LAVERDAD/Murcia* : La plataforma ciudadana Murcia no se vende pidió ayer que el patrimonio de los condenados por corrupción urbanística se destine a restaurar el medio ambiente dañado con sus actuaciones, y a la mejora ambiental, cultural o social de las localidades afectadas. «La corrupción debe dejar de ser rentable, social y económicamente», añadían.
La citada plataforma exige además al Gobierno regional la derogación «inmediata» de la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral y la Orden de 12 de noviembre de 2007 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, que desarrolla la Ley sobre Evaluación Ambiental Estratégica, «por considerar a los mismos el marco jurídico idóneo para la corrupción urbanística que asola nuestra región últimamente».
También exigen mecanismos de participación y control democráticos en los ayuntamientos para dificultar la acción de los corruptos, piden «mejores y más democráticos» métodos de elección de los candidatos a las elecciones, y que sufran la expulsión inmediata los alcaldes, concejales y diputados imputados en casos de corrupción.
Las corrupciones «y las que quedan por descubrir -añadía el mismo comunicado de prensa- son fruto del modelo económico impuesto por el Gobierno regional basado en el monocultivo del ladrillo, y han encontrado el marco idóneo para producirse en la ley regional del suelo, y en la utilización sistemática de la figura del convenio urbanístico».
* La Verdad - 19.01.08
Foto: Murcia no se Vende, pancarta - murcianosevende
'Murcia no se vende' reclama que «el patrimonio de los condenados sirva para restaurar el medio ambiente»
Las Palmas tendrá que pagar más de 58 millones por irregularidades urbanísticas
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LAPROVINCIA* : Los ciudadanos de la capital grancanaria tendrán que hacer frente al pago de más de 58,5 millones de euros por irregularidades urbanísticas cometidas durante los últimos 20 años. La inmensa mayoría de las indemnizaciones tienen que ver con sentencias desfavorables por expropiaciones irregulares realizadas durante la época en que gobernó el consistorio el Partido Popular.
El resto de las irregularidades tienen que ver con indemnizaciones a vecinos perjudicados por la construcción de edificios que vulneraban la normativa de alturas -como es el caso de la Supercomisaría y la Biblioteca del Estado-, o por el uso indebido de la parcela, como el edificio Insular I, una de las sedes administrativas del Cabildo de Gran Canaria.
El último pufo que se acaba de añadir a la larga lista que soporta ya el Ayuntamiento tiene que ver con la expropiación de la parcela de la calle Pavía, número 12. El gobierno local está valorando aún lo que le costará la reversión del solar a la familia Reyes Fuentes para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero expertos en derecho urbanístico calculan que deberá pagar al menos 30 millones o compensarles con parcelas de valor equivalente, si así se acuerda con los propietarios. El PP asegura que a esos 30 millones habría que descontarle el valor del solar de La Minilla por el que se permutó.
En cualquier caso, la carga que supondrá para las arcas municipales esta expropiación irregular será enorme y se suma a las obligaciones de pago por más de 28,5 millones a las que tendrá que hacer frente el consistorio este año por expropiaciones recurridas en los tribunales y perdidas por el Consistorio.
EXPROPIACIONES. Sólo en los últimos seis meses, el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar 13,1 millones de euros para indemnizar a propietarios de parcelas a los que se expropió y no se les pagó el precio real de la parcela o por intereses devengados por el retraso en los abonos.
La expropiación forzosa del merendero y el campo de fútbol de Las Coloradas es sólo un ejemplo de estas irregularidades urbanísticas. El Ayuntamiento expropió de forma forzosa y sin indemnización una parcela de 17.048,65 metros cuadrados en 1989 para hacer un campo de fútbol. El pasado mes de abril, el TSJC obligó al consistorio a devolver el campo de fútbol y el merendero a los dueños y además condenaba a la administración a indemnizarles por la ocupación de la finca.
Las irregularidades urbanísticas cometidas con la Biblioteca Pública, la Supercomisaría y el edificio Insular I le costarán más de cuatro millones a la ciudad.
El alcalde Jerónimo Saavedra anunció el pasado mes de noviembre su intención de reclamar a Madrid compensaciones económicas para pagar las indemnizaciones por la construcción irregular de la Supercomisaría y la Biblioteca Pública, ambos pertenecientes al Estado. Las tres edificaciones cuentan con sentencias desfavorables desde hacer tres años, pero no se les había dado cumplimiento. La Supercomisaría fue construida en 1994 superando la altura y edificabilidad permitida en la zona, en primera línea de la Avenida Marítima. Lo mismo sucedió con la Biblioteca, que comenzó a construirse en 1997. Eso no fue problema para tener la licencia del Ayuntamiento. Por su parte, el edificio Insular I se construyó en una parcela calificada como espacio libre. Inicialmente fue un edificio particular que el Cabildo adquirió para oficinas.
* La Provincia - TERESA GARCÍA - 19 de enero de 2008
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, vista aérea - Marrero (La Provincia)
Marbella: El 80% de las licencias ilegales corresponde a viviendas ya ocupadas
ELPAÍS* : Terminada y ocupada. Un 80% de las 1.009 licencias irregulares que la oficina de planeamiento urbanístico de la Junta de Andalucía encontró en Marbella se han transformado en viviendas y están habitadas. El minucioso listado que el equipo de José María Ruiz Povedano elaboró durante el tiempo que el gobierno andaluz tuvo retiradas las competencias urbanísticas en las ciudad muestra que en la mayoría de las ocasiones los promotores optan por la política de hechos consumados vendiendo las construcciones a pesar de que sus permisos urbanísticos estén bajo sospecha.
Los técnicos visitaron la mayoría de los emplazamientos que deberían ocupar las obras ilegales para comprobar el estado de los trabajos y anotaban en un archivo informático cualquier peculiaridad. De este trabajo, incluido en la memoria de gestión, se pueden extraer curiosidades como que los inspectores encargados de las visitas encontraron un hotel abierto en el lugar en el que la promotora Villarozas había obtenido licencia para construir 136 viviendas o que descubrieron un club de playa en construcción donde iba una vivienda unifamiliar.
Algunas de estas sorpresas, como el hallazgo de un solar lleno de coches aparcados donde esperaban encontrar un grupo de viviendas dúplex, se debe a que 119 de las licencias bajo sospecha no habían llegado a comenzar las obras el día de la inspección. Otra treintena estaban paralizadas con estadios que van desde las obras de cimentación hasta los últimos retoques.
La memoria también incluye las famosas fichas fruto de las reuniones que el equipo de Povedano mantuvo con promotores que se interesaron por el futuro de sus proyectos. De ellas se desprende algo que ya había avanzado el antiguo director de la oficina, que la mayoría se interesó por el criticado sistema de compensaciones y que algunos lo aceptaron. Entre ellos estaban los representantes del Corte Inglés, interesados en regularizar el Hipercor de Puerto Banús.
Del contenido de estas anotaciones se desprende que reconocieron que habían construido demasiado, aunque hablaban de 9.000 metros cuadrados y no de los 20.000 metros que habían calculado los técnicos del Ayuntamiento marbellí. En otras reuniones el constructor aseguraba que ya había aportado en su día los suelos necesarios para la regularización, algo que deberá acreditar ante el Ayuntamiento, encargado ahora de la gestión del Plan General de Ordenación Urbana.
La alcaldesa ha recibido toda esta documentación, que ahora analizará, y sobra la que ya ha emitido sus primeras críticas. A juicio de Muñoz, las fichas son demasiado escuetas y que le han llegado siete meses después de haberlas pedido.
* ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 19/01/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
La CHJ rechaza la construcción de 1.746 viviendas en Parcent por falta de agua
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LEVANTE/Alacant* : La actualidad urbanística en la Marina Alta está cambiando radicalmente en las últimas semanas. Hace unos días, la fiscalía detenía en l'Atzúvia a un promotor alemán por presuntas irregularidades urbanísticas. Posteriormente, la asociación de promotores de Alicante aplaudía la actuación y emplazaba a la Justicia a continuar actuando contra los "tramposos". A principio de año, la Síndica de Greuges criticaba duramente en su informe diferentes actuaciones urbanísticas impulsadas sin las mínimas garantías de la ley.
En aquel documento aparecían los tres planes previstos en Parcent donde se detallaban múltiples carencias, pero sobre todo criticaba la falta de informes hídricos que garantizaran el suministro de agua para las 1.746 viviendas nuevas.
En este sentido, con fecha de 10 de enero de 2008 (registro de entrada en el Ayuntamiento de Parcent del 17 de enero) la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe desfavorable sobre los PAI "El Replà", "La Solana" i "El Cantalar", actualmente pendientes de aprobación definitiva en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El informe de la CHJ, versa sobre dos aspectos: la afección al dominio público hidráulico o a las zonas de servidumbre y policía, así como incidencia en el régimen de corrientes; y la disponibilidad de recursos hídricos.
Necesidades hídricas
La falta de agua es el más destacado ya que para las 1746 viviendas previstas en los 3 PAI, con una proporción de 2,5 habitantes por cada casa se calcula un incremento de población de 4.365 habitantes, que supone multiplicar por cuatro de una tajada la población actual del municipio. Si se tiene en cuenta un consumo de 250 litros por ciudadano (como marcan las Normas Subsidiarias), se prevé un gasto total de 398.306,25 m3/año, para las nuevas viviendas, mientras que la dotación actual de agua es de 96.710,4 m3/año.
La citada dotación está en trámites de ser aumentada hasta los 438.150,40 m3/año, si se tiene en cuenta la compra que el ayuntamiento hizo a la Comunidad de Regantes y Usuarios de la Vall del Pop. No obstante, este expediente está en tramitación en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación. Al respecto, cabe señalar que al consumo de los PAI se tiene que sumar el consumo de la población, que en el mejor de los casos y para los 1.019 habitantes de Parcent (según el último censo ya 1.061), sería la teórica cifra de 103.478 m3/año.
Aunque la cifra se basa en un consumo de 250 litros al día por persona, en algunas jornadas de 2007 se ha llegado a consumir 498 litros. Por su parte, Aquagest Levante, empresa concesionaria del servicio en la localidad, ha indicado que la demanda real en un futuro podría llegar a ajustarse a 350 litros por persona y día. Basándose en los citados datos, la CHJ informa que "los derechos actualmente inscritos no permiten atender el incremento de demanda previsto" y además, el expediente de revisión (es decir, el aumento de la dotación), "tampoco dará solución a los incrementos de demanda planteados".
Devolución de los PAI
El ayuntamiento acordó en el pleno del pasado 15 de octubre de 2007 solicitar la devolución de la documentación de estos PAI a la conselleria, con la intención de subsanar las deficiencias que tenían cuando fueron enviados en un primer momento. Los programas se aprobaron provisionalmente por el gobierno del PP el 30 de enero de 2006, semanas antes de entrar en vigor la LUV, más exigente en materia medio ambiental que la LRAU. Desde entonces -hace algo más de tres meses- no ha habido ningún pronunciamiento del Consell. No obstante, el rechazo popular de los programas provocó un vuelco en las elecciones municipales del pasado mes de mayo cuando el CDP (Coalición Democrática de Parcent) obtuvo la mayoría absoluta. En esa localidad el resto de partidos de centro-izquierda, izquierda y nacionalistas declinaron presentar listas.
En cuanto a la afección al dominio público y a la incidencia en el régimen de corrientes, el informe plantea la necesidad de una mayor y más clara documentación, pues parece haber afecciones a diversos barrancos que no están suficientemente documentados.
* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 19 de enero de 2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Alzira: Recurso contra la urbanización en la Vall d'Aigües Vives
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ELPAÍS/Valencia* : La plataforma ecologista Salvem Aigües Vives, que se opone a la construcción de urbanizaciones y campos de golf en los valles de Alzira, presentó ayer un recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, contra el Plan Parcial Sector Medievo que fue aprobado recientemente por el gobierno local compuesto por el PP y el PSD.
Las 780 viviendas unifamiliares junto a un campo de golf y un hotel-balneario de ambiente medieval están proyectados para construirse en la ladera sur de la Serra de les Agulles, en la conocida como finca de SOS, en plena Vall d'Aigües Vives, en unos terrenos calificados actualmente como suelo no urbanizable de protección agrícola y de protección paisajística.
El recurso indica que no se puede recalificar los terrenos hasta que se revise el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, por lo que que la aprobación del proyecto "es un acto nulo de pleno derecho", y que los terrenos forestales de la Serra de les Agulles están catalogados como Lugar de Interés Comunitario.
* ELPAIS.com - XAVIER ESPANYA - Alzira - 19/01/2008
Foto: Alzira (Valencia), pancarta Aigües Vives - nachollopis.com
El nivel del Mediterráneo podría subir medio metro en los próximos 50 años
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EFE* : El nivel del mar Mediterráneo subió de media entre 4 y 16 centímetros desde 1990 hasta 2005 en las costas españolas y podría ascender entre 25 centímetros y medio metro en los próximos 50 años si se produjera el ascenso de las temperaturas que prevén los expertos debido al cambio climático. Estas son las conclusiones de un estudio del Instituto Español de Oceanografía, presentado hoy, que ha analizado por primera vez la evolución de nivel, la temperatura, y la salinidad del agua del Mediterráneo español, a partir de observaciones realizadas durante más de medio siglo -desde 1948- con métodos científicos.
Manuel Vargas, coordinador de la investigación, ha afirmado que la tendencia observada de ascenso del Mediterráneo está "en consonancia con los peores resultados" de los estudios sobre el cambio climático y señaló que las predicciones en el aumento del nivel "están condicionadas por lo que hagamos" para luchar contra el cambio climático.
Las predicciones que advierten sobre estos riesgos se expusieron también recientemente en Valencia, durante la XXVII reunión del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, dependiente de las Naciones Unidas.
Las predicciones, de cumplirse, tendrían consecuencias muy serias en las zonas litorales bajas, incluso en el caso de un aumento menor del nivel del mar, y catastróficas si se produce un incremento de medio metro, según el Ministerio de Educación y Ciencia.
El informe concluye que el nivel del mar aumentó menos de la media en los últimos cincuenta años -ocho centímetros en el caso del mar de Alborán, en Málaga-, ya que aunque desde los 90 ha ascendido a un ritmo de entre 2,5 milímetros y un centímetro al año, entre las décadas de los 50 y los 90, el nivel había descendido.
El descenso del nivel hasta los años noventa se debió a una rara subida de la presión atmosférica. "Como si fuera un tubo de pasta de dientes, donde sale la pasta al apretar", cuando se ejerce presión sobre el mar, el agua del Mediterráneo "tiende a salir por Gibraltar", que es como "el tapón del tubo", ha explicado Vargas.
La disminución de esta presión a partir de los noventa y el ascenso de las temperaturas en la misma década provocaron el acusado aumento del nivel del mar.
La temperatura del aire sobre el Mediterráneo y de sus aguas superficiales también experimentaron un fuerte ascenso a partir de mediados de los 70.
Las aguas superficiales aumentaron de media su temperatura cada año entre 0,12 y 0,5 grados entre 1948 y 2005, mientras que, en profundidades intermedias, el termómetro subió entre 0,05 y 0,2 grados y en las aguas profundas, entre 0,03 y 0,1 grados.
"Estas variaciones pueden parecer pequeñas", ha afirmado Vargas, "pero hay que tener en cuenta que se requiere una cantidad de calor gigantesca para producir un aumento de las temperaturas en las aguas profundas".
Los datos también muestran un aumento de la salinidad del mar, debido al descenso de las precipitaciones y de las aportaciones de agua dulce que los ríos del litoral hacen al mar.
El científico advirtió que, además del cambio climático existen otras muchas presiones causadas por el hombre sobre el Mediterráneo.
* ABC - EFE - 18 de enero de 2008
Foto: La Manga (Murcia), bajo el mar - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)
Caos urbanístico en Torrelodones
ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Desde 1997 hasta diciembre de 2007, se han producido cincuenta modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias de Torrelodones. Esta circunstancia, unida a la dificultad para acceder a la información, hace imposible conocer la situación urbanística del municipio. Ecologistas en Acción afirma que esta situación se agravará con las modificaciones introducidas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y el nuevo plan general que tramita el Ayuntamiento.
Ecologistas en Acción afirma que Torrelodones es un ejemplo del caos urbanístico que impera en algunos municipios madrileños. Desde 1997, año en el que se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias (planeamiento urbanístico) se han producido cincuenta modificaciones puntuales de las mismas. A estas modificaciones del planeamiento general hay que sumar las que han sufrido algunos planes parciales, como el del Área Homogénea Sur, algunos estudios de detalle y planes especiales.
El resultado es que para conocer la situación urbanística del municipio, o de algún sector determinado, hay que conocer el documento matriz y las modificaciones que ha sufrido. Un trabajo complejo, especialmente si el Ayuntamiento no facilita esa información completa y actualizada. Es el caso por ejemplo del sector denominado APD-7 Los Bomberos, donde ni vecinos ni Ecologistas en Acción han conseguido conocer con certeza las condiciones de urbanización y normativa de aplicación.
Esta falta de información, favorece la opacidad en la gestión urbanística. Actualmente resulta prácticamente imposible comprobar si las obras autorizadas y en ejecución son conformes al planeamiento urbanístico aprobado.
A pesar de que la situación es compleja, las cosas podrían empeorar. El Ayuntamiento de Torrelodones tramita el Avance de un nuevo plan general que en realidad no es más que una nueva modificación de las Normas Subsidiarias de 1997. Este Avance no acomete una actualización de todo el planeamiento, se centra únicamente en la reclasificación de una zona del municipio, la conocida como Área Homogénea Norte. Este paraje de 130 hectáreas está clasificado actualmente como no urbanizable de especial protección e incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Ecologistas en Acción considera muy grave la situación urbanística en Torrelodones. Sin embargo, este modelo de caos urbanístico creado por la aprobación sucesiva de modificaciones de planeamiento se podría reproducir por toda la Comunidad de Madrid. Las modificaciones introducidas en la Ley del Suelo, tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, en julio y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en diciembre de 2007, permitirá transformar los planes vigentes mediante modificaciones puntuales, algo que la Ley del Suelo aprobada en 2001 había desterrado.
Ecologistas en Acción lamenta que la política y gestión urbanística en Madrid y en concreto en Torrelodones, cada vez se aproxime más al modelo Marbella, en cuanto a saturación del territorio, falta de transparencia y legitimación de actuaciones irregulares.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 15 de enero 2008
Foto: Torrelodones (Madrid)- 20minutos
El fiscal rebaja a doce años de inhabilitación la pena para ex ediles estradenses
ELCORREOGALLEGO/Pontevedra* : Los ocho políticos de A Estrada, que en el año 1994 formaban parte del grupo de gobierno de ese municipio, se sentaron ayer de nuevo en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de tres presuntas irregularidades urbanísticas que el BNG denunció en su día.
En total fueron tres los casos que los nacionalistas llevaron al juzgado: las alturas de edificios en el nuevo tramo de la prolongación de la calle Justo Martínez y las licencias de la urbanización de chalés en la plaza de la Iglesia y de un edificio en Pérez Viondi. Sin embargo, el fiscal sólo les acusa por los dos primeros. Tras pedir ocho años de inhabilitación especial por cada uno de los delitos, la petición se rebaja a seis años y un día por cada uno (doce en total). Desde la acusación particular que ejerce el BNG, además de apreciar un presunto delito a mayores (el del edificio), se piden también 6 años por cada uno (18 en total), salvo para el ex alcalde, Ramón Campos, y el entonces edil de Urbanismo, Alfonso Uzal, para los que piden 10 años de inhabilitación especial por cada caso. A uno de los imputados, Manuel Arca, el BNG sólo le imputa uno de los casos, al no estar presente en las otras juntas de gobierno.
Tanto Campos como los ediles (además de Arca y Uzal se imputó a Francisco Cora, José Manuel Reboredo, Mario López, Selesio Meda y Eusebio Porta) aseguraron que votaron a favor de las propuestas hechas por la comisión informativa de Urbanismo por entender que se ajustaban a la legalidad y nadie les advirtió que incurrirían en una ilegalidad.
"En caso de saberlo no hubiera votado", declaró Campos. Pese a admitirse los testimonios de la vista de septiembre, ayer también volvieron a declarar los testigos. Los técnicos admitieron la complejidad de los casos debido a las normas urbanísticas municipales, que eran muy antiguas, lo que creaba muchos problemas a la hora de conceder licencias. El entonces secretario señaló que nunca había propuesto al gobierno local un informe externo porque era algo que correspondía solicitar al alcalde, lo que hizo después. El técnico externo Juan Rico Lenza, al que se consultó (que redactara las normas de planeamiento), también declaró ayer.
Por fin, el juicio, que se suspendió a finales de noviembre (tras una primera vista en el Juzgado de lo Penal que acabó por inhibirse en favor de la Audiencia), quedó visto para sentencia.
LOS DATOS
En la sentencia
Uno de los letrados defensores planteó la prescripción de los hechos que se iban a juzgar, al menos para sus defendidos, a lo que se sumaron los otros letrados. Sin embargo, la sala, que presidió el magistrado Juan José Barreiro, acordó continuar la vista señalando que a esa cuestión se referirán en la sentencia.
Sólo Reboredo
Han transcurrido casi 14 años desde que sucedieron los hechos juzgados. Dos de los imputados ya han fallecido (se pidió que no constaran en el fallo) y sólo José Manuel Reboredo continúa en la vida política, ahora ya fuera del Partido Popular, como concejal de Cidega.
* El Correo Gallego - 18.01.2008
Foto: A Estrada - elconfidencial.com
Una opinión sobre Sagunt
GIORGIO GRASSI* : El día en que Manuel Portaceli me llamó para comunicarme la decisión del Tribunal Supremo de Madrid de demoler en el plazo de 18 meses el teatro de Sagunt, había acabado de aceptar, después de una larga meditación, el nombramiento por parte del gobierno alemán para formar parte de una comisión restringida para la Reconstrucción del Castillo de Berlín, un tema muy especial y querido en Alemania, discutido durante años, que tiene prevista precisamente la reconstrucción integral del antiguo castillo berlinés de Schlüter (siglo XVII), teniendo como punto de partida únicamente una documentación fotográfica incompleta (no existen ni testimonios de cierta importancia ni dibujos originales o relieves).
La estridente contradicción entre ambas decisiones, derivadas de las más altas autoridades públicas, permite ver cómo, a partir del mismo objeto (mi trabajo, todo lo bien o no que yo haya podido hacer, como por ejemplo en Sagunt), ese mismo objeto es para unos un delito que merece ser condenado sin apelación con la pena máxima y, para otros, por el contrario, es lo que les lleva a elegirme, entre otros muchos expertos que hay en el mundo en este campo concreto, precisamente por lo que he hecho y por la presunta capacidad que he adquirido para juzgar en el campo de la reconstrucción de monumentos. Así son las cosas, aunque cueste comprenderlas y aceptarlas.
Durante estos 15 años siempre he pensado que toda esa gran polvareda de polémicas tramadas por la derecha más sectaria y más basta desde el punto de vista cultural (¡no me digan que Las Provincias, si aún existe ese periódico, es un diario dedicado al renacer cultural del pueblo valenciano!) serviría al menos para que las autoridades revisaran el punto de la ley sobre el patrimonio relativo al tema de la "reconstrucción". Es demasiado burdo, limitado, esquemático e irreal para que también pueda ser justo, en una materia tan delicada y huidiza.
Este punto de la ley, precisamente por su impracticabilidad (las cosas materiales perecen, se consumen, se rompen y se hacen pedazos) es, en realidad, una instigación al delito, es decir, es una instigación para una "reconstrucción mimética" (considerado un delito mucho más grave hoy por cualquier legislación de protección de monumentos en el mundo civil), algo que se ha hecho y se sigue haciendo precisamente en España de forma generalizada.
Por otra parte, un país en el que durante años han seguido haciendo estragos en las costas, las playas y en los bosques, en los paisajes más hermosos y en los lugares más salubres (en el pasado el Levante era, por ejemplo, famoso por sus bellísimas costas y, la misma Valencia, en la que el cauce del río ha sido transformado en un ininterrumpido parque de atracciones o en la que, recientemente, entre los mietkasernen de la periferia de la ciudad han sido colocados unos monumentos a la modernidad tan vistosos, como inútiles y melancólicos), no podía más que conservar como remedio a tanta herida una severa ley como protección de sus monumentos y mucho más si estos no tenían un valor real, es decir un valor venal, y podían tranquilamente ser abandonados a su suerte.
El teatro de Sagunt es un caso ejemplar desde este punto de vista y parece incluso absurdo que haya sido elegido como ejemplo de reconstrucción sólo después de nuestra intervención. Lo que se veía antes de que interviniéramos era en un 80% obra de reconstrucción mimética (y de destrucción mimética porque cuando trabajábamos en el teatro había todavía un albañil que se acordaba de las varias cargas de dinamita que se utilizaron para derribar las partes más inseguras de la ruina, que luego había sido reconstruida y readaptada, precisamente de forma mimética, según la inspiración del restaurador de turno: hay una serie de fotografías como testimonio de todas estas etapas, bien visibles sobre todo entre el año 1958 y el año 1972, cuando se ve cómo crece la ruina y va tomando forma). Este trabajo de reconstrucción se realizó en toda la ruina, en la cavea particularmente, pues no hay ni una sola piedra vieja que sea auténtica, hasta el punto que su perfil no coincide siquiera con su recorrido interior original.
¿Por qué todo esto no se dice en absoluto en la pormenorizada descripción de los delitos perpetrados al monumento? Nosotros hemos dicho y dejado por escrito estas cosas una infinidad de veces. ¿Por qué nunca hemos sido llamados a declarar?
Si ahora la sentencia quiere que el monumento vuelva a su condición original, ¿por qué pide que se detengan sólo en las partes de nuestro de trabajo, un trabajo que lo que quería, no lo olvidemos, era remediar sobre todo la tortura mimética que se le había infligido antes de nuestra intervención, por ejemplo la forma de teatro griego que había asumido la ruina?
¿Por qué el demandante sólo quería esto y nada más que esto? Esta forma de proceder, ¿es justa por ley?
En mi opinión, pero creo que también en la de todas las personas razonables, pensar que se puede devolver a su condición de ruina artificial es absurdo, además de una locura.
Por lo demás esa ley, tal como está, continuará contribuyendo a que se creen falsificaciones, verdaderas y auténticas ilusiones ópticas en lugar de ruinas arqueológicas. Por lo menos nuestro trabajo ha servido para mostrar lo impracticable que es esa ley y lo dañina y nociva que es en los resultados.
Por lo menos nuestro trabajo ha servido para sacar a la luz muchos falsos problemas y muchas falsas esperanzas creadas adrede para las almas simples (la autenticidad de la ruina), nuestro trabajo ha planteado un problema concreto, el del destino de nuestros monumentos, de su supervivencia, pero también el de su reencontrada autenticidad, de su reconocimiento y utilidad, para toda la sociedad, para toda la ciudadanía, incluso para la comunidad a la que pertenece físicamente.
Hace mucho tiempo que nuestro trabajo ha acabado. Ya no nos toca a nosotros defenderlo. Ahora pertenece a su pueblo y a sus habitantes, son ellos quienes han de decidir su destino y no una ley obsoleta en opinión de los mismos juristas y que sólo sirve para crear falsificaciones. Nuestro trabajo ha llevado a cabo su tarea más general e importante, tanto si se conserva como testimonio perenne como si es cancelado, es decir, conducido para ser quemado, metafóricamente, en la hoguera.
A estas alturas es necesario decir (quizás no sea yo el más indicado) que hoy en ese lugar hay también una obra de arquitectura, hay un teatro y hay un museo que es, arquitectónicamente, parte integrante de ese teatro. Quiero decir que hoy allí, en ese lugar, hay una obra que no solamente tiene un valor venal, sino que ha sido acogida y con la que se han identificado no solo quienes la usan y la ven cada día, sino también las miles de personas que la han visitado y discutido sobre ella, que han leído y escrito sobre ella, que han tenido oportunidad de juzgarla a través de las publicaciones internacionales y que ahora se acercan a nosotros y sobre todo al teatro porque desean que se conserve.
¿No es suficiente todo esto? ¿No basta toda esta gran unanimidad de arquitectos, arqueólogos, artistas, escritores, actores, directores, críticos y autores para modificar una ley y proponer como alternativa la suspensión de la sentencia, mientras se aprueba una nueva ley, ahora que sólo una pequeña parte de quienes la habían querido al principio desea que sea ejecutada?
Toca ahora a quienes de una manera o de otra se sienten ofendidos o defraudados por lo que esta sentencia comporta elevar su protesta e indignación, si así lo creen. Ahora porque después será demasiado tarde.
Traducción: Júlia Benavent
* Giorgio Grassi, arquitecto italiano autor de la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto
* Levante-EMV - 17 de enero de 2008
NOTICIA RELACIONADA: Grassi dice que devolver el Teatro Romano a su estado de "ruina artificial" es una locura - Levante-EMV - 17 de enero de 2008
