NUEVATRIBUNA* : Son 107 millones sin justificar y varias denuncias de comunidades de vecinos que se han visto obligados a poner de su bolsillo el pago de las obras realizadas en sus inmuebles. Muchos de ellos son pensionistas. 248 vecinos de la Colonia Nuestra Señora del Loreto no han recibido ni un euro de la ayuda que les correspondía al declararse en rehabilitación integral sus viviendas en 2006. 720 vecinos de la plaza Nicaragua de Móstoles están en la misma situación desde que en 2005 se declarase la zona de rehabilitación integral. 2.500 viviendas de la primera fase de rehabilitación de Entrevías, que fue declarada en 2007 esperan todavía dichas ayudas.
Son algunos de los casos denunciados por el Partido Socialista de Madrid sobre las subvenciones dadas por el Estado para la rehabilitación de viviendas en la región. En todos los casos, los vecinos, muchos de ellos pensionistas, se han visto obligados a pagar al banco los recibos mensuales del crédito otorgado para las reformas, una cantidad que previamente había sido autorizada en virtud del Plan de Vivienda 2005-2008 aprobado por el ministerio. En total, el Gobierno central ha destinado para Madrid 185 millones de euros de los cuales sólo 78,24 están justificados, es decir que han llegado a sus destinatarios. Aún restan 107 millones, de los que la Comunidad no ha dado cuentas. ¿Qué ha pasado con ese dinero?
Esa es la pregunta que se hace la oposición y la propia ministra del ramo, Beatriz Corredor, que este miércoles ha participado en las Jornadas Parlamentarias de Políticas Públicas de Urbanismo y Vivienda en la Asamblea de Madrid. Y la respuesta para los socialistas está clara: “Esperanza Aguirre bloquea en las arcas regionales y retrasa el pago de las ayudas estatales” hasta tres años.
Recientemente la ministra puso en duda en el Congreso de los Diputados que la Comunidad de Madrid esté transfiriendo en el plazo acordado las ayudas estatales a los beneficiarios para la rehabilitación de viviendas. Entre las excusas dadas por la propia presidenta regional se argumentó que si las ayudas no se habían tramitado es porque los solicitantes superan el tope máximo de renta establecido por el plan, lo que es una “falsedad” según el portavoz de Vivienda del Grupo Socialista en la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, ya que “existen miles de viviendas que se acogieron al plan de rehabilitación que comenzó en 2005, que están a punto o ya han terminado sus obras y que aún no han percibido la ayuda que sí ha transferido el Ministerio de Vivienda a la Comunidad de Madrid”.
Además -destacó Fernández Gordillo- “en algunos casos y dado que la mayoría de las personas que solicitan una ayuda son de renta media y baja, nos encontramos con casos de solicitantes que tuvieron que pedir un crédito personal para pagar las obras y que ahora tienen verdaderas dificultades económicas para cerrar su deuda con el banco”. Este diputado recordó que la administración regional “tiene la obligación de entregar al beneficiario la mitad de la ayuda cuando se inicia la obra y la otra mitad, al concluirla. No lo está haciendo quizá para solucionar algunos problemas de liquidez de las arcas regionales a costa de los madrileños”.
Pues bien, la polémica ha vuelto a tomar actualidad en las Jornadas celebradas en el Parlamento regional donde Corredor ha vuelto a pedir al Ejecutivo del PP “lealtad institucional y colaboración con las políticas del Gobierno de España en beneficio de los madrileños”. En el acto también ha participado el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que acusó a Aguirre de “poner siempre que puede palos en las ruedas a todo lo que hace el Gobierno de España”, y no sólo en cuestiones de vivienda sino también respecto a las ayudas para que 50.000 niños dispongan de ordenador en las aulas; la dificultad que tienen los jóvenes de acceder a la Renta Básica de Emancipación; o los dependientes que no perciben los servicios y prestaciones que les corresponden por ley ”porque Aguirre ha decidido hacer oposición a Zapatero”.
“Vale ya de utilizar a los madrileños y a la Comunidad de Madrid para hacer oposición al Gobierno central. Estamos en un momento en el que hay que dejar al margen las luchas partidistas y en el que hay que buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos”, ha dicho Gómez.
El Plan estatal beneficiará a 117.500 familias madrileñas y el Gobierno de España ya ha abonado 60 millones de euros a más de 26.000 jóvenes que en Madrid han percibido la Renta Básica de Emancipación “lo que demuestra el inequívoco compromiso del Gobierno con los madrileños”, dijo Corredor. La ministra también subrayó que estas medidas pueden beneficiar especialmente a la Comunidad de Madrid, por lo que apeló al Gobierno de Esperanza Aguirre a “dirigir sus esfuerzos en esta dirección impulsando estas medidas que acabamos de ampliar”.
* Nueva Tribuna - 24.02.10
Foto: Comunidad de Madrid - fotocommunity.es
¿Qué ha hecho Aguirre con el dinero estatal para la rehabilitación de viviendas en Madrid?
Desmantelan una red dedicada a la construcción ilegal en El Puerto con tres detenidos y 25 imputados
EUROPAPRESS/Cádiz* : La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía ha desmantelado una organización presuntamente dedicada a la construcción ilegal de viviendas en El Puerto de Santa María en la denominada operación 'Juncal', en cuyo marco fueron detenidas tres personas e imputadas otras 25.
Según explicó la Junta en un comunicado, en la causa están encartadas 28 personas por su presunta participación en los delitos contra ordenación del territorio, falsedad documental, estafa, desobediencia, defraudación de fluido eléctrico, asociación ilícita y alzamiento de bienes; todo ello por la construcción y venta fraudulenta de viviendas ilegales, así como por la constitución de préstamos hipotecarios sobre estas viviendas con tasaciones fraudulentas, en el conocido como pago Los Desmontados de la localidad portuense.
El Grupo de Medio Ambiente y Urbanismo de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía desarrolló la operación desde el pasado mes de julio bajo la dirección del titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, Juan José López Marchena, quien mantuvo las diligencias bajo secreto de sumario hasta hace pocos días.
En la operación también se contó con la colaboración del grupo Udyco III de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cádiz, a quién el Juez encargó la investigación de un supuesto blanqueo de capitales que habría cometido por esta organización desarticulada.
LA ORGANIZACIÓN
Entre las 28 personas detenidas e imputadas se encuentran el promotor-constructor, cuatro arquitectos, el director de una entidad bancaria, un jefe de obras, cuatro personas interpuestas que actuaban como testaferros para la obtención de los préstamos hipotecarios y un funcionario.
Según indicó, la organización estaba estructurada de forma piramidal constituyendo una asociación ilícita integrada principalmente por tres personas: el promotor, el jefe de obras y uno de los arquitectos, ya detenidos en reiteradas ocasiones.
Las construcciones ilegales realizadas en el pago Los Desmontados afectaban a un total de 13 chalés con parcelas de aproximadamente 350 metros cuadrados, y dos parcelas pendientes de construcción, siendo la superficie total de la zona donde se ubican las viviendas de 5.000 metros cuadrados y el valor estimado de venta podría alcanzar la cantidad de cuatro millones de euros.
INFORMES FALSOS
Las pesquisas policiales determinaron que en 2002 la empresa 'Los Viñazos' adquirió la practica totalidad de la parcela de 5.000 metros cuadrados de Los Desmontados a "muy bajo precio", ya que estaba catalogado como suelo de sistema general de equipamiento con la calificación de uso dotacional deportivo, y donde no estaba autorizada la construcción de viviendas.
La finca fue sometida a división horizontal con una certificación falsa que permitió dividirla en 14 viviendas registrales con una antigüedad de cinco años, y que no existían en la fecha de constitución de dicha escritura.
A continuación, la organización inició la construcción de distintas viviendas unifamiliares aisladas o chalés y su venta a particulares, algunas de ellas puramente ficticias para eludir los expedientes administrativos del Ayuntamiento de El Puerto.
La Junta destacó que incluso llegaron a ofrecer viviendas a familias en precario para su ocupación como vivienda habitual y así evitar el precinto de las mismas, aún en fase de terminación.
Asimismo, explicó que la empresa reseñada solicitó préstamos hipotecarios sobre cada una de las viviendas a construir, por un montante de 1,2 millones de euros. Para avalar estas operaciones crediticias presentó informes de tasación falsos, realizados en algunos de los casos sobre viviendas inexistentes, y en casi todos los supuestos falseando la antigüedad de construcción.
Actualmente, de los préstamos hipotecarios concedidos, siete de ellos dejaron de abonarse, ocasionado un perjuicio patrimonial a la entidad bancaria superior a los 800.000 euros, y dos de los prestamos fueron liquidados.
Finalmente, expuso que las diligencias policiales instruidas fueron remitidas al titular del Juzgado de Instrucción número tres de El Puerto, ante quien volvieron a declarar los detenidos e imputados, levantándose por la autoridad judicial el secreto del sumario.
* Europa Press - 24.02.10
Foto: Consejería de Gobernación
Multa histórica al Consistorio de Málaga por su red wifi
SUR* : Una de las apuestas tecnológicas del Ayuntamiento de Málaga, la de ofrecer gratuitamente a la ciudadanía la conexión sin cables a Internet en cuarenta instalaciones municipales, le puede salir muy cara. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha impuesto una multa de 300.000 euros al Consistorio por operar sin cumplir lo establecido en la normativa a este respecto.
Una sanción histórica ya que es la de mayor cuantía impuesta por este organismo -dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio- a una administración pública en España.
En el expediente sancionador, fruto de año y medio de trabajo de este organismo regulador del mercado de comunicaciones electrónicas y servicios audiovisuales, se concluye que el Ayuntamiento ha cometido una infracción «muy grave» tipificada en la Ley General de Telecomunicaciones al explotar una red pública de comunicaciones sin haberse inscrito previamente en el registro de operadores. Un requisito indispensable para no interferir en la libre competencia.
La Red Biznaga se puso en marcha en agosto de 2008 y permite a los usuarios municipales -previa solicitud de clave de usuario y contraseña- disponer de acceso ilimitado y gratuito a las páginas de la corporación local para obtener información o hacer trámites administrativos vía on-line, a navegación web (excepto páginas pornográficas y violentas) y a servicios de correo y chat.
La normativa permite a las administraciones públicas la autoprestación del wifi para «satisfacer las necesidades propias del servicio municipal» así como en las bibliotecas, centros culturales o dependencias municipales donde se imparten cursos. La CMT sostiene que en el caso de Málaga no se cumplen estos supuestos por lo que impone la sanción e insta al Consistorio a inscribirse como operador, a establecer una separación contable para evitar la transferencia de fondos públicos y a operar con arreglo a los principios de «neutralidad, transparencia y no discriminación».
Unos argumentos con los que no está de acuerdo el equipo de gobierno del PP. El concejal de Nuevas Tecnologías, Francisco José Salas, anunció que estudian interponer un recurso contencioso-administrativo contra esta sanción al entender que «no tiene razón» desde el punto de vista jurídico y parece «a todas luces carente de sentido».
Salas esgrimió que antes de la implantación del servicio se consultó a la CMT y que en virtud de la respuesta que dio se adecuó esta iniciativa a lo requerido y añadió que esta oferta encaja dentro del régimen de autoprestación. «La prestación del servicio de acceso a Internet es necesaria y complementaria para satisfacer las necesidades de los servicios prestados en cualquiera de nuestras sedes municipales», sostuvo.
Desde la oposición, PSOE e IU criticaron «la torpeza» del PP en este caso, a su juicio, un ejemplo más de como incumplen la legislación vigente. Además, indicaron que va a suponer un importante desembolso económico para la ciudad.
* SUR - 24.02.10
Foto: Malaga - guiapolis.com
Torrevieja lleva al Consell el plan que prevé 20 torres de 30 alturas en primera línea
LEVANTE/Alicante* : El cambio del perfil urbano de Torrevieja quedó ayer, tras el pleno, a expensas de una última rúbrica del conseller de Urbanismo. Y es que la sesión aprobó con los votos favorables del PP y el rechazo de PSOE, IU y LV -y sin debate- el texto refundido de la denominada "libertad tipológica" o, lo que es lo mismo, la autorización para que los promotores puedan levantar edificios de hasta 30 alturas en algunas zonas del casco urbano.
Se trata de hasta 20 torres en seis enclaves privilegiados de las principales zonas en primera línea de la playa, como el Campico San Mamés -entre la playa del Acequión y Marina Internacional-, la Playa de los Náufragos, la Curva del Palangre, junto a la playa de Los Locos o Las Lomas en La Mata.
El ayuntamiento lleva más de una década intentando sacar adelante una medida como ésta. En el año 2000 la Generalitat "tumbó" un acuerdo plenario similar. La actual tentativa municipal parece tener visos de éxito puesto que la Generalitat lo que pedía ayer del pleno es que se subsanaran algunos requisitos a la hora de establecer las condiciones para construir y que los usos no fueran exclusivamente residenciales para esta modificación puntual del Plan General.
El alcalde Pedro Hernández, se limitó ayer a leer el epígrafe del orden del día sin abordar el fondo del asunto. Cuando se aprobó la exposición pública de esta propuesta, en septiembre de 2008, Hernández fue más didáctico y echó mano de dos cajas de cartón para explicar la diferencia entre la construcción en horizontal -que ocupa más suelo y oculta las vistas al mar y por la que ha apostado el municipio durante 30 años- y la edificación en vertical, en la que el suelo se rentabiliza mucho más, y sólo se ocultan parcialmente las panorámicas al mar. Además, el alcalde dijo que esta tipología en la edificación pretendía frenar los efectos de la crisis del ladrillo, atrayendo la inversión inmobiliaria. Los informes de conselleria sobre este asunto aluden al impacto sobre el paisaje de estas edificaciones puesto que la mayoría de los edificios construidos en la ciudad desde 1987, son adosados, o inmuebles de cinco alturas y ático en el casco urbano.
* Levante-EMV - 24.02.10
Foto: Torrevieja - escapadafindesemana.net
Castro: La Fiscalía pide tres años de prisión para Díaz Helguera y seis para el ex secretario
ALERTA/Cantabria* : Cuando parecía que no se podía complicar más la situación política de Castro Urdiales, la Fiscalía solicitaba ayer tres años de cárcel para el ex alcalde, Rufino Díaz Helguera, y seis para el ex secretario municipal, César Saiz, por su implicación en el caso Urdicam, de prevaricación urbanística y administrativa.
El Fiscal denuncia que ambos imputados falsificaron documentos oficiales para justificar actuaciones urbanísticas que buscaban «dar satisfacción a los promotores», a costa de suelo destinado a equipamientos, por lo que también pide 4.500 euros de multa en el caso del ex regidor; y para Saiz, lo mismo más otros 6.000 euros.
Además, el Fiscal les acusa -junto a varios concejales del equipo de gobierno de Díaz Helguera (PSOE) de 1999 a 2003 y de la primera legislatura de Muguruza (2003-2007)- de haber aprobado modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) «con conocimiento y voluntad de transgredir la normativa», a sabiendas de la ilegalidad de dichas actuaciones. Para todos ellos, piden diferentes penas de inhabilitación para cargo público y multas. El perjuicio para las arcas castreñas lo cifra la Fiscalía en unos 2.400.000 euros, ya que supusieron la pérdida de 2.000 metros cuadrados de terrenos. Un coste que deberá sufragar el Ayuntamiento.
El escrito de acusación, presentado ayer por el Ministerio Público, recoge algunas de las descripciones que el Tribunal de Cuentas hizo de la gestión urbanística del Ayuntamiento castreño en su informe final del 26 de febrero de 2009. Así, califica la actuación municipal de «absoluta falta de control, rigor, ausencia de organización y, en definitiva, actuación al margen de la legalidad vigente». Una situación que se dio en un momento de «desarrollo urbanístico explosivo» y «no deseable», ya que, prosigue, no cumple con un «uso racional» del suelo y el medio ambiente.
La Fiscalía se hace eco también de la «falta de celo» del Consistorio en la exigencia de los aprovechamientos urbanísticos y su consecuente perjuicio patrimonial del municipio y «correlativo enriquecimiento» para los promotores.
Ni siquiera, apuntaba el Tribunal de Cuentas, había un control riguroso de las licencias concedidas. Y, para más datos, detectaba «apreciables desfases patrimoniales generalizados» en gran parte de los responsables municipales de aquella época.
El caso Urdicam engloba la investigación del desarrollo urbanístico de las zonas de ejecución 1.33 y 1.34 del PGOU de Castro Urdiales, y como el Ayuntamiento planteó actuaciones en esa zona -la apertura de un vial no previsto en el planeamiento- sin el visto bueno de la Comisión Regional de Urbanismo, ya que copaba parte del suelo destinado a equipamiento público; y como con informe desfavorable de la CRU, la vía se lleva a cabo siguiendo la «voluntad caprichosa» de los responsables municipales. Posteriormente, relata la Fiscalía, se trató de «camuflar» la actuación cambiándola de nombre y volviendo a remitirla a la CRU (Ahora como Modificación Puntual nº 11 del PGOU, en vez de nº 4), aunque se vuelve a rechazar.
Dictamen que «se oculta» y «dando apariencia de continuar el trámite legal», se aprueba la actuación como trámite administrativo. Al secretario municipal, incluso, se le acusa de falsedad documental por alterar los datos enviados al Catastro y a Díaz Helguera por la remitida al BOC. En este caso, llevado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castro, están imputadas 32 personas por diferentes delitos de prevaricación, falsedad documental, estafa y delito contra la ordenación del territorio.
* Alerta - 24.02.10
Foto: Castro Urdiales, ayuntamiento - foro-ciudad.com
Vinarós: Imputan a Balada por prevaricación por las obras de Jovellar
LEVANTE/Castelló : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Vinaròs ha librado un auto de Incoación de Procedimiento Abreviado en el que se imputa al primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Vinaròs, Javier Balada, la presunta comisión de un delito de prevaricación como consecuencia de una obras efectuadas en un edificio de plaza Jovellar en el año 2006, cuando Balada ocupaba la alcaldía de la ciudad.
La juez resuelve en el auto dar traslado al fiscal y a las partes acusadoras personadas en las investigaciones seguidas hasta el momento para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias complementarias. Así se recoge en el auto dictado el pasado día 10 de febrero y firmado por la jueza Cecilia Alzaga, y que fue dado a conocer en la tarde por el Partido Popular de Vinaròs.
La denuncia que ha dado pie a este procedimiento fue presentada en su día por el entonces presidente del PP de Vinaròs, Enrique Chaler, y el secretario general y a su vez diputado autonómico y concejal del PP, Mariano Castejón.
La denuncia ya fue sobreseída en primera instancia por el juzgado de Vinaròs y recurrida por los denunciantes ante la Audiencia de Castelló, la que dispuso que la investigación se reabriera en los juzgados de Vinaròs.
Expediente sancionador
En el auto se detalla que en el año 2006, Javier Balda Ortega, "en su condición de Alcalde de la localidad de Vinaròs, a pesar de tener constancia de que se estaba realizando una construcción ilegal que contravenía las normas de edificación en las obras que se realizaban en la Plaza Jovellar nº 3 de dicha localidad, se negó a aperturar expediente sancionador y, en su caso, a paralizar cautelarmente los trabajos de construcción". El ahora teniente de alcalde ha convocado para este mediodía a los medios de comunicación. El PP ha hecho lo propio.
* Levante-EMV - 24.02.10
Foto: Vinaròs, edificio de la Plaza Jovellar nº3 - cope.es
La revolución ciudadana
JAVIER CREMADES* : El micropoder es la capacidad de los ciudadanos, organizados en redes aprovechando las nuevas tecnologías, para influir en la toma de decisiones del poder político y económico. Dicho así suena complicado, pero si repasamos distintos sucesos cuyos orígenes estuvieron en la red podremos entender mejor su influencia en el mundo actual. Cuando un blog informaba sobre la relación entre Monica Lewinsky y el presidente Clinton, pocos imaginaban que derivaría en un proceso que acabaría con el ex presidente testificando desde el Despacho Oval. Actualmente se habla ya de una Web 2.0 para referirse a fenómenos como YouTube o MySpace, donde los ciudadanos son protagonistas del proceso de la comunicación interpersonal y social.
El uso de las tecnologías de la comunicación, nacidas de la digitalización, está revolucionando las relaciones entre el poder constituyente y el poder constituido. Los políticos, los empresarios y los medios de comunicación siguen, con una mezcla de curiosidad y recelo, la evolución de los ciudadanos participativos en esta nueva sociedad de la información: los denominados "tecnoinfluyentes". Superado el crash de las empresas punto com a finales de los noventa, las nuevas tecnologías han resurgido con fuerza y ahora tenemos una idea más clara del papel que deben ocupar en la sociedad. Por eso no es de extrañar que, en 2006, la revista Time eligiese al usuario de internet como la "Persona del Año".
Hoy los ciudadanos pueden influir en las elecciones a través de sus opiniones en blogs, denunciar casos de violación de derechos humanos o asociarse para compartir experiencias y tomar decisiones conjuntas. Esta capacidad terminará cambiando la relación de los políticos con la gente. El micropoder contagia su interactividad característica al sistema político para pasar de un gobierno unidireccional (del poder político a los ciudadanos) a un gobierno bidireccional (de los ciudadanos al poder político y de éste a los ciudadanos).
La posibilidad real de que la participación de una ciudadanía activa contribuya a que el sistema democrático se regenere se está abriendo paso gracias a la revolución digital. La acción política así entendida desarrolla una red de relaciones humanas que se mantienen a través de un constante diálogo interactivo (hablar y escuchar), posibilitado por las nuevas tecnologías. En este sentido, la actividad de los lobbies se convertirá en una labor más abierta y transparente. Ya no será una función reservada a las grandes organizaciones, sino que los grupos de interés social podrán participar en el diálogo con el poder político para transmitir sus preocupaciones. El micropoder también se manifiesta en el ámbito empresarial. La creciente importancia de los accionistas minoritarios ha convencido a los consejos de administración de las empresas de que éstos son actores clave, especialmente cuando son capaces de organizarse en foros de discusión al margen de las juntas generales anuales.
El micropoder nunca reside en el individuo aislado, sino en la persona entendida en su ámbito relacional propio. Es decir, que el protagonismo de cada individuo es, en realidad, coprotagonismo; y se traduce en la conjugación de dos conceptos clave para la articulación de una política centrada en la persona: autonomía e integración. Sólo cuando la persona es consciente de la capacidad de influencia y acción que le da la integración con otras personas surge el micropoder.
Los ciudadanos, los consumidores y los accionistas son ahora más relevantes porque se han convertido en nodos de unas redes sociales cada vez más influyentes. Los poderes clásicos deberán aprender a relacionarse con estos nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. El micropoder obligará a entrar en un nuevo tipo de juego, en el que el poder constituido necesitará buscar la alianza con el ciudadano y comprender que los tiempos del ostracismo y del despotismo han quedado relegados en favor de la transparencia.
* Javier Cremades es presidente de Cremades & Calvo Sotelo.
* ELPAIS.com - Opinión - 03/06/2007
