ELPAÍS/Barcelona* : El miedo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) a que se construya más en Montjuïc tiene nombre: 6c/mj. Esta es la nueva calificación con la que el Ayuntamiento busca denominar la mayoría del área de la montaña. Según la FAVB, se trata de un "ejercicio de creatividad urbanística" con la que el Consistorio pretende "colar" más urbanización de áreas verdes. Esta es una de las alegaciones que ayer presentó la federación al proyecto de modificación del Plan General Metropolitano (PGM), con el que se reordenará el parque. Según el escrito, el Ayuntamiento equipara espacio libre a zona verde mediante la nueva denominación. Así, por ejemplo, el mirador del MNAC, la explanada de la fuentes mágica y algunas calzadas de la parte superior de la montaña contarían como tales, según la modificación prevista. Para la FAVB, "plantar árboles no cambia la naturaleza urbanística" de los espacios.
El Consistorio dice que con la modificación se aumenta en 93.691 metros cuadrados el área de parques y jardines. Muchos de esos metros cuadrados se ganan a costa de algunas carreteras de las cotas altas que dejarán de serlo y de algunos edificios de equipamientos que serán deconstruidos. Es el caso del pabellón de Italia de la Fira, que se derribará, las instalaciones del tiro olímpico y la hípica.
Ricard Fayos, de los servicios de Urbanismo, alega que la nueva clave urbanística de la que desconfían los vecinos es, en realidad, la forma de blindar la montaña de recalificaciones urbanísticas, es decir, evitar que haya "cambio de cromos" con otras zonas de la ciudad y que se pueda construir en Montjuïc. Asegura que salvo los equipamientos ya previstos, entre ellos la perrera y el centro de interpretación de los acantilados, no se levantarán más edificaciones allí. De esta afirmación desconfían profundamente los vecinos, que no han visto con buenos ojos que el Consistorio decidiera, sin debate, que la perrera irá a Montjuïc. "Ha sido un seudoproceso participativo, nos ha ocultado información técnica", aseguró Ana Menéndez, presidenta de la asociación de vecinos de La Satalia.
* El País - 24.02.11
Foto: Barcelona, aérea Montjuic - bcnhoy
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PÚBLICO/Salobreña* : La compañía británica Rustfield, de la que Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, es el beneficiario económico, blanqueó 240.000 euros en el residencial Alminares en Salobreña (Granada), según se afirma en un auto del martes pasado del magistrado Antonio Pedreira, instructor de la rama del caso radicada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Rustfield aportó 240.000 euros "de procedencia ilícita previamente sacados al exterior" a la cuenta de Lujeca, una sociedad patromonial administrada por Jesús Calvo Soria, según escribe Pedreira en el auto en el que rechaza levantar el embargo que pesa sobre una cuenta de Lujeca. La Fiscalía asegura que Calvo Soria conocía sin duda alguna la procedencia ilícita de esos fondos.
El juez Pedreira detalla en su auto los pasos que se siguieron para el blanqueo. En noviembre de 2002, Calvo Soria constituyó la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios (NPI), que estaba participada por su patrimonial Lujeca, para edificar el residencial Alminares. Posteriormente, NPI acordó en junta general vender parte de las acciones de Lujeca a Rustfield. Los accionistas financian la compra de la finca mediante un préstamo de 900.000 euros. Rustfield aporta para ello 240.000 euros (225.000 suyos más 15.000 en nombre de Lujeca) mediante un ingreso en efectivo en la cuenta de NPI en Caja Madrid.
La Oficina de Investigación contra el Fraude, en un informe, consideró que se había producido una repatriación de fondos. La Fiscalía asegura que el dinero se transfirió desde la cuenta de Rustfield en el Barclays Bank de Londres, "por lo que ninguna duda puede albergar Calvo Soria de que se trataba de un ingreso del extranjero para deslocalizar una inversión de Correa".
Conexión con Bormujos
En el proyecto de Salobreña participó además la sociedad Bratelk SL, cuyo administrador único es Máximo González Jurado, quien aportó 330.000 euros. González Jurado, que no está imputado en el caso, es el presidente del Consejo de Enfermería y, según una grabación incluida en el sumario, fue quien movió los hilos que llevaron a la moción de censura en Bormujos.
Así lo transmitió el propio Correa en un almuerzo en octubre de 2006 cuando le cuentan que Calvo Soria declaraba ante un juez de Sevilla por la moción de Bormujos. Preguntado por Público, González Jurado manifestó sobre Bormujos que nada tuvo que ver, que fue allí porque le invitaron a tomar un café. Sobre Salobreña indicó que invirtió allí porque le pareció "un proyecto interesante". Su intención, agregó, era comprar tres viviendas de la promoción para revenderlas y obtener una plusvalía y que no sabía que Rustfield era de Correa ni que hubiera dinero negro en la operación.
Calvo Soria, además de socio de Correa en Salobreña, fue el muñidor junto a Tomás Martín Morales de la moción de censura que desbancó en enero de 2005 al PSOE de la alcaldía de Bormujos (Sevilla). Tanto Calvo Soria como Martín Morales están imputados en la causa Gürtel. La justicia investigó entonces un presunto soborno, pero archivó el caso por falta de pruebas. Dos ediles independientes habían denunciado que un grupo de Madrid les había ofrecido 840.000 euros si votaban a favor del cambio en la alcaldía, que logró Baldomero Gaviño, un concejal independiente aliado con la edil del PP, Ana Hermoso, actual alcaldesa.
* Público - 24.02.11
Foto: Caso Gürtel, el jefe Correa en coche - EFE
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LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Tribunal Supremo también considera que el Plan Parcial Casas de Majanicho es nulo y avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había fallado en su día la nulidad de esta actuación urbanística en el municipio de La Oliva. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la entidad Nombredo SL promotor de la citada urbanización que contemplaba la construcción de 4.000 plazas hoteleras y residenciales, de las que ya están finalizadas 748 villas rodeadas de zonas deportivas y de ocio, piscinas y pistas de tenis. El Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde Domingo González Arroyo, aprobó en sesión plenaria, en diciembre de 2000, con los ocho votos favorables del PP y cinco en contra de los ediles de Coalición Canaria (CC) y PSOE, declarar aprobado el plan parcial Casas de Majanicho, SAU-12, promovido por la empresa Nombredo y redactado por los arquitectos Lluis Serra y Carles Espinos.
La decisión municipal fue recurrida ante el TSJC por los ecologistas de Agonane. El Alto Tribunal canario dictamina, en noviembre de 2006, a favor de las tesis ecologistas al entender que el plan parcial no cumplía con las Normas Subsidiarias de La Oliva, que solo permite el uso turístico y no el desarrollo residencial; que la entonces Cotmac había informado de forma desfavorable el proyecto urbanístico, que no contaba con los informes técnicos pertinentes y que se había vulnerado la participación pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación.
Ante esta situación, la entidad Nombredo SL, promotora del citado plan parcial, presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que cuatro años más tarde falla a favor de las tesis que han venido manteniendo los ecologistas.
Preocupación
La alcaldesa de La Oliva, Rosa Fernández, mostró ayer su preocupación por la nueva sentencia judicial que declara nulo la aprobación de la urbanización de Majanicho "no hay que olvidar que está terminada y con esto se viene todo abajo". La regidora agregó: "Hemos pedido un informe jurídico a Carmelo Padrón porque Nombredo nos ha denunciado por responsabilidad patrimonial. Hay que esperar el informe para poder valorar la actual situación".
El Cabildo majorero y el Consistorio de La Oliva, siendo alcaldesa Claudina Morales, renegociaron el proyecto con los promotores, reduciéndose el numero de camas a 1.500 y obligando a Nombredo a la realización de ciertas inversiones en infraestructuras.
Fuentes cercanas a la promotora señalaron ayer que la sentencia del Supremo "solo anula la aprobación del plan parcial y no hace mención a aspectos urbanísticos, medioambientales o ecológicos".
* La Provincia - 22.02.11
Foto: El Tribunal Supremo considera nulo el Plan Parcial de Majanicho - laprovincia
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DIARIODEMALLORCA* : La juez de instrucción nº4 de Palma, Piedad Marín, ha abierto juicio oral (pase a procedimiento abreviado) contra el ex conseller de Comercio e Industria en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados en el caso Scala, la presunta trama de expolio organizado del consorcio público CDEIB. La juez da pie a la fiscalía anticorrupción y al actual Govern a formular sus escritos de acusación, que para los principales imputados podrían suponer peticiones de condena próximas a los 25 años de cárcel. La magistrada Piedad Marín ha estudiado a fondo el voluminoso sumario en las últimas semanas y ha dictado un auto de casi 200 folios, donde refleja con minuciosidad los hechos que ella estima delictivos. Básicamente, la juez desgrana en su relato cómo Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados.
Los otros encausados que serán juzgados en este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y sobrino político del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; Sergio Pereletegui; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, no se reprimen a la hora de calificar a los principales encausados, con el ex conseller de Comercio Josep Juan Cardona, a la cabeza, de "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas". El presunto botín ascendió a 3,7 millones de euros; los acusados causaron, presuntamente, otro quebranto de 3,3 millones de euros de los sobrecostes que el Govern tuvo que pagar por sobrasadas, quesos y otros productos con denominación de origen, así como por todo tipo de servicios contratados a las empresas del entramado. En total, 7 millones de euros.
Sensación de impunidad
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos públicos". Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".
* Diario de Mallorca - 23.02.11
Foto: Palma, conseller Cardona imputado - diariodemallorca
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ELPAÍS/Tarragona* : Una resolución dictada ayer por el juzgado de lo contencioso administrativo nº2 de Tarragona abre la vía para salvar in extremis Marina Tarraco, complejo de lujo del puerto tarraconense valorado en 50 millones de euros y sobre el que pendía una orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El nuevo fallo reconoce la legalidad del complejo por primera vez desde que Rafael Pérez, empresario que participó en su construcción, denunció en 2005 que este carecía de permiso de obras como represalia porque los promotores, International Marina Tarragona, se negaron a pagarle unos servicios. La decisión judicial avala ahora la legalidad del centro al estimar las modificaciones urbanísticas y otras actuaciones llevadas a cabo desde 2009 por el Ayuntamiento para tratar de legalizar el complejo. Algunas de estas modificaciones fueron adoptadas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba el derribo de Marina Tarraco.
El fallo no es firme pero salvará los 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, restaurantes y establecimientos comerciales si el denunciante no lo recurre, lo que evitaría que la causa acabara otra vez en el TSJC. Para lograrlo, International Marina Tarraco negocia desde diciembre con Pérez para cerrar un pacto extrajudicial que zanje el conflicto y que contemplaría una compensación económica al denunciante, señalan fuentes municipales.
El empresario, que ayer evitó aclarar a este diario si ha pactado algún acuerdo en este sentido, envió un escrito al juzgado el mes pasado notificando que ya "no se opone a la legalización de los edificios". Ello supone que se conforma con una sentencia favorable a sus intereses sin que esta deba comportar la demolición del complejo, derribo que Pérez reclamaba desde que en 2007 la primera sentencia del juzgado consideró probada la ilegalidad del centro.
"Si el denunciante insiste en reclamar el derribo tiene muchos números de que el Tribunal Superior le dé la razón", advirtió José Antonio Sánchez, abogado experto en derecho urbanístico. "El criterio del juzgado contencioso administrativo es correcto, porque derribar todo el complejo puede suponer un perjuicio para terceros", añadió para estimar que la nueva interpretación de la juez responde a que "tendrá cierta seguridad en que el denunciante no pretende recurrir la sentencia".
El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, no se refirió a la posible reacción del denunciante pero saludó la sentencia como si fuera definitiva. "La recibimos con mucha satisfacción. Quiero felicitar a nuestros servicios jurídicos", dijo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Andreu la calificó de "una noticia excelente".
Estas celebraciones chocan con las críticas de la juez a un embrollo que ha destapado inexplicables errores burocráticos del gobierno municipal de CiU, en el poder cuando se construyó el complejo inaugurado en 2006, y del PSC, en el Ayuntamiento desde 2007. "Resulta a todas luces reprochable que las Administraciones públicas no hayan actuado de forma diligente y que con su actuación -o, más bien, con la falta de ella- hayan propiciado el presente recurso", subraya la sentencia. El Ayuntamiento de CiU consideró innecesario que el complejo solicitara licencia municipal de obras por entender que este se ceñía al ámbito portuario pese a que un informe municipal ya alertó de que los permisos eran necesarios.
El gobierno socialista tampoco actuó con celeridad hasta que el TSJC reclamó el derribo del complejo: inició los trámites para emitir la licencia de obra a finales de 2009, unos dos años después de la primera sentencia sobre el asunto; aprobó dos modificaciones urbanísticas para legalizar el complejo a lo largo de 2010, y cuando finalmente legalizó los edificios afectados por el posible derribo, no lo notificó al TSJC. "Resulta cuando menos sorprendente que ninguna parte hubiera puesto en conocimiento del Tribunal Superior que se aprobó la legalización de los edificios", concluye la magistrada.
* El País - 23.02.11
Foto: Tarragona, marina Tarraco (archivo) - diaridetarragona
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FARODEVIGO/Arousa* : El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) remite estos días unas propuestas a los partidos políticos para que las incorporen a sus programas electorales. Una de ellas hace hincapié en la necesidad de conservar los valores ambientales del territorio. "Varios concellos de O Salnés están en vías de aprobar nuevos planes urbanísticos (PXOM), como Meaño y Ribadumia, y todos quieren seguir el modelo de Sanxenxo, basado en la construcción excesiva en lugares inapropiados", dice el CES. Para los ecologistas, los avances en materia ambiental más importantes de los últimos años se produjeron a instancias de administraciones superiores –sobre todo, la europea–, y creen que los concellos toman muchas decisiones sin pensar en realidad en los beneficios de lograr un desarrollo sostenible. Para el colectivo, "en los últimos años asistimos a una urbanización caótica y desmesurada" en O Salnés, pero "aún podemos cambiar las políticas urbanísticas si queremos dejarles algo de patrimonio natural a las generaciones futuras".
Por ello, plantean a los alcaldes que clasifiquen el suelo "con criterios de consumo racional, estableciendo unos topes máximos de suelo urbano y urbanizable, y adaptándolos a las normas ambientales y paisajísticas".
Los ecologistas arousanos opinan que "en el caso de Sanxenxo se debería modificar el PXOM para rebajar el exceso de suelo urbanizable".
El CES plantea a los partidos políticos que "el suelo y el paisaje son recursos limitados y por lo tanto deben ser gestionados con responsabilidad, para no hipotecar el futuro de las próximas generaciones". Los conservacionistas opinan que los ayuntamientos "deben intentar diversificar las actividades económicas y no enfocar toda la creación de empleo y riqueza cara la construcción de segunda residencia".
Las propuestas de los ecologistas sobre urbanismo, gestión del agua y de los residuos o la educación ambiental pueden consultarse en el blog cesalnes.wordpress.com.
* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Ribadumia (Pontevedra), urbanizaciones anuladas - farodevigo
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La asociación Plataforma por una VIVIENDA DIGNA*, ha presentado esta semana desde su web (
www.viviendadigna.org) y desde su espacio en Facebook (www.facebook.com/viviendadigna), la "Guía de denuncia para una vivienda digna", documento que se puede descargar de forma gratuita y que está editado bajo la licencia creative commons para que se pueda compartir libremente y se asegure así, su máxima difusión. Esta guía nace con una doble finalidad. Por una parte, pretende explicar de manera sencilla cuál es el alcance de nuestro “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y cómo se formula en la práctica, tratando de arrojar algo de luz sobre el complejo entramado burocrático al que habrá de enfrentarse todo aquel que se proponga hacer llegar a las administraciones públicas sus quejas, sugerencias, peticiones, solicitudes, reclamaciones, recursos o denuncias en relación con ese derecho. Por otra parte, pretende estimular la participación política por medio de la utilización de todos los instrumentos legales y cívicos con los que contamos para reclamar el derecho a una vivienda digna, sin obviar el oscurantismo y la complejidad que supone todo lo que rodea a esta reivindicación pero asumiendo al mismo tiempo que este ejercicio de defensa, siempre será más provechoso que la apatía y el escepticismo.
Siguiendo esa filosofía, la guía -que consta de más de 170 páginas- está dividida en dos bloques. En el primer bloque, se explora el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se habla de cómo se formula a través de los distintos textos legales y también de cómo está organizada la distribución competencial del mismo entre estado, comunidades autónomas y entidades locales.
En un segundo bloque, se indica cómo defender el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dentro de esta parte se enuncian nuestros derechos frente al mercado, frente a la administración, las vías de participación ciudadana de las que disponemos y la normativa básica sobre vivienda y ordenación territorial y urbanística.
Algunas de las preguntas a las que puede responder esta guía son:
- Si sois un grupo de vecinos afectados por una decisión administrativa y queréis defender vuestros derechos, ¿cómo podéis constituiros en asociación? ¿Qué ventajas tiene constituirse como asociación de vecinos?
- Si un inquilino recibe una demanda de desahucio, ¿qué debe hacer y a quién puede acudir en busca de asesoramiento?
- Si eres un inquilino de ‘renta antigua’ y sospechas que el propietario está haciendo todo lo posible para que te vayas de tu vivienda, ¿cómo puedes defenderte y a quién puedes pedir asesoramiento?
- ¿Qué gastos debe asumir obligatoriamente el inquilino de una vivienda? ¿Hasta qué límites puede el propietario elevar la renta y el resto de gastos?
- Si la administración te ha provocado un daño, ¿cómo puedes reclamar una indemnización?
- Si crees que la empresa que te suministra la electricidad o el agua ha aumentado injustificadamente el importe de la última factura o realiza lecturas ‘estimadas’ que consideras desproporcionadas, ¿cómo puedes reclamar una rectificación? ¿Puedes presentar una denuncia?
- Etc.
La guía se acompaña de un anexo que contiene una colección de modelos de diferentes formularios que el ciudadano puede tomar como ejemplo para realizar sus denuncias ante la administración. Entre otros, hay formularios de denuncia administrativa (consumo), de denuncia por coacción (acoso inmobilario), de solicitud de documentación pública, de queja al defensor del pueblo, de recurso de reposición, de recurso de alzada, o de solicitud de planeamiento urbanístico.
* Guía completa en formato PDF Creative Commons
* Anexo: Formularios en Word para rellenar
* Portada de la guía en .jpg
* Rebelión - Vivienda Digna - 24.02.11
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