actuación del ministerio público en esta jurisdicción no tiene precedentes en Canarias, pues se trata de la tercera demanda que la Fiscalía presenta en España.
Los otros dos recursos fueron interpuestos en las comunidades de Castilla y León y de Cantabria. Además, es la primera vez que se solicita la anulación de un proyecto de urbanización de estas características. De ahí la importancia de la medida cautelar pedida por Javier Ródenas, a la sazón fiscal delegado de Medio Ambiente.
La ejecución del proyecto de urbanización del SAU-10 Panorama Tres Islas, en Corralejo, fue acordada por el Ayuntamiento de La Oliva el 16 de junio de 2005, pero dicha aprobación se realizó al amparo de un plan parcial que fue declarado nulo de pleno derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La sentencia fue dictada en 2000 y adquirió firmeza dos años después, pero el Ayuntamiento aprovechó ese lapso para modificar el plan parcial y dar el visto bueno al proyecto en base a ese cambio, que trasformaba el uso del suelo de turístico a residencial.
Sin embargo, el fiscal considera en su demanda que las obras iniciadas tras la aprobación de 2005 son ilegales, ya que la anulación del instrumento de planeamiento deja sin cobertura legal a los actos administrativos dictados y ejecutados con posterioridad. En otras palabras: la anulación del Plan Parcial provoca la nulidad del proyecto de urbanización.
El TSJC tumbó el instrumento de planeamiento porque fue aprobado por silencio administrativo y carecía de estudio de impacto ambiental, un informe que es indispensable cuando el terreno en cuestión supera las 25 hectáreas, tal como expuso el propio Gobierno de Canarias en el recurso que presentó ante el tribunal canario.
En ese sentido, la Fiscalía de Medio Ambiente justifica la medida cautelar interesada por el perjuicio "grave" e "irreparable" que se puede causar al paraje de Corralejo.
El fiscal también destaca la envergadura del proyecto de urbanización para reclamar la suspensión de las obras, pues "una vez terminadas sería imposible proceder a la demolición de las mismas". De ahí que el representante del ministerio público alerte del "riesgo de permitir la consolidación de unas actuaciones urbanísticas que pudieran ser ilegales".
Y es que la construcción de la urbanización ya está avanzada y abarca una superficie de 266.300 metros cuadrados. En ella está proyectada la edificación de más de 3.000 viviendas, según recoge la demanda, que fue presentada en el Juzgado a finales del año pasado. Ese es otro de los motivos por los que el fiscal pide la paralización cautelar del proyecto, pues podrían verse afectados los legítimos intereses de la empresa constructora y otras entidades.
El fiscal también ha solicitado al Ayuntamiento de la Oliva que remita copia testimoniada de todas las licencias concedidas a Isla Acuática Azul y Otros, sociedad responsable de la ejecución de las obras.
En cualquier caso, ésta no será la única acción pública en la jurisdicción contencioso administrativa. Medio Ambiente ya prepara otras dos demandas contra las construcciones en suelo rústico de Fuerteventura.
* La Provincia - 8.03.10
Foto: Imagen del estado actual de la construcción paralizada por la Fiscalía. GABRIEL FUSELLI, laprovincia.es
Pacto de la vergüenza: PSOE-PP acuerdan en secreto no utilizar la corrupción como arma electoral
VEGAMEDIAPRESS* : La gran ganadora de los escándalos públicos es la abstención. La dimisión de la presidenta del Parlamento balear y la ausencia casi absoluta de reproches y palabras gruesas han sido la confirmación de un pacto secreto de PSOE y PP para no utilizar la corrupción como arma electoral, al menos de momento, tal como informa esta semana José María Vals en la revista Tiempo. ¿Es posible acabar con la corrupción en España? Esa es, probablemente, la pregunta del millón que se hacen miles de ciudadanos. Esos mismos españoles a los que, según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), les preocupa ya más esta actividad incívica que el mismísimo terrorismo.
Ante este escalofriante cambio de prioridades en la ciudadanía, los políticos han comenzado a ver señales de peligro y dentro de los dos partidos mayoritarios (PSOE y PP) han surgido en los últimos tiempos movimientos internos que urgen a adoptar medidas para terminar con la sensación de que a la política se llega con los bolsillos medio vacíos y se sale con cuentas millonarias.
Desde las directivas de los dos grupos mayoritarios no salen de su asombro con los resultados de las encuestas internas que manejan. Según fuentes de ambas formaciones consultadas por Tiempo, los datos que tienen sobre sus mesas dan como resultado dos constantes que se mantienen en los sondeos encargados por el PSOE y por el PP: el porcentaje de apoyos sobre el total de voto decidido no sufre modificaciones significativas en ninguno de ellos, pero el hastío de los ciudadanos hacia la política aumenta a pasos agigantados. En definitiva, cuando los expertos de ambos partidos mayoritarios miran la letra pequeña de las encuestas ven que el voto decidido baja y que aumentan los que no saben siquiera si van a ir a votar, y eso es un peligro cierto porque no saben a qué atenerse, ya que todo dependerá del estado de ánimo de los votantes el día de las elecciones.
Ante este panorama nada alentador, esos grupos de directivos y militantes socialistas y populares que piden mayor contundencia han comenzado también a barajar ideas para atajar la lacra de la corrupción. Desde el Partido Popular se hizo llegar al resto de partidos un documento con 50 propuestas. Desde el PSOE se propició la puesta en marcha de una comisión de trabajo, en la que están el resto de los grupos políticos, dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyas conclusiones quedaron plasmadas en el Código del Buen Gobierno Municipal aprobado por unanimidad a finales de diciembre. Ahora sólo queda que haya auténtica voluntad política de progresar en este camino y, a pesar de otros sonados de-sencuentros, parece que en este tema sí hay acuerdo entre los grandes partidos para aplicar la infinidad de medidas que ya existen pero que no se aplican.
Es decir, que la exigencia de mayor contundencia ha cambiado de lugar. Si antes había una especie de clamor popular interno en los partidos políticos para que los dirigentes de cada uno de ellos echaran en cara a los del contrario los escándalos en los que se veían envueltos, ahora se pide un esfuerzo similar, pero no para elaborar una lista de reproches, sino para evitar que haya más casos de corrupción.
Los partidos políticos –y sobre todo los grandes– han descubierto con pavor en los sondeos que hacen periódicamente para ver cómo les va desde el punto de vista electoral que la gran ganadora de los escándalos y de la bronca pública es la abstención, muy peligrosa para ambas formaciones.
No dar ventaja.
Mientras tanto, los contactos y las estrategias se mueven en dos niveles muy distintos y distantes porque nadie quiere dar ventaja al contrario. Antonio Hernando y Juan Manuel Moreno, responsables de política municipal de las ejecutivas de PSOE y PP, respectivamente, hablan entre sí de los aspectos técnicos de las propuestas presentadas por los populares y seguramente tendrán que hablar también de las elaboradas por la FEMP. Sus jefes, que son conscientes de que la corrupción les arrollará si no la atajan, no quieren ni oír hablar de pacto sobre un documento concreto, porque ninguna da las dos ejecutivas quiere dar el protagonismo a la contraria. Quizás estos dos políticos (Hernando y Moreno), que chupan bastantes menos minutos de televisión y muchísimas menos líneas de periódicos y revistas, acaben por ser los responsables de una propuesta de mínimos conjunta que lleve a un acuerdo final.
Esa propuesta de mínimos, si es que llega, deberá incluir necesariamente parte de las propuestas de ambas partes. Las del PP (50 en total) se agrupan en seis capítulos, denominados bases, que contienen fundamentalmente medidas para fortalecer las instituciones, hacer más transparente su gestión y la del gasto público, hacer públicos los bienes de los cargos electos y llevar a sus últimos términos el pacto antitransfuguismo, además de fijar reglas para los regalos a cargos públicos.
* Vegamedia Press - 8.03.10
