ELPAÍS/Madrid* : Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Cuando se produjeron los hechos que relata el informe policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González, vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración regional.
El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa de Esperanza Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como consejero de Deportes.
Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que en realidad trabajaban para la red Gürtel. Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros, cantidad a partir de la cual según la Ley de Contratos del Estado habría que convocar un concurso.
La Intervención General del Estado, que ha examinado para el juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley.
Por este trato de favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de miles de euros en comisiones ilegales, según dejó anotado el contable de la red.
A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.
En dicho informe, que reproducimos en estas páginas, se señala: "Lourdes Barreda [secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir estos costes tan elevados".
Tras recordar que en la Consejería de Empleo no están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas, Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa, Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".
Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero [Alberto López Viejo]".
Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según sostiene la investigación policial.
Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000.
La trama corrupta tuvo más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas consejerías.
- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi (secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El importes es de 3.734 euros".
"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que contestarnos ella lo que tenemos que hacer".
- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas facturas hacen un importe de 13.011 euros".
Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de Navidad, por 36.907 euros, según los documentos que constan en el sumario del caso.
El PSOE ha denunciado a decenas de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre que han firmado los expedientes de contratación de decenas de actos institucionales a las empresas de la trama corrupta.
Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía López Viejo con la red Gürtel.
* El País - 12.10.10
Foto: Aguirre y Ruiz-Gallardón (a la derecha) presentan el retrato de este en la Casa de Correos de Madrid.- elpais.com
Cargos de Aguirre destaparon contratos ilegales de la red Gürtel sin hacer nada
Córdoba.- Las naves legales de Rafael Gómez
DIARIODESEVILLA* : El apellido Gómez en Córdoba conlleva inevitablemente a un personaje y una época. No existen dudas. Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán por su parecido con el actor Kabir Bedi, ha sido el protagonista de toda una etapa, sobre todo, desde que irrumpió en el mundo de la construcción (y del fútbol, y del mecenazgo cultural) procedente de sus negocios de la joyería en donde labró una fortuna pese a sus orígenes humildes. Esa influencia del empresario ha vuelto a reverdecer ahora, cuando el Ayuntamiento acomete la legalización de unas naves de 45.000 metros cuadrados construidas en 2005 sin licencia municipal. Eso sucede, además, en paralelo a la vista oral del caso Malaya, donde se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto cohecho, con una petición de pena de 18 meses de prisión.
Las naves han generado todo un sainete político en la ciudad. Creadas para vender mercancía china a gran escala, uno de los negocios que emprendió el grupo de empresas, el Consistorio decidió no poner demasiadas trabas a su construcción e impulsar lo que se conoce como un procedimiento de restauración de legalidad, que se sustanciaron en una multa de 24 millones de euros -la más alta puesta hasta el momento- y en un proceso de legalización.
La multa fue anulada por los tribunales al entender que se había demorado su trámite por encima de los 12 meses como máximo que establece la ley. Después se ha reiniciado y está, técnicamente, pendiente de cobro cinco años después de los hechos. El proceso de legalización fue aprobado en primera instancia por el Consistorio y tumbado por el TSJA al entender que se había encomendado a un privado (el propio Gómez) redactar un plan especial de formulación pública del que era juez y parte. Esa sentencia no es firme, porque se halla pendiente de que se pronuncie el Supremo, y sin embargo se ha montado otro expediente de legalización sin esperar a la emisión de sentencia.
La situación política en torno a Colecor (originalmente, una cooperativa láctea que funcionó hasta mediados de los 90) tiene una especificidad peculiar. El PSOE fue hostil, entre 2003 y junio de este año a su legalización. Acosó a Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, por este motivo. Aguilar consiguió reducir esa oposición ante las municipales de 2007 con el argumento de que la crítica del PSOE beneficiada al PP, que se plantó en 14 concejales, a uno de la mayoría absoluta.
El cambio sustancial se produjo antes del verano. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ya ocupada por Aguilar tras su salida de la Alcadía y su llegada a la Junta de Andalucía, negoció una salida con el Ayuntamiento a pesar de que había llevado el caso a los tribunales y que, tanto con Concepción Gutiérrez como con Juan Espadas, se había mantenido una constante oposición de bloqueo a determinadas propuestas municipales. Se aprobaría la legalización de las naves con la condición de que se derribaran 15.000 metros cuadrados (frente a los 10.000 que ofrecía al Ayuntamiento). La dirección provincial del PSOE, por medio del actual candidato Juan Pablo Durán, aseguró que había llegado el momento de pasar página por medio de una medida "ejemplarizante".
¿Todo el mundo de acuerdo? No. La delegación provincial de la Consejería se salió del guión, de la disciplina jerárquica y emitió un informe -preceptivo y no vinculante- muy crítico con las previsiones municipales. Sobre todo, en lo que concierne a mantener una edificación tan grande en un suelo que, algunos entienden, es no urbanizable de especial protección. El Consistorio ha reconocido en estas últimas semanas el uso de comercio mayorista para las naves, que fueron precisamente para lo que fueron construidas sin licencia, y que hasta ahora se le ha venido negando sistemáticametne. La delegación provincial que eso no es viable.
En este caso, se ha producido un pulso entre la política y la ley. Y ha ganado el interés político. Existe una especie de acuerdo entre los partidos de Córdoba por cerrar de una vez la cuestión de las naves, que no llegue viva a las elecciones del año que viene. La hoja de ruta está bastante clara. Se va a aprobar el plan en cuanto los concejales del PSOE den garantías de que lo van a votar en el Pleno(IU no está dispuesta a pasar este trago en solitario y no va a tolerar una abstención). La megamulta de 24 millones se reducirá a seis millones por aplicación directa de la LOUA y se prevé su abono en especie mediante propiedades que aún le quedan al dueño de Arenal 2000, del que existen indicios de que está resurgiendo empresarialmente después tenido que firmar 1.000 despidos en apenas unos meses. Colecor será legal y muchos políticos respirarán tranquilos siempre que los privados que se sienten maltratados no se planten ante un juez.
* Diario de Sevilla - 10.10.10
Foto: Rafael Gómez entra en la Ciudad de la Justicia para la primera sesión del juicio del caso Malaya.- diariodesevilla.es
Murcia.- Pérez Mateos lleva años asesorando a alcaldes en polémicos proyectos
LAVERDAD* : De defender a sospechosos en asuntos de corrupción ha pasado a necesitar asistencia letrada por otro tanto de lo mismo. El letrado Higinio Pérez Mateos, detenido el martes de la pasada semana dentro de la 'Operación Umbra', era conocido hasta ese momento en ámbitos legales de la Región por asesorar a varios ayuntamientos de distinto signo político, en cuestiones relacionadas con el urbanismo y también sobre algunos polémicos proyectos. Unas relaciones profesionales que en algún caso le salpicaron con el negro barro de la sospecha, pero que no se habían traducido hasta ahora en imputación alguna en su contra.
Uno de los asuntos más controvertidos en los que se ha visto envuelto es un convenio urbanístico que suscribió con el Ayuntamiento de Ulea, en diciembre del 2004, y por el que consiguió luz verde para construir la urbanización 'Los Juncos de Ulea Golf Resort': más de 4.400 viviendas, campo de golf, hotel, etc. en los 2,7 millones de metros cuadrados reclasificados.
En apariencia, y según denunció el PSOE, cuando se firmó el citado convenio, el abogado no era propietario de terreno alguno en esa zona, ya que no fue hasta mayo del 2005, ya con el negocio asegurado, cuando la compra de tierras se habría formalizado. Un mes más tarde, Higinio Pérez Mateos vendió el proyecto a varias inmobiliarias, obteniendo unas plusvalías millonarias.
Fue a partir de ese negocio cuando el letrado comenzó a tener relaciones profesionales con el alcalde, el popular José Bolarín, a quien habría defendido en algunos pleitos.
Con su socio Alberto Guerra
En su comparecencia del miércoles pasado ante el instructor del 'caso Umbra', David Castillejo, el abogado fue interrogado acerca de esa operación urbanística, que habría llevado a efecto en sociedad con el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, el también detenido Alberto Guerra. Un dato que sirvió al fiscal y al juez para comprobar que entre ambos imputados existen buenas relaciones y que incluso han sido socios en algún negocio.
Pérez Mateos también ha realizado algún trabajo puntual para el alcalde de Campos del Río, el socialista Miguel Navarro, para quien elaboró un informe jurídico que le autorizaba a votar sobre el proyecto Trampolín Hills Golf Resort -cobró por ese documento 18.000 euros, según fuentes conocedoras del asunto-, y también estaba llevando el asunto de las expropiaciones de tierras en Beniel para la llegada del AVE. El alcalde de esta localidad, el socialista Roberto García, también abogado, se desvinculó inmediatamente de Pérez Mateos, en cuanto este fue detenido, y anunció que dejaba de trabajar para el Consistorio.
Antes de ser 'despedido, había redactado un informe, cuyos argumentos jurídicos fuentes del PP consideran «cogidos por los pelos», sobre la adquisición de material informático para el Consistorio por importe de unos 800.000 euros y que fue adjudicado a una empresa que, en apariencia, había presentado la oferta fuera deplazo.
Ahora, a raíz de su detención por la 'Operación Umbra', ha trascendido que este letrado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia es el letrado defensor del empresario Trinitario Casanova, y que aparece personado en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia por el denominado 'caso Zerrichera'.
En noviembre del año pasado, el magistrado ordenó la detención de Casanova, con el fin de interrogarlo sobre un supuesto pago de sobornos a políticos. El empresario se libró por encontrarse de viaje en Estados Unidos y quince días más tarde se presentó ante los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) en Madrid para declarar sobre esos hechos. Tras ser interrogado quedó en libertad sin medida cautelar alguna, aunque sigue imputado.
Este periódico ha telefoneado al despacho de Pérez Mateos en los últimos días para intentar recabar su versión, pero no ha respondido.
* La Verdad - 12.10.10
Foto: El letrado Higinio Pérez Mateos saliendo de los juzgados de Murcia tras declarar como imputado en el 'Caso Umbra'.- laverdad.es
Galicia.- Los 76 políticos imputados están vinculados a 42 procesos judiciales
LAVOZDEGALICIA* : Falsificación de firma, retirada ilícita de fondos de las arcas públicas, supuestos malos tratos, concesión irregular de licencias, cobros a cambio de gestiones y un sinfín de cargos más han propiciado la tramitación de 42 causas judiciales en los últimos cuatro años en las que se han visto implicados políticos de diversas Administraciones gallegas. En total, 138 personas se vieron salpicadas por esos casos, de las que 76 fueron o son cargos públicos elegidos o de libre designación.
Algo menos de la mitad de las causas siguen abiertas y a la espera de instrucción o decisión judicial para su archivo o continuidad en el procedimiento judicial, lo que lleva a 35 políticos a seguir aguardando a la decisión del juez para seguir con su actividad pública, retomarla o bien ver cómo la inhabilitación por sentencia firme o por rechazo social puede poner fin a su carrera.
La nómina de políticos imputados se dispara en Galicia a causa de tres casos abiertos en Lugo, los que se siguen por la supuesta trama de anulación de multas de tráfico, tanto en la Jefatura Provincial como en el Concello, y la presunta red de prostitución descubierta en la misma capital. Alcaldes como los de Muras, Pedrafita y O Courel se han visto mezclados en el primero de los casos citados, junto a medio centenar de supuestos beneficiarios de la desaparición de sanciones.
Pero al margen de dichas imputaciones, otros 70 políticos han tenido que dar cuenta de irregularidades detectadas por policía, Fiscalía o, en su caso, por denuncias de terceros.
Dimisiones
Dichas actuaciones judiciales han deparado ya siete dimisiones. Recientemente tomaron ese camino el teniente de alcalde de Ourense, el nacionalista Andrés García Mata, y el responsable del área de termalismo del mismo Concello, aunque trató de desligarlo del proceso judicial. Por la trama de las multas también dejaron su cargo el anterior subdelegado del Gobierno en Lugo y el anterior jefe provincial de Tráfico, como por el caso de corrupción urbanística de Gondomar lo hicieron antes de ser condenados el portavoz municipal del PP y el edil de Urbanismo, mientras que en ese mismo Concello lo tuvo que hacer después, al ser inhabilitado por concesión irregular de licencias, el anterior alcalde, Carlos Silva, y el único concejal de los otros cinco condenados que seguía en la corporación. También dejó el cargo el que era portavoz del PSOE en Lourenzá, Jorge García Crespo, tras haber sido declarado culpable de falsificar la firma de una compañera de grupo.
Por partidos, es el PP el más afectado por las imputaciones, al sufrir ese proceso hasta 25 de sus cargos, mientras que en el PSOE otros 22 se han visto salpicados por este tipo de casos judiciales, por 9 en el Bloque y otros 4 en diversas formaciones políticas independientes de ámbito local. Los 16 restantes son cargos de libre designación.
* La Voz de Galicia - 10.10.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
La Junta de Andalucía sólo ha recaudado 1,6 millones por multas urbanísticas desde 2005
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MÁLAGAHOY* : Vivienda castiga a propietarios de construcciones ilegales por valor de 8,7 millones, pero sólo ingresa sobre un 18%. La recaudación de multas por delitos urbanísticos por parte de la Junta de Andalucía es aún mínima. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha incoado 6.326 expedientes sancionadores por valor de 8,7 millones de euros entre 2005 y 2008. Sin embargo, hasta la actualidad el importe ingresado es de 1,6 millones de euros, tan sólo el 18% de lo requerido, según consta en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso esta redacción.
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, vincula el importe satisfecho con las dificultades recaudatorias, en su opinión propias a este tipo de procesos, "con trámites complejos recurribles administrativa y judicialmente".
La consejera añade que de la cantidad restante a cobrar, hasta esos 8,7 millones de euros, 5,1 millones "se encuentran en diferentes estadios procedimentales" y otros 1,9 millones están en vía de apremio (vía elegida por las administraciones públicas para cobrar sea como sea y cuyo resultado final suele ser el de embargar al sancionado algún bien).
La Junta de Andalucía, alentada por los numerosos casos de ilegalidades urbanísticas en la comunidad -caso Malaya-, creó en 2005 una dirección general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Este departamento concentra y gestiona las competencias sancionadoras y de control en estos ámbitos, que habían sido ampliadas en los últimos años con las nuevas leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
A esta dirección se adscribió el Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, funcionarios que se encargan de la tramitación de estos expedientes sancionadores. En octubre de 2008 tomaron posesión los primeros 25 inspectores tras el proceso de selección.
La previsión era alcanzar 50 inspectores en 2010. Meses después de la toma de posesión el PP denunció que estos 25 inspectores "habían presentado la renuncia". El entonces consejero de Vivienda, Juan Espadas, redujo a siete los funcionarios que habían presentado "excedencia voluntaria por motivos personales". Estos inspectores tienen la consideración de agentes de la autoridad y, entre sus funciones, se encuentra la de facilitar la máxima rapidez de decisión de los tribunales en aspectos como suspensiones cautelares de licencias de obras, autos o sentencias.
Sea vinculante o no la polémica con los funcionarios de disciplina urbanística, el montante ingresado por la Junta en estos ejercicios queda en evidencia en comparación con las cifras de algunos ayuntamientos. El de Málaga por ejemplo, que en 2009 recaudó cuatro millones de euros, el doble de lo previsto, y que permitirá este año dedicar más personal a seguir los expedientes de infracción, anunció el Ayuntamiento.
El control del urbanismo ilegal por parte de la Junta prosigue con todas las garantías, manifestaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que vincularon el montante ingresado "al margen que otorga la ley para que los ciudadanos recurran". Al tenerse que pagar obligatoriamente, los ciudadanos recurren, exponen. El último expediente analizado, que tramita la Consejería de Hacienda, destinará la recaudación a la compra de suelo para la construcción de VPO, añadieron las mismas fuentes.
A pesar de que algunos trámites se remontan a 2005, Obras Públicas y Vivienda asegura que ningun expediente ha prescrito o caducado.
Esta afirmación sorprende a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien en más de una decena de ocasiones ha preguntado sobre el control urbanístico de la Junta y los expedientes sancionadores.
"Es imposible que después de cinco años no haya prescrito nada; aquí puede haber una dejación de funciones por razones claramente partidistas", afirma categórica Ruiz-Sillero, abogada.
La diputada del PP ha preguntado en el Parlamento por cuántos de esos 1.636 expedientes han prescrito, el año en que se incoaron, el municipio al que se refiere y en cuáles localidades se ha cobrado, por si todos los ingresos proceden de una provincia o están repartidos. Sin éxito.
"Así podríamos observar si ha bajado el celo de la Junta en la persecución de este tipo de delitos y si hay más casos en alguna población concreta. Si por ejemplo se hubiera prevenido en Marbella, no estaría en la situación que está, pero la filosofía de la Junta es dejar pasar y no hacer nada", critica la popular. Los datos sobre provincias arrojan otras dudas para la diputada, como el escaso número de expedientes abiertos en Cádiz frente a Málaga (ver cuadro adjunto). A Ruiz-Sillero tampoco le convence que 5,1 millones de euros estén en diferentes estadios procedimentales. "O está cobrado, o ha prescrito o tiene el apremio. Un recurso no suspende el cobro del delito, igual que pasa con las multas de tráfico, eso lo sabemos todos, así que eso de los estadios, jurídicamente, no sé lo que es", subraya. Por eso la diputada acusa a la Junta de falta de transparencia y de ocultar datos.
El pasado marzo la Junta se armó de otro instrumento para controlar el urbanismo ilegal, el Reglamento de Disciplina Urbanística, el primero de estas características en España. La principal novedad de este reglamento es el denominado derribo exprés, que posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente. En las estadísticas de la Junta se anotan 118 expedientes de protección de la legalidad (demolición) en el periodo referido.
* Málaga Hoy - 10.10.10
Foto: Operarios proceden al derribo de una casa declarada ilegal en el municipio malagueño de Manilva.- Manilva (Málaga), derribo - malagahoy.es
La cleptocracia nacional
IGNACIO CAMACHO* : El juicio oral de la «Operación Malaya», con su alharaca mediática populista y su circo de personajes de la telebasura, ha devuelto al primer plano de la actualidad española el problema de la corrupción, amplificado con los ribetes cuasi folclóricos de un morboso carrusel de celebridades del cotilleo. Los protagonistas del escándalo marbellí, una vistosa cuerda de presos vinculados a los manejos tardíos del gilismo, representan la cara paroxística, a menudo esperpéntica, de una epidemia moral incubada en los entresijos de nuestra sociedad política, y que afecta de manera transversal a las estructuras locales y regionales de la mayoría —por no decir la totalidad— de los partidos que forman parte del sistema.
El espectáculo malayo adquiere un cierto carácter trivial en la medida que pertenece a una peculiar etapa clausurada con la contundente, aparatosa intervención de la Policía y la Justicia. La corrupción de Marbella durante los penúltimos quince años posee una singularidad que la distingue del resto de episodios delictivos que salpican la geografía política española: fue perpetrada por un grupo de outsiders al margen de la partitocracia convencional. Jesús Gil fundó a principios de los noventa un partido aventurerista que aprovechó el desgaste de los agentes políticos habituales para crear una red institucional basada en el cohecho como método administrativo.
Aunque su ejemplo hizo fortuna, el GIL fue el primer partido creado esencialmente para robar: una fuerza cleptocrática muy bien organizada que durante cuatro mandatos —el último con el fundador ya inhabilitado por sentencia judicial—saqueó a fondo el Ayuntamiento marbellí, puso en marcha una sofisticada maquinaria de cobros de comisiones y sobornos y exaccionó cientos de millones de euros a base de intervenir a fondo en la economía local. Como dato significativo hay que anotar que Jesús Gil llegó a la idea de fundar su propia opción ante la presión que sufría como constructor por parte de intermediarios que actuaban en nombre del Partido Socialista, gobernante en Marbella hasta su arrolladora irrupción en 1991.
Tolerancia institucional
Gil pagó comisiones millonarias a personajes del entorno del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, y guardó copias de los cheques, que sacó a la luz cuando los delitos habían prescrito. Semejante ardid le garantizó la transigencia de las autoridades andaluzas, que miraron para otro lado cuando en el seno del propio socialismo malagueño surgieron las primeras sospechas y denuncias sobre la masiva corruptela de Marbella. Curiosamente una de las personas más activas en esta oposición al gilismo, Isabel García Marcos, acabaría pasándose al adversario —está gravemente imputada en el sumario de Malaya— acaso deslumbrada por el color del dinero y con seguridad desengañada ante la ineficacia de su resistencia.
Pero la larga hegemonía política del GIL en la ciudad costasoleña, liquidada sólo mediante la intervención de la Justicia, pone de manifiesto una de las constantes sociológicas de la corrupción en la España moderna: la tolerancia ciudadana. No sólo fueron las autoridades regionales las que descuidaron la vigilancia. Las cuatro mayorías obtenidas por el gilismo y sus secuelas se produjeron a pesar de las continuas denuncias que la prensa y la oposición efectuaron casi desde el principio sobre los turbios manejos de la municipalidad y sus tentáculos administrativos, en un clima de conocimiento general sobre las actividades ilícitas de los dirigentes que sin embargo no fue óbice para su reelección continuada.
Así ha sucedido también en numerosos ámbitos, regionales y locales, salpicados por escándalos de deshonestidad pública. Alcaldes y cargos autonómicos procesados por corrupción y con razonables indicios de culpabilidad sobre sus espaldas han sido reelegidos —a menudo más de una vez— sin mayor problema. El crecimiento de la preocupación ciudadana por su clase política —de un 6 por ciento en 2008 a un 21,6 en 2010—se relaciona más con la falta de respuestas a los problemas colectivos que con la apreciación sobre la honradez de su desempeño. En ese sentido, la ausencia de sanciones contundentes y las actitudes exculpatorias con que los partidos se blindan ante las denuncias parece basarse en el conocimiento de la impunidad política que la corrupción mantiene en España debido a su carácter generalizado.
Partidos vacunados
En efecto, de los 730 casos judiciales abiertos hasta noviembre de 2009, más de la mitad (464) corresponden a dirigentes del Partido socialista (264) y del Partido Popular (200), mientras el resto se reparten entre otras fuerzas políticas en equitativa proporción con su implantación electoral. La extensión de la enfermedad moral parece haber inoculado una suerte de vacuna política, de tal modo que los escándalos no castigan a los partidos porque sus simpatizantes tienden a exculpar responsabilidades en la propia extensión del mal. El efecto perverso de esta normalización es, pese a su impunidad electoral, el declive del prestigio de la clase política, considerada sospechosa en su conjunto, y muy especialmente la del ámbito local; las concejalías de urbanismo se han convertido en el epítome simbólico del pantano de corrupción en que se hallan sumergidos los escalones más bajos de la Administración del Estado.
Ésta es, junto a la dispersión geográfica y política, la otra característica esencial de la corrupción contemporánea, minimizada por los partidos pese a la evidencia de su alto contagio: casi un 10 por 100 de los municipios ha registrado alguna denuncia con intervención judicial. Durante el felipismo, los casos de venalidad se desarrollaron de manera muy señalada en la propia cúpula del poder y del Estado: la Guardia Civil, el Banco de España, la alta banca, los contratos de grandes infraestructuras, la Expo 92, el Boletín Oficial y hasta la Cruz Roja se vieron afectadas por una ola de deshonestidad a gran escala que implicaba sustancialmente al Partido Socialista y su entorno. El Partido Popular hizo bandera electoral de la corrupción y durante la época de Aznar, la Administración central sufrió una severa depuración que aún mantiene su crédito de limpieza. Sin embargo, la vigilancia del aznarismo provocó el desplazamiento de las actividades políticas ilegales a las esferas autonómica y municipal, donde la corrupción se ha asentado con fuerza en la última década.
Andalucía, en cabeza
De este modo, Andalucía, bastión de resistencia del socialismo con treinta años de poder unívoco, se convirtió en el campo de operaciones de numerosos desaprensivos que desarrollaban negocios a la sombra de unas administraciones dominadas en toda su extensión —local, provincial y regional—, por el mismo partido. El rosario de casos y su extenso ámbito geográfico ha goteado el mapa andaluz de episodios, a menudo pintorescos, de cohecho, soborno y demás figuras penales de abuso de poder, salpicados en ocasiones con estrafalarias excusas registradas en las grabaciones policiales, y que van desde juergas flamencas a visitas a casas de prostitución. Un mapa pícaro en el que sin embargo han destacado episodios singulares de notable importancia, los dos más recientes en la misma capital autonómica. El escándalo de las facturas falsas cobradas por obras inexistentes con el consentimiento de personas próximas al alcalde de Sevilla y el de las extorsiones en Mercasevilla a cuenta de su expansión inmobiliaria —con escalofriantes cintas grabadas por los extorsionados—han revelado la existencia de prácticas indeseables en la estructura de poder directamente controlada por las autoridades socialistas.
Tampoco el PP supo escapar de las tentaciones en su etapa de poder. Las comunidades de Madrid y Valencia vieron crecer la trama Gürtel, primero en el seno de la organización nacional y luego emigrada a los ámbitos regionales, y el caso Palma Arena salpicó a la casi totalidad de la cúpula del partido —empezando por el ex presidente Matas, seriamente imputado—en Baleares. Una comunidad en la que, durante los noventa, Aznar había entregado la cabeza de otro presidente autonómico por su implicación en las irregularidades de contratación del túnel de Sóller.
La red Gürtel (correa, en alemán, por el nombre del principal implicado) se movió con impunidad en los bastidores de los poderes regionales y municipales controlados por los populares, y su proximidad a destacados dirigentes como el presidente valenciano Francisco Camps o algún consejero de Esperanza Aguirre ha otorgado al escándalo dimensiones nacionales, pese a que siendo considerable el volumen cuantitativo del dinero supuestamente defraudado, no llega con sus 26,5 millones de euros a la escala de otros sumarios relacionados con distintos partidos, como los de Ciempozuelos (40 millones), Pretoria (45) o el célebre de Marbella, con la apoteosis de 2.400 millones irregulares, a los que hay que sumar casi otros tantos en diversas piezas separadas que abrazan el mapa sumarial del saqueo marbellí.
También nacionalistas
También otros gobiernos de autonomías, muy significadamente en Cataluña, Andalucía y Canarias, se han visto envueltos en notables episodios venales, en muchos casos con el concurso de partidos nacionalistas incrustados como bisagras en los mecanismos administrativos o directamente involucrados en el ejercicio hegemónico del poder, como es el caso de Convergencia i Unió. El nacionalismo catalán, salpicado de lleno por la «Operación Pretoria» y el escándalo del Palau de la Música barcelonés, escapó sin embargo de la sorprendente denuncia efectuada en 2004 por el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, que en una sesión parlamentaria acusó a los convergentes de haber cobrado una mordida sistemática del tres por ciento en las contratas. La sociedad catalana echó tierra sobre el asunto evitando una polémica que habría podido poner patas arriba todo el establisment autonómico de las tres últimas décadas.
Bisagras electorales
Partidos como Coalición Canaria, el citado GIL, el Andalucista de los años noventa o el PAL almeriense, entre otros, permanecen vinculados a la sospecha general debido a la alta y numerosa implicación de muchos de sus miembros en casos investigados por la Justicia. El carácter de bisagra electoral de sus representaciones políticas los situó al frente de áreas sensibles en la contratación y el gasto, como el urbanismo, el turismo o las obras públicas. La reciente «Operación Poniente» en Almería ha revelado la existencia de una trama transversal que, articulada a través de un pequeño partido compuesto por tránsfugas del PP en la próspera localidad de El Ejido, tejió durante años lazos irregulares en la Diputación provincial y otros municipios en alianzas simultáneas o sucesivas con el PSOE y el PP. La red Poniente es el primer caso que involucra directamente a los dos grandes partidos, razón que puede explicar el silencio mediático que rodea al escándalo en la opinión pública nacional. Si Malaya representa la gran trama tejida al margen del bipartidismo —aunque muchas de sus operaciones urbanísticas contaron con la anuencia o el visto bueno de la Junta de Andalucía, bajo control socialista—, el caso Poniente constituye el más vistoso ejemplo de implicación dual de militantes representativos de las dos fuerzas esenciales del sistema.
El transfuguismo, unido al control de las competencias de política territorial y urbanismo, se ha revelado como uno de los principales factores propiciadores de la corrupción local, sin que los partidos hayan logrado erradicar esta práctica viciosa que constituye un abuso del privilegio de la representación ciudadana. Los diferentes pactos suscritos han tenido el mismo nulo efecto que las diversas modificaciones legislativas. Continuas mociones de censura apoyadas en tránsfugas que cambian de partido o de voto se producen en los municipios sometidos a mayor tensión urbanística, siendo el de Benidorm —con implicación de la familia de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín— el más sonado pero de ninguna manera el único de ellos. Pinto, Sanlúcar —donde un concejal que denunció su intento de soborno aportando al juez el dinero recibido sufrió un largo proceso de casi una década antes de quedar absuelto—, Gibraleón, El Ejido, Denia y otras muchas localidades han visto estos movimientos pendulares vinculados a operaciones recalificatorias o de planificación territorial. La necesidad de dinero de los Ayuntamientos, asfixiados en su estructura financiera, ha provocado el aluvión de intereses cruzados sobre las plusvalías del suelo.
Suelos urbanizables
Abandonados en la escala de financiación de servicios, por detrás de la Administración autonómica y central, los municipios han vivido en la última década y media de los recursos generados por la puesta en mercado de suelos urbanizables, con los consiguientes procesos de recalificación y de creación de plusvalías legales e ilegales. Sin ser el único ámbito de corrupción, sí ha sido el más amplio y abierto, debido a la rapidez y contundencia de los beneficios que generaba hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es también la explicación principal del carácter municipal de la mayoría de los escándalos; una clase política de escasa formación, poco controlada por los medios de comunicación y bastante autónoma en sus organizaciones partidarias, acostumbradas a no injerirse en la financiación local, se desplegó sobre inmensos recursos financieros de rápida transformación con el consiguiente proceso de desclasamiento; las tentaciones resultan universales, pero tienden a rechazarlas mejor quienes poseen mejor preparación intelectual y moral y mayor consciencia de su responsabilidad política.
La estructura cleptocrática de la democracia española presenta, pues, un cuádruple cuadro característico: generalización transversal a todos los partidos; dispersión territorial en comunidades y autonomías; vinculación con el transfuguismo y los grupos bisagra, y centro administrativo en los recursos urbanísticos, principal fuente de financiación de las instituciones locales. Sin embargo, su consecuencia más llamativa es la impunidad política, tanto a cargo de los partidos que tratan con benevolencia a sus miembros corruptos como por parte de una opinión ciudadana que no penaliza electoralmente la venalidad. Se trata, pues, de un mal con pronóstico grave, ya que son los propios enfermos quienes se resisten a aceptar el diagnóstico y a aplicar el correspondiente tratamiento.
* ABC - Opinión - 10.10.10
