AlmudenaFERNÁNDEZ CARBALLAL* : "La oportunidad de cesión de la propiedad municipal donde se emplaza un estadio de fútbol a una entidad privada para su reutilización con nuevos usos es, dejando al margen cuestiones de índole política y económica, una cuestión urbanística que ha de regirse por los principios que rigen esta disciplina y, en especial, por el principio de servicio a los intereses generales que pauta toda modificación de planeamiento que pretenda llevarse a cabo con una concreta finalidad.
El carácter discrecional con que se configura la calificación urbanística del suelo y su posible recalificación determina que, no estando sometida dicha modificación de uso de suelo a criterios legalmente tasados, todo dependerá de la voluntad de las partes afectadas (el club de fútbol, el ayuntamiento y los ciudadanos en general) y de si en dicha iniciativa existe una solución de equilibrio entre todos los distintos intereses concurrentes: por un lado, los de la sociedad que actualmente explota el estadio, y por otro lado, los generales de la ciudad por los que en todo momento ha de velar la Administración municipal por imperativo constitucional.
Se trata de valorar cuándo una recalificación de suelo es razonable y está amparada por el ordenamiento jurídico por ser proporcional, coherente y racional. O si, por el contrario, resulta arbitraria en cuanto injusta, carente de fundamentación objetiva, ajena a toda razón, incongruente o contradictoria con la realidad que ha de servir a toda decisión.
El PGOM de un municipio no es otra cosa que la decisión formal de un designio racional orientado a la ordenación coherente de la ciudad. Su último destinatario son los ciudadanos. Entre sus determinaciones, la propiedad donde se ubica un estadio municipal se configura como bien de dominio público-servicio público, cuyo uso se ha cedido en régimen de concesión a la sociedad deportiva que lo utiliza.
Cambiar dicho uso y su régimen jurídico para destinar dicho terreno a otros fines más o menos lucrativos, sin que ambas partes resulten perjudicadas, constituye el tema de fondo a valorar, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes y teniendo en cuenta los límites racionales de la discrecionalidad administrativa que, definitivamente, han de llevar a una concreta decisión.
En concreto, dichos límites pueden resumirse en tres: 1) la objetiva racionalidad y la adecuación objetiva de la nueva calificación, en el sentido de que sea de posible realización por estar conectada con las necesidades de la población en cuanto a nuevos usos de suelo y ser congruente con la líneas directrices y la finalidad del plan general vigente; 2) la proporción, que sólo se dará si la nueva calificación no impone a la propiedad del suelo -en este caso el ayuntamiento- un sacrificio absolutamente desproporcionado con la finalidad perseguida, sobre todo si no va acompañado de un significativo beneficio para la colectividad; 3) la igualdad ante la ley no justifica que a supuestos de hecho aparentemente iguales se atribuyan consecuencias urbanísticas iguales, pues su obligada interpretación dentro de la legalidad obliga a atender al caso concreto y a todas las circunstancias significativas de la parcela calificada.
En todo caso, una diferente calificación del suelo y de intensidad de aprovechamiento ha de estar conectada con el interés general emanado de las circunstancias concurrentes en la actuación y con la filosofía inspiradora del planeamiento en perfecta sintonía con las necesidades urbanizadoras municipales y con las necesidades urbanísticas de los ciudadanos, en cuanto últimos destinatarios del planeamiento municipal, de la ordenación del uso del suelo en él prevista y de su posible modificación.
*La Voz de Galicia 12 Enero
Calificación urbanística y racionalidad
El 53% de los españoles considera que en su Ayuntamiento hay corrupción
Según publica este jueves EL MUNDO en base a una encuesta realizada por SIGMA DOS, el 53,3% de los españoles está convencido de que en el Consistorio de la población en la que vive hay corrupción. Lo aseguran, sobre todo, los jóvenes (el 60%) frente a los mayores (el 46%), y los hombres (el 55,6%) frente a las mujeres (el 51,2%).
De la información que firma Olga R. Sanmartín se deduce que esta opinión es compartida por la mitad de los encuestados que votan al PP y de los que apuestan por el PSOE. Los partidarios de IU son los que, por el contrario, más tienden a minimizar las dimensiones de la corrupción según este sondeo.
La encuesta, realizada entre el 26 y el 28 de diciembre de 2006, puso punto final al año en el que salió a la luz en Marbella el conocido como 'caso Malaya' y en el que se hicieron famosos, a su pesar, personajes como El Pocero y los alcaldes de Ciempozuelos, Andratx o Telde. A partir de ese momento, el cúmulo de denuncias por similares conceptos es incontable, afectando por igual tanto a municipios de un centenar de habitantes como a grandes capitales. Por eso, el 76% de los entrevistados considera que ha aumentado la corrupción.
La corrupción no hace distinciones entre partidos políticos, según la encuesta. La mayoría (el 72,4%) se muestra convencida de que todos los partidos son igual de corruptos. Pero luego, cuando hay que decantarse entre una mayor honradez del PSOE o del PP, ganan los que defienden a esta última formación. El 11,6% afirma que hay más operaciones fraudulentas en el partido del Gobierno, frente al 6% que sostiene lo mismo de los consistorios del principal partido de la oposición.
Lo que los españoles no perciben, sin embargo, es que haya un trato de favor a la hora de perseguir los delitos según quién los cometa. Sólo el 37,4% opina que el Gobierno utiliza a la Fiscalía para perseguir de manera diferente la corrupción que afecta al PP que la que afecta al PSOE. Son más (el 42,5%) los que están en contra de esta afirmación.
Del sondeo que publica EL MUNDO se desprende también que los españoles han percibido que un fuerte problema de corrupción afecta a nuestro país, pero, curiosamente, nadie quiere cambiar las reglas del juego sobre las que se basa la especulación inmobiliaria. A la pregunta ¿Estaría usted de acuerdo en pagar más impuestos a cambio de que se redujera el precio del suelo? casi el 60% responde que no.
