LAVOZ/A Coruña* : La Fiscalía Provincial de A Coruña ha imputado al ex alcalde de Fene, el nacionalista José María Rivera Arnoso; al representante de Construcciones Camilo Ares, Camilo Ares Ares, y al arquitecto Julio Barallobre Sanmartín por un delito de malversación de fondos y otro de falsedad documental.
Los imputados, según consta en las diligencias abiertas por el ministerio público, urdieron supuestamente «una trama» para disponer de dinero de forma ilícita al certificar que los trabajos de la primera fase de una obra de dotación de acabados e instalaciones en un edificio municipal destinado a juzgado de paz y otros servicios, ubicado en el parque Castelao de la citada localidad coruñesa, estaban terminados, cuando únicamente estaban realizados poco más de la tercera parte.
El objetivo era, según la Fiscalía, que la empresa adjudicataria, Construcciones Camilo Ares, cobrara el importe total de la obra, que ascendía a 79.000,2 euros, con el IVA incluido, aunque solo había ejecutado trabajos por importe de 28.237,43 euros. El fiscal ya ha pedido al Concello documentación sobre el asunto.
Para ello, los imputados confeccionaron presuntamente, según el escrito del Ministerio Fiscal, documentos totalmente carentes de sustrato real, a pesar de ser conscientes de que la obra no se había ejecutado en su totalidad y de que los fondos utilizados para pagarla eran dinero público. Supuestamente, la empresa recibió 48.884,75 euros por obras que no llegaron a ejecutarse. Estas habían sido adjudicadas el 22 de septiembre del 2005 por Rivera Arnoso a Construcciones Camilo Ares, firmándose el contrato con Camilo Ares menos de un mes después. En aquella resolución también se nombró director de la obra al arquitecto autor del proyecto, Julio Barallobre Sanmartín, según consta en el escrito de la Fiscalía.
Primer pago
El 14 de octubre de ese mismo año, el ex alcalde certificó la obra expedida por Barallobre, por importe de 30.115,45 euros, cantidad que fue pagada a la constructora el 9 de noviembre. Aquel día de octubre también fue justificada parcialmente la subvención concedida por la Consellería de Xustiza para el trabajo por un importe de 22.000 euros, una cifra que fue ingresada en la cuenta que el Concello tenía en Caixa Galicia.
El 29 de diciembre del 2006, el ex alcalde hizo otra certificación de la obra expedida por el arquitecto el 1 de junio, por valor de 48.884,75 euros, en la que constata su remate. Esa resolución se remitió a Presidencia e Administracións Públicas y la obra fue pagada el 5 de febrero del 2007 a la constructora, justo antes de la precampaña.
* La Voz de Galicia - María Cedrón - 3/1/2009
Foto: La constructora debía levantar en el parque un edificio de servicios - lavozdegalicia.es
La Fiscalía imputa al ex alcalde de Fene por malversar fondos al ejecutar una obra
Anticorrupción seguirá investigando el PAI Sant Jordi Golf
LEVANTE/Castelló* : Dos meses después de que la Generalitat haya aprobado el Programa de Actuación Integrada (PAI) Sant Jordi Golf, la Fiscalía de Castelló ha remitido a la sección de Delincuencia Económica y Anticorrupción la denuncia de la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim en la que se alerta de que el PAI se ha aprobado con un informe en contra de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según el presidente de la asociación, José Vicente Ahicart, este informe es que el que debe garantizar la suficiencia hídrica.
De esta manera, la Fiscalía de Castelló da por concluidas las investigaciones y, tras detectar que se pude haber cometido un delito, turna el caso a Anticorrupción, según ha explicado Ahicart.
La asociación argumenta en su denuncia que la Comisión Territorial de Castelló "dio conformidad" a la aprobación del PAI con el voto en contra de la CHJ "por lo que entendemos que ha sido violada la Ley de Aguas". Además, añaden que el acto administrativo se ha hecho "con pleno conocimiento" de que es "irregular e ilegal". Ahicart señaló ayer a Levante de Castelló que este mismo mes viajará a Bruselas para asistir a una comisión del Parlamento Europeo en la que aportará toda la documentación del caso "y si lo creen conveniente informar al Tribunal de Luxemburgo".
Por su parte, el alcalde de Sant Jordi, el popular Luis Tena, afirmó ayer a este periódico que no era conocedor de la decisión del fiscal y que "la reponsabilidad sería, en todo caso, de la comisión territorial de Urbanismo y no del ayuntamiento".
El PAI Sant Jordi abarcará una superficie de 1,9 millones de metros cuadrados en los que se prevé construir un campo de golf de 18 hoyos y 2.200 viviendas, de las que el 10% (220) serán de protección oficial. El campo de golf, el quinto aprobado este año por el Consell, abarcará una superficie de 792.579 metros cuadrados. El sector está diseñado a sólo 20 minutos del futuro aeropuerto por la CV-10.
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 3.01.2009
Foto: panorámica. Entrada del pueblo de Sant Jordi, de la comarca del Baix Maestrat.
rosa mengual, levante-emv.com
Los juzgados tramitan más de 50 denuncias por chalés ilegales en el pantano de Orellana
HOY/Badajoz* : Los juzgados de Villanueva de la Serena están tramitando más de medio centenar de denuncias por chalés construidos junto al pantano de Orellana, en el paraje conocido como Los Tercios. Se trata de una zona especialmente protegida y donde se prohíbe cualquier tipo de construcción.
Las primeras denuncias partieron del grupo Ecologistas de Extremadura en febrero de 2008. A lo largo del pasado año se han unido nuevas denuncias realizadas por la Junta de Extremadura y el SEPRONA.
Son los agentes de este servicio de la Guardia Civil los que documentan con planos y fotografías la situación de cada uno de los chalés levantados junto al pantano y los envían a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Esta institución las deriva hacia la Fiscalía de Badajoz, que abre diligencias y las pone en conocimiento de los juzgados de Villanueva de la Serena, que son los competentes para realizar la instrucción.
Hasta ahora, según la información recabada por HOY, han llegado a los juzgados villanovenses más de medio centenar denuncias correspondientes a otros tantos chalés construidos en el entorno del pantano. Se trata de viviendas que se han construido sin licencia de obra e incluso en ocasiones con la licencia abiertamente denegada por el Ayuntamiento. En unos casos las viviendas están acabadas y en otros se encuentran todavía en obras.
La construcción de estos chalés podría constituir un delito urbanístico, calificado técnicamente en el Código Penal como un delito contra la ordenación del territorio. Hay que tener en cuenta que las viviendas están construidas en un espacio sobre el que recaen varias figuras de protección ambiental. Es un espacio natural protegido, calificado también como ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). El entorno del embalse está incluido también en la Red Natura 2000. Algunos de los chalés invaden además la superficie cercana al embalse, que se encuentra en la categoría de humedales protegidos.
Seis meses a tres años
El Código Penal establece penas de seis meses a tres años de cárcel para los promotores o constructores de viviendas en suelo protegido. A esta pena hay que añadirle multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio de tres meses a seis años. Este apartado es especialmente importante para el caso de que exista un arquitecto o aparejador que dirija la obra. Sin embargo, en estos casos es frecuente que los chalés sean autoconstruidos, lo que supone que el propietario es el promotor y único responsable al que se le responsabilizará del presunto delito.
Pero hay otro apartado de la ley especialmente importante: los jueces o tribunales 'pueden' ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del delito.
«Pediré la demolición»
Agustín Manzano, fiscal especializado en Medio Ambiente de Badajoz, considera que debe aplicarse el artículo que contempla la demolición de la construcción ilegal. Manzano, que confirmó a HOY la existencia de estas denuncias y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, estima que de no aplicarse esa sanción no se consigue proteger los espacios naturales. Por ello, en este caso está dispuesto a pedir la demolición de todas las construcciones ilegales levantadas en Los Tercios.
Sólo si decreta esa medida se recuperaría la zona tal como se considera que debe estar. Además, tendría un efecto ejemplarizante para todas las personas que están dispuestas a construir en parajes naturales sin disponer de ningún tipo de licencia urbanística e incluso a sabiendas de que es ilegal.
Calculan que serán penados como mucho con una multa, pero que se les permitirá conservar su chalé. Hay que tener en cuenta que las penas de cárcel que se contemplan no son muy altas -de seis meses a tres años. En el caso de aquellas personas que no tengan antecedentes penales y reciban una condena de no más de dos años no tienen que entrar en prisión. Con el pago de la multa zanjarían su responsabilidad ante la ley. Por ello el fiscal piensa que sólo la demolición de los chalés consigue el propósito que persigue la ley, que es la protección de la naturaleza. «Si no se hace así te has cargado el paraje ecológico para siempre», afirma el fiscal Agustín Manzano.
* Hoy - M.M. - 3.01.2009
Foto: Chalés construidos en el paraje Los Tercios, a orillas del pantano de Orellana, en una zona protegida. / FRANCISCO HORRILLO, hoy.es
Rechazo de Ronda al plan para levantar 15 hoteles
PÚBLICO/Málaga* : Hay unanimidad, aunque a primera vista pudiera parecer lo contario. Ni los ecologistas ni el Ayuntamiento, pese a que dio el visto bueno inicial, quieren un macrocomplejo hotelero de 3.750 camas en el encinar de Ronda, a unos 11 kilómetros del casco urbano de la Ciudad del Tajo.
Esta ha sido la reacción ante el proyecto presentado por la promotora Urconsa (Urbanizadora Constructora Nueva madrid SA) y cuyo plan especial fue autorizado por el alcalde de este municipio, Antonio Marín Lara (PA), el pasado 29 de octubre.
Sin embargo, para el regidor este edicto municipal únicamente "es un mero trámite administrativo". "Si no lo firmo me pueden acusar de prevaricación", afirma el primer edil de este Ayuntamiento, donde el Partido Andalucista gobierna en coalición con el PSOE. Además, Marín Lara recalca que en el equipo de Gobierno "hay voluntad política cero" de que el proyecto salga adelante.
Y es que muchos no pueden dejar de relacionar las intenciones de esta promotora con lo sucedido en la cercana zona de Los Merinos, donde la crisis inmobiliaria tiene prácticamente paralizada la construcción de 800 chalés y dos campos de golf, un faraónico proyecto urbanístico impulsado pese a no disponer del suministro de agua garantizado.
Ahora, el macroproyecto turístico quiere levantar en la denominada Finca Carrasco. Constaría de 15 hoteles de 250 plazas cada uno se triplicaría la oferta del sector en Ronda y de otros servicios, como un helipuerto o un campo de tiro. Y todo ello en una zona calificada en el PGOU de 1992 como "no urbanizable de protección compatible".
Con tales antecedentes, que en su día llevaron incluso a la UNESCO a amenazar con retirar la denominación de Reserva de la Biosfera a la zona, los ciudadanos de esta localidad que da nombre a la Serranía en la que se encuentra el municipio no se han quedado quietos ante la nueva ofensiva urbanística.
Vecinos, plataformas sociales, grupos ecologistas y asociaciones de la comarca han presentado "una avalancha de alegaciones al proyecto", según explicó a Público José Galán, miembro de la Coordinadora Ciudadana Nueva Cultura del Territorio.
Este colectivo, que agrupa a representantes de una treintena de organizaciones, denuncia que el macroproyecto hotelero no prevé el abastecimiento de agua, no hace referencia al futuro del encinar que hay en la zona, ni justifica la necesidad de incrementar en 3.750 las plazas hoteleras en la comarca.
El alcalde, quien reitera una y otra vez su rechazo a que este proyecto sea una realidad, recuerda además que ahora deberán ser las distintas administraciones competentes las que emitan sus informes correspondientes. Precisamente fue la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la que impugnó la actuación en Los Merinos por no tener garantizado el suministro de agua. Fuentes cercanas a la Administración autonómica no descartan un dictamen similar en este caso.
* Público - ÁLVARO L. MILLÁN - MÁLAGA - 03/01/2009
Foto: Finca Carrasco, el paraje donde se proyecta crear 15 hoteles. - daniel pérez, publico.es
