,++urbanizaci%C3%B3n+Razo+-+lavozdegalicia.es.jpg)
LAVOZ/A Coruña* : Como ocurrió con la reciente sentencia que ratifica el decreto de derribo de dos viviendas en A Pedra do Sal, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de desestimar el recurso interpuesto por Isidro Rodríguez Ponte y Rosa María Rama Novo contra las resoluciones de la Consellería de Política Territorial que ordenaban la demolición de una construcción en el monte Peados (Razo).
Las obras consistían en «muros perimetrales de una edificación de unos cien metros cuadrados adosada a muro existente» y en la «cimentación de una edificación y construcción de pista pavimentada», para las cuales, según la sentencia, no es suficiente la licencia municipal para un cierre que, al parecer, tenían los promotores.
En ambos casos, los expedientes urbanísticos se abrieron hace casi cinco años. En solo tres meses, el Concello de Carballo realizó los trámites correspondientes a cuarenta infracciones urbanísticas. Buena parte de las irregularidades se concentraban en la zona costera, y, fundamentalmente, en dos enclaves: A Pedra do Sal y el monte Peados. Pero en este caso, debido a la calificación del suelo como rústico -y además de especial protección-, las competencias en materia sancionadora recaen directamente en la Consellería de Política Territorial.
Precisamente, desde la Xunta se ordenó también en aquellas fechas la reposición de la legalidad en seis obras, cuatro de ellas en Peados y dos en A Pedra do Sal, en una de las cuales incluso se ordenó a Unión Fenosa la interrupción del suministro eléctrico dado el incumplimiento reiterado, por parte del promotor, de las órdenes de paralización dictadas por el Concello de Carballo. Algunos de aquellos expedientes llegan ahora, casi cinco años después, a su conclusión.
El recurso de casación ante el Supremo es la única salida que les queda tanto a Isidro Rodríguez y Rosa María Rama como a Manuel Facal Lorenzo, promotor de las dos viviendas de A Pedra do Sal que también tienen orden de derribo. Otros propietarios optan por ejecutar la demolición por su cuenta, ya que los decretos suelen llegar acompañados de cuantiosas multas, que se incrementan a medida que pasa el tiempo. El pasado mes de octubre, de hecho, se materializó el derribo de otra vivienda en Peados, por parte de su dueño, que también había sido denunciada a principios del 2003.
* La Voz de Galicia - 25/1/2008
Foto: Urbanización - lavozdegalicia.es
Carballo: La Justicia frena los intentos de legalizar la urbanización de Peados
Marbella: Todos los ediles que dieron licencias ilegales se beneficiarán del pacto con la Fiscalía
SUR* : Los ex concejales del GIL que firmaron licencias de obras ilegales comienzan a respirar tranquilos. El pacto que los letrados de los ex ediles negocian actualmente con la Fiscalía de Málaga beneficiará a todos los ex miembros de la corporación que firmaron licencias ilegales durante prácticamente todo el periodo del gilismo, en el que se produjo el saqueo de la ciudad: desde 1995, cuando se comenzaron a dar licencias al margen del planeamiento, hasta 2006, cuando se disolvió la corporación presidida por Marisol Yagüe.
El acuerdo permitirá la acumulación de las causas, de modo que en caso de que haya más de una no se sumarán las penas, al considerarse la existencia de un delito continuado. De ese modo, en ningún caso las penas serán superiores a los seis años de cárcel. El periodo que abarca el pacto incluye prácticamente toda la era GIL, ya que sólo se excluye la primera legislatura, en la que casi no hubo denuncias por delitos urbanísticos.
Un miembro de la Fiscalía y abogados de los ex ediles, entre los que se encuentra el ex alcalde Julián Muñoz, se reunieron ayer para estudiar este «acuerdo marco de conformidad», con el que se pretende, según aseguran, agilizar los casos en los que se encuentran encausados los ex concejales por conceder licencias urbanísticas en Marbella.
Excepción
Durante la mañana de ayer, un representante de la fiscalía se reunió con los abogados de todos los ex ediles del GIL imputados en algún procedimiento urbanístico por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero en la negociación quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades.
El abogado Pablo Luna se mostró satisfecho con las negociaciones y destacó la actitud de la Fiscalía por su «lealtad, profesionalidad y claridad».
El letrado destacó que la negociación se basa «en un criterio de la conformidad» que puede haber siempre entre acusación pública y defensa pero «nada fuera de la legalidad».
Luna resaltó que aunque hay un principio de acuerdo marco de conformidad, «cada caso se tendrá que personalizar», porque cada ex edil tiene una situación concreta y pidió prudencia ya que todavía sólo es «un principio de acuerdo global para todas las corporaciones desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento en 2006».
Conexos
En las próximas semanas se celebrarán más reuniones para concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel. Tanto la fiscalía como los abogados defensores parten de que se trata de delitos conexos que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena máxima impuesta.
El delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 que se les imputa a los ex concejales de GIL por conceder presuntamente licencias urbanísticas ilegalmente fijan un máximo de dos años de cárcel por lo que el máximo sería seis años de prisión.
Fuentes de la fiscalía aseguraron que las negociaciones están abiertas y que sólo se pretende agilizar los procedimientos judiciales por delitos urbanísticos en relación con la concesión de licencias por economía procesal y en ningún caso habrá acumulación de procedimientos.
* SUR - 25.01.08 - H. B.
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbPatasArriba
Tenerife: 37 millones de sobreprecio en 'Las Teresitas'
CANARIAS7/Santa Cruz* : El valor de los terrenos en primera línea de la playa de Las Teresitas en caso de expropiación no superaba los 15 millones de euros el día en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los compró por 52 millones, según un informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción de Tenerife, María Farnés Martínez. Según este peritaje, la Corporación santacrucera habría pagado un sobreprecio de 37 millones de euros, 6.200 millones de pesetas.
Según los arquitectos grancanarios Vicente Fernando Hernández Santana y Alberto Núñez Arias, designados como peritos imparciales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en marzo de 2007 para determinar el valor de las 11 parcelas en primera línea de playa en Las Teresitas, «el valor de los terrenos en el supuesto de expropiación forzosa [en esta tesis se lo pidió la fiscal] con arreglo a su concreta situación urbanística y a la legislación aplicable en el momento de la compraventa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas, es de 15.245.922,83 euros para la línea de dominio público marítimo terrestre aprobada el 13 de mayo de 2001 y de 11.213.170,83 euros para el caso que se confirme y se apruebe definitivamente la delimitación provisional de la línea probable de deslinde conforme a la ley de costas de 1988».
A tenor del peritaje, aún poniéndose en la opción menos gravosa para las arcas públicas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife habría pagado por las parcelas 37 millones de euros más de lo que realmente valdrían. Si se cumplen las previsiones de deslinde conforme a la Ley de Costas de 1988, el Ayuntamiento habría abonado un sobreprecio de 41 millones de euros por Las Teresitas.
Elaborada.
La pericial fue encargada por la magistrada instructora del caso, a instancias de la fiscal, en marzo de 2007. Sus autores tardaron nueve meses en elaborar la tasación, que entregaron el pasado 31 de diciembre. El informe y la pericial, que consta de 58 folios y varios anexos, figura entre los documentos a los que tienen acceso las partes tras el levantamiento parcial del secreto de sumario, el miércoles. Los peritos cobraron 105.000 euros.
De la pericial encargada por el Tribunal Superior se desprende que la valoración en la que se apoyó el Ayuntamiento para adquirir los terrenos (elaborada por Tasaciones Inmobiliarias S.A. por encargo de Cajacanarias en 1998) no tuvo en cuenta ni las limitaciones del deslinde ni la legislación sobre Turismo vigente en la fecha en la que se llevó cabo la operación, factores ambos que disminuyen sensiblemente el valor de los terrenos.
La pericia del millón.
La valoración de los terrenos de Las Teresitas elaborada por los peritos designados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias puede ser una referencia de primer orden para la resolución del caso en sus múltiples vertientes judiciales: El Supremo declaró nula la compra venta de los terrenos, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior canario ha determinado que, para ejecutar esta decisión del Alto Tribunal, hay que llevar a cabo un nuevo procedimiento de fijación de precio de las parcelas, que es lo que ahora han hecho los peritos de Bellini. El Ayuntamiento sostiene que no podía expropiar, pero otras fuentes aseguran que esta vía era lícita.
* Canarias 7 - Santa Cruz de Tenerife - A.F.G. / M.M. - 25 enero 2008
Foto: Tenerife, Las Teresitas - canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: «Nada tan urgente en 8 años» - Canarias 7 - Francisco Suárez Álamo - 25 enero 2008
'Guateque': El dueño de un teatro confiesa al juez que le pidieron 12.000 euros
ELPAÍS/Madrid* : Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.
Con una bolsa de plástico en la cabeza y ayudado por sus familiares. De esta guisa salió ayer de la cárcel de Alcalá Meco el supuesto cabecilla del caso Guateque, Victoriano Ceballos, un funcionario del Ayuntamiento de Madrid acusado de pedir dinero a cambio de agilizar licencias. Eran las siete de la tarde. Seis de los 10 encarcelados en el caso de corrupción municipal salieron ayer de prisión tras pagar la fianza impuesta por el juez.
Santiago Torres había levantado el martes el secreto de todo el sumario del caso. En la parte que todavía no había visto la luz (y a la que ha tenido acceso EL PAÍS) figura la declaración del dueño del teatro Martín, Vicente Gregorio. El empresario confiesa que el arquitecto Antonio Sanz, uno de los supuestos conseguidores de la trama, le pidió 12.000 euros para agilizar su licencia y convertir el teatro en un restaurante espectáculo.
Gregorio contó al juez que no llegó a pagar ese dinero porque finalmente Sanz no se lo pidió, aunque él estaba dispuesto a abonarlo con tal de conseguir la licencia. De hecho, ya había pagado 16.000 euros a Sanz por el proyecto técnico para la conversión del inmueble en un restaurante. "Sanz Escribano me llamó por teléfono y me dijo que el expediente estaba en Medio Ambiente [del Ayuntamiento de Madrid] y que en ese departamento había un retraso importante que se podía evitar pagando una cantidad aproximada de 12.000 euros. Sanz Escribano no me dijo el nombre del funcionario municipal que iba a agilizar la tramitación". Lo cierto es que, en junio, su petición de licencia le fue denegada por el Ayuntamiento. "No pedí explicaciones porque no llegué a pagar".
En el sumario hay una grabación telefónica entre Sanz y Victoriano Ceballos, ex jefe de la división de impacto y análisis ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y supuesto cabecilla, en la que se alude a las gestiones sobre el teatro Martín, situado en la calle de Santa Brígida. Otro de los supuestos intermediarios, Benjamín Valledor, reconoce que pagó a Ceballos a cambio de que le agilizara licencias y señaló que le entregó en una ocasión 3.000 euros para solucionar una licencia de un local en la calle Hiruela, y otros 2.000 por uno en la calle del Mar de Oman.
Junto con Ceballos también abandonaron Alcalá Meco ayer por la tarde otros dos imputados: Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de evaluación ambiental, y el intermediario Santiago Castillo, directivo del estudio de arquitectos AC 93. Desde la garita de entrada a la cárcel se empezó a ver la silueta de tres personas, los imputados. Poco a poco recorrieron la larga recta, mal iluminada, hasta poder tocar a sus familias. A partir de ahí todo fue muy rápido.
La mujer y el hijo de Ceballos llevaban seis horas esperando en un todoterreno de gran cilindrada. El hermano no había parado de caminar durante horas, fuera del coche y nervioso, con las bolsas de plástico preparadas. La familia de Fernández de Castro y la de Castillo habían llegado cuatro horas antes. En cuanto vieron que salían por la puerta les gritaron: "¡Por aquí, por aquí!". El hermano de Ceballos le ordenó: "¡De espaldas, de espaldas!" En cuanto pudo alcanzarle, le colocó la bolsa de plástico en la cabeza y él mismo se puso otra. La bolsa tenía unos agujeros a la altura de los ojos, pero Ceballos se desorientó y caminó hacia un descampado. Fernández de Castro no se tapó. "Estoy bien. Ya hablaremos", dijo educado. Castillo se cubrió con una capucha y una bufanda. La escena estaba rodeada de flashes. Con cada fotografía, Castillo lanzaba un insulto. "Hijo puta, hijo puta", repetía. Al mismo tiempo, Ceballos no decía ni media palabra. Sólo su hermano insistía en inglés: "No comment, no comment". El hijo de Ceballos se acercó con su todoterreno, salió, apartó a un cámara, abrió el maletero y guardó una bolsa de viaje de su padre. "Vamos, papá", le dijo. Dentro esperaba su mujer, que antes se quejó del tratamiento de la prensa con su marido desde que fue detenido, a finales de noviembre. "¡Tranquilo, tranquilo... venga, vámonos!". El último en marcharse fue Castillo. Desde las ventanillas de su coche, tapadas en parte por una manta, se dedicaron continuos cortes de manga a los periodistas.
A 75 kilómetros de allí, en Soto del Real, Manuel Sánchez Romanillos, de la Junta de Salamanca; Domingo Sánchez Bote, de la de Chamartín; y el empresario Julián Rubén López, eran liberados a las nueve de la noche. Dos de ellos se taparon la cara. "Buitres, ¿para qué hacéis fotos?", dijo. Dentro de la cárcel quedaron otros cuatro encarcelados, que no pudieron reunir la fianza fijada por el juez ayer. Estos son Carmelo García Sánchez, funcionario jubilado de la Gerencia de Urbanismo; Miguel Ángel García Jodar, técnico del Área de Medio Ambiente; Fernando Ruiz Torrejón, de la de Urbanismo; y el empresario Eduardo Agustinos.
Por la mañana, el hermano de Ceballos llegó a los juzgados de Plaza de Castilla. En una bolsa de deportes llevaba, presumiblemente, la fianza de 60.000 euros fijada por el juez Torres. Tras depositar la cantidad, Prada explicó que la familia de su cliente había necesitado tiempo para reunir el dinero. "Llevan días recaudándolo. Es una cantidad muy importante para una familia sencilla", dijo Prada, aunque luego el hijo de Ceballos acudiera a recoger a su padre en un todoterreno de entre 60.000 y 90.000 euros. El resto de acusados también tuvieron que depositar las fianzas, de hasta 100.000 euros, en el juzgado de la Plaza de Castilla. A partir de ahora deberán presentarse ante el juez dos veces al mes.
* ELPAIS.com - J. A. HERNÁNDEZ / Á. CORCUERA - Madrid - 25/01/2008
Foto: Victoriano Ceballos oculta su rostro con una bolsa al salir de la cárcel de Alcalá Meco/ ÁLVARO GARCÍA - 25/01/2008 - elpais.com
De alcalde imputado por corrupción a senador del PP
,+playa+-+mma.es.jpg)
ELPAÍS/Castellón* : Alfonso Ferrada pasará de ser un ex alcalde imputado por presuntos delitos de corrupción urbanística a convertirse en un senador aforado, pero sin pasar por las urnas. La carambola que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y la dirección del Partido Popular han permitido ejecutar al presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra, ha supuesto no sólo la designación de su hija, Andrea, como número dos al Congreso sino que, en el puesto que ésta deja libre como senadora territorial pueda sentarse directamente el ex alcalde de Burriana.
Considerado uno de los socios políticos de Fabra, Alfonso Ferrada fue alcalde de ese municipio valenciano, de 35.000 habitantes, desde 1995 hasta el pasado mes de mayo, cuando el PP decidió no volver a presentarlo tras múltiples escándalos urbanísticos.
Miembro también de la ejecutiva regional del PP, Ferrada sorprendió, hace ahora un año, con una comparecencia, junto a Carlos Fabra, en la que se anunció que no repetía como candidato a la alcaldía de Burriana. Entonces, mantuvo que sus resoluciones urbanísticas no habían influido en esta decisión, pero admitió que los escándalos relacionados con la aprobación de determinados proyectos habían creado una tensión insostenible dentro del PP local.
Aquellas polémicas se han saldado, de momento, con una imputación, tras una querella presentada por los socialistas locales y secundada por varios afectados por las decisiones urbanísticas. Según el texto de la querella, el PP mantuvo sin tramitar, durante un año, un programa presentado por una constructora local. Al mismo tiempo, tres empresas comenzaron a adquirir terrenos en la misma zona que, posteriormente, fue recalificada. Esas empresas, en opinión de los querellantes, dispusieron, "sin lugar a dudas, de información privilegiada". Finalmente, el PP adjudicó el programa urbanístico a uno de los empresarios que había adquirido terrenos y descartó a la constructora local que había impulsado la iniciativa. Pese a que los técnicos municipales expresaron reservas, Ferrada optó por contratar un informe jurídico externo que avalara su decisión de adjudicar el programa. Una decisión que le valió ser imputado por presunta prevaricación, malversación, cohecho y delitos contra los recursos naturales y la ordenación del territorio.
En su declaración ante el juez, el ex alcalde admitió que tanto su esposa como su suegro poseen cuentas bancarias en Andorra, tal como indicaba la querella, y justificó esa actividad bancaria alegando que tiene propiedades en aquel paraíso fiscal.
La decisión de Fabra ha contado con el aval del presidente regional, Francisco Camps. El presidente valenciano se vio obligado a contar con el apoyo de Carlos Fabra, imputado por varios delitos contra la Administración pública, en su pugna con Eduardo Zaplana por el control del PP regional. La impunidad otorgada por Camps a Fabra se ha hecho extensible al resto de cargos imputados.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 25/01/2008
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
TSJA ratifica el derribo de parte de la casa de Antonio Banderas en Marbella
EUROPAPRESS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia por la que se anuló la licencia concedida en marzo de 1995 por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) para la construcción de una vivienda actualmente propiedad del actor Antonio Banderas. La abogada de la comunidad de propietarios 'Los Monteros', que inició el procedimiento, Inmaculada Gálvez, indicó que ya han comenzado los trámites de ejecución de dicha sentencia, cuya consecuencia jurídica es "la demolición" de parte del inmueble.
Gálvez explicó que "el juez de oficio ya ha requerido al Ayuntamiento marbellí para que en el plazo de 10 días manifieste el procedimiento y el órgano competente para ejecutar esta sentencia" y apuntó en declaraciones a Europa Press que "si en el plazo de dos meses que marca la ley no se ha ejecutado, pediré a la Sala la ejecución forzosa".
Apuntó que en este caso "no se puede alegar que se espere a ejecutarla a que esté terminada la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)", porque, según explicó, "las cuatro parcelas están consideradas como equipamiento". La sentencia ratificada ahora, de abril de 2003, se basó en que la parcela donde está ubicada la vivienda está calificada como zona de equipamiento sanitario según el Plan del 1986, e invade la zona de dominio público terrestre.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA de Málaga ha dictado un auto en el que se rechaza el recurso presentado por los abogados del actor, que pedían la nulidad de la sentencia de 2003 por indefensión, al no haber participado en el proceso. En este sentido, el Tribunal contesta que "no resultan fácil de admitir" que esta parte haya permanecido más de 10 años al margen teniendo en cuenta la "repercusión mediática de máximo nivel" del procedimiento.
"Es inimaginable que en circunstancias tales ninguna de las entidades hubiera tomado conocimiento de la existencia de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión de la licencia y si realmente no lo hubiera llegado a adquirir habría sido por propio y personal negligencia al no haberse informado de las actividades de la comunidad", apunta la resolución a la que tuvo acceso Europa Press.
Además, la Sala añade en el auto que la representación del acto "no ha concretado tampoco ni esgrimido" argumentos nuevos o diferentes a los ya estudiados en contra de lo afirmado en la sentencia, por lo que "de poco habría servido la retroacción solicitada y sólo se habría conseguido alargar aún más un proceso ya de por sí prolongado".
* Europa Press - MÁLAGA, 24 Ene. 2008
Foto: Marbella, casa A.Banderas - ELPAIS.com
La casita de papel de Antonio Banderas
ROSA VILLACASTÍN* : Es indudable que el "gilismo" murió el día que lo hizo Jesús Gil, y que la puntilla definitiva se la asestó el juez Miguel Angel Torres, cuando metió en la trena a Julián Muñoz, a Maria Angeles Yagüe, a Isabel García Marcos y a Juan Antonio Roca, entre otros muchos funcionarios y empresarios. Todos ellos ligados al consistorio marbellí por lazos que parecían indestructibles, pero bastó que un juez y un fiscal tuvieran ganas de actuar, e hicieran oídos sordos a las amenazas que les llegaban por parte de quienes les auguraban un futuro en los infiernos, para que el castillo de la corrupción marbellí se derrumbara en un abrir y cerrar de ojos.
No sin dejar heridos de consideración en algunos casos, leves en otros, y arruinados de por vida, la mayoría de ellos.
Queda ahí, para vergüenza de todos los que colaboraron y votaron al "gilismo", su política urbanística. Cimentada en la extorsión, en el abuso, en la prepotencia, en el "todo vale", con tal de sacar tajada de allí dónde hubiera un metro de terreno que se pudiera urbanizar, con o sin licencia, y cuyas consecuencias están pagando ahora las gentes de buena fe, que compraron con toda la ilusión del mundo un apartamentito donde pasar sus últimos años de vida, o la casa de sus sueños, que muchos tendrán que demoler porque así lo han decidido los tribunales de justicia.
Es el caso del actor Antonio Banderas, quién tendrá que derribar una parte importante de su vivienda -situada en una de las zonas más lujosas de Marbella-, después de años de litigio, por considerar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que las obras de ampliación que se hicieron en la misma, se construyeron en un suelo destinado a equipamientos e infraestructuras de saneamiento, que invade una zona considerada de dominio público Marítimo Terrestre.
No creo que la medida le sorprenda mucho al actor malagueño, aunque le dolerá, como les duele a todos los que se encuentran en su misma situación. Hay que decir en descarga de los damnificados, también Antonio lo es, que la mayoría compró de buena fe. No sabían que asentaban sus reales sobre un estercolero de irregularidades y corrupción. En el caso del actor malagueño, además de ingenuo, se creyó todas las mentiras de Gil y de Roca, cuando le ofrecieron la antigua casa de Encarna Sánchez, para que se instalase allí durante sus vacaciones en la Costa del Sol. Nadie le dijo entonces que sobre la casa pesaba una demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios, por irregularidades en la construcción. Cuando se enteró, ya era tarde, poco o nada podía hacer para solucionar el problema, sólo le quedaba esperar. Esperar a que se pronunciaran los jueces, quiénes le han dado dos meses para ejecutar la sentencia.
Encarna, al igual que Gil y Roca, Roca y Gil, se pasaban la legalidad por el Arco de Marbella. Prepotentes como eran, creían que su poder era infinito. El tiempo ha demostrado que no, que ante la Ley somos todos iguales, a Dios gracias, porque de lo contrario, el mundo estaría sólo en manos de los indeseables y corruptos.
* Diario Crítico - Opinión - 24-01-2008
