DIARIODEMALLORCA* : El Tribunal Supremo ha acordado la suspensión de la modificación puntual de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma que hizo posible el proyecto de construcción del hospital de Son Espases.
Según ha informado hoy en un comunicado los denunciantes de dicho proyecto, la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones y la Asociación de Vecinos del Secar de la Real, la suspensión dictada por el Tribunal Supremo afecta al cambio en el PGOU de Palma para "la implantación de un sistema general de equipamiento comunitario sanitario supramunicipal, denominado Son Dureta II, en la finca de Son Espases Vell".
El auto indica que el Tribunal Supremo suspende dicha modificación puntual "mientras se sustancia el proceso, sin necesidad de prestar caución".
"Debemos acceder a la suspensión preventiva, hasta tanto se dicte sentencia en la instancia de la ejecutividad de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palma", dice.
La sentencia señala que "no cabe duda de que el hospital proyectado, para cuya ejecución exclusivamente se ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, lo es sobre suelo rústico y en las proximidades de unos bienes declarados de interés cultural, cuya protección constituye también un interés general".
Según el tribunal, en el caso enjuiciado "están en conflicto dos intereses generales, el uno representado por la nueva instalación hospitalaria de referencia para las islas Baleares, y en el otro por la protección del suelo rural, en el que, en principio, no cabe tal tipo de instalaciones salvo que fuesen declaradas de interés general".
Añade que la petición de protección de interés general no se puede desestimar por el hecho de que "no se hubiese tenido tanto esmero en reaccionar frente a otras actuaciones urbanísticas anteriores que igualmente los hubiesen podido afectar".
El Tribunal Supremo considera "una equivocación" de los juzgados de primera instancia considerar que el interés general de la instalación sanitaria es superior al que esgrime la Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones de defender los patrimonios rural y cultural de la zona.
"Nos parece que tal juicio de ponderación no es correcto jurídicamente", dice el auto.
Según el Tribunal Supremo, hay "flagrantes conculcaciones" en el procedimiento para modificar el PGOU de Palma, como "la falta de declaración de interés general por el órgano competente (el Govern) a fin de poder llevar a cabo la instalación del hospital en suelo rústico".
También cita "la inexistencia del preceptivo estudio de alternativas técnicamente viables, plan de vigilancia y documento de síntesis en la documentación sometida a información pública y la manifiesta falta de contenido medioambiental del necesario dictamen de impacto ambiental".
El tribunal considera que, en el procedimiento, no aparece como prevalente "el interés general" de la construcción del hospital, "respecto del también interés público en proteger los patrimonios rural y cultural de las Islas Baleares".
La Congregación de Misioneros de los Sagrados Corazones y la Asociación de Vecinos del Secar de la Real han manifestado su "satisfacción por esta sentencia del Tribunal Supremo, que no hace más que ratificar los argumentos esgrimidos" por ambos.
Según han indicado, el auto es "un toque de atención a todos aquellos que amparados en un falso interés general y sin hacer caso de la legislación vigente, pensaron que podían pasar por encima del derecho constitucional que asiste a todo ciudadano a ejercitar la acción popular".
"No teníamos la menor duda de que tarde o temprano, la justicia pondría a cada cual en su sitio, lamentando únicamente que dicha justicia no se haya conseguido dentro de nuestra comunidad y que esta sentencia del Supremo llegue en un momento en el que la construcción del hospital se encuentra en una fase tan avanzada", han señalado desde la asociación vecinal.
El pleito lo interpuso la congregación religiosa, y según la asociación vecinal, la sentencia es "un triunfo de la participación ciudadana, que durante más de cinco años ha utilizado todos los instrumentos legales a su alcance con perseverancia y coherencia, para conseguir la protección del entorno rural y patrimonial del monasterio de La Real".
* Diario de Mallorca - EFE - 5.03.09
Foto: Obras Son Espases - diariodemallorca.es
El Tribunal Supremo suspende la modificación del PGOU de Palma para construir Son Espases
Canarias tramita una norma para burlar la Ley de Costas estatal
ELPAÍS* : La rebaja de la Ley de Costas por la puerta trasera está en marcha 21 años después de la aprobación de la norma. Primero fue Galicia que, a propuesta de PSOE y BNG, reformó en diciembre su Ley de Vivienda para salvar cientos de casas de primera línea. Lo hizo a la vez que el Ministerio de Medio Ambiente coló en una ley que no tenía nada que ver una reforma para permitir vender las concesiones de las casas construidas sobre la arena. Ahora es el Parlamento de Canarias el que planea aprobar en un mes, gracias a la mayoría de Coalición Canaria (CC) y PP, una ley autonómica para salvar los núcleos con "valor etnográfico" que incumplen la ley.
Las autonomías sufren las quejas de los afectados por la Ley de Costas y empiezan a suavizar la norma. CC presentó el pasado 22 de enero en el Parlamento autónomo una reforma legal para evitar la demolición de los "núcleos inmemoriales representativos de los valores culturales y etnográficos propios de las islas" aunque estén levantados en la playa, que es dominio público.
El portavoz de CC en el Parlamento, José Miguel Barragán, señala que su intención es "defender una historia y una tradición": "Hay pueblos de pescadores construidos en dominio público que no deben ser destruidos". Canarias vivió una enorme movilización contra la demolición del poblado costero de Cho Vito, en Tenerife, el pasado octubre. Barragán afirma que la ley autonómica -prevé que esté aprobada en abril- sirva para que Costas no pueda derribar las casas de Tufia, un antiguo poblado en primera línea.
La Ley de Costas, de 1988, establece que la playa es dominio público y que allí no hay propiedad privada. Las casas construidas legalmente allí antes de 1988 pasaron a ser una concesión. Eso permitía a sus dueños disfrutarlas durante 30 años (ampliables a 60). A las construidas sin permiso o con posterioridad a la ley les esperaba la demolición.
Pero Canarias alega que muchos de sus núcleos rurales costeros no estaban inscritos aunque existieran antes de la ley. Con su reforma, el Ejecutivo autónomo decidirá cuáles de estos núcleos tienen "valor etnográfico", aunque el dominio público es competencia del Gobierno central. El PSOE ha presentado enmiendas para que el Gobierno participe en ese censo en el que figurarán las casas de "valor etnográfico, arquitectónico o pintoresco" y que se salvarán por "interés público". El diputado socialista en Canarias Manuel Fajardo critica que se haga una reforma para cada comunidad y apuesta por realizar un censo de las casas que estaban construidas en 1988 en la playa y salvar esas, pero no las levantadas después.
La norma puede invadir competencias estatales. Por eso, si el Ministerio de Medio Ambiente no la recurre al Tribunal Constitucional, puede sentar un precedente para otras autonomías.
Además, la ley canaria establece que la comunidad decidirá en qué lugares se puede construir a 100 metros del mar y en cuáles a sólo 20, según la situación que tenía el terreno en 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas.
Este aspecto es similar a la que aprobó el Parlamento gallego y que contaba con el visto bueno del ministerio. Con este texto, Galicia salvaba cientos de viviendas en Marín (Pontevedra) y además conseguía miles de metros cuadrados de terreno urbanizable junto al mar. Al PP le pareció poco y presentó iniciativas que recortaban mucho más la ley, por lo que ahora con la mayoría absoluta podrá presentarlas.
Medio Ambiente sostiene que aún no ha decidido si la reforma gallega es inconstitucional, aunque fuentes próximas al departamento que dirige Elena Espinosa afirman que se inclina por no recurrirla. El portavoz popular en el Parlamento gallego la pasada legislatura, Manuel Ruiz Rivas, afirma que esta reforma es muy parecida a un decreto que aprobó el PP en 2004 y que entonces recurrió el ministerio que dirigía Cristina Narbona.
Barragán, ponente de la ley canaria, compara: "Nuestra ley es similar a la gallega, ya que ellos la copiaron. Si el Gobierno no recurre ésa no podrá hacerlo con ésta".
El abogado de la plataforma de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, admite que la ley canaria "plantea problemas de competencias" pero sostiene que es "la expresión de la desesperanza que ha cundido en Canarias con la aplicación estricta de la Ley de Costas".
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 05/03/2009
El juez atribuye nuevos delitos a Roca y Muñoz e imputa a otras 17 personas
MÁLAGAHOY* : El número de procesados en el caso Malaya contra la corrupción urbanística supera ya el centenar. El titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Marbella, Óscar Pérez, ha dictado un auto de procesamiento en el que imputa a otras 17 personas en el procedimiento, por lo que serían ya 103, y atribuye nuevos delitos a otros catorce encausados, entre los que se encuentran el ex asesor urbanístico y principal imputado Juan Antonio Roca o el ex alcalde Julián Muñoz.
En el auto, que consta de un centenar de folios y al que ha tenido acceso este diario, el instructor del caso determina el procesamiento de los imputados en cuatro piezas separadas de la causa principal, así como de más de una decena de personas relacionadas con el supuesto entramado societario de Roca, entre las que se encuentran empresarios, abogados y asesores fiscales. Entre ellos, el constructor Máximo Filipa, los letrados Antonio y Eduardo Abril Cumpián o la veterinaria y apoderada de la ganadería Marqués de Velilla. El juez imputa a la mayoría de estos procesados un delito de blanqueo de capitales.
Entre los nuevos encausados se encuentran también el empresario Javier Arteche, el tasador José Mora o la ex edil del Ayuntamiento de Marbella Marisa Alcalá. Su procesamiento se corresponde con la pieza separada en relación con las operaciones urbanísticas de Ave María y Francisco Norte. El juez imputa a Arteche los delitos de cohecho, cooperación al fraude y cooperación a la prevaricación, mientras que a Mora le atribuye un delito de falsedad documental. Alcalá está imputada, junto con otros cuatro ex concejales que ya estaban procesados en el "caso Malaya", por un delito de fraude.
El último de los nuevos procesados es José María Mellado, cocinero y presunto testaferro de Roca en la explotación del Hotel La Malvasía al que el juez imputa un delito de blanqueo de capitales.
En el auto de procesamiento, Pérez imputa al ex asesor urbanístico ocho nuevos delitos: tráfico de influencias, inducción a falsedad documental, cohecho, fraude, prevaricación, un delito fiscal y dos de blanqueo de capitales. Roca se encuentra presente como procesado en cuatro de los cinco capítulos establecidos en la resolución judicial, salvo en la pieza separada que se incorpora a la causa principal relativa al delito de tenencia ilícita de armas imputado al ex jefe de la Policía Local de Marbella Rafael del Pozo.
El juez imputa al ex alcalde Julián Muñoz los delitos de fraude, cohecho y prevaricación respecto a las operaciones urbanísticas Ave María y Francisco Norte, hechos sobre los que también procesa nuevamente al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes por un delito de falsedad documental. El ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Germán Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito completan las imputaciones del auto de procesamiento en relación con otra pieza separada sobre delitos fiscales. En el caso de Román, el magistrado le atribuye cinco delitos de este tipo.
* Málaga Hoy - Hugo Simón / Marbella - 5.03.09
Foto: Marbella - elpais.com
