LAVOZ/Oviedo* : El arquitecto ovetense Arturo Gutiérrez de Terán –y exconsejero de Ordenación del Territorio– estaba ayer en Madrid en una reunión de trabajo. «¿Lo he oído bien?» No daba crédito al anuncio de De Lorenzo. Pero enseguida lo asimiló y afirmó que «lo importante ahora no son las trillizas, sino el debate sobre la construcción en altura que no puede cerrarse por decreto». «El urbanismo no puede estar sujeto a los caprichos del político de turno», completó.
Gutiérrez de Terán, que aseguró que el plan fue presentado «sin reflexión», declaró que el conflicto ha servido «para despertar la conciencia de los ovetenses y de los asturianos, han demostrado ser vecinos vivos y despiertos cuando parecía que la ciudad estaba dormida». El arquitecto se acordó del edil de Urbanismo, Alberto Mortera. Dijo que el popular, tras sus palabras gruesas, insultos y desprecios a la ciudadanía, «ha quedado inhabilitado para continuar con su labor pública. Que tenga la honradez de marcharse».
La cronista oficial del municipio, Carmen Ruiz-Tilve declaró que «de sabios es rectificar». Recordó que ella siempre estuvo en contra «de forma explícita» de las tres torres de Calatrava y destacó el movimiento ciudadano de rechazo «y del que me alegro». Para el futuro de El Vasco, Ruiz-Tilve reclamó que la superficie recupere su carácter público.
La directora del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo, Soledad Álvarez, calificó la decisión de «sensata y muy acertada», al tiempo que, apuntó, «muy esperada por toda la sociedad». A su juicio, «no cabía otra solución». Señaló que aunque haya costado trabajo por parte de determinados organismos y de los ciudadanos «es una decisión afortunada y celebraremos todos que se retire un proyecto lesivo para la imagen y el patrimonio de la ciudad». Ahora, indicó, «hay que pedir sensatez de cara a los proyectos que se vayan a aprobar» y admitió que «habrá que estar en guardia» y estudiar que sean proyectos que se puedan integrar en una zona de emplazamiento como El Vasco.
La muerte de las ‘trillizas’ han despertado más alegrías que pésames entre los profesionales de la arquitectura. Alfonso Toribio también se mostró satisfechos con la decisión de Gabino de Lorenzo de tumbar el proyecto de las torres. Según Toribio, «se trata de una buena noticia, el plan de las torres no tenía ni pies ni cabeza, era un auténtico disparate». El arquitecto se sorprende de que haya sido la presión social la causante de la eliminación del plan para la parcela del Vasco.
Para Toribio, no sólo los ciudadanos saldrán beneficiados de la retirada del proyecto diseñado por Santiago Calatrava. «También repercutirá en beneficio de los promotores, porque si hubiera seguido adelante se habrían erigido como los culpables de machacar el patrimonio arquitectónico de la ciudad». Y eso, en su opinión, habría repercutido en la herencia patrimonial para las generaciones venideras.
Otro profesional del gremio, José Ramón Fernández Molina, achaca la demolición de las torres al «impacto» que a su juicio podría provocar en el casco histórico y considera que se debe extraer una moraleja de toda esta historia. «Ahora no sólo hay que atender a la protección de edificios concretos, sino también del entorno que rodea a los conjuntos históricos», explica. Fernández Molina fue uno de los expertos en patrimonio que participó en la elaboración del catálogo arquitectónico municipal presentado y aprobado por el consistorio en 2006. En su opinión «a partir de ahora también habrá que tener en cuenta los aspectos panorámicos de las ciudades», dijo.
Víctor García Oviedo aplaudió ayer la decisión del alcalde. «Es la opinión generalizada de todos los profesionales que conozco», manifestó, tras conocer la noticia. Sobre su compañero de profesión y autor de la idea, Santiago Calatrava, García Oviedo no disimuló su aversión. «Querían hacernos creer que las críticas están más allá de la mano del artista, como si el artista fuera Dios y en realidad sólo hubo un Dios en la historia de la arquitectura, que fue Miguel Ángel», aseguró.
* La Voz de Asturias - 29/02/2008
Foto: Oviedo, proyecto torres 'las trillizas' - lavozdeasturias.es
NOTICIA RELACIONADA: El alcalde dice NO a las 'trillizas' - La Voz de Asturias - 29/02/2008
"El urbanismo no debe estar sujeto a caprichos"
El Defensor del Pueblo también se opone a las 1.800 casas de Parcent por falta de agua
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LEVANTE/Alacant* : Hay decisiones y silencios políticos y administrativos que cada vez son más difíciles de explicar y que llevan a sospechar cierta connivencia que resulta muy perjudicial para la credibilidad de los ciudadanos en los políticos. Uno de estos casos es Parcent y las 1.800 viviendas que se pretenden edificar en tres PAI's de la localidad.
El Defensor del Pueblo se ha unido al Síndic de Greuges en su argumento para rechazar los tres PAI's: la falta de recursos hídricos expuestos por la CHJ en su informe. Además el Defensor del Pueblo recrimina la actitud del Consell que preside Francisco Camps por su actitud sobre estos programas.
Los obstáculos del Consell
En este sentido, ha decidido "dirigir una nueva petición de información a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda", que dirige Jose Ramón García Antón, para que informe "no sólo sobre los aspectos solicitados en nuestro escrito del pasado 29 de mayo, petición que no ha sido atendida" por la citada conselleria "a pesar de que la información le ha sido requerida en dos ocasiones". Además, le pregunta porqué "no procede a atender la petición de devolución de los expedientes de programación que el ayuntamiento le ha dirigido en dos ocasiones". Y concluye de forma contundente en un claro aviso a la actitud oscurantista y obstaculizadora de la Generalitat en esta actuación al señalar que "en ningún caso" deben aprobarse los tres PAI's de Parcent tras "no quedar acreditado la suficiencia de recursos hídricos para las nuevas demandas".
* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Los derribos de viviendas ilegales dividen a la sociedad marbellí
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LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella está dividida por su propio planeamiento. Las presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante 15 años por los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL) han creado dos categorías entre los ciudadanos, según sean o no propietarios de viviendas que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.
Todos son víctimas del mismo problema, la falta de equipamientos públicos originada por el modelo de construcción sin límites; pero difieren en la solución. Entre derribar o legalizar se encuentra el dilema.
Dos agrupaciones reúnen a los partidarios de una y otra postura. La plataforma ´29 de Marzo´ vela por el cumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la restauración de la situación original o, lo que es lo mismo, la demolición de las viviendas irregulares o el establecimiento de sistemas de compensación que hagan recuperar a la ciudad las infraestructuras esquilmadas.
Por su parte, el colectivo de ´Afectados por el PGOU de Marbella´ reivindica la revisión de cada uno de los casos y la búsqueda de mecanismos que permitan normalizar la situación de las más de 30.000 viviendas irregulares existentes en el municipio, entre las que se encuentran las 18.000 ilegales por estar construidas en suelos no urbanizables o destinados para otros equipamientos.
Tanto en uno como en otro caso, la cuestión es decidir quién paga los platos rotos. "Aquí hay tres claros culpables, las corporaciones municipales y promotores que cometieron los desmanes y la Junta de Andalucía que los permitió", proclamó convencido a este diario el portavoz de ´Afectados por el PGOU´, José Ortiz.
Soluciones. El nuevo Plan General, actualmente en fase de aprobación inicial, establece la recuperación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo de Marbella para infraestructuras y zonas verdes mediante la normalización de 18.000 inmuebles ilegales. Para ello, propone que las empresas promotoras asuman un modelo de compensación a través de pagos o cesiones de terrenos.
Si estas empresas rechazan este acuerdo, serán los propios propietarios de los inmuebles quienes deberán hacer frente a esta responsabilidad, en virtud del citado documento. Pero, "el Ayuntamiento se niega a revisar las licencias ilegales y ocurre que no tenemos culpable", criticó el representante de ´29 de Marzo´, Rafaél Ávila.
Ávila teme que el planemiento de Marbella se convierta en una pelota que pasa de uno a otro tejado sin que nadie la recoja. "Si nadie les mete mano a los promotores, que pueden responder patrimonialmente, y los propietarios tampoco responden... de dónde sacamos los equipamientos que faltan", añadió.
El Gobierno de Ángeles Muñoz abandera a los llamados ´compradores de buena fe´ y ya ha adelantado su intención de incluir mecanismos dentro del texto urbanístico para garantizar que no sean los dueños quienes afronten las compensaciones.
Ortiz está de acuerdo. Él es uno de los afectados y califica de injusta esta medida. "Mi propiedad tiene todas las licencias y, a día de hoy, continúa sin tener ni una sola anotación en el registro de la propiedad", señaló.
Ávila no es dueño de una vivienda ilegal pero tiene claro quiénes son las auténticas víctimas. "¿No es también comprador de buena fe aquél que cuenta con una casa legal a la que le han tapado las vistas con una ilegal?". Para Ortiz, sus representados son víctimas al cuadrado. Sufren la falta de espacios públicos y además su hogar no es legal.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 29 de febrero de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
VdeVivienda: Rueda de prensa de la manifestación del 1 de Marzo
Las Asambleas V de Vivienda* convocan a una manifestación en todo el Estado este sábado, 1 de marzo, para protestar por la falta de soluciones al problema de la vivienda.
Queremos señalar la falta de diálogo con el poder político a la hora de plantear SUS soluciones unilaterales. Hasta ahora, sólo ha consultado con la patronal inmobiliario - constructora y la gran banca –bancos y cajas de ahorro-, marginando a la inmensa mayoría de la sociedad que ni participa ni es preguntada.
A la imposibilidad de acceder a una vivienda digna, ahora se suma el cuadro severo al que se enfrenta la economía española. El alto endeudamiento de las familias por culpa de los precios sobrevalorados de los pisos es un factor. Otro es el aumento del paro de una forma significativa (el 8% de la población activa, en el último dato de febrero) y los augurios de que pueda seguir subiendo por el parón en el sector de la construcción. Otro factor es la precariedad laboral –y social y vital- instalada en la sociedad, al parecer, de forma irreversible. Estos factores no han surgido de forma espontánea, sino por la falta de políticas sociales reales y el fenómenos de la especulación como forma de vida. Y son estas dos grandes faltas las que nos animan a salir a la calle para pedir un cambio.
Al principio se consolaban y consolaban a la ciudadanía propagando que el problema de la vivienda afectaba únicamente a la población más joven, pero ese bulo ya quedó al desnudo. Después quisieron convencernos de que es un problema de falta de suelo, pero no hay un problema de falta de viviendas, ya que somos el país que más vivienda construye de Europa y, según el relator especial de Naciones Unidas, el país de la Unión Europea con más casas vacías.
Este grave problema afecta a muchas personas, generalmente las más débiles y con menos posibilidades de que su voz pueda ser escuchas. Personas mayores, divorciados, jóvenes parejas que empiezan a tener hijos y no pueden mudarse de la vivienda que se ha quedado pequeña o que sencillamente viven en casa de sus padres. No es solamente un problema de emancipación, otro bulo que se cae por su propio peso.
El problema tiene múltiples cabezas: desde el ‘mobbing’ para expulsar a las personas ‘no productivas’ que usa la especulación más salvaje e inhumana hasta los tristemente nombrados ‘pisos-patera’, casas donde viven hacinadas familias de varios miembros o comunidades de agregados en situaciones de precariedad extrema que proliferan en las grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla…
Ahora el mensaje del poder parece tomar un rumbo todavía peor: empiezan a culpar a los inmigrantes que han sostenido con mucho esfuerzo este crecimiento con propuestas laborales al margen de la ley y teniendo que aceptar cualquier falta de derechos por estar, en gran parte, en situación de ilegalidad.
Ante esta situación, las Asambleas V de Vivienda aprobaron una tabla con las medidas que creemos que es necesario plantear:
1. Moratoria en la ejecución de planes urbanísticos mientras estos no sean guiados por el interés general, concretado este en una efectiva participación de la ciudadanía.
2. Transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda: censo de pisos vacíos, censo único de solicitantes de vivienda, censo de propietarios del suelo.
3. Inversión del proceso de depredación del espacio medioambiental y del tejido social de los espacios urbanos.
4. Creación de un amplio parque de vivienda pública en alquiler social capaz de responder a la demanda real de la población excluida por el mercado. Para ello, se dará prioridad al uso de los pisos vacíos sobre el de nueva construcción.
5. Despenalización de la reutilización de espacios en desuso.
6. Asunción por parte de las empresas financieras de su responsabilidad en el elevado e insostenible endeudamiento de las familias.
7. Medidas fiscales que penalicen efectivamente la especulación.
Por todo ello, llamamos a la movilización del sábado por la tarde. Nuestra respuesta ha de ser cívica, pacífica, festiva y en la calle.
+INFO: http://uvedevivienda.blogspot.com/
* V de Vivienda - 28 de febrero de 2008
Foto: VdeVivienda, rueda prensa pza.españa Madrid
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio pide paralizar las recalificaciones
ELMUNDO* : La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio exigió que se establezca una moratoria general en la recalificación de suelos hasta que se ocupen los tres millones de viviendas que se estiman hay vacías en España. En su defecto, la organización propone un crecimiento 'cero' del suelo urbano o, al menos, limitar su crecimiento al 10%, así como la retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el "urbanismo salvaje".
Este es uno de los cuatro bloques que integran las 85 medidas que la organización propone, en el marco de un Pacto de Estado, para acabar con la especulación urbanística. Se completan con una carta a los partidos políticos y con el reparto, en las principales capitales españolas, de decenas de miles de billetes de 500 euros con el lema 'Vota contra la especulación ¡que se pronuncien los partidos!'.
Los otros tres grupos de medidas se refieren a la eliminación de todas las figuras legales que, a su juicio, favorecen la especulación y fortalecen los mecanismos contra la especulación y la corrupción, al desarrollo de una "ley rápida" contra los abusos urbanísticos y medioambientales y a la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo y de una nueva cultura de ordenación del territorio.
La Coordinadora denuncia "el silencio y la exclusión del debate sobre el territorio y la corrupción del debate político y la campaña electoral". Concretamente, arremeten contra "la demagogia desarrollista del PP, que lejos de reconocer el problema quiere liberalizar más suelo", así como contra "la tibieza de las actuaciones del PSOE y de otros partidos políticos, que reconociendo en parte el problema no ponen en marcha las medidas necesarias".
Además, la organización ciudadana considera que "la crisis económica" vinculada al sector inmobiliario "no puede servir para proteger aún más al sector con medidas paliativas, sino que ha de ser el aviso definitivo para la necesidad de un cambio inmediato y radical de modelo de crecimiento económico".
* El Mundo - Europa Press - 28/02/2008
Foto: Suelo urbanizable en Madrid/ Carlos Alba, elmundo.es
La acusación popular reclama un juez que concluya el 'caso Fabra'
ELPAÍS/Castellón* : La Unión de Consumidores de España (UCE), que representa a la acusación popular en el caso Fabra, ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial para que evite los sucesivos cambios de jueces en el juzgado de instrucción nº1 de Nules, donde se instruyen las diligencias de investigación del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y un posible fraude fiscal.
Esta es la segunda ocasión en que la UCE traslada su queja al órgano de gobierno de los jueces por el mismo motivo.
En julio de 2005, tras poco más de un año de instrucción del caso, la acusación ya formuló una reclamación ante el continuo cambio de jueces. En aquella ocasión, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) únicamente apeló a la legalidad de los nombramientos. Ahora, en su escrito, la UCE solicita al Consejo que "adopte las medidas necesarias para lograr una continuidad en un asunto cuya trascendencia es notoria", con el fin de "evitar dilaciones que ponen en grave peligro la administración de justicia".
El juzgado de Nules es un juzgado de los llamados "de paso", en el que los jueces suelen recaer antes de ascender a magistrados, momento en el que son trasladados a otra plaza. Este hecho ha motivado que durante la instrucción del caso Fabra por este juzgado hayan pasado ocho jueces, aunque aún falta por designar a una nueva titular que ocupará la plaza en la que ahora se encuentra una juez sustituta. La queja de la UCE hace referencia a que, "en un caso tan complejo, los jueces sustitutos no adoptan decisiones graves", mientras que con los titulares "deben acomodarse a una laboriosa instrucción de tal manera que, hasta tomar posesión mediante la rigurosa ilustración del procedimiento, éste se dilata considerablemente".
Además, el escrito remitido al CGPJ hace referencia a la necesidad de una "unidad de impulso y dirección". "Los criterios suelen ser dispares", señala el escrito, que añade: las decisiones "heredadas" pueden ser "no compartidas" o, incluso "contradictorias".Según fuentes consultadas, existe un precedente semejante en una larga y compleja instrucción como fue la del caso Malaya, en el juzgado número 5 de Marbella, que también es un juzgado de tránsito para los jueces.
El instructor solicitó varias prórrogas para permanecer en aquella plaza y así finalizar la instrucción. Dado que los jueces tienen autonomía para decidir sobre sus traslados y ascensos, el máximo órgano judicial sólo puede sugerir la permanencia que, en cualquier caso, ha de partir del instructor y recibir el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial.
En la tramitación de las solicitudes de prórroga participan también el Tribunal Superior de Justicia, que ha de dictar un informe preceptivo pero no vinculante. En cualquier caso, las prórrogas no paralizan la carrera judicial de los jueces ya que su incorporación a la nueva plaza únicamente se demora.
No solo la Unión de Consumidores de España (UCE) ha hecho públicas sus quejas sobre la lentitud en la instrucción del caso y el problema de los continuos cambios de juez. El propio Fabra ha manifestado también su deseo de que la justicia sea rápida aunque, en su caso, no se conoce que haya presentado ninguna queja formal.
"El ciudadano se muestra desorientado, pierde la confianza en la justicia, cuyas decisiones se hacen borrosas y desdibujadas, y cae en la tentación de atribuir las decisiones de los continuos cambios a intereses espúreos", concluye la queja de la acusación particular que, además, pide que "se ofrezca una nota explicativa de los motivos legales que han creado la actual situación".
El escrito remitido por la UCE al órgano de gobierno de los jueces refleja el malestar sobre un caso que amenaza con eternizarse tras cuatro años en el juzgado de Nules. El pasado mes de diciembre la séptima juez que ha investigado los hechos relacionados con el caso Fabra logró su traslado a otro juzgado. Lo sorprendente es que el nuevo destino de la última juez que ha instruido el caso Fabra solo está a pocos metros de su antiguo despacho, en el mismo edificio. Así, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Nules se hizo cargo del Juzgado número 4 del mismo partido judicial, un departamento de nueva creación asignado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ésta fue la última juez titular y la que más tiempo permaneció al frente del juzgado número 1 de Nules, ya que llegó en septiembre de 2005. Sin embargo, fue la única que protagonizó un traslado a petición propia y no por un ascenso a plaza de magistrado.
Desde diciembre, la investigación del caso Fabra está cubierta, de forma provisional, por un juez sustituto, que es el octavo que se hace cargo de las diligencias. El próximo juez titular, que está pendiente de nombramiento, será el noveno que tendrá que hacerse cargo del caso que afecta a Carlos Fabra.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 28/02/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
Andalucía, nuestra ´realidad urbanística´ más certera
ALFONSO VÁZQUEZ* : El Día de Andalucía es una ocasión perfecta para pedir que los excesos urbanísticos que ´cohesionan´ nuestro territorio se exilien por unas décadas. Andalucía no es una ´realidad nacional´ ni tampoco una ´unidad de destino en lo universal´. Este tipo de definiciones con tufillo carca, por mucho que jalonen estatutos, deberían quedar para las comedias de Berlanga. Dejemos que los patriotas de otras comunidades autónomas se crean el pueblo elegido, pero no copiemos sus excesos. Ahora mismo Andalucía es, entre otras muchas cosas, una ´realidad urbanística´.
Nuestra región ha sido tocada por la mano ´divina´ de la grúa y no hay alcalde andaluz que no sueñe con triplicar su municipalidad, plantando campos de golf y adosados (literalmente, ´se pasan tres pueblos´). La gestión merdellona del GIL ha sido muy censurada. La paradoja es que, ahora que sus gestores rinden cuentas ante la justicia, ayuntamientos andaluces de todo signo político sueñan con extender el cemento ´hasta el infinito y más allá´.
El POTA, el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, se ha convertido en una brida para frenar a tanto potro desbocado, elegido por los ciudadanos.
´¿Qué sienten los constructores andaluces de ahora?´, cantaría en nuestros días el grupo Aguaviva. Pues experimentan que los ayuntamientos andaluces se han metido a promotores porque si no, ¿de dónde sacan los dineros? Por eso, desde Almería hasta Huelva, los excesos urbanísticos son los que cohesionan nuestro territorio. Así que pidamos a la Junta que pueda frenar a tanto ´espabilao´ y sobre todo, que les frene a tiempo y no como en Marbella.
Pero la solución a nuestra ´realidad urbanística´ no llegará hasta que los Ayuntamientos tengan más recursos y menos competencias urbanísticas, que ya hemos visto lo que hacen con ellas.
Mientras continúe esta situación, Andalucía, ´por España, la grúa y la Humanidad´, seguirá en la senda que marcan la Comunidad Valenciana y Baleares, auténticas enciclopedias de sobreexplotación del territorio que harían llorar de emoción a Paco el Pocero. Feliz Día de Andalucía.
* La Opinión de Málaga - 28 de febrero de 2008
La Audiencia reabre las causas de Las Brisas y Veneziola contra el ex alcalde de San Javier
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LAVERDAD/Murcia* : En el recurso se indica que en los hechos denunciados "hay causa para considerarlos como un claro delito de prevaricación y fraude", en temas como falta de ordenación de los polígonos de La Manga, consideración de aprovechamiento urbanístico para terrenos de Dominio Público, incumplimiento de los linderos o utilización de vía pública.
La Audiencia Provincial ha reabierto las causas relativas a la urbanización Las Brisas y a Veneziola, a raíz de los recursos de apelación presentados contra el ex alcalde de San Javier, José Hernández, del PP, y funcionarios municipales, por presuntos delitos de prevaricación y fraude urbanístico.
Fuentes judiciales informaron hoy de que ambas denuncias fueron archivadas por la titular del juzgado de instrucción número 4 de San Javier en 2007.
Las causas, cerradas por dos veces por la jueza, han sido reabiertas a raíz del recurso de apelación presentado por los denunciantes particulares afectados por ambos casos en el que se pedía la revocación del auto de sobreseimiento, a los que se ha adherido el Ministerio Fiscal.
A principios de Febrero de 2008, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, acordó revocar el sobreseimiento así como remitirlos al juzgado número 4 de San Javier, para que continúe la instrucción de otras diligencias "que puedan ser útiles para el esclarecimiento de los hechos, teniendo en cuenta que están en juego relevantes intereses públicos".
Tras ello, el juez deberá dictaminar auto de sobreseimiento o de procedimiento abreviado, para abrir juicio oral.
En el recurso se indica que en los hechos denunciados "hay causa para considerarlos como un claro delito de prevaricación y fraude", en temas como falta de ordenación de los polígonos de La Manga, consideración de aprovechamiento urbanístico para terrenos de Dominio Público, incumplimiento de los linderos o utilización de vía pública.
En abril de 2007, días después de que el consistorio aprobara con los votos a favor del PP, y en contra de PSOE, IU y Grupo Independiente, la modificación de las normas subsidiarias para elevar la edificabilidad en la zona, el entonces alcalde, José Hernández, afirmó que el solar de Veneziola, donde se proyectaba construir un complejo hotelero y residencial, era "un suelo urbano en el que la normativa permite la construcción de bloques de hasta diez alturas".
Tras conocer el archivo de la demanda por el caso J-4, sobre Veneziola, José Hernández, uno de los imputados junto a varios funcionarios del consistorio, declaró que creía "totalmente" en la Justicia que "les daba la razón y desacreditaba a los denunciantes".
Hernández evitó hacer una valoración de la decisión, alegando que ya no se dedica a la actividad política.
* La Verdad - EFE - 28.02.08
Foto: San Javier (Murcia), La Veneziola - mma.es
Una sentencia activa el derribo de un edificio de Telmo Martín en Sanxenxo
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ELPAÍS/Pontevedra* : La intervención directa del entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, del PP, impidió en febrero de 2005 que se ejecutara una orden de derribo y una multa de 3 millones de euros contra la inmobiliaria Construcuatro por invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre en Sanxenxo.
Tres años después, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha anulado la resolución del ex conselleiro y activado la sanción contra la empresa de la que posee el 33% Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo cuando se construyó el edificio y actual presidente local del PP de Pontevedra.
La sentencia es consecuencia del recurso de una asociación ecologista, Salvemos Pontevedra, contra el sobreseimiento del expediente. La misma organización había denunciado a Pesca, entonces con las competencias de Costas, las obras abusivas en la servidumbre de protección en el paseo de Silgar, donde Construcuatro levantaba un edificio con licencia para sótano, planta baja, cuatro pisos y áticos. En realidad, según figura en el Registro de la Propiedad y constataron funcionarios de Pesca, el edificio cuenta con una planta más de las autorizadas por el Ayuntamiento.
El expediente realizado por el Servicio de Usos del Litoral de la consellería dejaba poco lugar a dudas. Consideraba como hechos probados que el edificio no respetaba los 20 metros preceptivos de zona de servidumbre, sino una distancia de "entre 17,81 y 18,20 metros de la ribera del mar". También constataba que las obras carecían de autorización en materia de Costas de la comunidad autónoma. Como el valor de lo construido ascendía a 12,2 millones de euros, se le imponía una multa de 3,05 millones, con un recargo de 305.584 euros mensuales mientras no se ejecutara la demolición para devolver los terrenos en los que se ejecutaron las obras a su primitivo estado.
El expediente de multa y demolición debería haber sido trasladado al Consello de la Xunta, que es el órgano competente para dictar una resolución de esas características, según confirma la sentencia del tribunal gallego. En vez de ello, el conselleiro acordó de oficio, y "como medida complementaria", solicitar nuevos informes al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En esos informes se estimaba que la invasión de la servidumbre no era de hasta 2,12 metros, sino de un metro. Fue suficiente para que López Veiga apelara a la existencia de "planos de deslinde contradictorios" para decretar el sobreseimiento del expediente.
El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra, por considerar probado que la resolución que impugna había sido dictada "por un órgano incompetente". La sentencia precisa que la instancia apropiada para archivar el caso sólo podría haber sido el Consello de la Xunta, la única competente para resoluciones en las que la multa supere los 500.000 euros. "Parece clara la necesidad de respetar la atribución competencial normativamente atribuida al Consello de la Xunta", precisa el fallo judicial.
Lujo en la calle más prohibitiva del municipio más caro
Los informes que permitieron a López Veiga determinar la existencia de planos contradictorios fueron facilitados por el organismo que dirige Cristina de Paz, jefa de Costas en Pontevedra, conocida por más de una polémica en Sanxenxo. La posesión de un chalé frente al mar en zona de protección es una de ellas. Otra, la legalización de una casa en la playa de un edil de Urbanismo mediante un informe que modificaba la línea de ribera del mar.
El Plan General de Sanxenxo, aprobado durante el mandato de Telmo Martín, convirtió en zona urbana la finca de la jefa de Costas, que las normas urbanísticas entonces en vigor calificaban de suelo no urbanizable. El departamento de Costas no ha logrado en diez años aprobar el deslinde marítimo-terrestre, que, como ha reconocido el Ministerio de Medio Ambiente, afectaría a la vivienda de la propia Cristina de Paz. El entonces concejal de Urbanismo, por otra parte, pudo construirse un chalé en una finca afectada por la servidumbre de protección en la playa de Areas gracias a un informe de la jefatura de Costas, que modificó la ribera del mar y sirvió de informe para que el Plan General de Telmo Martín recalificara el solar.
A Cristina de Paz acudió López Veiga para conseguir los informes en los que basó el archivo del expediente contra el edificio del paseo de Silgar. No es un inmueble cualquiera. Se trata del más lujoso, de la calle más cara, en el ayuntamiento más prohibitivo de Galicia. El metro cuadrado supera el millón de euros. Allí levantó Construcuatro un edificio de casi 600 metros por planta. Allí posee Telmo Martín un piso, el 6ºA, de 180 metros cuadrados con dos terrazas de 100 metros cada una, que no existen en la licencia de obras ni de primera ocupación. También compraron dos antiguos altos cargos de la Xunta de Fraga, el ex director general de Urbanismo José Cudeiro y el ex conselleiro Juan Miguel Diz Guedes.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 28/02/2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio controvertido junto playa - O.París (La Voz de Galicia)
Un juez anula la licencia de 88 viviendas de Fisterra
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ELCORREO/A Coruña* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo num.3 de A Coruña anuló la licencia concedida por el Concello de Fisterra a una urbanización de 88 viviendas construida en la recta de Anchoa. Dicha nulidad se justifica, según la sentencia, porque la construcción no cumple con la normativa de edificabilidad, no está retrancada y el terreno en el que se ubica no reúne los requisitos para ser considerado como suelo urbano no consolidado.
Además, el fallo judicial establece que antes de haberse otorgado la licencia debería ejecutarse un proyecto de equidistribución y ceder el suelo legalmente establecido para la urbanización de la zona.
La sentencia, que es recurrible en un plazo de 15 días ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se produce en base a un recurso contencioso interpuesto por la Consellería de Política Territorial que, ya en noviembre de 2006, había requerido al Concello de Fisterra para que revisase la licencia. Al no ser atendida dicha petición, en marzo de 2007 la Xunta interpuso el recurso que concluyó con el fallo referido.
El alcalde, José Manuel Traba, ya anunció que hoy mismo se reunirá con los asesores jurídicos para interponer el correspondiente recurso de apelación. Entiende que la licencia ha sido concedida de forma correcta, pues la cesión de suelo que se pone en cuestión, y que debería realizar el promotor, ya se realizó en 1996 por el propietario de los terrenos a la Demarcación de Costas, ente que, según el regidor, se encargó de la urbanización de dicha área y de la creación de los viales.
Dichas unidades de actuación quedaron, no obstante, anuladas con la entrada en vigor de las nuevas normas urbanísticas aprobadas en 2002. A pesar de ello, el alcalde entiende que no procede una nueva cesión de terrenos, pues ahora no es posible compensar ni devolver a los promotores el suelo que habían cedido en su día.
Ratificadas tres licencias
La Consellería de Política Territorial formuló recursos similares contra otras cuatro edificaciones de la zona de Anchoa, tres de los cuales fueron rechazados, ratificando así las licencias otorgadas por el Concello.
* El Correo Gallego - CEE - 27.02.2008
Foto: Fisterra (A Coruña), edificio licencia anulada - lavozdegalicia.es
España es el país de la UE donde más se construye y donde la vivienda es el problema social más trágico
RICARDO RODRÍGUEZ* : El 1 de marzo, las asambleas contra la precariedad y por la vivienda digna, nos llaman a movilizarnos por este derecho elemental que a tantos se niega.
Ahora que los candidatos de los grandes partidos políticos de este país se encuentran tan ocupados haciendo el payaso en público por ver a cuántos incautos son capaces de embaucar para que les voten en las elecciones generales, ahora, hoy mismo, mañana o pasado mañana, puede ser un momento tan bueno como cualquier otro para que los ciudadanos miremos de frente la realidad del país.
No hay que esperar demasiado de los políticos profesionales que en estas fechas mendigan aplausos y votos. Cuando se encuentran en campaña, o sea siempre, se vuelven seres menesterosos y se les nubla el raciocinio. Y como a ellos, a los directores de los grandes medios de comunicación y a toda esa tropa de ridículos comentaristas o «politólogos» (sabrá Dios qué cosa designe semejante palabrota), engolfados a todas horas en sesudos análisis sobre si en el gran debate televisivo entre Zapatero y Rajoy se le veía a uno más sonriente y fresco o el otro gesticulaba demasiado o llevaba mal hecho el nudo de la corbata. En fin, esos asuntos que tanto importan a la ciudadanía. Porque en los tiempos que corren no se requiere de quien opine sobre la política nacional que tenga ni la más remota idea de economía o sobre el verdadero estado de la educación pública o la sanidad; basta con ser experto en manicura.
Tampoco debemos fiarnos demasiado de la división al uso entre izquierda y derecha. Y no porque, como de toda la vida nos han querido hacer creer los muy de derechas, tal división haya dejado de existir, sino porque el grueso mayor de la izquierda presente en las instituciones se vendió hace muchos, muchos años a los dueños del país, banqueros, industriales, especuladores y capitalistas de toda condición, los dueños que se hacen llamar padres de la patria porque roban más que nadie y patriotas porque financian asesinatos en masa. La verdadera izquierda, en cambio, ha quedado en la calle, a la intemperie, con apenas sus manos, su cabeza y su corazón. Aunque, bien mirado, igual con esto es suficiente si nos empeñamos. Pero, claro, por lo menos hay que empeñarse.
La semana pasada, un célebre diario de reciente fundación que se tiene por muy de izquierdas y progresista recogía en su portada la deslumbrante noticia de que Botín venía a desarmar el catastrofismo del Partido Popular acerca de la economía del país, que al banquero por lo visto le parecía que marchaba maravillosamente. No supe decidir al pronto qué me espantaba más: si que el banquero más rapaz del país defendiera a la presunta socialdemocracia de los ataques de la derecha, si que lo exhibiera como tranquilizador dato un periódico en teoría progresista o el mero hecho de que Botín estuviese contento con el estado de la economía. Pero todo mezclado da como para que la clase trabajadora empiece a temblar y a enseñar los dientes.
En las mismas fechas, otro periódico, éste de distribución gratuita y no tenido por muy rojo, al contrario que el anterior, daba cuenta del informe que el observador de la ONU Miloon Kothari había redactado sobre el estado de la vivienda en España. Las conclusiones del informe resultan tan demoledoras, que el silencio guardado al respecto por el resto de la prensa y por los grandes partidos encenagados en la campaña electoral es de esos silencios que por sí solos constituye un clamor de desvergüenza infinita. Y tendrían que haberse removido los pilares de la tierra.
Tal vez con buen tino la oposición ha renunciado a hacer uso, ni siquiera demagógico, del informe, porque el informe hace remontar a dos décadas atrás el origen de la catástrofe inmobiliaria, lo que, aunque se haya quedado corto, cubre de lodo la totalidad de las instituciones del país y tanto a gobiernos del PSOE como del PP. Y tampoco es que Miloon Kothari haya sido en exceso original. Lo que nos dice lo lleva denunciando en la calle desde hace dos años el movimiento ciudadano reivindicativo del derecho a una vivienda digna. Hay más de tres millones de viviendas vacías en un país en el que cerca de ocho millones de personas no tienen acceso a un techo bajo el que vivir. Más de una cuarta parte de los ingresos de nuestros ayuntamientos procede de la especulación urbanística, por la vía esencialmente de malvender a grupos privados el suelo público que es la herramienta básica para garantizar el derecho a la vivienda. España es el país de la Unión Europea en el que más se construye y en el que en cambio la vivienda constituye un problema social más trágico. Las políticas de subvención a la vivienda en propiedad y las desgravaciones fiscales, las políticas que siguen ofreciendo como gran panacea tanto el PP como el PSOE, han provocado constantes elevaciones de precios. El urbanismo enloquecido que asola el país, aparte de destruir el entorno natural, lleva camino de sumirnos en una crisis del modelo productivo que dejará un reguero de desempleo, pobreza y desesperación de centenares de miles de personas (de Botín seguramente no, desde luego).
El observador de la ONU reclama de las autoridades españolas que adviertan a la población de la gravedad de la situación y acometan medidas urgentes y drásticas para corregirla. Pero hasta ahora las autoridades se han conformado con ordenar a los antidisturbios que apaleen en las calles a los ciudadanos que se han manifestado para denunciar ni más ni menos que lo que ahora nos dice la ONU, amén de negociar con el G14, representante de los grandes constructores y promotores inmobiliarios, nuevos bocados de las arcas públicas para evitar reducciones de beneficios empresariales. No vaya a ser que a Botín empiecen a irle un poco mal las cosas. Hasta ahí podíamos llegar.
Pero nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos nuestras manos, nuestra cabeza y nuestro corazón. Y con tan prodigiosas armas podemos gritar a los cuatro vientos lo que otros pretenden ocultar.
El próximo 1 de marzo, las asambleas contra la precariedad y por la vivienda digna, más conocidas como V de Vivienda, de nuevo nos llaman a movilizarnos por este derecho elemental que a tantos se niega. En Madrid una manifestación que ha de ser multitudinaria partirá a las seis de la tarde de la Puerta del Sol. En otras ciudades habrá movilizaciones en la misma jornada. Es un buen día, el 1 de marzo, como otro cualquiera, para volver a la calle, y enfrentar entre todos, al silencioso clamor de la desvergüenza, el bullicioso clamor de la dignidad.
* Rebelión - Ricardo Rodríguez - 27-02-2008
Los colectivos antiparquímetros vuelven a la carga
ELPAÍS/Madrid* : Los colectivos antiparquímetros celebrarán mañana jueves sus dos años de lucha con una manifestación en el barrio de Carabanchel Alto, en la que piden que se deje de convertir las calles de Madrid "en un negocio, tanto para el Ayuntamiento, como para las empresas concesionarias".
Los detractores del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en los barrios periféricos de la capital señalan en un comunicado que continúan abiertos al diálogo después de las elecciones del 9 de marzo "en caso de que continúe el actual equipo de Gobierno municipal" y pedirán una reunión con el nuevo alcalde si el actual regidor, Alberto Ruiz-Gallardón deja la Alcaldía para "buscar una solución satisfactoria".
"Hace dos años, el equipo de Gobierno municipal extendió los parquímetros a algunos barrios periféricos de la capital, afirmando que lo pedían los vecinos. Poco tiempo duró la mentira, pues fueron decenas de miles los vecinos de estos barrios que mostraron de muchas maneras su frontal rechazo a esta decisión, exclusivamente recaudatoria. Y poco tardó también la opinión pública en comprobar lo absurdo de esta medida en unos barrios residenciales en los que los problemas de aparcamiento se producen por la noche, no durante las horas laborables", indican los antiparquímetros.
Asimismo, detallan que el conjunto del sistema SER recauda al año tres millones de euros, sin contar con las multas, a pesar de que que el Ayuntamiento "afirme todo lo contrario, presentando un balance parcial negativo". "Para adornar su tremendo error y atropello, el equipo de Gobierno justificaba hace dos años la implantación en que trataba de igualar a los vecinos de los barrios periféricos con los del distrito de Salamanca, lo que sólo ha conseguido en el aspecto recaudatorio", señalan los detractores del SER.
La ruina para el comercio
Los manifestantes aseguran que las máquinas están arruinando a los pequeños comerciantes "que se ven impotentes para competir con grandes superficies, en las que resulta gratuito el aparcamiento, obligando a los vecinos a pagar una nueva tasa sin ninguna ventaja a cambio". Por otro lado, aseguran que una veintena de vecinos de los barrios periféricos se encuentran pendientes de juicios "ante la imposición y la represión municipal".
No obstante, los juicios celebrados hasta ahora 2"han resultado con sentencia absolutoria", agregan. Los antiparquímetros aseguran que las 50.000 firmas entregadas y los 200 actos y manifestaciones realizados han logrado que el Ayuntamiento de Madrid renuncie a extender máquinas a otros barrios periféricos. "Pero sólo su prepotencia y el afán de castigo puede explicar que todavía no los haya retirado de los barrios en los que los impuso a la fuerza, y que son los que expresaron su rechazo más frontal", concluyeron.
La manifestación del colectivo se desarrollará mañana a las 19.00 en las calles Alfredo Aléix, Avenida Carabanchel Alto y Plaza de la Emperatriz. Durante los próximos días también se desarrollarán otras actividades, como proyecciones de un documental, para festejar los dos años de lucha contra los parquímetros, que comenzaron a funcionar a principios de marzo de 2006.
* ELPAIS.com - Madrid - 27/02/2008
Foto: Cartel de la manifestación.
El TAV y las carreteras
ECOLOGISTAKMARTXAN/Euskal Herria* : Resulta curioso que la mismas instituciones administrativas que se han negado en rotundo a contrastar y debatir públicamente sus planes para la implantación de la polémica Y vasca sean ahora, aprovechando el rebufo y la propaganda desatada con la llegada del AVE a Málaga, Valladolid y Barcelona, quienes acusen a los detractores de esta obra pública de defender el mantenimiento del actual modelo de transporte por carretera. Escudándose en la penosa situación de un transporte vial que día a día conoce colapsos y costosos y desesperantes embotellamientos, se ofrece la Y vasca como solución al trafico de coches y camiones.
Sin embargo son sus propios datos los que niegan esa posibilidad de trasvase de modos de transporte ya que sus propios análisis y documentos dicen que el tráfico de carretera va aumentar considerablemente en la próxima década. No pudiendo escurrir el bulto, ahora acusan a la oposición al TAV de defender el actual modelo de carreteras. Calumnia que algo queda, dice el refrán.
Desde hace años las diputaciones y el propio gobierno vasco han leído en los informes de consultores, en libros blancos, verdes y de expertos de transporte que las nuevas infraestructuras viarias no son la garantía para acabar con los atascos. Aquí y en todo el mundo, el ritmo de matriculación de vehículos y de ocupación viaria es mayor que el de creación de nuevas carreteras, autovías y autopistas, como se evidencia en el gran Bilbao o en Donostialdea. La cruda realidad nos dice que el tráfico rodado es tan denso y el número de automóviles privados y camiones aumenta de tal manera que, por ejemplo, el corredor de Txorierri y el de Uribe-Kosta o los nuevos túneles y accesos construidos no son suficientes para agilizar y evitar los colapsos en el Bilbao metropolitano. Tampoco lo será la llamada Super-Sur. Voces autorizadas de la diputación guipuzcoana han asegurado que tras la puesta en marcha de la Maltzaga-Urbina, de los cinturones de Donostialdea y los tres carrilles en la A-8, desgraciadamente seguirá habiendo atascos porque el aumento de la circulación de automóviles y de camiones que prevén es mayúsculo. Por eso mismo es erróneo pensar que el TAV sea la solución - o parte de la misma- para cambiar este triste panorama. Los estudios de movilidad del Gobierno Vasco dicen que es mínimo el porcentaje de personas que se mueven a diario entre las tres capitales y por su precio y sus pocas estaciones sería mucho menor el número de viajeros que podría usar el TAV.
Lo duro del asunto es que según argumentan actualmente tanto Nuria López de Gereñu como otros defensores del TAV, no apoyarlo es perpetuar el actual modelo basado en la carretera. También hemos leído y oído a quienes interesadamente quieren confundir el movimiento anti-TAV con el cura de Santa Cruz y los carlistas anti-liberales que atacaban trenes y estaciones en el XIX para echar leña al fuego de la criminalización. No por ello nos cansaremos de repetir que el tren es el modo de transporte más ecológico y equitativo para nuestra sociedad. Queremos y necesitamos más y mejores trenes. Mejorar las líneas de FEVE, Euskotren y RENFE es una tarea prioritaria y también poner en marcha nuevos proyectos como conectar el tren de Lezama con el Duranguesado, por Usansolo o Amorebieta. Llevamos muchos años reclamándolo.
No es de recibo decir que la culpa del actual estado de cosas lo tienen los que no quieren la modernización del transporte. Somos una sociedad atrapada por el crecimiento económico y los intereses mercantiles. Petróleo, cemento y automóviles son tres poderosos sectores industriales que mandan mucho, aquí y ahora. Sin embargo salir de la vorágine del transporte no significa apostar por un modo de transporte elitista, de gran impacto ecológico y social y desequilibrador del territorio y favorecedor las capitales frente a los pueblos, como la Y vasca. Lo social y ecológicamente justo y responsable es tratar de amansar el tráfico. Mejorar la accesibilidad de la gente sin aumentar la movilidad. Facilitar modos de transporte no motorizado y de transporte colectivo, frente al coche privado. Estimular fiscal y económicamente a la gente para compartir el automóvil, para usar el transporte publico, los pies y la bicicleta. Pero eso no es un gran negocio. Y el TAV es sobre todo un negocio para los gestores de su construcción.
John Whitelegg, profesor de transporte sostenible en Liverpool comparaba nuestros hábitos como los usuarios del automóvil con las actitudes de los drogadictos. Algunos ecologistas vascos recogiendo el símil, decían con ocasión primer día sin coche, 22 de Septiembre del 2000, que los responsables políticos del transporte actuaban como yonkis con las infraestructuras viarias. La Super-sur la vendían como su última dosis en Bizkaia y la Maltzaga- Urbina en Guipúzcoa y Alava. Pero los proyectos de carreteras, autopistas y autovías no cesan. El problema terapèutico está en que el TAV no es la metadona para salir de la dependencia de la heroína/carretera. Mientras las políticas de transporte sigan priorizando el negocio frente al resto de criterios ambientales, sociales, de ordenación territorial, culturales… decir que el TAV va a servir para salir del modelo de transporte por carretera es como creerle a un drogadicto con la bolsa llena que este -el TAV- es su ultimo chute. La evidencia demuestra que nuestro sistema político actúa como un poli-toxicómano en los asuntos del transporte. La culpa del actual estado de cosas la tenemos los que no queremos aportar más droga para su síndrome de abstinencia.
* Iñaki Barcena Hinojal, Profesor e investigador de EHU. Miembro de Ekologistak Martxan.
* Ekologistak Martxan Euskal Herria - 26 de febrero
La Guardia Civil detiene al ex alcalde de Gomecello por un delito de corrupción urbanística
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NORTECASTILLA/Salamanca* : La Guardia Civil de Salamanca detuvo ayer al ex alcalde de Gomecello, Julián Rodríguez, perteneciente al partido Unión del Pueblo Salmantino, y a otras tres personas por su presunta implicación en un delito de corrupción urbanística. Según señalaron fuentes del caso, los detenidos estarían implicados en una recalificación ilegal la pasada legislatura de unos terrenos incluidos en el término municipal de Gomecello.
Además de Julián Rodríguez, fueron detenidos a lo largo de ayer E. P. R., J. C. M. C. y S. M. V. Según los primeros datos que se han conocido sobre la investigación, todos ellos estarían relacionados con una constructora que habría llevado a efecto una promoción presuntamente ilegal de chalets en el municipio salmantino que se encuentra sin terminar.
Según fuentes de la investigación, las cuatro personas fueron detenidas por una orden emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca y aunque estaba previsto que pasaran ayer mismo a disposición judicial, finalmente serán interrogados a lo largo de hoy. Mientras, permanecen custodiados en la Comandancia de Salamanca.
La noticia provocó un auténtico impacto ayer en Gomecello, aunque la actual alcaldesa, Rosa Esteban (PP), declinó realizar ninguna valoración. En cualquier caso, el nuevo equipo de Gobierno negó haber interpuesto la querella contra la promoción supuestamente ilegal que ha originado la actuación del juzgado y manifestó que, a pesar de haber presentado varias denuncias contra la gestión del anterior alcalde, todas se enmarcan en el ámbito de lo contencioso.
La acción política de Julián Rodríguez ha estado marcada siempre por su oposición frontal al Centro de Tratamiento de Residuos de Salamanca que la Junta inauguró el pasado año en Gomecello. Rodríguez encabezó primero la plataforma vecinal y después alcanzó la alcaldía en el 2003 con un programa político basado en el rechazo a la instalación. Tras una larga batalla judicial, el alcalde protagonizó un enfrentamiento con la Guardia Civil en junio del 2005 al intentar impedir la entrada de las máquinas en los terrenos del CTR y que se saldó con su detención por resistencia a la autoridad.
* El Norte de Castilla - 27.02.08 - F. GÓMEZ
Foto: Solar donde se construye el centro de basuras de Gomecello/ J. T., nortecastilla.es
Bruselas amenaza con paralizar el aeropuerto de Valcárcel y denunciarlo ante el tribunal europeo
VEGAMEDIA/Murcia* : La Comisión Europea ha enviado una advertencia al Gobierno de la Región de Murcia y al Ministerio de Fomento: las obras del nuevo aeropuerto murciano incumplen las normas medioambientales. Además, el organismo europeo es claro: si no rectifican serán denunciados ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
El expediente abierto por la Comisión Europea afirma se basa en que el Gobierno autonómico "no realizó un análisis exhaustivo de alternativas para valorar de forma adecuada el impacto medioambiental del aeropuerto", especialmente en los núcleos de población del entorno.
Según Bruselas, el estudio aportado por la Región de Murcia es excesivamente "frágil", ya que no reflejan los nuevos núcleos residenciales que se están construyendo a muy escasa distancia de donde está proyectado el aeropuerto.
"Este grave error medioambiental", dice la Comisión, "es imputable al promotor del aeropuerto, la Región de Murcia, en la medida que es quien ha elaborado y propuesto el Plan Director". Pero añade: "También es imputable al Ministerio de Fomento por no haber ejercido adecuadamente la función que le corresponde de velar por la corrección del procedimiento".
Además, la Comisión va más allá y asegura que el Gobierno autonómico es consciente del problema medioambiental que presenta el proyecto, pero afirma que se niega a rectificarlo ya que tendría que repetir ciertos trámites, lo que supondría una demora en la inauguración de la infraestructura (y ya se sabe que las prisas mandan cuando se acercan las elecciones).
"No obstante, a pesar de las reticencias del Gobierno de Murcia, aún está en manos del Ministerio de Fomento enderezar la situación, pues en estos momentos tiene sobre su mesa, para su aprobación o no, el proyecto de obras presentado por la Región de Murcia, elaborado por el adjudicatario de la obra pública, el Consorcio Aeromur liderado por Sacyr Vallehermoso", señala la Comisión.
Con todo esto, Bruselas advierte a las dos partes implicadas que, si diesen comienzo las obras de construcción del aeropuerto "a pesar del apercibimiento de la Comisión, los perjuicios económicos para la Región de Murcia podrían ser incalculables en el caso de tener que dar marcha atrás".
* Vegamedia Press - 27/02/2008
Foto: Murcia, proyecto aeropuerto - vegamediapress.es
El ayuntamiento permite 10 excepciones o cambios del PGOU para facilitar el hotel del nuevo Mestalla
LEVANTE/Valencia* : Para hacer posible la construcción del nuevo estadio del Valencia CF en la avenida de Corts Valencianes incluyendo, ahora, un hotel de unas veinte alturas, el Ayuntamiento de Valencia -y la Generalitat Valenciana- tendrán que autorizar hasta diez cambios o excepciones en las normas urbanísticas del Plan General que rigen para el común de los promotores.
La última modificación sobre un planeamiento ya modificado es la más sustanciosa por tanto convierte el uso hotelero en principio prohibido en permitido.
Pero no es la única variación de calado. Además, se eliminan dos importantes restricciones: la altura total que podrá alcanzar la instalación deportiva y el retranqueo de 15 metros de la fachada respecto a la calle que opera en todo el polígono de viviendas de la zona. No es una cuestion baladí, ya que el retranqueo, de tener que hacerse, habría supuesto una reorientación del estadio y el edificio de usos terciarios -diseñado en la parte recayente a la calle La Safor- no habría cabido.
La singularidad del coliseo futbolístico ha sido el argumento utilizado para justificar las excepciones. Entre las dos modificaciones se han variado los cómputos de edificabilidad, también en vistas a concentrar el máximo en el futuro hotel. A falta de concretar en un estudio de detalle, el uso dominante deportivo -el previsto para la parcela- será "superior al 50%" (pero bastaría con el 50,5%) y el resto, terciario. Otra novedad introducida es que las tiendas, cafeterías y locales dentro de la "piel" del estadio computan como deportivo, no terciario. Tampoco se cuentan las gradas y locales abiertos.
* Levante-EMV - S. G. , Valencia - 27 de febrero de 2008
Foto: Valencia, nuevo estadio y hotel 20 alturas - levante-emv.com
Urbanismo suspende el PGOU de Cuevas del Almanzora
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ELPAÍS/Almería* : El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (Almería), gobernado por el PP, incluye en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio la construcción de 100.000 viviendas en suelos catalogados como urbanos no consolidados y como urbanizables no sectorizados.
La Comisión Provincial de Urbanismo, reunida ayer para analizar la viabilidad del planeamiento de este municipio del levante almeriense, que ronda los 12.000 habitantes, suspendió el planeamiento, que supondría la construcción de viviendas para 238.000 habitantes, según explicó a este periódico el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Luis Caparrós.
El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora deberá subsanar todas las deficiencias detectadas por la Junta de manera que el plan general propuesto se adapte a los criterios de "racionabilidad y sostenibilidad" estipulados por ley.
El representante de la Administración andaluza ofreció al regidor del municipio, Jesús Caicedo, todo el asesoramiento que precise para subsanar en el más breve plazo esta previsión de crecimiento para los suelos no consolidados, además de trasladarle su preocupación sobre la futura situación de 2.500 viviendas construidas en diferentes núcleos del municipio bajo la figura de delimitación de suelo, que ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo, por lo que urgió al Consistorio a subsanar también estas deficiencias.
Al margen de estos asuntos "graves", la Comisión decidió dar su aprobado al PGOU en cuanto a la previsión de crecimiento en suelo urbano consolidado, estimada en 3.500 viviendas, y en suelos para uso industrial, que suman unas 280 hectáreas.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 27/02/2008
Foto: Cuevas del Almanzora (Almería) - wikipedia.org
El crac del ladrillo. Del milagro a la pesadilla
XLSEMANAL/A Fondo* : Mientras el ciudadano de a pie se encadenaba a interminables hipotecas, promotores, especuladores y avispados de todo pelaje se hacían de oro con el ‘boom’ inmobiliario. Pero los días del dinero fácil han acabado. Ahora, los nuevos ricos que crecieron a la sombra del ladrillo, como Enrique Bañuelos, Luis Portillo o Francisco Hernando, intentan salvar los muebles.
Cuenta Groucho Marx en sus memorias que en los años 20 del pasado siglo su sueldo era de 2.000 dólares semanales. «Pero esto era calderilla en comparación con la pasta que ganaba, teóricamente, en Wall Street.» Groucho no tenía asesor financiero. Nadie lo necesitaba. Ascensoristas y camareros le daban chivatazos. «Podías cerrar los ojos, elegir un valor al azar y la acción que acababas de comprar empezaba a subir. Lo más sorprendente era que nadie vendía una sola acción. La gente compraba sin cesar. Parecía absurdo vender a 30 cuando se sabía que en cuestión de meses valdría el doble o el triple.» Era el año 1929. Se avecinaba el crac. «Mientras el mercado seguía ascendiendo hacia el firmamento, empecé a sentirme cada vez más nervioso. El poco juicio que tenía me aconsejaba vender, pero era avaricioso.» De repente, todo el mundo quiso vender, el nerviosismo se tornó en pánico y, el martes negro, la Bolsa se derrumbó. «El día del hundimiento final, mi amigo Max Gordon me telefoneó desde Nueva York. Todo lo que dijo fue: ‘¡La broma ha terminado!’. Luego se suicidó. Creo que el único motivo por el que seguí viviendo fue el convencimiento consolador de que todos mis amigos estaban tan arruinados como yo.»
Salvando las distancias, lo que relata Marx tiene un aire familiar: recuerda a lo que sucede en el sector del ladrillo en España durante estas últimas y turbulentas semanas. Quizá nadie se suicide tirándose desde un rascacielos, pero la burbuja más rentable de la economía española ha estallado. Todo empezó en verano con un estornudo del sistema bancario en EE.UU. por la concesión de créditos hipotecarios de altísimo riesgo, las hipotecas subprime. Los bacilos contagiaron a Europa, y España agarró una pulmonía. Tanto que Carlos March, presidente de la Banca March, profetiza «tres años de sufrimiento» para inmobiliarias y constructoras.
Entre los que están pagando el pato, los primeros damnificados son los agentes inmobiliarios. Las ventas han caído un 40 por ciento y la crisis se ha llevado por delante a unas 32.000 oficinas de ventas de pisos, aunque nadie sabe muy bien cuántas había: 160.000 según una consultora especializada, la mitad según los agentes de la propiedad. Tal es el caos. Cierto es que muchas eran chiringuitos surgidos como setas al calor del dinero fácil. Un teléfono móvil, traje y corbata a guisa de moderno disfraz de bucanero y el coche como oficina. Ésa es la radiografía del 64 por ciento de un sector donde abundan los truhanes. Los más serios, los que están colegiados, van capeando el temporal como pueden.
Además de venderse menos casas, sobre todo segundas residencias en la costa, se construye menos. Un dato demoledor: el consumo de cemento se estancó en 2007 después de una década de hormigoneras a todo gas. Lo que se ha traducido en un descenso de 300.000 viviendas respecto al año anterior. ¿Cuáles son las previsiones para 2008? Para echarse a llorar. Otras 150.000 menos que en 2007, según el director de la oficina económica de la Moncloa, David Taguas. Eso supone 300.000 empleos menos. Crisis en los andamios y albañiles al paro. Uno de cada tres son inmigrantes.
La pregunta del millón es si la crisis propiciará que baje el demencial precio de los pisos, que ya ronda los 2.086 euros por metro cuadrado. De momento, sólo ha servido para que se desacelere. Los precios siguen subiendo, pero a menor ritmo. El incremento anual se sitúa en el 4,8 por ciento, el menor de la última década. Si bien, entidades como Deutsche Bank pronostican que finalmente será inevitable una caída de precios de hasta el ocho por ciento. Pero, de momento, las inmobiliarias prefieren tirar la casa por la ventana haciendo regalos, algunos la mar de curiosos, antes que hacer rebajas.
Las oficinas de venta de pisos que aún quedan abiertas se han convertido en una tómbola. Las promociones de viviendas de lujo son las que ofrecen los obsequios más golosos: desde un Mercedes clase C con plaza de garaje hasta instalaciones de domótica o electrodomésticos de alta gama en la cocina. Incluso se regalan bolsas, palos y clases gratuitas en urbanizaciones con campo de golf. Otras copian al Gobierno y ofrecen un chequebebé si los clientes tienen un hijo. Televisiones de plasma, jamones de pata negra. Cualquier cosa antes que bajar el precio. Una inmobiliaria ha llegado a regalar bolitas antiestrés para no comerse las uñas con las subidas del euríbor. Buenas noticias: bajó en enero, bendito efecto colateral de los desplomes en las Bolsas. Pero la hipoteca media ronda los 700 euros mensuales. La revisión a la baja sólo será de unos 35 euros en el próximo recibo, pero puede servir para amortizar una cena baratita porque muchas familias hipotecadas ya no se acuerdan de lo que es salir un sábado por la noche.
Sólo hay que echarle un vistazo al selectivo Ibex 35, el indicador de los principales valores de la Bolsa, y en especial a las cotizaciones del llamado G14, las compañías del sector de la construcción (más conocidas como las empresas del cemento) y sus primas hermanas, las inmobiliarias, para darse cuenta de la magnitud del cataclismo. El descenso de la venta de viviendas en España, las crecientes dificultades de financiación y el elevado endeudamiento del sector asustan a los inversores. En una sola semana (si no negra, por lo menos azul muy oscuro), el G14 vio esfumarse 9.100 millones de euros en capitalización, más de un tercio de su valor.
El elevado endeudamiento que arrastran las inmobiliarias es como para no pegar ojo. Los años de crecimiento estratosférico que vivió el sector, acompañados por una época dorada de tipos de interés muy bajos, permitieron que muchas empresas aprovecharan el tirón del negocio para endeudarse y fomentar expansión. Los bancos que prestaron la pasta están ahora con la mosca detrás de la oreja. El lema es conocido: «Si te debo mil euros, tengo un problema; si te debo un millón de euros, tú también tienes un problema». Y en el caso de algunas inmobiliarias, el problema es morrocotudo.
Colonial se lleva la palma. Debe recibos por valor de 8.600 millones de euros. No es extraño que sus acciones se desplomasen hasta valer poco más o menos lo que un sobre de cromos. Pero el tufo a ganga ha atraído al fondo estatal de Dubai y el previsible chorro de petrodólares ha inyectado nueva vida a la firma. Astroc afronta unos pagos de 688 millones. Peccata minuta para lo que se cuece en el sector. El problema es que debe hacer frente a la mitad de esos vencimientos en los próximos meses, sin apenas respiro; es decir, los acreedores le aprietan todos a una. Durante varias sesiones fue el farolillo rojo del parqué, aunque parece que ha retomado nuevos bríos con una ampliación de capital y una renovación de sus accionistas. Renta Corporación, la tercera inmobiliaria más castigada, también se recupera gracias a los amantes de las emociones fuertes, pues la Bolsa española se ha convertido en una montaña rusa, con jornadas de pánico históricas seguidas de rebotes no menos sonados.
Pese a estas tímidas recuperaciones, el panorama es sombrío. Como apunta el broker Javier García Rodríguez, director de Renta 4, «parece que el sector necesita más que nunca el dinero de los bancos, justo cuando, a la inversa, son éstos los que necesitan cuanto antes el dinero prestado inicialmente, ya que la crisis de liquidez es cada vez más evidente y constatada por las sucesivas inyecciones de liquidez de los bancos centrales». O dicho para legos: se juntan el hambre con las ganas de comer.
Y es que, en conjunto, las grandes inmobiliarias adeudan más de 30.000 millones de euros. Llevan años comprando a crédito cada palmo edificable en España. Los analistas hablan de un minicorralito del suelo semejante al que paralizó la economía argentina, pero circunscrito al sector. Un sector, bien es verdad, que es una de las locomotoras de nuestra economía, con el turismo, pues seguimos siendo un país de albañiles y camareros. Luis Portillo, un promotor sin pedigrí, ascendido a los altares financieros como uno de los nuevos zares del ladrillo y caído súbitamente en desgracia con idéntica celeridad (su paso por la famosa lista de millonarios de la revista Forbes quedará en las hemerotecas como uno de los más efímeros de la historia), se lamentó de no haber tenido una bola de cristal antes de abandonar la presidencia de Colonial. Otro de paso fugaz en la lista de Forbes es Enrique Bañuelos, ex mandamás de Astroc, que llegó a poseer, de la noche a la mañana, el tercer patrimonio de España: 7.700 millones de euros.
El ‘ladrillazo’ ha sido de aúpa. Y han salido con chichones hasta los ricos del parqué. Y es que las grandes fortunas españolas han sufrido un descalabro sin precedentes. Las ocho familias más ricas de España han llegado a perder en Bolsa unos 18.000 millones. El gallego Amancio Ortega, fundador de Zara y el hombre más rico de España pese a los últimos varapalos, ha perdido más de 2.500 millones de euros, aunque sólo una pequeña parte de lo volatilizado se debe al crac del suelo. El presidente de la constructora ACS, Florentino Pérez, ha llegado a perder 250 millones, aunque las cotizaciones caen un día y al siguiente resucitan. José Manuel Entrecanales ha visto depreciarse hasta en 1.800 millones el valor de sus acciones en la constructora que preside, Acciona. Y la familia del Pino también las ha pasado canutas en Ferrovial.
Lo de las hermanas Koplowitz merece párrafo aparte. Esther, propietaria del 37 por ciento de FCC, sufrió una pérdida de 320 millones. Alicia fue más previsora. Siempre ha tenido un olfato especial para anticiparse a las tempestades bursátiles. En esta ocasión huyó de la renta variable antes de que la Bolsa cayera y colocó la mayoría de sus inversiones en renta fija. Resultado: salvó los muebles cuando podía haber perdido unos 500 millones.
Mal de muchos… Consuelo, sí. Pero poco. Vivimos en un país donde hay tres millones de pisos vacíos, pisos que antes eran de 140 metros cuadrados y ahora son cuchitriles de 60 y sin garaje, como recuerda la Plataforma por una Vivienda Digna, y que cuesta diez años de sueldo íntegro pagar. Un país donde han medrado los pasapiseros, que compran un piso sobre plano para venderlo más caro antes de escriturar, en la más pura tradición de la novela picaresca. Quizá, después de todo, el ladrillazo sirva para hacer un reajuste, aunque sea por las bravas, y poner algo de sentido común en un sector donde ha prevalecido la avaricia. Veremos.
* Carlos Manuel Sánchez
* XL Semanal - Magazine - Carlos Manuel Sánchez - Del 24 de febrero al 1 de marzo de 2008
Foto: Esta imagen de grúas en medio del campo manchego, en Seseña (Toledo), se ha convertido en el símbolo del ladrillazo./ CARLOS CARRIÓN, xlsemanal.com
Madrid es la única comunidad que no ha aprobado ayudas al alquiler
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ELPAÍS* : Miles de jóvenes de todas las comunidades autónomas han solicitado la famosa ayuda al alquiler de 210 euros. Los expedientes de cientos de ellos ya han sido resueltos, la gran mayoría positivamente. Sólo hay una comunidad que no ha resuelto ni uno solo. Es la misma que desde el principio denunció el proyecto del Ministerio de Vivienda por considerar que invadía competencias y por ser "imposible" ponerlo en marcha en los plazos previstos. Es la Comunidad de Madrid.
El Gobierno que preside Esperanza Aguirre aduce motivos técnicos para esta parálisis y así se lo ha hecho saber al ministerio por carta. En ese documento explica que de las 14.300 solicitudes recibidas, 5.752 no se han podido "grabar en la aplicación" informática del ministerio. El problema de las 8.548 restantes, dice la Comunidad, es que no se puede acreditar que los jóvenes cumplan el requisito de tener una fuente regular de ingresos.
Madrid asegura que, dado que "la aplicación informática no facilita la información necesaria" se ha dirigido a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social para pedirle los datos de los solicitantes.
Sin embargo, la Seguridad Social da una versión totalmente distinta. Este organismo ha puesto a disposición de las comunidades que lo deseen una web para ceder la información necesaria sobre los solicitantes. "Cuando una comunidad nos lo pide, tardamos 24 horas en ponerlo en marcha. Madrid nunca se ha dirigido a nosotros", aseguran en la Seguridad Social.
La Agencia Tributaria, por su parte, explica que han satisfecho todas las peticiones de datos requeridos por las comunidades.
Las otras comunidades no parecen tener los mismos problemas. El resto de Gobiernos regionales, incluidos los del PP, están resolviendo las peticiones. Por ejemplo Valencia, que ha dado el visto bueno a 230 de las 2.771 peticiones recibidas. Andalucía lleva la delantera en número de expedientes resueltos: más de 2.100 de los casi 7.600.
"Estamos colaborando con otras administraciones para evitar pedir a los jóvenes documentación que obra en nuestro poder", señala el director general de Vivienda de Asturias, Enrique Álvarez.
En el Ministerio de Vivienda dudan de las explicaciones que da la Comunidad de Madrid para haber paralizado a pocas semanas de las elecciones la concesión de una de las medidas estrella de la ministra Carme Chachón. "Nadie se puede creer que el sistema que funciona en todas las comunidades, incluidas aquellas en las que gobierna el PP, sea inútil en Madrid. Se está haciendo una utilización política de una medida que puede beneficiar a miles de jóvenes", apuntan los responsables del ministerio.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 27/02/2008
Foto: Madrid. Puerta del Sol - Onar Vikingstad (wikipedia.org)
Veïns de Parcent tilda de ´golpe de estado´ e iniciativa ´mafiosa´ la querella de Terres de l´Horta
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LEVANTE/Alacant* : La querella interpuesta por la promotora Terres de l'Horta contra el alcalde y los ediles del gobierno de Parcent, de CDP, por la desestimación del macroproyecto urbanístico que la mercantil pretendía llevar a cabo en el municipio, ha propiciado la respuesta inmediata de Veïns de Parcent.
Como adelantó el pasado sábado Levante de Alacant, la mercantil, que aspira a construir 1.496 viviendas con su proyecto, ha acudido a la vía penal con una querella en la que llega a reclamar la detención y envío a prisión del alcalde, Máximo Revilla; de los concejales Jacqueline Claire, Fabiola Mora, Jaume Mora y Joan Carles Poquet; y del secretario-interventor del consistorio, Iván Pérez.
El colectivo Veïns de Parcent, que nació precisamente para oponerse a los proyectos urbanísticos que Terres de l'Horta y otras mercantiles pretendían impulsar en el pasado mandato con el beneplácito del Partido Popular -que gobernaba entonces el consistorio-, emitió ayer un comunicado para lamentar la iniciativa judicial emprendida por la empresa y calificarla sin remilgos de "intento de golpe de Estado a nivel local".
Aunque vaticina que la querella acabará "haciendo el ridículo", Veïns de Parcent argumenta que "es indignante, sin embargo, constatar cómo tan bochornosa actitud intenta criminalizar el normal transcurrir democrático de un pueblo que ha demostrado lo que quiere en las urnas y cuyo ayuntamiento actúa según la legalidad que le otorgan el amparo de la legislación y del pleno". Y "en este aspecto", la asociación afirma que el ejecutivo municipal "tiene todo nuestro apoyo".
En el comunicado, el colectivo municipal afirma que "la actitud de estas promotoras se acerca cada día más a la de Paco "El Pocero", aquel que iba a un pueblo y empezaba a interponer demandas y querellas a diestro y siniestro con la intención de asustar a los concejales e interferir en las decisiones municipales y sin que estas interposiciones llegaran nunca a ningún lado".
En Parcent, como estas promotoras "ya no dominan el ayuntamiento, están intentando meter miedo a la acción democrática y a todo un pueblo", señalan. En opinión de Veïns de Parcent, "pedir así la cárcel para todos casi es de risa, si no fuera porque es una actitud vergonzante que recuerda a la manera de actuar de la mafia".
* Levante-EMV - Sergi García, Dénia - 26 de febrero de 2008
Foto: Parcent (Alicante), manifestación - levante-emv.com
El club de los callados
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Los imputados en el caso Malaya se han convertido en una legión de mudos que no saben ni contestan ni opinan ni manifiestan. Uno tras otro, callados pero siempre ruidosos, han estado varios días desfilando ante el juez Óscar Pérez, el magistrado de Marbella que ha iniciado la fase indagatoria -el paso previo a que las partes formulen su escrito de calificación de los hechos- del mayor caso de corrupción de la democracia en España. El magistrado está notificando a cada uno de los investigados los autos de procesamiento y casi todos, además de rechazar las imputaciones, se acogen a su derecho de no declarar.
Los integrantes de este antiguo club de deslenguados, pillados in fraganti en sus tejemanejes en miles de conversaciones por teléfono móvil incorporadas al sumario, han perdido el habla, lo que les rebaja de categoría en la evolución de la especie, ya que la capacidad de hablar era casi lo único que les diferenciaba hasta ahora de algunos animales. En esta nueva fase de la instrucción del sumario, y asesorados por sus abogados, están descubriendo las ventajas del silencio.
El otro día se conoció el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado de las arcas del consistorio marbellí en los gobiernos del GIL. Algunos de los que callan ahora estuvieron en corporaciones que dejaron un pufo en el consistorio de 335 millones de euros, más del 181% del presupuesto municipal. Entre 2002 y marzo de 2006, los técnicos del Estado no han encontrado ni un solo expediente administrativo sujeto a la ley. Ni tan siquiera una excepción que confirmara la regla. Los que callan ahora son también algunos de los que llegaron a transferir más de 650 millones de euros a las empresas municipales sin que en la contabilidad municipal apareciera al menos un recibí. Ni uno. Entonces todo lo hacían de boquilla.
El nivel de nepotismo llegó a tal extremo que las contrataciones se notificaban a los jefes de área mediante un mensaje manuscrito en una servilleta. Ni proceso de selección ni examen oral alguno. Todo por lo bajini. En este trozo de papel, el edil comunicaba el salario del enchufado, el rango y la sociedad municipal donde prestaría sus servicios. Por ello, y sin mediar palabra alguna, en 15 años hubo que gastar mucho en servilletas de papel, ya que la plantilla municipal pasó de 736 a más de 3.000 trabajadores. Sólo para echar a 41 cargos de confianza de la etapa del GIL, la gestora que se puso al frente del consistorio tuvo que indemnizarles con 1,2 millones de euros.
Uno de los que habla ahora de otras cosas, pero que también calla sobre Marbella ha vuelto a aparecer en este informe del Tribunal de Cuentas. Se trata del abogado José María del Nido, que percibió en poco más de 20 meses tres millones de euros por trabajos de asesoría facturados al ayuntamiento. El tribunal subraya que recibió los últimos pagos cuando faltaba poco para la moción de censura contra Julián Muñoz y que se realizaron sin atender al orden de prioridades que establece la ley. Lo que demuestra que además de un caro abogado, es un lince para cobrar los negocios. Tan bien le pagaba el ayuntamiento, que fue desligarse de sus servicios y bajar un 62% el coste de los servicios jurídicos externos del consistorio.
El club de los callados, que tiene otros muchos socios además de los imputados en Malaya, tiene quien vele por su derecho al silencio. Algunos abogados en Marbella se han llegado a manifestar con pancartas alegando que "la intimidad está en peligro". Ha ocurrido tras un requerimiento informativo que les ha dirigido la Comisión de Prevención de Blanqueo de capitales por operaciones dudosas en varios despachos. Ya sólo queda que este poderoso club de los callados no exija a los demás que guardemos un silencio de corderos.
* ELPAIS.com - Opinión - Andalucía - 26/02/2008
Ciudadanos por Granada solicitan la ampliación del plazo del PGOU y la realización de debates públicos
GRANADADIGITAL* : La Asociación Ciudadanos por Granada ha presentado una instancia al Ayuntamiento solicitando la ampliación del plazo de información pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la realización de debates públicos por distritos en los que se informe a la ciudadanía del mismo.
Igualmente, ha solicitado que se habiliten cauces de participación ciudadana para su elaboración final, según ha informado esta asociación en un comunicado.
Ciudadanos por Granada justifica su petición en que el PGOU es un instrumento de vital trascendencia para el futuro de la ciudad y debe realizarse con el mayor consenso social posible.
Del mismo modo, señala que la Ley La de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge explícitamente el fomento de la participación ciudadana entre los deberes de la Administración, quedando claro que los cauces, mecanismos y tiempos legalmente reglados para la participación constituyen tan sólo un mínimo a cumplir.
La asociación ha recordado que Granada firmó la Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad -Carta de Aalborg- comprometiéndose a garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados y velar para que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones.
Ciudadanos por Granada considera que tanto el procedimiento elegido como el plazo de exposición pública y alegaciones "es claramente insuficiente para que las asociaciones y los ciudadanos de Granada interesados puedan conocer el documento en profundidad y presenten las alegaciones pertinentes".
* Granada Digital - EFE - 26/02/2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Segovia: La plataforma antiaeropuerto reúne casi cuatro mil firmas contra la infraestructura
NORTECASTILLA* : La plataforma Aeropuerto=Pueblo Muerto vuelve a la carga. Sus integrantes han organizado unas jornadas con el objetivo de informar a la ciudadanía de Segovia acerca de las consecuencias y el impacto que la infraestructura puede tener en el medio ambiente y en los habitantes de la capital y de los pueblos más cercanos si finalmente acaba materializándose.
Los detractores del aeropuerto que promueve un grupo de empresarios segovianos comparecieron ayer para explicar el programa de las jornadas y anunciar que han conseguido reunir casi cuatro mil firmas contra el aeropuerto que mañana mismo entregarán en la Diputación Provincial de Segovia, institución a la que exigen que se oponga expresamente a la infraestructura «porque, como está para velar por los intereses de los municipios, el interés a defender en este caso es el de no apoyar la iniciativa de construcción del aeropuerto», según dijo una de las portavoces de la plataforma, Yolanda Torrego. Junto a las firmas, también irán las actas de los Plenos que han celebrado 19 municipios del entorno de Cantimpalos -lugar donde iría ubicado el aeropuerto- para oponerse al proyecto de Proydea. Entre los pueblos que se oponen figuran, además de Cantimpalos, Armuña, Encinillas, Escobar de Polendos, Pinillos, Villovela de Pirón, Basardilla, Carbonero de Ahusín, Valseca, Bernuy o Brieva.
Las jornadas contarán con dos mesas informativas. La primera tendrá lugar esta tarde entre las 18 y las 20 horas en la plaza de las Sirenas, junto a la iglesia de San Martín, y la segunda, el próximo jueves, a partir de las seis de la tarde, en plena plaza del Azoguejo. La información hará especial hincapié en el impacto que el aeropuerto puede tener sobre la capital de la provincia dada su proximidad física a la infraestructura. En este sentido, Laura Álvaro, de la plataforma, recordó que entre la cabeza de la pista de aterrizaje y el Alcázar de Segovia, en línea recta, sólo distan diez kilómetros.
A los ciudadanos que lo deseen, la plataforma les proporcionará toda la información que posee sobre el proyecto, las noticias y reportajes publicados por distintos medios de comunicación sobre los perjuicios que la proximidad de un aeropuerto tiene sobre la salud de las personas. Los miembros de la plataforma que allí se encuentren estarán dispuestos a resolver cualquier duda.
Todo paralizado
Aeropuerto=Pueblo Muerto reitera que el fantasma del aeropuerto recorre toda la comarca del Polendos. La preocupación se ha apoderado de los habitantes de los pueblos cercanos a Cantimpalos, que están deseando escuchar a los empresarios promotores que abandonan la idea. La plataforma exige una declaración en este sentido «porque incluso la actividad económica en estos pueblos se está deteniendo. Hay proyectos de turismo rural que se han paralizado y también la construcción de viviendas. Es algo normal», subrayó Torrego. «Nosotros creemos en el progreso -continuó Laura Álvaro- pero este no es el sitio adecuado».
Las jornadas finalizarán el viernes, día 29 de febrero, con una mesa redonda que tendrá lugar a partir de las 20 horas en el salón de actos del instituto Andrés Laguna. En ella intervendrán la alcaldesa Belvis del Jarama, el pueblo situado junto a la T-4 de Barajas; el ingeniero aeronáutico Eleuterio Esteban; la psicóloga ambiental María Ángeles Gilmartín; la socióloga Ana Teresa López, y el ecologista miembro de Green Peace Carlos Bravo.
Desde Proydea, han preferido no pronunciarse al respecto, pero no están dispuestos a renunciar al proyecto.
* El Norte de Castilla - 26.02.08 - CARLOS ÁLVARO
Foto: Segovia, plaza Mayor - segoviayprovincia.com
