VICENTE GUALLART* : Si las organizaciones más competitivas son aquellas que saben crear estructuras que respondan a las oportunidades y retos del entorno en el que operan a la velocidad adecuada, las estructuras físicas de las ciudades y la disciplina que las regula, el urbanismo, parecen funcionar a través de procesos obsoletos. Las ciudades y las regiones, como organizaciones que operan en un marco de competitividad, deben desarrollar sus potenciales en un espacio físico limitado, en un marco temporal definido para formar parte de las redes de ciudades y territorios que lideran los procesos económicos y culturales, en la sociedad de la información.
1. Hoy en día no sólo es importante la calidad en los desarrollos urbanísticos, sino que hay que garantizar que se desarrollan a la velocidad adecuada, para permitir en su caso generar viviendas, infraestructuras o lugares de trabajo al ritmo que lo requieren las condiciones cambiantes de nuestra sociedad. El caso de la vivienda es paradigmático, puesto que el debate de los últimos años no ha permitido, en general, traducir las voluntades en hechos, de forma que hay una generación de españoles que no dispondrán de vivienda en aquella edad en la que los jóvenes deciden crear empresas o establecer familias. Por ello, construir viviendas tanto en alquiler como en propiedad para los colectivos más necesitados (jóvenes, mayores, inmigrantes, etcétera) debería ser objeto de actuaciones concretas específicas en plazos determinados, como un objetivo de prioridad nacional. Se trata, por tanto, de no sólo ser capaces de actuar en el espacio de forma correcta, sino también controlar asimismo la acción en el tiempo.
2. En el urbanismo confluye una circunstancia paradójica: se requiere la misma figura jurídica para desarrollar un plan urbanístico que contiene principalmente viviendas protegidas que para construir un campo de golf y viviendas de lujo. Los trámites de ambos procesos son similares y en general la desconfianza (por responder ambos a procesos urbanísticos) también lo es. Y, sin embargo, ambas son actuaciones tan diversas como jugarse el dinero en un casino o ahorrarlo en un banco. Por ello se hace necesario el desarrollo de normativas y procedimientos que permitan que se puedan resolver a una velocidad mayor aquellas iniciativas relacionadas con la implantación de actividades en el territorio con mayor impacto social.
3. Los propios ayuntamientos y comunidades deberían ser sensibles a la necesidad de crear viviendas protegidas a la velocidad que lo reclaman los ciudadanos, garantizando el acceso a la vivienda, de la misma manera que se garantiza el acceso a una plaza escolar. Los trámites burocráticos para obtener licencias de las viviendas protegidas siguen la misma velocidad que cualquier otra actuación urbana. Y todo ello es dramático porque retrasar el inicio de una construcción de viviendas seis meses significa retrasar una emancipación ese mismo tiempo para decenas de personas o familias.
4. Porque las ciudades demuestran que, en ocasiones, sí saben operar según la velocidad del mundo contemporáneo, cuando las circunstancias lo requieren. El caso de la cubrición de la M-30 en Madrid, o de la construcción de un circuito de fórmula 1 en Valencia en tiempo récord, demuestra que las administraciones son conscientes del valor de la velocidad con relación a la economía de las ciudades, lo cual es de celebrar. La llegada del AVE a Barcelona (y su cruce por la ciudad) o la ampliación de la red viaria estatal en la costa mediterránea sería el ejemplo contrario de esta situación. Por ello, habría que demandar una gran capacidad de gestión en cuestiones clave para el desarrollo de las ciudades y el territorio, sin la necesidad de depender necesariamente de grandes eventos (en los cuales en general sí que se ha sabido actuar con celeridad en los últimos años).
5. La cuestión del ámbito de actuación también es relevante para definir su velocidad. La reciente Ley del Suelo español ha cometido aparentemente el error de seguir pensando que el municipio es una unidad clave en los desarrollos urbanísticos, cuando tanto técnica como culturalmente se reconoce que las áreas metropolitanas o las comarcas son las unidades operativas reales. Asumir que un pequeño municipio incluido en una gran área metropolitana deba utilizar la figura del plan general que requiere al menos cuatro años de gestión para asumir implantaciones de vivienda protegida o de actividades clave su desarrollo, puede significar el colapso de ciertas áreas metropolitanas de España necesitadas de una mayor agilidad urbanística en la respuesta a los problemas sociales reales. Por ello, frente a un urbanismo regulador o punitivo, se debería potenciar un urbanismo de ideas y creativo que responda más a las aspiraciones de la sociedad de una forma natural, y que no considere sospechoso cualquier desarrollo sobre el territorio, por el simple hecho de ser "urbanístico".
Una vez pasada la euforia desarrollista de los últimos años, habría que reclamar de la iniciativa privada la búsqueda de la excelencia en cualquier desarrollo urbanístico que se realice en el territorio. Asimismo, habría que solicitar a las administraciones que gestionen los proyectos a la velocidad adecuada, que se tomen en función de su importancia social, con independencia de los ciclos electorales. Una buena iniciativa no gestionada correctamente en el tiempo puede transformarse en una mala iniciativa.
Si la velocidad en una magnitud que relaciona el espacio y el tiempo, debería ser integrada en el urbanismo como un parámetro más a cumplir de forma estricta en relación a las cuestiones que afecten más directamente la vida de los ciudadanos.
* Vicente Guallart es arquitecto.
* El País - 18 Agosto 2007
* Reggio - 18 Agosto 2007
La velocidad del urbanismo
Una cadena de 3.000 personas contra la ampliación del puerto de Xàbia
,+protesta+ampliaci%C3%B3n+puerto+-+T.Calvo+-+diarioinformacion.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : Tres mil personas se concentraron ayer frente a la playa de la Grava de Xàbia para protestar contra la ampliación del puerto. Mediante una cadena humana los vecinos del municipio y de la comarca pidieron al ministerio de Medio Ambiente y a la Conselleria de Infraestructuras que respeten la «voluntad» de los vecinos y la decisión del pleno extraordinario del pasado julio, que mostró el rechazo de todos los grupos políticos a la propuesta de Marina Punta del Este S.L.
Tanto el colectivo Arrels como la Federación de asociaciones vecinales y la Plataforma Cívica en defensa del litoral de Xàbia -organizadores del acto- leyeron un manifiesto en el que se pidió «la protección del litoral valenciano» y en concreto del de Xàbia. La propuesta de denominar Paisaje Protegido toda la costa de Xàbia está pendiente de resolución desde septiembre del año 2004, a petición municipal.
Al acto asistieron ediles del equipo de gobierno, entre ellos el alcalde del Bloc, Eduardo Monfort, concejales del PSOE y, «a título personal», los ediles del PP Juan Carlos Generoso y Mari Carmen Pérez.
El manifiesto de Arrels tachó de «viejo fantasma» la ampliación de las instalaciones portuarias que ahora pretende la demolición y reconstrucción de la escollera de Levante para habilitar 381 nuevos amarres. Así, instó a las administraciones a que «termine con esta barbarie declarando el litoral del País Valencià espacio protegido».
En este sentido, denunció que «lo que hemos demostrado en las calles es que no queremos lo pueden aprobar en un despacho de Madrid o Valencia». Así, se preguntó si las decisiones de los representantes del consistorio «no tienen ningún valor para quien quiere destrozar nuestra costa».
Describieron el proyecto como la construcción de «infraestructuras innecesarias en zonas de interés ecológico, con la voluntad de acabar con el medio natural mientras cuatro avispados se hacen con el dinero».
* Diario Información - ELOISA VIDAL - 19 de agosto de 2007
Foto: Concentración que tuvo lugar frente a la playa urbana de la Grava /Tino Calvo - diarioinformacion.com
Turistas de playa y golf
+-+Greenpeace+2005.jpg)
DIAGONAL* : Detrás de las alabanzas al sector turístico en el Estado español, se esconde un modelo de desarrollo basado en la especulación con grandes impactos en el litoral. En la actualidad, el sector turístico en el Estado español constituye uno de los exponentes fundamentales para la economía. Tras Francia, España se ha convertido en la segunda potencia turística de la UE, ingresando 35.970 millones de euros durante 2006. En términos generales, la influencia del turismo en la economía nacional es relevante en la contribución al Producto Interior Bruto (11%), en la generación de empleo y en la cobertura del déficit comercial.
Las cifras indican que el turismo de sol y playa ha dejado de convertirse en una actividad minoritaria que practicaba la elite, para convertirse en uno de los principales motores de la economía. Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hasta mayo de 2007, las llegadas de turistas internacionales superaron los 20 millones. Sin embargo, no todo lo que guarda el sector turístico son cifras positivas. La imagen que encierra hoy en día esta actividad económica, se ha visto afectada por numerosos casos de corrupción urbanística descubiertos en varios municipios de la península, como los casos de Marbella, Puerto de Santa María o Valencia.
El informe de Greenpeace, Destrucción a toda Costa de 2007, analiza el estado del litoral y pone de manifiesto las graves amenazas ambientales causadas por la saturación urbanística, por el aumento imparable de los campos de golf, y por la proliferación de puertos deportivos. Las comunidades que encabezan la lista negra siguen siendo Andalucía y la Comunidad Valenciana.
El golf se paga caro
Según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), Andalucía es la comunidad con una mayor superficie ocupada por campos de golf, con 4.300 hectáreas.
Al mismo tiempo, se sitúa en el segundo puesto en consumo de agua por persona y día con una media de 180 litros de agua. Pero la apuesta de ofertar turismo de ‘calidad’ de sol y playa con campos de golf no es exclusiva de Andalucía. La gran mayoría de las ciudades ubicadas en la costa mediterránea ha sabido dirigir su modelo territorial para suplir las demandas que el sector encierra. Se estima que, por tener un campo de golf en la proximidad de una residencia turística, se puede incrementar el coste de la vivienda entre un 15% y un 30% del precio normal del mercado, incrementando el caché de la oferta. Ante la falta de una política clara por parte de la Administración para evitar este modelo territorial destructivo para el entorno e ilegal en todas sus vertientes, se pone de manifiesto la necesidad de abrir nuevas fórmulas de presión ciudadana que eviten una destrucción irreversible del patrimonio natural.
Existen normas legales, como el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, por las que se regulan los derechos a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, pero no son suficientes para cambiar la dinámica actual.
* Periódico Diagonal - Carolina Yacamán / Redacción - Número 59. 19 jul - 5 sep 2007
Foto: MAZARRÓN. Las construcciones sobre la arena apenas dejan espacio a los turistas/ GreenPeace
