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LAOPINIÓN/Málaga* : El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), ha sido imputado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de Estepona por presuntos delitos de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito, en una causa donde hay otras dos personas imputadas.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Efe de la imputación de Valadez, quien ha conocido esta decisión judicial a través de los medios de comunicación.
A este respecto, fuentes judiciales han precisado que ha habido un problema por el que el alcalde de Estepona no ha recibido la notificación, que está previsto que se haga efectiva mañana.
Este caso se deriva de la denuncia ante la Fiscalía del actual concejal no adscrito y ex integrante del Partido Estepona (PES), Juan Manuel Rodríguez, contra el jefe de Gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, por construir una vivienda en suelo rústico.
La parcela, calificada como rústica y con 5.000 metros cuadrados de extensión, cuenta con una vivienda compuesta de una sola planta que ocupa algo más de 115 metros cuadrados.
David Valadez fue elegido alcalde de Estepona en julio de 2008 tras la detención del anterior regidor socialista, Antonio Barrientos, quien fue encarcelado por su presunta relación con el caso "Astapa" contra la corrupción urbanística y posteriormente quedó en libertad bajo fianza.
* La Opinión Málaga - Agencias - 10.12.09
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Imputado el alcalde de Estepona por prevaricación urbanística
Murcia: La Plataforma exige medidas urgentes de protección y la declaración como Bien de Interés Cultural
LAVERDAD* : La Plataforma Ciudadana por la Defensa del Yacimiento Arqueológico de San Esteban pidió hoy a las administraciones pertinentes, frente a los restos del Siglo XIII hallados y tras conseguir el desmontaje de los mismos --paralizados por orden judicial--, así como del parking subterráneo previsto en la zona, "que se adopten medidas urgentes de protección".
Y es que, según explicó una de las portavoces de la agrupación, Maite Luengo, "las lluvias de los próximos días pueden destruir elementos importantes". Si mañana la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento de Murcia no adoptan estas medidas, sentenció, "estamos dispuestos a adoptarlas como ciudadanos amparados por la ley, con el asesoramiento de los expertos, y, si es necesario, entraremos en el yacimiento para protegerlo lonas".
Luengo aseguró con la lectura de un comunicado que seguirán con las movilizaciones previstas y con la recogida de firmas, "ya que ahora más que nunca exigimos que se declare el yacimiento Bien de Interés Cultural (BIC), para que quede realmente protegido el expolio y como primer paso a su conservación y puesta en valor".
Asimismo solicitó, acompañada de otros tantos miembros de la plataforma, que el proyecto de musealización, al que hizo ayer referencia el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se desarrolle de manera abierta, transparente y con participación ciudadana.
Al hilo, la agrupación manifestó que seguirá atentamente todo el proceso judicial "para que se depuren responsabilidades por los tres intentos ilegítimos de expolio que esta Plataforma ha evitado con su presencia, presión y denuncias".
Otros miembros de la Plataforma expertos en el sector cultural se preguntaron cómo se pudo firmar una autorización para proceder al desmonte de los restos del yacimiento el 30 de noviembre, cuando el día anterior, la asociación pro-patrimonio Huermur había solicitado ya la declaración de BIC para el yacimiento.
"SILENCIO COMPLICE" DE UNIVERSIDAD Y ACADEMIAS
En este sentido, Luengo lamentó "el silencio cómplice" de instituciones como la Universidad de Murcia o la Academia Alfonso X, "lo que nos hace plantearnos que ahora más que nunca es imprescindible la creación de un órgano consultivo de participación ciudadana como es el Consejo Asesor de Patrimonio".
Además la Plataforma Ciudadana recordó que la paralización de las obras de desmontaje del yacimiento no ha procedido ni del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, ni del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, sino de las denuncias interpuestas por los ciudadanos y la Fiscalía.
Por último la plataforma ciudadana, que se mostró "muy satisfecha" por la paralización de las obras del parking, advirtió que su trabajo "no ha hecho más que empezar" y aclaró que la denuncia de los ciudadanos y la intervención de la Fiscalía "fue lo que realmente paralizó el expolio de San Esteban". Además, ha agradecido y felicitado de forma especial a la Fiscalía de Murcia, así como a los arqueólogos que han trabajado de forma "impecable" en el yacimiento y han mostrado en todo momento su responsabilidad en la protección de los hallazgos.
Al tiempo que destacaron que "los trabajos de desmontaje que se empezaron ayer, se desarrollaron incluso ante la presencia de una dotación del Seprona, que se personó por la denuncia que hicimos los ciudadanos".
Tras lo que animó a la ciudadanía a que compartan esta causa y se unan a ella a través de la web 'www.abrazasanesteban.blogspot.com' y en el correo electrónico 'abrazasanesteban@gmail.com'.
Las movilizaciones están previstas el domingo día 13 a las 11.00 horas con una 'bicifestación cultural', coordinada por Murcia No se Vende, y a las 17.00 horas con una clase popular del profesor Javier García del Toro.
El sábado, día 19, tendrá lugar una manifestación festivo-reivindicativa para pedir la declaración de BIC y la conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico de San Esteban. La marcha saldrá a las 17.00 horas desde la plaza del Ayuntamiento de Murcia. "Va a ser una fiesta en el sentido de celebración ciudadana, porque la paralización la hemos conseguido entre todos", dijo Laura More, miembro de la Plataforma.
* La Verdad - Agencias - 10.12.09
Foto: Murcia, yacimiento S. Esteban - laverdad.es
Piden que la Junta asuma las competencias urbanísticas de la Axarquía
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INFOAXARQUÍA/Malaga* : El colectivo Nueva Cultura del Territorio de Málaga ha pedido a la Junta de Andalucía que asuma las competencias urbanísticas en la Axarquía y que se exijan responsabilidades penales por los delitos urbanísticos cometidos. Según han argumentado en un comunicado, en la comarca de la Axarquía se calcula que se han construido unas 22.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable, “la mitad de las cuales se han construido en los últimos diez años de manera ilegal y es imposible este volumen de construcción sin la complicidad de los responsables municipales de urbanismo”.
Para Nueva Cultura este modelo territorial “que consiste en parcelar el campo construir y vender, provoca un enorme coste ambiental y es una presunta estafa para los Ayuntamientos que al final tienen que asumir los costes de urbanización y servicios que no asumen los nuevos residentes del suelo rural, además de escamotear las obligadas dotaciones y cesiones de suelo como toda urbanización en regla”.
Así consideran que se han dejado de ingresar “decenas de millones de euros” y que se han utilizando carreteras, abastecimiento de agua, tendidos eléctricos “con el dinero de todos para dar cobertura a la población rural, que debe permanecer en el campo en condiciones dignas, y en su lugar se utilizan para dar servicio a las construcciones ilegales”.
“Debemos poner fin la manifiesta incompetencia de estos responsables municipales que han dejado patente que son incapaces de gestionar el urbanismo: hay más de 16 municipios que no cuentan ni con Normas Subsidiarias, y aún los pocos que tienen PGOU, no han impedido la construcción de cientos de viviendas irregulares”, expone en el comunicado a través del que piden “sensatez” en la retirada de las competencias urbanísticas con la consiguiente recuperación de la Junta de Andalucía. También creen que se debería crear una oficina que ejerza la autoridad urbanística y gestione estos recursos, que “la mala gestión de los ediles de la comarca de la Axarquía, ha dilapidado”.
Sobre la Mesa por el Urbanismo auspiciada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, consideran que es “antidemocrática” y que merece llamar “la Mesa por la Impunidad Urbanística”. Para este colectivo debería ser disuelta, “porque sus miembros han dejado constancia de que no han cumplido, ni han sido capaces de hacer cumplir la ley, perdiendo toda la autoridad ante la sociedad en esta materia”. Por eso creen que la única manera de recuperar “la credibilidad es que los infractores pierdan las competencias urbanísticas y que el dinero del urbanismo lo gestione una entidad supra municipal dependiente de la autoridad urbanística de la Junta de Andalucía”.
La coordinadora NCT se dirigirá al Señor Consejero de Ordenación del Territorio con esta petición, con el propósito de que sea una llamada de atención “para todos los ediles de los pequeños municipios de Andalucía que pueden verse tentados a utilizar el urbanismo para crear una red clientelar de afectados o hacer dinero fácil violentando la legalidad, destrozando el territorio y malversando los recursos públicos”.
El colectivo está integrado por plataformas ecologistas de toda la provincia de Málaga.
* InfoAxarquía - 10.12.09
Foto: Axarquía (Málaga) - infoaxarquia.es
Casi 1.000 detenidos por corrupción en España en los últimos cinco años
ABC* : La Policía Nacional ha detenido a 943 personas por corrupción desde 2004 en España, período en el que se han desarrollado 232 operaciones en este ámbito y se han intervenido bienes por valor de más de 3.000 millones de euros.Estos datos fueron aportados por la Policía con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra este miércoles convocado por la ONU.
La Policía explicó que los casi 1.000 detenidos en los últimos cinco años tienen que ver con investigaciones que engloban delitos como cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o falsedades.
En este período se han intervenido bienes valorados en más de 3.000 millones de euros, entre los que destacan inmuebles, vehículos de alta gama, embarcaciones, helicópteros, obras de arte e incluso toros de lidia.
Más medios
Asimismo, la Policía destaca que, en estos años, el Ministerio del Interior ha reforzado progresivamente a las unidades dedicadas a la investigación de estas modalidades delictivas con más efectivos, una intensa formación específica y mejores medios materiales. Además, se han creado nuevos grupos, como la Brigada Central de Blanqueo.
Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares son las que más investigaciones policiales contra la corrupción han concentrado, ya más de la mitad de los detenidos en estos cinco años -un total de 560- lo han sido en estos lugares.
Además, en la Comunidad de Madrid se han efectuado 80 operaciones que han concluido con la detención de 193 personas; otros 200 individuos han sido arrestados en Málaga en alguna de las 25 operaciones policiales; en Baleares se han llevado a cabo 21 investigaciones con 110 detenciones, y en Sevilla se ha detenido a otras 57 personas en las 24 operaciones realizadas.
Frente a los 10 detenidos de las 15 investigaciones de 2004, en los últimos años se han multiplicado los operativos contra la corrupción como consecuencia del refuerzo material y personal de las distintas unidades especializadas. Sólo en 2009 se han efectuado 252 detenciones en 54 operaciones policiales.
* ABC - Servimedia - 9.12.09
Viñeta corrupción urbanística, ayuntamiento
El polémico plan urbanístico de La Pobla de Benifassà llega al pleno
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ELPAÍS/Castellón* : El Ayuntamiento de La Pobla de Benifassà tiene previsto llevar hoy a pleno la aprobación de un polémico Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, en el caso de salir adelante, será recurrido, al menos, por la Asociación por la Recuperación de la Tinença de Benifassà, que lo ha calificado de "ilegal".
La Pobla de Benifassà, gobernada por el Partido Socialdemócrata (PSD), presentó en julio el documento inicial del plan, que fue sometido a exposición pública y al correspondiente plazo de presentación de alegaciones. Muchas de ellas fueron rubricadas por miembros del colectivo y se refirieron a la recalificación de zonas incendiadas, las afecciones sobre bienes culturales y la falta de recursos hídricos para el planeamiento que preveía el equipo de gobierno. Sin embargo, ninguna de las alegaciones presentadas por la asociación y por sus miembros fue admitida.
Entre otras cosas, el PGOU que pretende aprobar el PSD califica de "bajo" o "muy bajo" el interés del paisaje de la Tinença de Benifassà, un parque natural de cerca de 5.000 hectáreas de superficie.
La Asociación por la Recuperación de la Tinença afirmó ayer que hará valer en las vías contencioso-administrativa y penal los valores culturales, ambientales y paisajísticos que tiene esta comarca, "que cuenta con figuras legales de protección como Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves y Red Natura 2000".
Además, advirtió a la Consejería de Medio Ambiente, de quien depende la aprobación definitiva del PGOU, y manifestó su confianza en que "en cuanto llegue la desmesurada propuesta urbanística cumpla con la legalidad vigente, no apruebe y devuelva al Ayuntamiento un PGOU que es contrario a derecho por incumplir la legislación que protege el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico".
La fiscalía ya llevó al juzgado la realización de unas obras en Ballestar, pedanía de La Pobla de Benifassà, ante la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Posteriormente, el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) llevó a la fiscalía el polémico PGOU, en el que, según el escrito remitido al fiscal, se pretende "reclasificar los terrenos afectados por las obras ilegales de no urbanizables a urbanizables". Además, el plan prevé la construcción de 240 adosados en una zona afectada por un incendio forestal en 2001.
+ ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 10/12/2009
Foto: benifassa (castelló) - vuelaviajes.com
La ciénaga de la corrupción
EMILIO SÁNCHEZ ULLED* : Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro. El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular. No es una conducta novedosa.
Encontramos ejemplos extremos en la Italia de Il Cavaliere: reformas legales destinadas a restringir hasta la inoperancia práctica las intervenciones telefónicas, en cuanto éstas han puesto en apuros al gobernante; persecución infamante de fiscales y jueces activos en las investigaciones de la corrupción gubernamental; recorte de los plazos legales de prescripción de los delitos de cuello blanco.
En España tenemos una muestra reciente de esta actitud en la polémica suscitada sobre el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), avanzada tecnología que sustituye los antiguos medios de interceptación de líneas telefónicas y grabación magnetofónica de conversaciones. Algunos han intentado presentar dicho sistema como una intromisión ilegítima y arbitraria del Ejecutivo en las vidas de los ciudadanos, cuando en realidad su utilización, como la del sistema anterior, sólo es posible para delitos graves con autorización y control judicial y en las debidas condiciones de fundamentación, proporcionalidad, necesidad y autenticidad. Cumpliéndose tales requisitos la intervención resulta irreprochable, como el Tribunal Supremo ha declarado. Otra cosa es que ya sea hora de mejorar y modernizar la definición legal de requisitos y procedimientos, necesidad que ya existía con las tecnologías anteriores y que sigue abandonada en la práctica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Volviendo al principio, estamos ante un fenómeno que va más allá de la tradicional mordida, es algo distinto y más sutil. Algo que presenta dimensiones cualitativa y cuantitativamente muy peligrosas y, desgraciadamente, también cierta vocación estructural. Se trata de corrupción de alto nivel, de la utilización ilícita de las potestades, la información -privilegiada- y los recursos públicos para aplicarlos a finalidades particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general. No es algo que deba sorprendernos especialmente a estas alturas del desarrollo político-social, pero lo cierto es que hasta ahora su verdadera magnitud resultaba inversamente proporcional a su visibilidad para los ciudadanos. Es una corrupción que fluye larvada bajo la superficie de las actividades económicas corporativas cuando éstas entran en contacto con el desarrollo de las políticas públicas. Sus objetivos son diversos: puede ser el mero saqueo de los fondos públicos, pero también la desactivación práctica de los controles oficiales sobre los negocios para que no entorpezcan las metas operativas de las corporaciones privadas. Y no hay que descartar algo tan prosaico como el blindaje de un estatus social privilegiado.
La situación se ha visto perversamente exacerbada por las crecientes necesidades de financiación, fuera de los límites legales, de las complejas estructuras sobre las que hoy se asientan los partidos políticos, verdaderos engranajes de funcionamiento de los Estados democráticos actuales. Bien pronto se descubrió que unos mismos cauces de aprovechamiento ilegítimo de la actividad pública podían ser utilizados tanto para el enriquecimiento personal o corporativo como para financiar las actividades de los partidos políticos. O para ambas cosas a la vez, generando curiosas concomitancias de intereses. Ya conocemos prácticas que son verdaderos "clásicos" en la materia: la facturación por servicios inexistentes o descaradamente inútiles -informes o estudios, por ejemplo-; la interposición de sociedades pantalla destinadas a hinchar o rellenar los costes de una determinada actuación pública, o a justificar una subvención; el desvío de dinero público a entidades -muy señaladamente fundaciones- vinculadas a formaciones políticas y a su puro servicio más que al de las finalidades formales de aquéllas; la degeneración de los convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas -urbanísticos, por ejemplo- a fin de encubrir simples procesos de enriquecimiento.
El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; descontrol de la economía especulativa; urbanización salvaje (agravada en este caso por una excesiva concentración en el nivel municipal del poder decisorio sobre el suelo sin un correlativo incremento de los controles externos); daño medioambiental; lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.
En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.
El peligro de esta última dinámica lo conocemos bien en Europa. Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas. Poco ayuda en este clima la interesada confusión que los dirigentes políticos suscitan al vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con la transparente finalidad de eludir la adopción inmediata de medidas políticas correctoras mientras no acaben los procesos penales, a ver qué pasa.
La persecución de la corrupción pública en España nace en serio con la democracia. Hemos visto iniciarse relevantes procesos por corrupción en los años 90 en el ámbito de grandes obras públicas, en cuya concesión se detectaron diversos sobornos (básicamente mediante facturación por sociedades pantalla que no respondía a trabajos reales), dinero que enriquecía a cargos públicos o acababa en su partido político. Pronto se adoptaron medidas al respecto, como la introducción del delito de tráfico de influencias en 1991, o la reforma de la legislación sobre contratación pública en 1995 y la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción en 1996. El Código Penal de 1995, si bien contiene algún avance en la materia, se ha revelado como técnicamente muy deficiente a la hora de penalizar las formas modernas de corrupción pública, lo cual está conduciendo a la impunidad de muchas conductas que son objetivamente merecedoras de reproche penal.
Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal. También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: "Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo".
*Emilio Sánchez Ulled es presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona.
* ELPAIS.com - Opinión - EMILIO SÁNCHEZ ULLED - 09/12/2009
