DIARIOCRÍTICO/Madrid* : Veinte catedráticos de disciplinas relacionadas con el medio ambiente y el urbanismo han pedido a la consejería de Medio Ambiente y al alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP), que mantengan la protección del Área Homogénea Norte y desestimen el plan de construir 1.500 viviendas y un campo de golf.
Según ha informado el grupo municipal de Vecinos por Torrelodones, los científicos creen que el proyecto urbanístico del Ayuntamiento es incompatible con el mantenimiento de los valores ambientales del AHN que está clasificada como suelo no urbanizable protegido.
Los concejales independientes han conseguido cinco informes ambientales que avalan el valor de este bosque de 128 Has. cuya reclasificación dio lugar a una grave crisis de Gobierno en el Ayuntamiento en el anterior mandato.
Los estudios proceden de instituciones como el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, la Universidad de Alcalá y la Universidad Autónoma de Madrid.
El escrito que han remitido los catedráticos a la consejera Beatriz Elorriaga y al regidor está apoyado por los presidentes de los colegios de Biólogos y Geógrafos, así como los creadores y primeros gestores del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
También cuenta con la firma de catedráticos de universidades madrileñas (Alcalá, Autónoma y Complutense, Carlos III y Politécnica), profesores de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, arquitectos, biólogos, ecólogos, juristas, geógrafos e ingenieros de montes.
A juicio de VxT, los informes demuestran el alto valor ambiental del área que se pretende urbanizar debido a las formaciones vegetales que crecen en ella y a su papel clave en la conexión de los espacios naturales protegidos madrileños.
Creen que pone de manifiesto la insuficiencia de los datos demográficos manejados en la memoria con la que se justifica la reclasificación del AHN, así como los "importantísimos" errores en los datos básicos sobre los que apoya sus argumentos.
"Así, el análisis realizado desdice el inmediato agotamiento de la capacidad residencial y demográfica de Torrelodones augurado en el documento presentado por el Ayuntamiento", afirman los independientes que confían en que la Comunidad de Madrid tenga en cuenta la opinión de los científicos y no apruebe el proyecto.
* Diario Crítico - 14-03-2008
Foto: Torrelodones (Madrid)- 20minutos
Torrelodones: Catedráticos de 5 universidades piden que no se urbanice un bosque protegido
Valladolid: Los vecinos llevan a la Fiscalía el ‘Plan B’ de Urbanismo para que investigue
20MINUTOS* : La Federación de Vecinos llevará el Plan B de Urbanismo a la Fiscalía, según anunció el presidente, Ángel Bayón. Este jueves la junta directiva dio su visto bueno para que cuando los abogados tengan preparada la documentación la trasladen al fiscal y éste pueda investigar si existieron irregularidades al modificarse 50 artículos del Plan General Urbano (PGOU).
Además no descartan en el futuro presentar una denuncia en los tribunales.
Por otra parte, el jueves en las Cortes regionales se debatió sobre la presunta manipulación.
El consejero de Fomento, Antonio Silván, aseguró que el PGOU «fue objeto de diversos recursos» que se saldaron con ocho sentencias que «niegan irregularidades en el procedimiento».
Además, subrayó que no desoyó los consejos de la Comisión de Urbanismo regional, pese a que ésta le dijo que esperase para aprobar el Plan.
* 20 Minutos - DANIEL PASCUAL. 14.03.2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
Canarias: Exigen la demolición de todos los hoteles con sentencias en contra
Ben Magec-Ecologistas en Acción* exige la demolición de todos los hoteles y apartamentos con sentencias en contra, reclamando la "demolición inmediata" de todos los hoteles y urbanizaciones residenciales turísticas que tienen sentencias en contra por carecer de licencias de obra en vigor.
El colectivo está dispuesto a personarse en los juzgados y solicitar la ejecución de las resoluciones judiciales si la Administración no aplica "mano dura", explicó esta mañana el portavoz de la organización, Antonio Hernández.
La demolición es, según Ben Magec, el único camino que deben tomar la Justicia y la Administración en la polémica generada por la cadena de sentencias judiciales que declaran ilegales ocho hoteles de lujo construidos en los últimos años en Lanzarote, así como otras instalaciones hoteleras y extrahoteleras en otras islas, epecialmente en Fuerteventura.
"Igual que ocurre con la jurisdicción penal, en la contencioso administrativa deben cumplirse las sentencias, y si en una se condena a la cárcel a quien ha cometido el delito, en otra se tiene que recuperar la realidad física anterior a las construcciones, que es exactamente lo que dicen las sentencias", explicó gráficamente Antonio Hernández.
Según los ecologistas, la situación de ilegalidad no sólo se ha generado en Lanzarote, sino también en Fuerteventura. En esta última isla hay sentencias en contra del plan parcial de Casas de Majanicho, con 4.500 camas distribuidas en villas de lujo, así como en urbanizaciones en El Cotillo, que ya tiene construidas las infraestructuras, y en El Tamboril, aunque aquí aún no se ha ejecutado nada.
* Ecologistas en Acción de Canarias - 18.03.08
Foto: ecologistasenaccion.org
El Consell acumula industrias nocivas en el Serrallo y lleva la Fórmula 1 y la vela a Valencia y Alicante
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana está multiplicando las autorizaciones de industrias contaminantes en el puerto del Grau de Castelló y provocando una acumulación que contrasta con la financiación millonaria de eventos turísticos como la Copa del América y el campeonato de Formula 1 en el puerto de Valencia, así como el Mundial de Vela en el de Alicante.
A pesar de que el Consell ha presumido de querer impulsar un supuesto modelo turístico en el distrito marítimo castellonense, la realidad de los proyectos que se han aprobado y se barajan en el Grau evidencian un inevitable incremento de las emisiones nocivas para la salud y un deterioro de la calidad del aire que respiran los habitantes o visitantes de la zona.
Frente a la pretendida publicidad turística y de sello verde, el listado de industrias existentes o en planificación ofrece un contraste contundente: cuatro cementeras, una planta de biodiesel, una nueva planta de coquización -añadida a las actuales instalaciones de BP Oil-, una central térmica que ahora impulsa una planta de ciclo combinado, la petroquímica UBE Chemical y una central logística de hidrocarburos. Este puzzle contaminante propicia que en un mismo municipio se ubiquen instalaciones de corte tan opuesto como un espacio eminentemente fabril y propuestas turísticas como la Plaza del Mar y el complejo lúdico Puerto Azahar, el Gran Casino, el auge de una restauración cada vez de más calidad, el futuro spa de la antigua residencia de El Carmen, el parque litoral de la playa del Pinar o la futura Ciudad de las Lenguas.
El TS exige 2 km de distancia
La protesta ciudadana se acrecienta día a día al constatar que buena parte de las industrias mencionadas incumplen la distancia mínima de dos kilómetros que exige la legislación estatal (artículo 4 del Real Decreto 2414/1961). Pese a los intentos de justificación de la Generalitat Valenciana, dicha circunstancia contradice el criterio que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana han constatado en diversas sentencias en las que se reitera la obligación de toda industria molesta, nociva, insalubre o peligrosa de cumplir la citada distancia de seguridad de 2.000 metros respecto a la población agrupada más cercana.
La última repercusión de esta jurisprudencia ha cristalizado en una sentencia del Tribunal Supremo que ordena el cierre de una planta de basuras en Elche por incumplir la distancia mínima de 2.000 metros respecto a los núcleos de población agrupada más cercanos y ratifica la obligación de cumplir una normativa que la Generalitat Valenciana se niega a aplicar en el polígono industrial del Serrallo.
Las consecuencias de la contaminación recaen sobre las poblaciones del Grau y Almassora. No en vano, la situación es tal que el Consell incluso autoriza decenas de viviendas -buena parte de nueva construcción- que se alzan a escasos 50 o 100 metros del polígono industrial del Serrallo.
Al mismo tiempo, el mismo Consell es el que otorga licencias dentro del polígono para la creación de nuevas plantas industriales que incumplen la distancia mínima de 2.000 metros que ya se había vulnerado durante la dictadura franquista, época en la que no existían resortes democráticos para garantizar la calidad ambiental de los ciudadanos.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 20 de marzo de 2008
Foto: El PP sitúa las industrias junto a polos turísticos como un casino, el parque litoral y la Ciudad de las Lenguas/ levante-emv
La depuradora de Vigo tiene 75.000 metros menos que el suelo comprado
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Vigo no sólo compró para construir la depuradora terrenos que resultaron ser de dominio público, sino que más de la mitad de los 772 millones de pesetas que pagó se perdieron en el camino desde la casa consistorial a la xunqueira del Lagares.
El solar que ocupa la depuradora mide 59.600 metros cuadrados, esto es, bastante menos de la mitad de la superficie que teóricamente correspondería a los 772 millones de pesetas desembolsados para ese fin.
El convenio firmado con los vecinos de Coruxo que justificaron derechos sobre los terrenos aportó 61.440 metros cuadrados, mientras que las compras realizadas por Seragua FCC, hoy Aqualia, con el mismo fin, aportaron 28.288 metros. De ese conjunto se han esfumado, por tanto, 30.128 metros, según los planos del plan general de urbanismo que registran la superficie ocupada por la depuradora.
El Ayuntamiento pagó 316 millones de pesetas por los 61.440 metros cuadrados que aportó el convenio y Seragua financió esa compra y a su vez compró directamente, "para el Ayuntamiento", otros 28.288 metros a 6.000 pesetas/metro, por los que facturó al Ayuntamiento 181 millones de pesetas (incluyendo gastos de tramitación: notaría, registro e IVA). Estas cantidades se vienen cargando sobre los recibos vecinales del agua y no serán amortizadas hasta 2015.
Además, un pleno municipal aprobó en noviembre de 1993 destinar una partida de 271 millones de pesetas al mismo objeto de comprar terrenos para la depuradora al precio de 6.000 pesetas/metro cuadrado, lo que daría para adquirir otros 45.000 metros de los que no existe el menor rastro.
La contribución de esa partida fue presentada en una moción del alcalde socialista Carlos González Príncipe, que gobernaba en coalición con Esquerda Galega y cuyos ediles, curiosamente, fueron los únicos que votaron en contra de la moción. En ella se argumentaba la urgencia de obtener los terrenos para ponerlos a disposición de Augas de Galicia y construir la depuradora. El pago del convenio, aprobado dos años antes, estaba paralizado por el litigio que los afectados habían emprendido contra su suspensión cautelar, una vez el Ayuntamiento tuvo indicios de que tales terrenos eran de dominio público, pertenecientes a la demarcación de Costas.
Estos 271 millones de pesetas se distribuyeron en tres cuentas bancarias: 169 millones en una, 22 millones en otra y 80 millones en la tercera, siempre en números redondos. De ninguna de esas cuentas hay constancia de pago de un solo metro cuadrado en la xunqueira del Lagares.
La ocupación de los terrenos y la construcción de la depuradora se realizó en dos fases. La primera fue inaugurada en 1997, siendo alcalde Manuel Pérez (PP), y la segunda en 2001, con Lois Pérez Castrillo (BNG) de regidor. De manera que el proceso de provisión financiera e inversiones en la depuradora implica a los tres partidos mayoritarios (los pagos de los terrenos comenzaron bajo mandato de González Príncipe y se liquidaron en el de Pérez Castrillo) y al PP como denominador común, ya que durante todo el proceso gobierna en la Xunta y, consecuentemente, en Augas de Galicia, cuya política tiene una incidencia determinante en el desarrollo del proyecto de construir la depuradora.
La ejecución de las dos fases de la obra, por la UTE Huarte-Copasa, incurrió en errores luego determinantes del mal funcionamiento de la planta. En lugar de los tres digestores de lodos que figuraban en el proyecto, se construyeron sólo dos y con unos defectos que hacen que generan indefectiblemente episodios de malos olores en las operaciones de arranque y vaciado de cada digestor. Además han sufrido numerosas averías relacionadas con la disposición general de la planta, "difícilmente encajados sus elementos en la escasa superficie disponible
[que en la segunda fase de la construcción] forzó a modificar tanto el emplazamiento de los nuevos decantadores secundarios y reactor como su geometría", según el informe de una de las auditorías de la planta.
Efectos contaminantes
La escasez de suelo disponible sobre el que construir la depuradora del Lagares condicionó la estructura de la planta y ha sido una causa principal de su constante mal funcionamiento, con efectos no sólo para el vecindario del entorno, que ha tenido que soportar una década de malos olores, sino sobre el conjunto de la ría de Vigo. El 99,77% de la carga anual de coliformes totales detectados en toda la ría proceden de esa planta, con una carga contaminante 800 veces superior a la que aportan las instalaciones industriales de la ría.
Para acabar con esa situación Medio Ambiente proyecta la nueva, y misteriosa, depuradora en el mismo lugar y con un presupuesto de unos 200 millones de euros. Para la obra se dispone del solar que ocupa la actual planta más otros 38.700 metros cuadrados de xunqueira, que pertenecen, como los anteriores, al dominio público de Costas. El PP, cuando gobernaba el Ayuntamiento de Vigo, hizo pública reserva de más de 8,5 millones de euros del presupuesto total para adquirir 23 fincas con vivienda que consideraba debían ser erradicadas del entorno.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 21/03/2008
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
Palma: Salvem Son Busquets quiere detener la construcción de 1.300 viviendas en la zona
DIARIODEMALLORCA* : La Plataforma Salvem Son Busquets ha presentado ante el ayuntamiento de Palma una alegación para detener el proyecto de reforma del antiguo cuartel militar de Son Busquets, que contempla la construcción de alrededor de 1.300 viviendas, la mitad de protección oficial (VPO).
Su portavoz, Francesc Riera, informó ayer de que el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) para este espacio "creará un pueblo de 5.000 habitantes" en una de las zonas con mayor densidad de población de Palma. Según Riera, este crecimiento afectará negativamente a la barriadas de Camp Redó y Cas Capiscol, cuyas infraestructuras no podrán absorber tal cantidad de nuevos habitantes. Además el incremento del tráfico rodado se estima en más de 3.000 vehículos que, según la plataforma, las comunicaciones de la zona tampoco podrían absorber.
Consejo de Ministros
La gerente de Urbanismo de Cort, Yolanda Garví, apuntó ayer que el ministerio de Defensa, titular del solar, ya ha aprobado las nuevas modificaciones al proyecto realizadas por el consistorio y que actualmente tan solo falta la autorización del Consejo de Ministros del Gobierno central para ratificar este plan de construcción.
Garví recordó que la nueva redacción de este PERI ha reducido en 350 el número de viviendas, -siempre respetando el 50% para VPO- que anteriormente rondaba las 1.600. Esta revisión ha supuesto incrementar en un 17% la superficie destinada a servicios complementarios, cuando el anterior proyecto tan sólo contemplaba la creación de un centro docente, uno cultural y otro sanitario.
La consideración de este PERI, proyectado durante la pasada legislatura, fue una de las promesas electorales de la actual alcaldesa, Aina Calvo, quien aseguró que revisaría el proyecto para reducir el número de viviendas y aumentar el de equipamientos.
* Diario de Mallorca - F. HORRACH/J. CAPÓ - 19 de marzo de 2008
Foto: Los miembros de Salvem Son Busquets, frente al antiguo cuartel militar / S. Llompart, diariodemallorca.es
