LAVERDAD/Murcia* : La presunta corrupción urbanística sigue abriendo nuevos frentes en los juzgados, y ahora le ha llegado el turno al proyecto de Novo Carthago, que prevé la construcción de 7.000 viviendas junto al Mar Menor, en el municipio de Cartagena. La Fiscalía del TSJ, que investiga posibles delitos en la tramitación urbanística y en el proceso de recalificación de los terrenos, ha empezado a tomar declaraciones a varios funcionarios de la Comunidad Autónoma en calidad de testigos, confirmaron ayer fuentes del Gobierno regional y de la propia Fiscalía.
Según ha podido saber este diario, han prestado declaración dos jefes de servicio y un técnico de la Dirección General de Medio Natural. Se trata de Miguel Ángel Martínez-Aedo, encargado hasta hace dos semanas del Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza, y tenía a su cargo los planes de la Red Natura 2000. Éste fue apartado del cargo junto a otros dos jefes de servicio, según publicó La Verdad el pasado día 11. Asimismo fue citada a declarar Inmaculada Ramírez, jefa de servicio de Información e Integración Ambiental. El tercero es Ramón Ballester, biólogo de Medio Natural. Este departamento se opuso a la recalificación de La Zerrichera.
Según denunció el PSOE, varios técnicos del Gobierno regional pudieron recibir presiones para no poner reparos ambientales a este proyecto, en una reunión a la que fueron convocados al parecer en el palacio de San Esteban.
Al lado de Lo Poyo
El proyecto de Lo Poyo puede poner en dificultades al Gobierno regional, puesto que circula el secreto a voces de que «algo se hizo mal» dentro de la Consejería de Medio Ambiente, después llamada de Desarrollo Sortenible, cuando se efectuó la tramitación urbanística. La Fiscalía requirió a la Consejería en dos ocasiones para que aportara toda la documentación sobre este caso. Una fue el 10 de julio del año pasado, y la otra en septiembre, cuando reclamó información adicional. A juicio del PSOE, se efectuó «una recalificación a la carta» en beneficio de la promotora Hansa Urbana.
El proyecto se presentó en público en junio del año 2002. Dos años después, el 2 de agosto del 2004, el Pleno Municipal de Cartagena aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que afectaba a 5,5 millones de metros cuadrados y que hacían posible esta gran urbanización de 7.000 viviendas y dos campos de golf. El PSOE se abstuvo, según se publicó en su día. Siete meses antes, el PSOE votó a favor en una Comisión de Urbanismo que abordó el mismo proyecto. Los promotores se comprometían a rehabilitar el Monasterio de San Ginés de la Jara, que queda dentro del futuro enclave turístico.
Novo Carthago linda con la finca de Lo Poyo, donde se proyectó otra urbanización que fue paralizada por el Gobierno regional. La diputada socialista Teresa Rosique declaró que en la tramitación de Novo Carthago «se obviaron dos informes de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, que ponían reparos al proyecto. Se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar en suelos de interés agrícola existente en la zona». La diputada denunció asimismo la existencia, al parecer, de presiones desde el Gobierno regional hacia los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en una reunión que tuvo lugar en el palacio de San Esteban.
* La Verdad - M. BUITRAGO - 23 enero 2008
Foto: La urbanización de Novo Carthago tuvo su puesta de largo en junio del año 2002. / J. M. RODRIGUEZ - laverdad.es
Cartagena: Tres funcionarios declaran en la investigación del fiscal sobre Novo Carthago
El crac de una constructora deja a 300 gallegos con pisos embargados
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ELCORREOGALLEGO* : Las comarcas pontevedresas de O Baixo Miño y de A Cañiza viven desde el lunes bajo la conmoción de la quiebra del grupo constructor Marbar. Las consecuencias del cierre patronal van más allá del despido de sus 56 empleados porque la empresa acumula deudas millonarias tanto con sus proveedores y subcontratistas como con 300 compradores de sus promociones que han descubierto que las viviendas, para cuya compra anticiparon dinero, están embargadas por distintos bancos debido a las deudas del empresario.
Atrincherados en la sede principal de la empresa para impedir la salida tanto de maquinaria, como de valioso material de construcción y de toda una flota de vehículos de empresa. Así se defienden los empleados de Marbar, con sede en la localidad pontevedresa de Tomiño, ante la descapitalización de la empresa y tras ser informados de que el propietario, Manuel Martínez Barros, ha "desaparecido" sin dar explicaciones.
Los trabajadores pasaron ayer del desconcierto de primera hora provocado tras ser informados del cierre de la empresa "porque no hay ni dinero ni trabajo", al malestar del mediodía tras recibir la carta de despido donde se les notifica la decisión justificada en los problemas económicos de la empresa. Explican que ante esta situación han decidido poner a salvo los bienes que quedan para que en el proceso de embargo judicial quede patrimonio con que responder a la deuda contraída con los trabajadores.
Las primeras reclamaciones presentadas ayer por las empresas subcontratadas por la constructora apuntan a deudas millonarias que pueden provocar un efecto dominó de cierre en los talleres y empresas no sólo por los impagados de trabajo y de material, sino porque Marbar era su principal cliente al ser la constructora conocida en todo O Baixo Miño y A Cañiza por el volumen tan numeroso de pisos y de promociones inmobiliarias.
LOS DATOS
Acreedores Las deudas del grupo Marbar con sus proveedores oscilan entre los 20.00 euros, las de menor importe, a los 360.000 a una empresa de encofrados o los 300.000 a otra dedicada a la construcción e instalación de estructuras.
Pagarés Desde principios del enero, Manuel Martínez Barros entregó pagarés, presuntamente sin fondos, a las empresas que contrataba con vencimientos a 90 días, que ahora no pueden ser cobrados por falta de solvencia.
Préstamos Distintas fuentes han confirmado que apenas 24 horas antes de desaparecer el empresario pidió dinero a distintas entidades financieras, por valor de hasta 70.000 euros. Si ayer por la mañana su hijo, Marcos Martínez, fue visto por la empresa aduciendo que el cierre es provocado por la falta de trabajo y de dinero, por la tarde también se encontraba en paradero desconocido.
Inspección La delegación de la Consellería de Traballo de Pontevedra investiga desde ayer la situación de los trabajadores de Marbar, aunque el inspector José María Casas de Ron explica la complejidad del caso por la falta de interlocución patronal al estar el empresario en paradero desconocido.
Materia lAnte la certeza de que no van a cobrar las deudas pendientes, algunas de las empresas acreedoras optaron por sacar de los pisos construidos los materiales instalados, aumentando así la alarma entre los compradores de viviendas que desconocían la ejecución de embargos bancarios sobre ellas.
MEDIDAS URGENTES
Reunión urgente de compradores
A Cañiza fue anoche el punto de encuentro de los compradores que han descubierto que las viviendas para las que se han hipotecado, cuya documentación de compra definitiva está todavía sin tramitar, son propiedad de entidades financieras por haber sido hipotecadas por el constructor y después embargadas.
Turnos de guardia de seis horas
José Pereira, trabajador de la empresa, asegura que han decidido mantener las guardias con turnos de seis horas en la sede para que no se repita la situación de las canteras de las que ha desaparecido toda la maquinaria pesada, que es la de más valor, con el argumento de que iba a ser trasladada a una cantera de Portugal.
* El Correo Gallego - M.G. • VIGO - 23.01.2008
Foto: Tomiño (Pontevedra), concello - riasbaixas.org
Denuncian una macrourbanización en suelo no urbanizable en Periana (Málaga)
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GENA-Ecologistas en Acción* ha presentado denuncia ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y Urbanismo, sobre una macrourbanización que pretenden construir en suelo no urbanizable del municipio de Periana y ha solicitado que por parte de la Consejería de Obras Públicas se proceda a la anulación de este proyecto por su manifiesta ilegalidad urbanística y por su potencial impacto ambiental y paisajístico.
Dicha asociación ha tenido noticia, a través del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 17 de Enero del 2008, de un Proyecto de Actuación, firmado por el alcalde del ayuntamiento de Periana, promovido por la sociedad mercantil Ciudad Deportiva de Periana.
En dicho anuncio no se explicita, ni se hace alusión alguna a ningún documento a disposición pública ni las características urbanísticas de dicho proyecto. No obstante, esta asociación ha podido tener acceso algunas de las características de este proyecto en la página web de la promotora (Alsol 2000, con sede en Torre del Mar).
Según este documento, se pretende crear un complejo urbanístico, cuyo supuesto “interés social” consiste en un equipamiento deportivo, destinado en principio de deportistas de élite.
En los planos y reconstrucciones infográficas que presenta el proyecto se puede advertir que el complejo consta de dos campos de fútbol, piscinas deportivas, campos de tenis, etc.
Para GENA-Ecologistas en Acción, en este tipo de proyectos urbanísticos, el pretendido interés social oculta deliberadamente el auténtico interés urbanístico de construir un conjunto no especificado de viviendas residenciales unifamiliares en suelo rústico no urbanizable, a bajo precio, bajo el eufemismo de “ciudad deportiva”, por lo que se trata de una modalidad de especulación urbanística del tipo realizado bajo el paraguas de los campos de golf: conseguir urbanizar en suelo rústico, a bajo precio y por tanto lograr altísimos beneficios a costa del patrimonio natural y paisajístico.
Pero, independientemente de esta valoración previa, encontramos serios obstáculos de tipo legal para la realización de este proyecto:
Y es que el ayuntamiento de Periana carece de Plan General de Ordenación Urbana (hay un avance que no ha pasado de este trámite). En la actualidad tiene vigente las antiguas Normas Subsidiarias, que no contemplan la calificación del suelo en que pretende desarrollarse este proyecto.
Por otro lado, se ha utilizado el recurso, lamentablemente extendido en la comarca, de “Plan de Actuación” aludiendo al artículo 43 de la LOUA, cuando este artículo sólo contempla actuaciones puntuales de viviendas ligadas a la actividad agrícola en suelo no urbanizable, nunca sobre megaproyectos de este calado.
Además, y en cualquier caso, para realizar este proyecto es preceptivo contar con un suelo urbano o urbanizable, nunca un suelo no urbanizable, por lo que el proyecto pretende obviar este requisito, con los comentados réditos que ello supone.
En otro orden de cosas, consideramos que este proyecto, además de estos problemas legales, contaría con algunos problemas de tipo técnico y ambiental, tales como: el sustrato geológico en el que se asienta el proyecto es de naturaleza arcilloso-margoso, especialmente arcillas expansivas, susceptibles de adquirir plasticidad con el agua de la lluvia y crear deslizamientos gravitacionales, que localmente se conocen como “hundideros”, que en esta zona son claramente manifiestos cada año; Los recursos hidrológicos del municipio son deficitarios para atender la demanda actual; la ciudad deportiva se construye en una zona relativamente cercana al Embalse de la Viñuela, con todo el riesgo que ello supone para los vertidos de aguas residuales; y por último; una infraestructura de estas características se saldaría con un fortísimo impacto visual y paisajístico que en nada beneficia a este recurso tan preciado en esta comarca.
En definitiva, para Ecologistas en Acción, el proyecto es una muestra clara del polo opuesto al desarrollo sostenible que este municipio debe acometer si ha de ser fiel a sus compromisos de la Agenda 21 Local.
* Ecologistas en Acción /Málaga - 18 de enero 2008
Foto: Periana (Málaga) - malagapueblos.com
El Ayuntamiento de Alicante reduce las inversiones para pagar una condena judicial
INFORMACIÓN* : La decisión del alcalde, Luis Díaz Alperi, de no destinar a la construcción de viviendas protegidas lo recaudado en una subasta de suelo municipal va a costar a las arcas municipales un total de 10 millones de euros, que deberá ingresar en la cuenta del "Patrimonio Municipal de Suelo" como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ratificada por el Tribunal Supremo, que condena al Ayuntamiento.
Ante la grave distorsión que supone tan elevada cantidad para las arcas municipales, el ingreso de los diez millones se efectuará en cuatro años. Para hacer frente al pago de este año se suprime la restauración del Castillo, pasos para minusválidos y mejoras en barrios, entre otras partidas.
La sentencia firme e inapelable del Tribunal Supremo data ya del 7 de noviembre de 2005, y en ella se declaraba contraria a derecho la decisión municipal de destinar la recaudación de una subasta de suelo municipal a la compra del Cuartel de Benalúa y a adquirir un inmueble para la Hacienda Municipal. Sin embargo, pese a los más de dos años transcurridos, la sentencia todavía estaba sin ejecutar hasta que ayer, en la Junta de Gobierno Local, y por procedimiento de urgencia, se acordó la fórmula para hacer frente al pago, que no estará completado hasta el año 2011.
Como se recordará, la subasta de suelo en cuestión se celebró en 1998 y fue recurrida por el entonces concejal de EU, José Luis Romero, por considerar que las leyes exigían que la recaudación de la subasta se debía destinar a construir viviendas protegidas, y a quien los tribunales dieron la razón. La cantidad que se debió destinar a este fin era de poco más de ocho millones y medio de euros, cantidad que con los intereses devengados desde entonces asciende a prácticamente diez millones de euros, exactamente 9.944.794.
En el acuerdo tomado ayer por el Ayuntamiento se reconoce el retraso en la ejecución de esta sentencia, puesto que ya el 18 de diciembre de 2006 la Junta de Gobierno Local acordó ingresar la citada cantidad en la partida del Patrimonio Municipal de Suelo, pero tal acuerdo aún estaba pendiente de ejecutar, lo que el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, en un informe, atribuye a que en 2007 el Ayuntamiento ha funcionado con un presupuesto prorrogado.
El acuerdo de ayer establece fraccionar el ingreso de los diez millones en cuatro plazos anuales de dos millones y medio, de forma que la operación se complete dentro del actual mandato municipal que concluye en 2011.
El pago fraccionado de los diez millones de euros lo justifica el edil de Hacienda en su informe al señalar que "dado que por el momento nos encontramos en situación de prórroga presupuestaria, no es posible la afección total del importe que nos ocupa sin causar un muy grave perjuicio para el normal funcionamiento de los servicios municipales", y añade que el pago al completo de la cantidad "reduciría sustancialmente las posibilidades de realizar inversiones en 2008, que siendo necesarias, no se podrían acometer". Sin embargo, frente a estas lamentaciones del edil de Hacienda, si el Ayuntamiento ingresara al contado los diez millones de euros a la partida del Patrimonio Municipal de Suelo, se dispondría de una importante partida para la construcción de viviendas de protección pública.
En cualquier caso, los proyectos más importantes de 2007 a los que el Ayuntamiento renuncia en la actualidad para poder hacer frente al pago del primer plazo de dos millones y medio de euros son la construcción de nuevos pasos para minusválidos y la restauración de la muralla medieval del Castillo de Santa Bárbara. Además, se reducen partidas destinadas a las infraestructuras en barrios, a la reposición de instalaciones eléctricas en colegios, a la renovación de las instalaciones eléctricas del alumbrado público en distintas zonas y a otras que aparecen en el cuadro anexo. Además, se incorporan los 841,641 euros que quedaban de remanente de la venta del estadio Rico Pérez a Enrique Ortiz.
* Información - MANUEL DOPAZO - 22 de enero de 2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
El juez del caso 'Guateque' investiga el entorno de Armada en la Gerencia
TERRA/Madrid* : La imputación del ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y actual viceconsejero de Transportes, Luis Armada, ha abierto una nueva línea de investigación en el entramado de la 'operación Guateque'. El juez Torres ha comenzado a investigar a varios colaboradores de Armada, así como a diversos empleados que, entre 1997 y 2003, trabajaban en la Gerencia Municipal de Urbanismo.
De esta manera, la supuesta trama funcionarial podría comenzar a afectar no sólo a personal del actual y anterior mandato municipal -los de Ruiz-Gallardón-, sino también a otros cargos de confianza de la época anterior, la de José María Álvarez del Manzano. Personas, algunas de ellas, que no se encuentran ya trabajando en el Consistorio madrileño, según precisaron fuentes cercanas al caso.
Probablemente, de esto se hable también hoy en el juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. Será allí donde acuda, en calidad de imputado, al mediodía, Luis Armada. Deberá responder a las preguntas que le haga el juez Santiago Torres sobre la concesión de varias licencias otorgadas durante su etapa como 'número dos' en Urbanismo, con José María Álvarez del Manzano como alcalde. Armada deberá responder, por ejemplo, sobre una licencia concedida para levantar el hotel Pío XII, en el distrito de Chamartín, y sobre un permiso que firmó para la reforma de un sótano de un palacete familiar de la calle de la Bola. Se trata de un edificio protegido, de principios del siglo XX, donde el propio Armada estaba empadronado.
Al conocer la citación, el abogado del viceconsejero aseguró que desconocía por completo el contenido de la imputación, si bien matizó que podría deberse a un expediente de licencia tramitado en 1998 para construir un hotel en el distrito de Chamartín. 'La licencia de este hotel se ajustó escrupulosamente a la legalidad. Se cumplió el planeamiento urbanístico al detalle', expuso el abogado, añadiendo que la actuación de su representado 'no supone ninguna infracción administrativa ni penal'.
Además de Armada, el titular del Juzgado de Instrucción 32 interrogará de nuevo a Óscar Acero, jefe de la Unidad Técnica de Licencia de la Gerencia de Urbanismo. Acero ya declaró en la primera fase como imputado, saliendo libre del juzgado. También comparecerán Manuel Cid, funcionario de Disciplina Urbanística, y Ángel Alzaga, del Área de Medio Ambiente.
Por otra parte, el juez Santiago Torres levantó ayer la totalidad del secreto sumarial del caso que pesaba sobre las diligencias en las que investiga presuntas irregularidades detectadas en la tramitación de expedientes de concesión de licencias correspondientes a la Concejalía de Medio Ambiente y a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
A principios de enero, el magistrado levantó el secreto de diez tomos de la causa, correspondientes a las diligencias practicadas hasta el 17 de noviembre. La parte que se hizo pública entonces se refería a la mayoría de las escuchas telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y a los registros realizados unos días antes sobre el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y las Juntas de Distrito de San Blas, Centro y Chamberí.
El levantamiento total del secreto de la causa (de los once tomos restantes) permitirá a las partes personadas, que se elevan a 37 entre abogados defensores y acusaciones, conocer las actuaciones practicadas hasta ahora y las que se desarrollen próximamente.
* Terra Actualidad - VMT - 23/01/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
Cien metros de costa libres de ladrillos
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EUROPAPRESS* : Un total de 14 países mediterráneos han firmado en Madrid el Protocolo de Gestión Integrada sobre las zonas costeras del Mediterráneo, en el que se establece la prohibición de construir a 100 metros de la línea de costa, según explicó hoy la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tras el acto protocolario.
La suscripción de este acuerdo sucede a la celebración la semana pasada en Almería de la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera de esta área (Convenio de Barcelona), y se convierte en el primer instrumento legal vinculante a nivel internacional sobre protección integral del litoral.
Sólo Turquía ha presentado una reserva de estudio al protocolo, según explicó el jefe de la División de Protección de Medio Ambiente y los Ecosistemas Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, Javier Cachón, en relación a la gestión integrada del litoral de las islas. Ahora, este país tiene dos opciones: firmar el resto del documento e inhibirse en esta parte o no firmarlo. En todo caso, Cachón recordó que basta con la ratificación de seis países para que la norma entre en vigor.
Tampoco firmaron ni la Comunidad Europea (que requiere de más trámites burocráticos) ni Líbano, Libia, Chipre, Bosnia-Herzegovina ni Egipto, que podrán hacerlo a lo largo del próximo año. Sí han firmado ya el protocolo Argelia, Croacia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Malta, Montenegro, Marruecos, Eslovenia, Siria, Túnez y España.
Narbona subrayó la importancia de esta protección teniendo en cuenta que se prevé un retroceso entre 20 y 60 metros de la línea de costa en el litoral mediterráneo en 50 años por efecto del cambio climático. "Este es el desafío al que se enfrenta España", aseguró.
Afectados de la Ley de Costas
Por otra parte, la ministra aseguró que "aún no ha recibido el informe", que la plataforma de afectados por la Ley de Costas señaló que le había remitido y que hará llegar a la UE, y que sólo conoce el texto a través de los medios de comunicación.
La ministra explicó que "analizará con todo el rigor que merece un planteamiento que parte de unos ciudadanos que se ven afectados por dicha ley" y que espera obtener una "respuesta satisfactoria" por parte de la UE, si finalmente la Plataforma dirige ese informe a las autoridades europeas.
Narbona apuntó que cuando tenga el estudio intentará "poner de manifiesto, de forma documentada, cada uno de los casos de supuesto abuso que se contemplen en el texto y de cómo se ha llevado, en estos años, la Ley de Costas".
La titular de Medio Ambiente mantuvo que "en ningún caso se está aplicando la Ley de Costas con retroactividad" y añadió que "la Ley contempla situaciones transitorias que afectan a concesiones obtenidas antes de su aprobación".
Además, explicó que el proceso de deslindes es "garantista", ya que los ciudadanos que se consideren afectados pueden recurrir a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión del deslinde correspondiente.
La ley establece garantía de derechos para los ciudadanos: tanto para los propietarios y para los que no siendo propietarios, tienen derecho al uso publico del litoral de acuerdo con la legislación vigente. Para la ministra el problema reside en que ha habido una insuficiente aplicación de la ley que ha llevado a la privatización al margen de la ley de un espacio público y que ahora hay que preservar, entre otras cosas, por los efectos del cambio climático.
Asimismo, explicó que el Convenio de Barcelona, que nace para reducir la contaminación, combatir la pérdida de diversidad y preservar las zonas costeras, tiene mucho que ver con la Ley de Costas, ya que supone la incorporación de determinados principios a la protección del litoral.
En concreto, al igual que con la ley aprobada en 1988, este convenio establece el compromiso de todos los países del mediterráneo de evitar la construcción en los primeros 100 metros de las costas.
* El Mundo - E.P. - Madrid, 21/01/2008
Foto: Benidorm, obras Punta Lisera - L.Hevesi (El Mundo)
Instan al cierre inmediato del hotel de los futbolistas famosos de Almuñécar
20MINUTOS/Granada* : El hotel Bahía Almuñécar tiene 48 horas para echar el cierre. El Ayuntamiento de esta localidad costera ha instado al cese inmediato de su actividad al establecimiento. El local, promovido por futbolistas famosos como Fernando Morientes o los ya retirados Carlos Aguilera, Amavisca o Roberto Ríos, deberá cumplir así el auto de un juzgado de Granada que suspendió la licencia de primera ocupación concedida a la empresa en enero de 2007.
Aunque el hotel recibió la notificación de esta resolución en octubre, ha continuado con su actividad de manera normal "haciendo caso omiso" a las advertencias tanto del Consistorio como de la Junta de Andalucía. Al parecer, los responsables del establecimiento consideraban que la presentación de un recurso de apelación contra el auto judicial les amparaba para mantener abierto el hotel.
Fue en julio del año pasado cuando el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Granada suspendió la licencia municipal de primera ocupación concedida al hotel.
Según el Gobierno andaluz, la tramitación del proyecto había sido irregular, ya que el Ayuntamiento cambió el uso de una parcela destinada a equipamiento público y la convirtió en suelo de uso "residencial hotelero exclusivo".
Así, lo que iba a ser un bloque para oficinas de nueve plantas se convirtió en un hotel de doce pisos.
Y es que, según Obras Públicas, el Bahía Almuñécar supera en 3.366 metros cuadrados la edificabilidad que había prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Sin embargo, éste no es el único establecimiento que tienen estos futbolistas en la localidad. El Bahía Tropical, abierto en 2001, también es de ellos, aunque ninguno figura en el consejo de administración de la sociedad que los gestiona. Ambos locales son conocidos como los hoteles de los "galácticos".
La Marbella granadina
Almuñécar es el municipio granadino que acumula más denuncias por irregularidades urbanísticas. La localidad costera está en el punto de mira desde que, en plena operación contra la corrupción urbanística en Marbella, la Junta avisó de que retiraría las competencias sobre el tema a todos los municipios que incumplieran la legalidad.
Sin embargo, aún no existe ni una sentencia firme que condene al Consistorio sexitano por estos delitos. La mayoría de los expedientes abiertos se refieren a excesos de edificabilidad, licencias irregulares o modificaciones del PGOU que exceden las competencias municipales.
* 20 minutos - R. R.. 21.01.2008
Foto: Almuñécar - motrildigital
Paisajes robados
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Están de enhorabuena los ladrones de paisajes. Una vez puesta en marcha la "normalización urbanística" de Marbella, ese eufemismo que encubre la legalización de casi todo lo construido de forma irregular, se abre paso otro proceso normalizador. Ahora el judicial. La Fiscalía y las defensas de los ex concejales del GIL, inmersos en más de 70 causas por conceder licencias ilegales, van a cerrar un pacto para que las múltiples causas pendientes no atasquen los juzgados. El asunto es fácil de explicar y parte de una premisa esencial, la de considerar que todas las causas son "delitos conexos" y tienen un límite de cumplimiento de condena, el triple de la pena mayor que se imponga.
Lo explico con un ejemplo: Julián Muñoz, el ex alcalde marbellí, tiene pendientes medio centenar de causas por las que debe ser juzgado, pero el artículo 76 del Código Penal establece que cuando una persona comete dos o más delitos entre los que hay conexión, el máximo de cumplimiento de las condenas "no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más graves de las penas en que haya incurrido". Por ello, a partir de la tercera condena, a Julián Muñoz los desmanes urbanísticos cometidos le saldrían gratis.
La Fiscalía, consciente de que la iniciativa no está exenta de polémica, ha advertido de que el acuerdo se limitaría a las causas abiertas por la concesión de licencias ilegales y no afectará a otros delitos urbanísticos, como la firma de convenios irregulares o el propio caso Malaya, que investiga la trama de corrupción instaurada en el consistorio. Y hasta ahí podríamos llegar, habría que decirle a la Fiscalía. A resultas del acuerdo, las defensas de los ex concejales asumirían las penas solicitadas en cada causa individual y, a cambio de ello, el ministerio público rebajará las peticiones de prisión de los ediles, que en cualquier caso sólo pueden ser de un máximo de 24 meses. A efectos prácticos, se evitarían celebrar múltiples vistas orales y los condenados, como máximo, acumularían penas de seis años. A efectos reales, las penas serán menores, ya que el compromiso de la Fiscalía es rebajar la condena a cambio de la aceptación de la pena.
Jurídicamente no hay nada que objetar. Es más, la celebración de los juicios no garantizaría penas mayores, dilataría los procesos, colapsaría los juzgados y tendría un enorme coste para la administración de Justicia. Entonces, el problema de que el acuerdo rechine por todos lados y que los desmanes urbanísticos de los gobiernos gilistas vayan a acabar con penas casi ridículas, habrá que buscarlo en otro sitio. El pasado mes de diciembre el Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo integrado por 200 fiscales, jueces y catedráticos de Derecho Penal, elaboró un manifiesto proponiendo a las administraciones que actúen con mano dura frente a la corrupción urbanística. En este foro reprocharon que ni el Estado ni las autonomías ni los ayuntamientos ni los jueces ni los fiscales son todavía eficaces para combatir este creciente problema, por ello pidieron medidas ejemplarizantes. De un lado, la demolición de edificios ilegales. De otro, el endurecimiento de las penas para los delitos relacionados con este fenómeno.
De momento, en Marbella los dos procesos de normalización puestos en marcha -tanto el urbanístico como el jurídico- están lejos de estas propuestas y van dejando cierta sensación de impunidad que tiene poco de ejemplarizante. Hay, además, una normalidad que han olvidado todos: cómo se devuelve el paisaje robado. Quién restituye la playa o repone los árboles perdidos. Y otro olvido no menor, esta vez en el Código Penal, qué condenas se contemplan para cuando los delitos de medio ambiente afectan al ambiente entero.
* ELPAIS.com - Andalucía - 22/01/2008
