'Algarrobico': Ecologistas denunciarán ante fiscalía anticorrupción el archivo de diligencia

ADN* : El grupo ecologista Salvemos Mojácar denunciará ante la fiscalía anticorrupción la decisión de decretar el archivo de las diligencias por presunta prevaricación contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), al considerar que la decisión se basa en "faltas a la verdad". El colectivo ha justificado la medida en su consideración de que el fiscal de la Audiencia Provincial que ha decretado el archivo de la investigación "falta a la verdad" al afirmar que no existen indicios de responsabilidad penal por parte de las administraciones.

"En ningún caso se puede llamar corrección a una modificación ilegal de planos realizada por vía de hecho y sin aprobación pública", ha dicho el grupo en una nota en la que rechaza la legalidad de la alteración de tres mapas del PORN de Cabo de Gata-Níjar de 1994 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, entre ellos el que incluyó el Algarrobico en las áreas urbanizables.

Ha reprochado además al ministerio público que los argumentos empleados para cerrar esta investigación reproduzcan los que se esgrimieron en junio de 2007, cuando se archivaron entonces por segunda vez las diligencias incoadas por estos hechos.

Para apoyar su tesis de que la administración andaluza cometió delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio con la modificación de estos planos, que se efectuó en el primer semestre de 1997, Salvemos Mojácar ha apelado a la reciente decisión del alto tribunal andaluz de suspender cautelarmente el nuevo PORN para el Algarrobico, los núcleos habitados preexistentes y las áreas urbanizables.

Esta decisión, que se fundamentó en la posibilidad de que esta nueva ordenación sirviera para autorizar edificaciones en suelos que, en principio, no deberían albergarlas, "multiplica exponencialmente las responsabilidades por prevaricación que presuntamente ha cometido la Junta en este caso", ha dicho el grupo.

Este ha reafirmado su intención de continuar con esta cuestión "hasta las últimas consecuencias" para que la Justicia "siente en el banquillo a los responsables de tal barbaridad" ya que éstos se han demostrado a juicio de Salvemos Mojácar "incapaces de asumir responsabilidades" políticas.

El decreto por el que estas diligencias han sido archivadas afirma sobre la alteración de tres de los cinco mapas del PORN publicados en 1996 que el método empleado supuso una "irregularidad administrativa" al no ser el "idóneo para salvar anomalías", si bien de esta acción "no puede extraerse mala fe, intencionalidad o falsedad" por parte del Gobierno andaluz.

Además, tras rechazar la comisión de infracciones penales por parte de la Junta, el fiscal agrega en el escrito que desde la modificación de los planos han transcurrido más de diez años, con lo que "se cumple con creces" el plazo de prescripción previsto.







* ADN - EFE - 14.05.09
Foto: Algarrobico ilegal - EFE

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La reinvención del ladrillo llega tarde

ELPAÍS* : La construcción es una actividad en la que quienes más innovaron fueron los romanos. Y ahí se quedó, porque la técnica de ir poniendo ladrillo sobre ladrillo sigue imperando en un sector que apenas invierte en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Y no le faltan ni motivos ni desafíos para hacerlo. La sociedad se transforma y da paso a nuevos modelos de hogares; el consumo energético en la vivienda genera una quinta parte de las emisiones de CO2, y falta por resolver los largos plazos de ejecución de una obra.

Con todos estos deberes, ¿dónde quedan los prototipos de casas del futuro que se exhiben en las ferias del sector? ¿Será la recesión un revulsivo para invertir en I+D?

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, echó una reprimenda a los promotores en el arranque del salón barcelonés Construmat. Corredor recordó a los empresarios que no pueden "vivir encofrados" en un "modelo que no se adapta a las nuevas circunstancias", y les instó a no "encerrarse en los cuarteles de invierno" pensando que, tras la crisis, "todo volverá a ser como antes".

La regañina estaba justificada. La construcción, incluyendo sus empresas auxiliares, supone el 18% del producto interior bruto (PIB) y sólo el 4,1% del gasto empresarial en I+D. Las constructoras invirtieron 306,6 millones de euros en 2007, según el Instituto Nacional de Estadística. Y la mayoría de este monto lo desembolsaron las grandes empresas para proyectos de infraestructuras y transportes. ¿Qué hacen las promotoras inmobiliarias? Nada. Al menos las grandes. Ninguna de las cotizadas invierte en I+D, según declaran en sus cuentas anuales. Y todas dan la misma explicación: las "características propias de la actividad" no se lo permiten. Es decir, innovar no va con ellas.

"Es como si Bill Gates decide confiar toda la I+D a un proveedor. En España sólo se edifica, y luego se colocan aditivos. Bombillas de bajo consumo, domótica... Y lo peor: a veces también sistemas que no sirven para esa construcción", lamenta el arquitecto Luis de Garrido. Y las promotoras sí pueden innovar. Lo hacen la francesa Bouygues, que en 2008 se gastó 121 millones en I+D, o la tejana Hines, a través de programas con la Universidad.

El modelo en el que siguen encofrados los promotores es el que consiste en comprar suelos y edificar. ¿Qué margen tienen para innovar? Mucho. Al menos en cuatro campos: mejorar la eficiencia en la promoción y construcción, rehabilitar casas envejecidas (España tiene uno de los mayores parques de viviendas de Europa), adaptarse a los nuevos modelos sociales, y afrontar el cambio climático, también en los pisos de segunda mano.

El director de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, Francesc de Paula Jordana, sostiene que el principal reto es la industrialización. "Aún es una actividad muy artesanal. Se debería mejorar la calidad de los edificios, rebajar el tiempo de ejecución e ir hacia modelos más sostenibles. Que al final de la vida útil el inmueble se desmonte", asegura. Según Jordana, las empresas se resistieron a innovar en época de bonanza. Y ahora falta capital.

Se trata, pues, de cambiar la paleta por el destornillador. Es lo que viene haciendo Montse Pujol, una promotora de Mollerussa (Lleida). Perteneciente a una familia con una larga tradición en los prefabricados, Pujol usa este sistema para vender viviendas a un precio cerrado y en un plazo fijo de cuatro meses.

Son casas en serie y bioclimáticas. Tienen zonas ajardinadas y cisternas que permiten reutilizar el agua para el riego; lo que se gasta en la ducha se usa para el retrete; se aísla térmicamente y se incorporan placas fotovoltaicas. Además, la casa incorpora sistemas de ventilación natural para renovar el aire y evitar sistemas de refrigeración artificial. El aire exterior se filtra hacia el subsuelo a través de pozos canadienses. Se trata de un sistema geotérmico que consiste en tuberías que recorren unos metros bajo tierra antes de entrar en la casa. Este trayecto es suficiente para calentar el aire.

¿Encarece todo esto la vivienda? Estas viviendas se venden a partir de unos 140.000 euros. "Las placas son caras. Pero el gasto de la vivienda es cero. Nulo. Nuestros compradores no sólo han ahorrado, sino que han ganado 1.600 euros al año en el recibo de la luz. Ellos aportan la energía de las placas a la red general. Y lo que consumen es poco y más barato de lo que aportan", explica Pujol. Para ello, asegura, la empresa investiga constantemente, acude a foros y está en contacto permanente con las universidades, que comprueban el buen funcionamiento de la vivienda.

Montse Pujol no tiene apenas competencia, a pesar de que ya hace al menos una década que en los grandes certámenes se presentan casas avanzadas bajo múltiples etiquetas: del futuro, bioclimáticas, sostenibles, modulares... ¿Dónde han quedado? El arquitecto Vicente Guallart, director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, explica que un modelo de vivienda que diseñó con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) ha desembocado ahora en una promoción de viviendas de "emisiones cero" que está desarrollando junto a Acciona en Sant Cugat del Vallès. Pero todo va demasiado lento. "No hay una apuesta firme", agrega.

"España podría ser líder. Es una potencia en construcción, en arquitectura y en energías renovables. Pero el sector es muy reticente a innovar. Y ahora es el momento para un gran New Deal en este sector", asegura Guallart. Los datos no son nada alentadores. El gasto total en I+D en España es del 1,27% del PIB. Pues bien, el que dedican las empresas constructoras sólo es del 0,27% de su valor añadido bruto (VAB). El de las inmobiliarias apenas puede desagregarse, al estar mezclado con el de las entidades financieras y los servicios a empresas. La patronal de las grandes constructoras, Seopan, recuerda que hay partidas destinadas a la construcción que no se plasman en la estadística. Por ejemplo, la que proviene de las empresas químicas que fabrican materiales para la construcción. El director técnico de Seopan y de la Plataforma Tecnológica de la Construcción, Ricardo Cortés, recuerda que uno de los inconvenientes del sector es la "atomización empresarial". Antes de la recesión había más de 200.000 constructoras. "Hay la tentación de considerar la I+D como coste y no como inversión. Un error", advierte Cortés. A su juicio, la "edificación va todavía a la zaga" en este terreno.

Hace dos semanas entró en vigor el último documento del Código Técnico de la Edificación (CTE), que pretende dar un nuevo marco a la promoción de viviendas. Los ahorros energéticos se plasman, por ejemplo, en el ahorro de calefacción, que va del 21% en el caso de los pisos al 37% en las casas unifamiliares. Es un primer paso. El Consejo Mundial de Empresarios por el Desarrollo Sostenible se fijó en abril la meta de reducir el uso de energía en los edificios en un 60%. Según un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, este consumo se divide en dos partes, casi por igual: la mitad proviene de la construcción del edificio, y la otra mitad, del uso que se hace de él.

Unos, como Luis de Garrido, opinan que el CTE es poco ambicioso. "Sólo pone atención en la clasificación de calderas, en algunos casos de iluminación de bajo consumo, y en otros, de energía solar térmica y fotovoltaica. Le queda mucho", se queja el arquitecto. Para otros, es un primer paso hacia criterios más racionales de consumo energético.

Sin embargo, hay más revoluciones pendientes. Una, la de incorporar sistemas inteligentes en los hogares, puesto que el balance sobre la penetración de la domótica en los hogares todavía es discreto. Y la segunda, la de adaptar el espacio a los nuevos modelos sociales. El Gobierno catalán, por ejemplo, plantea hacer viviendas con espacios comunes. Es decir, viviendas pequeñas cuyos residentes compartan cocina o comedor. La Comunidad Valenciana está con el proyecto Sociópolis para propiciar la interacción entre varios grupos sociales: hogares monoparentales, jóvenes, ancianos...

Sin embargo, hay quienes quieren ir más allá. "Es ilógico que un vecino no pueda vender energía o compartir la conexión a Internet con otros de su comunidad", sostiene Guallart. España todavía está a años luz de esta revolución, que requiere, además, de cambios legislativos.

¿Es la recesión una oportunidad o bien un impedimento para invertir en I+D? "En época de euforia todo vale", recuerda el director de Prospectiva del Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña, Josep Maria Fontana. Es cierto, admite, que falta capital, pero también para construir. "Ésa no puede ser una excusa diferencial de ningún sector de la economía", afirma. "Afortunadamente", coincide De Garrido, "vamos a tener que cambiar muchos valores sociales para salir de esta crisis". Cabe ver si los cambios llegan a la construcción.






* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 14/05/2009
Foto: La vivienda Gaia 7, diseñada por Luis de Garrido, tiene elementos desmontables que permiten su reciclaje si se abandona la casa.- elpais.com

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Los juzgados acumulan más de 200 procesos abiertos de delitos urbanísticos

IDEAL/Almería* : Los problemas relacionados con la ordenación del territorio y el respeto medioambiental están a la orden del día. La masificación urbanística que sufren algunas zonas de la provincia y también del resto del Estado es el desencadenante, entre otras causas, de la proliferación de delitos urbanísticos. Con motivo de esta problemática, ayer se celebró en la capital la I Jornada de Delitos Urbanísticos.

«Este tipo de delitos se regulan desde el año 1995, casi coincidiendo con el boom inmobiliario en España y tanto el derecho penal como el administrativo regulan su cumplimiento», explicó Luis Miguel Columna, juez decano de Almería y director de la jornada.
En la provincia, la comarca del Levante es la que se ha visto principalmente afectada por este tipo de delitos. «Existen muchas construcciones que no se han desarrollado de forma legal, por lo que los juzgados almerienses acumulan muchos procedimientos abiertos, aproximadamente cien en los juzgados penales otros tantos en los administrativos», manifestó Columna quien apuntó que «en Almería todavía no se ha derribado ninguna vivienda».
Por primera vez en Almería, se ha dedicado una única jornada a la problemática de los delitos contra la ordenación del territorio, tras el significativo incremento de estas causas en los tribunales de la provincia. En este sentido, el director de la jornada, destacó que «se ha producido un incremento espectacular de este tipo de delitos en los cinco juzgados de lo penal de la provincia, y más de la mitad de los asuntos que llegan al juzgado de lo penal son sentencias condenatorias».
'Malaya'
En las jornadas participaron tres ponentes. El magistrado, Miguel Ángel Torres, titular del Juzgado de lo Penal Nº 5 de Granada, conocido por instruir el polémico caso 'Malaya' de Marbella, que abordó aspectos relacionados con la ordenación del territorio, delitos penales, los problemas de aplicación, las alternativas legislativas que se pueden hacer en las administraciones y los juzgados.
Sobre los procesos urbanísticos Torres declaró que son largos en el tiempo. «Suele haber muchas personas imputadas y son procedimientos con un gran componente administrativo y eso dificulta la tramitación», manifestó el magistrado quien planteó alternativas para mejorar el sistema judicial. «Creo que deberíamos de mejorar el funcionamiento de la administración, más que los tribunales, principalmente como finalidad preventiva o como control de la legalidad urbanística antes que dejárselo todo a los tribunales, porque cuando los casos llegan a sus manos poca solución tienen. Es una cuestión que depende de la sociedad y que ésta lo demande, pero no siempre hay medios suficientes», apuntó Miguel Ángel Torres.
Medio Ambiente
Además, también participó Antonio Vercher Noguera, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo quien se encargó de abrir la jornada con una conferencia sobre la 'Problemática del Derecho Penal Urbanístico. Perspectiva Europea y Nacional'. «En los tres años que lleva funcionando la Fiscalía, se ha pasado de 300 sentencias condenatorias en 2006 a 525 del pasado año. De éstas, más de 300 estaban relacionadas con los delitos de ordenación del territorio», explicó a los asistentes a la jornada Vercher Noguera.
La jornada cerró con la intervención de Joaquín García Bernardo de Quirós, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, quien expuso una ponencia centrada en la Protección de la legalidad urbanística en la ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.







* Ideal - 14.05.09 -EUNATE SERRANO
Foto: Un momento de descanso del evento. / MULLOR, ideal.es

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Un experto critica que se "negocie" con los hoteles y no con chabolas

ELDÍA* : El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Villar aseguró que es "una barbaridad negociar con un hotel -que ocupa el dominio público marítimo terrestre- y no hacerlo con los dueños de una chabola", antes de participar en el I Congreso de Derecho Urbanístico que se celebra en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria desde ayer y hasta mañana.

Villar explicó que "si se es flexible con unos, ¿cuál es el criterio para los otros? No se pueden hacer excepciones. El trato ha de ser igual para todos".

El experto valoró, además, que en Canarias podría haber 100.000 camas en situación irregular -no por su construcción en zona de Costa- y desde 1995 se ha detectado esta situación sin que se haya logrado poner remedio.

"Son situaciones con muchos intereses y dar una solución es difícil. A veces, parece más fácil la huida hacia adelante, en vez de poner en marcha el servicio de inspección, resulta más complicado enfrentarse", consideró el coordinador del módulo de turismo "La ordenación del suelo turístico: Tensiones recurrentes", que tendrá lugar mañana en el congreso.

Medidas Urgentes

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó ayer que la nueva Ley de Medidas Urgentes pretende fortalecer determinados conceptos de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que cumple diez años desde su aprobación, para adaptarla a la realidad de hoy.

Rivero, que pronunció estas palabras en la inauguración del I Congreso Canario de Derecho Urbanístico, subrayó que es fundamental culminar en esta legislatura el planeamiento territorial, urbanístico y de los recursos naturales de las islas para dar un "verdadero impulso al desarrollo sostenible".

En cuanto a la Ley de Medidas Urgentes, destacó que se trata de una ley "para avanzar", y que simplifica y racionaliza las actuaciones administrativas en materia territorial y urbanística.

Así mismo, destacó que el texto incide en la promoción de la actividad agropecuaria y el dinamismo del medio rural, al fomentar la actividad industrial, los servicios y equipamientos y dotaciones públicas y la diversificación energética renovable en el suelo rústico.

Por otra parte, destacó el esfuerzo económico que ha hecho el Ejecutivo para avanzar en el planeamiento, pues desde 2005 ha destinado casi 9,5 millones de euros a los municipios para la adaptación de los planes generales de ordenación urbana a la Ley de Directrices.






* El Día - Tenerife - E.P. - 14.05.09

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