Anticorrupción pide imputar a la plana mayor del Govern valenciano

PÚBLICO* : La situación de Francisco Camps y su núcleo duro en la Generalitat y el PP valenciano se vio ayer agravada tras difundirse el escrito en que la Fiscalía Anticorrupción pide al Tribunal Superior valenciano (TSJCV) que investigue la presunta financiación ilegal del partido a través de la trama Gürtel, que a su vez recibió no menos de 14 millones en contratos, y de una batería de adjudicatarios públicos que, según la Policía y Hacienda, pagaron gastos electorales del PP por casi 900.000 euros en 2007 y 2008. La Fiscalía implica de forma expresa en delitos de corrupción penados con cárcel a nueve cargos del PP y, de forma tácita, al propio Camps. Ahora, el TSJCV debe decidir si asume o no la investigación tras dos años dando largas al asunto.

En su escrito al TSJCV, Anticorrupción apunta a Camps al conectar los contratos multimillonarios (14 millones) que recibieron las empresas ligadas a la red con los trajes que sus responsables regalaron al president. Y al subrayar que alguno de los contratos otorgados a Orange Market requirió la "preceptiva autorización por el Gabinete del presidente".

A Camps, Anticorrupción no le cita por su nombre. Sí lo hace con los otros nueve cargos conservadores cuya imputación reclama. Entre ellos se cuenta el vicepresidente Vicente Rambla, a quien atribuye dos delitos electorales por falsear las cuentas del PP valenciano. Y la actual presidenta de Les Corts valencianas y exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez. A esta última, el Ministerio Público la considera presunta autora de un delito de prevaricación por los supuestos contratos amañados en favor de Orange Market para los stands de Fitur en 2005 y 2006.

La lista de cargos del PP implicados por la Fiscalía se completa con varios aforados ante el TSJCV y otros cargos: David Serra, vicesecretario general del PP valenciano; Yolanda García, tesorera del partido; Ricardo Costa, ex secretario general y hoy coordinador de Economía del PP en Les Corts; Cristina Ibáñez, administradora de las autonómicas de 2007; Pedro García Gimeno, ex director general de Canal 9; Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Turismo; y Luis Bárcenas, extesorero estatal del PP y administrador de la campaña de las municipales en 2007. Ese año, y según informes policiales y de Hacienda, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros.
Soborno y prevaricación

En total, Anticorrupción enumera seis delitos: dos electorales, en 2007 y 2008; contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación y cohecho. Los electorales, la prevaricación y el cohecho se atribuyen a los dirigentes políticos. El delito fiscal, a los seis miembros de la trama cuya imputación pide la Fiscalía, encabezados por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.

Y los delitos de falsedad en documento mercantil (falsificación de facturas) se atribuyen a la red y a los empresarios que supuestamente pagaron a Orange Market deudas del PP. Fuentes cercanas a la Fiscalía precisaron no obstante que el escrito no es "exhaustivo" ni en cuanto a la relación de actos ilegales ni en la de presuntos autores. Un ejemplo: la Fiscalía solicita que se incorpore a la causa un anónimo recibido por el Tribunal Superior de Madrid y que implica a otro vicepresidente valenciano, Juan Cotino.
Hechos inseparables

Las alegaciones de la Fiscalía ante el TSJCV se cierran con dos párrafos que, de forma explícita, vinculan los regalos hechos por la trama con los contratos otorgados por la Generalitat. Anticorrupción reclama al tribunal valenciano que una en un solo sumario el caso de los trajes, por el que Camps está ya con un pie en el banquillo, con el de la financiación del PP y la adjudicación de contratos amañados a Orange Market. Si el TSJCV aceptase las tesis de la Fiscalía, el juicio de los trajes se demoraría, pero la acusación contra Camps y los otros tres destinatarios de ropa (Ricardo Costa, Rafael Betoret y el exvicepresidente Víctor Campos) subiría de grado. Y pasaría a ser de cohecho sin adjetivos. O sea, de soborno en toda regla.

"Unos y otros hechos -remarca el escrito en referencia a trajes y contratos- han de ser objeto de valoración conjunta para la correcta calificación de uno de los delitos contra la Administración Pública (cohecho)". En otras palabras, Anticorrupción remacha la idea, rechazada con uñas y dientes por el TSJCV, de que los trajes sólo fueron una pieza más en el engranaje corrupto y no un acto de generosidad espontánea por parte de Álvaro Pérez, gestor de Orange Market y "amiguito del alma" de Camps.

Que a Camps le amenazan delitos de mayor gravedad que el de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno y sólo castigado con multa, lo prueba lo ocurrido ayer tras difundirse el escrito de Anticorrupción. La agencia Europa Press lanzó a media mañana un despacho titulado así: "La Fiscalía excluye a Camps de delitos en sus alegaciones a la inhibición de la causa de financiación". El PP se aferró de inmediato al titular. Y Anticorrupción tuvo que pedir a la agencia que corrigiese la noticia, que pasó a tener el titular inverso: "Anticorrupción no excluye a Camps como inculpado en la causa de financiación ilegal".

La Fiscalía añade otro dato sobre la conexión entre los trajes y las adjudicaciones fraudulentas: el relativo a cómo el contrato que Canal 9 adjudicó a Teconsa para la cobertura de la visita papal a Valencia en 2006 se produjo cuando el canal autonómico tenía por director a Pedro García. Y "de acuerdo con la documentación intervenida, además, a Pedro García Gimeno le fueron regaladas distintas prendas de vestir adquiridas por los imputados en los mismos establecimientos en los que se compraron los entregados a los cuatro imputados" en el caso de los trajes. El contrato de Teconsa reportó a la red tres millones. Y, según la Policía, Pedro García se embolsó medio millón.
De Sedesa a Enrique Ortiz

La Fiscalía, que hace suyas las tesis esgrimidas en mayo de 2010 por el juez Antonio Pedreira cuando se inhibió en favor del tribunal valenciano, solicita la imputación de los responsables de las ocho empresas que abonaron facturas supuestamente falsas a Orange Market para camuflar gastos electorales del PP.

En esa lista de empresarios figuran los responsables de las siguientes sociedades: Sedesa, empresa entonces ligada a la familia del vicepresidente Juan Cotino; Enrique Ortiz e Hijos, Enrique Gimeno (Facsa), Lubasa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Hormigones Martínez y Piaf.


* Público - 2.04.11
Foto: El Presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el viernes en un acto. EFE

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La banca y el ladrillo andaluz fuerzan una nueva recalificación de un millón de metros cuadrados en la vega antequerana

ANTEQUERA HABITABLE* : La plataforma Antequera Habitable ha remitido un comunicado a 'EL OBSERVADOR' en el que muestra su completa oposición ante un nuevo intento de recalificar un millón de metros cuadrados de suelos agrícolas de la vega para construir otro polígono industrial, apenas cuatro meses después de haberse aprobado definitivamente el PGOU de este municipio malagueño. “¿A quien benefician estas recalificaciones del uso del suelo en la Vega, a MCapital ó al interés general?”, se pregunta Antequera Habitable después de que PP y PSOE hayan convenido apoyar una modificación planteada por una entidad de capital riesgo en la que participan los grandes actores del sector financiero y la construcción andaluces.

En el Consejo de Administración de MCapital, accesible en su página web, encontramos a presidentes y altos directivos de grandes entidades financieras, del sector de la construcción y de otros ámbitos con destacada presencia en Andalucía: Unicaja (Federico Terrón), Cajamar (Luis de la Maza), Cajasur (Ángel María Cañadilla), FCC (Blas Campos), Alei-Grupo Vera (Juan Maldonado Taifeller), Vallehermoso (Fernando Ruiz-Cabello), Famadesa (Manuel Gómez), Acciona (Roberto Cabrera) y Hotel Antequera Golf (Ramón Jiménez). Wikipedia define a las empresas de capital riesgo como “entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no cotizadas. El objetivo es que con la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio”.

EN el último pleno municipal de Antequera, los grupos de PSOE y PP dieron su apoyo a la solicitud planteada por la entidad de capital riesgo MCapital para realizar una modificación al PGOU del municipio, aprobado el pasado mes de noviembre. Se trata de recalificar un millón de metros cuadrados de la vega agrícola para construir un nuevo un polígono industrial presentado bajo el nombre de la Ciudad de Innovación Tecnológica Agroalimentaria (CITA). Izquierda Unida votó en contra de esta propuesta y el grupo independiente local PABA se abstuvo.

LA aprobación del inicio de este proceso de recalificación de suelos se produce después de que el Gobierno andaluz detuviese un proyecto similar que pretendía urbanizar cinco millones de metros cuadrados. En este caso la Junta solicitó a los promotores que demostrasen la compatibilidad de esta iniciativa con el Plan Especial de Protección Medio Físico, que cataloga la vega antequerana como paisaje agrario singular.

LA plataforma Antequera Habitable ha emitido un comunicado criticando lo sucedido. “Cuando tenemos una sobreoferta de suelo industrial, no solo en Antequera sino en casi todos los pueblos de la comarca, nuestro Ayuntamiento nos sigue proponiendo más de lo mismo. Nuestro municipio está viviendo una grave situación económica con miles de parados y cientos de familias sin ingresos que supone un enorme drama humano, nuestros responsables públicos reaccionan a este problema con mas recalificaciones de suelo para los de siempre”, denuncia.

POR eso, este colectivo ciudadano se hace las siguientes preguntas: “¿Necesita más suelo industrial Antequera cuando el Parque Logístico de Vera y el PEAN están vacíos? ¿A quién benefician estas recalificaciones del uso del suelo en la Vega, a MCapital o al interés general? Cuando en plena crisis la agricultura es el único sector que no despide empleados ni cierra empresas, ¿es acertado urbanizar las mejores tierras de regadío de la provincia de Málaga? ¿A quiénes sirven los partidos que votan las recalificaciones de suelo en la Vega de Antequera? Esta situación es indignante y los concejales votantes de esta recalificación, siguen poniendo los intereses especulativos por encima de los intereses de Antequera, tienen poca conciencia de la situación actual, y poco conocimiento de un recurso como la Vega con enormes posibilidades de actividad económica y empleo”.


* El Observador - Opinión - 1.04.11
Foto: Antequera (Málaga), tierras cultivo Vega para recalificar - antequerahabitable


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Barakaldo.- «Han jugado con el dinero de familias trabajadoras»

ELCORREO/Vizcaya* : La mayoría son parejas de jóvenes baracaldeses que deseaban quedarse en su pueblo y gozar de una vivienda amplia y con terreno, sin necesidad de salir de la segunda ciudad más grande de Vizcaya. El proyecto «prometía», pero se ha convertido en «un calvario» y «una fuente importante de frustración». Un total de 30 familias intentan en la actualidad rescindir «como sea» sus contratos con la firma inmobiliaria Bruesa y recuperar las cantidades que adelantaron a cuenta por la compra de sus pisos en Basatxu, la zona más alta del barrio de Cruces, después de que la constructora haya suspendido pagos y se encuentre en una situación económica crítica. Los afectados han pagado una media de 60.000 euros, aunque en algunos casos «la cifra asciende hasta los 90.000»

Los primeros compradores deberían estar viviendo en sus hogares desde el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, los edificios son todavía hoy un inhabitable esqueleto de hormigón armado repleto de humedades. No hay actividad en la urbanización 'El Mirador de Basatxu' desde el pasado verano. Las labores de edificación de 48 inmuebles permanecen paralizadas. Otros 180 sólo existen en el plano. Hasta la caseta de obra «ha sido desmantelada».
En pisos de alquiler
«Nos sentimos todos muy mal», asegura el joven Rober Tejedor. Su casa, que debería estrenar en septiembre del próximo año, ni siquiera se ha empezado a levantar. «Nos han ido dando falsas esperanzas, soltando evasivas o diciendo que no había problema y que podían sacar esto adelante. No me equivoco si afirmo que nos sentimos totalmente defraudados: es un engaño en toda regla», denuncia. «Mi caso no es tan dramático, porque vivo con mis padres, pero hay muchas parejas que han vendido su piso y que se han tenido que ir de alquiler. Nadie sabe lo mal que lo están pasando por algo en lo que no tienen culpa alguna. Han jugado con la economía de 30 familias trabajadoras en plena crisis», añade.
Pese a que las máquinas hace tiempo que dejaron de trabajar, Bruesa continúa vendiendo pisos en la zona, tal y como comprobó este diario el pasado miércoles. «Espero que no haya ningún comprador despistado, porque se va a meter en un lío», advierte el joven. «Creo que hay mala fe en todo esto», añade.
Tejedor tiene claro que la solución al problema está ahora en manos del Ayuntamiento. «Ellos pueden resolver el contrato con Bruesa por incumplimiento y forzar a que nos devuelvan el dinero entregado», argumenta. «Hemos abierto contactos con los representantes municipales y les hemos pedido que nos ayuden porque muchos somos vecinos de este pueblo y los que no lo son, habían apostado por Barakaldo». El Consistorio, por ahora, ha iniciado los trámites para enajenar la parcela y dársela a otro promotor con la intención de que acabe los trabajos y resolver el conflicto.


* El Correo - 1.04.11
Foto: Afectados por la paralización de la promoción de 'El Mirador de Basatxu' se acercaron ayer hasta el esqueleto actual de sus viviendas.- elcorreo

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«En la Región de Murcia hay cierta tolerancia hacia la corrupción»

LAVERDAD/Entrevista* : Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid y uno de los expertos más reputados de España sobre corrupción política. Varios libros y estudios sobre este asunto llevan su firma. Miembro del comité de dirección español de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, el pasado viernes ofreció una conferencia en Murcia en el acto de presentación del Pacto por la Transparencia y el Bueno Gobierno promovido por un grupo de ciudadanos para la Región de Murcia. En esta entrevista habla sobre las causas de la corrupción y algunos de los casos más sonados, de la desafección creciente entre ciudadanos y políticos y de las posibles soluciones.
- ¿Hay riesgo de una 'berlusconización' de la política española?
- El concepto de 'berlusconización' es poco científico, pero se refiere a una sociedad con muy poca confianza en la clase política y las instituciones y con bastante desconfianza entre la gente, donde se piensa que todos los políticos son iguales y que todo da igual con tal de que den respuesta a las necesidades inmediatas. En una sociedad así, si controlas bien los medios de comunicación, si consigues más o menos controlar la judicatura y si tienes un Parlamento que te aprueba las leyes que tú quieres, al final la gente no sabe bien lo que vota, no se entera de nada y se produce un deterioro de la democracia terrible.

- Pero en España no estamos tan mal.
- No, pero existe ese riesgo, sobre todo cuando ves que puede haber un político corrupto al cual le van a votar. Cuando le preguntas a la gente por qué le vota, la respuesta es muy berlusconiana: 'todos son iguales, qué más da, si éste nos da algo...' Todo esto genera un grave deterioro.
- Hay ejemplos de candidatos implicados en supuestos casos de corrupción que se presentan a las elecciones y ganan. No parece una cuestión que los ciudadanos penalicen. ¿Por qué?
- En general, la corrupción en muchísimos países, no sólo aquí, no se penalizada mucho cuando se dan determinadas condiciones, sobre todo cuando hay una idea de que toda la clase política es semejante. Otro elemento es que la gente, a la hora de configurar su voto, cuenta con muchas variables, no solo la deshonestidad, como son las propuestas educativas, sanitarias o, como puede ocurrir aquí, la propuesta del agua. Hay muchos factores por los que se decide el voto y la corrupción es uno más. También influye si hay alternativas creíbles o no. Si no las hay, no hay salida.
- ¿Hay alguna fórmula rápida e infalible de que el urbanismo deje de ser el principal foco de corrupción política?
- Ahora hay una: la crisis económica, que ha bajado enormemente las posibilidades de corrupción en este ámbito. Es importante reducir el monopolio en la toma de decisiones en el ámbito urbanístico, que le da al alcalde un poder inmenso de dar riqueza a unos y no a otros sólo con firmar un convenio urbanístico. También hay que reducir la discrecionalidad, hay que reglarlo más. Hay muchas normas, pero habría que cerrar más las posibilidades. Además está el hecho de que sean los promotores privados los que desarrollan toda la labor, cuando en otros países es el gobierno el que expropia y desarrolla lo que estima adecuado y luego contrata la ejecución. Es un sistema que, cuando había tanto dinero, reunía todas las condiciones: monopolio y discrecionalidad en la toma de decisiones y muy poco control por parte de la Autonomía y el Estado. Era un cóctel explosivo. Por tanto, para acabar con esta situación habría que reducir el monopolio, que las decisiones no sean exclusivas del alcalde; reducir la discrecionalidad dando más trasparencia y participación ciudadana, e introducir un mayor control de los gobiernos autónomos y del nacional.
- ¿Es mucho lo que se ha reducido la corrupción en España desde el comienzo de la crisis económica?
- Sí, los casos de corrupción de urbanística sí. Ahora empiezan a salir otros casos, aunque también son antiguos, sobre contratos de suministros y servicios. En los municipios españoles hay muy poco control, y las posibilidades de que haya habido políticos deshonestos y que no nos hayamos dado cuenta hasta que ha habido una apuesta por la investigación era grande. La Guardia Civil, la Política y la Fiscalía están haciendo una labor excelente.
- ¿Aprecia diferencias entre el PP y el PSOE en la forma de abordar los casos de corrupción en sus filas?
- En mi opinión, el PP no ha abordado muy bien los casos de Fabra y Camps. El problema del PP es que, con todo esto, está haciendo una especie de llamada que dice: 'no os preocupéis que cuando yo gobierne aquí no va a pasar nada'. Espero no les dé por la berlusconización. El PSOE en teoría tiene una postura más rígida, pero en la práctica comete errores imperdonables, como negar la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía por los ERE o apoyar al consejero de Educación en Asturias. El PSOE no acaba de dar respuesta y ser coherente con aquello que promueve. Los resultados para el PSOE no van a ser tan positivos como podrían serlo porque no es capaz de ser coherente con lo que propone.
- En la permisividad de la sociedad hacia la corrupción, ¿qué influye más, el nivel de educación o el nivel de renta?
- La clave es la educación cívica. Le pregunté a un alcalde sueco una vez si nunca tuvo tentaciones de corromperse, y me contestó que no, pero que si las hubiera tenido habría dicho que no. ¿Por qué?, le dije, por honestidad. La verdad, no tanto por eso, me contestó, sino por el horror de que me pillaran, quedaría como un apestado en mi pueblo, en mi familia. Nuestra sociedad esto no lo admite. Aquí, por el contrario, tuvimos un alcalde, creo que era en El Ejido, que cuando salió de la cárcel fue recibido con cohetes.
- En Murcia también hemos visto algún caso parecido.
- Esa es la diferencia. Frente al modelo sueco, que tendría que irse del pueblo y hasta su familia le retiraría el saludo, aquí sabe que va a conservar cierto apoyo social, que la ciudadanía no lo va a condenar.
- Y eso, según usted, se resuelve con educación.
- Con educación cívica. A lo mejor saber más matemáticas no te ayuda en esto, pero si educar en valores cívicos y democráticos a los niños, que sepan los terribles daños que genera la corrupción a un país. Según un estudio del Banco Mundial, el factor más importante para impedir el crecimiento en África es la corrupción. De cada cien dólares de ayuda que se mandan, a muchos países sólo llegan cinco. Y nuestros países no podrán seguir avanzando y generando desarrollo, en el caso de España es algo evidente, si no reducen la corrupción. Un elemento clave para la inversión extranjera es la honestidad y transparencia de los gobiernos.
- Se podría decir que hay un componente cultural en la permisividad de la sociedad española hacia la corrupción. Aquí la picaresca ha dado lugar a un género literario, y el fraude a la Seguridad Social y la economía sumergida es algo común.
- Por supuesto. Esa idea de fondo de que todo el mundo es así, por lo que yo no voy a hacer lo contrario. Esto genera otro problema y es que, dado que yo soy así e intento defraudar lo que puedo, me interesa que los políticos no sean muy honestos ni muy exigentes en el cumplimiento de las normas.
- ¿Son los casos de corrupción la principal razón del distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos o hay otros motivos?
- No sólo. En España históricamente ha habido una desconfianza muy fuerte hacia los políticos, la política y las instituciones, y la corrupción lo que ha hace es fortalecer esa desconfianza. Una parte importante de los españoles cree que los políticos son corruptos, creo que es el 82%...
- ¿En España?
- Sí. Según el último Eurobarómetro, el 91% cree que la corrupción es un problema importante en el Gobierno nacional y un 90% piensa que ocurre lo mismo en el gobiernos autónomos y municipales. Hay datos terribles de la imagen que tenemos de nuestros políticos.
- ¿Y aprecia algún indicio de remordimiento o enmienda en los políticos ante esta situación?
- Hay políticos honestos y que están haciendo las cosas bien. Hay ayuntamientos que están haciendo las cosas bien. El problema de fondo es si los partidos se toman el problema de la corrupción y la transparencia en serio. No me he dedicado a fondo a leer los programas electorales, pero he visto por encima que el del PSOE habla de transparencia y dice que ningún político imputado iría en las listas. En el PP no he visto algo parecido, lo cual no indica que a este partido le guste la corrupción. A raíz del caso Gürtel, el PP debe decidir si cuando llegue al Gobierno lo va a tapar o bien afrontará seriamente la renovación ética.
- ¿Qué posición ocupa la Región de Murcia dentro del mapa de la corrupción en España?
- Murcia es una de las regiones donde más casos ha habido y la idea de que en Murcia hay una cierta tolerancia a la corrupción y de que hay muchos casos está ahí. Aquí hay mucho más dinero para la corrupción por el desarrollo urbanístico, ese ha sido un factor clave.
- Los largos mandatos, sostenidos por mayorías absolutas incontestables, ¿tienen consecuencias en la práctica política y en las instituciones?
- Sí. En principio, el poder tiende a corromperse y cuanto mayor sea el poder, más posibilidades de corrupción hay. De ahí la importancia de los controles. Un elemento clave para que un político deje de actuar de forma corrupta es que vea que actuando así pierde el gobierno. Una variable que explica que en un país haya corrupción es que la oposición es muy débil. Cuando la oposición es muy débil y el gobierno muy fuerte, hay más posibilidades de corrupción.
- ¿Sería partidario de limitar la duración de los mandatos por ley?
- Sería bueno limitar los mandatos de las personas, y no sólo en las autonomías, en los ayuntamientos y en el Estado, sino también en los partidos. El problema empieza en el propio partido, donde hay gente que controla zonas de la organización durante años y años, gane o pierda, y se aprovecha de las listas cerradas y bloqueadas. ¿Cuál es la razón para entrar en una lista electoral? Por lealtad política. Es difícil que entre gente de fuera. Tenemos una clase política cada vez más profesionalizada y como no hay límites, hacen lo que pueden por seguir viviendo de esto. Hay algunos que después de veinte años en la política no tienen otra salida.
- ¿Le ve posibilidades de éxito al Pacto por la Transparencia y el Buen Gobierno promovido en la Región de Murcia? A mí me cuesta creer que tenga aceptación no en la sociedad, pero sí en los políticos que deben aplicarlo.
- Ojalá que tenga éxito en la sociedad, porque es importante que la ciudadanía tenga conciencia de que hay otra forma de hacer política y que eso lo tenga en cuenta al decidir su voto. Luego está la labor de insistir, insistir e insistir y no dejarse vencer por la melancolía. En Italia, la sociedad civil está un poco adormecida, pero hay un colectivo que sigue luchando y logra reunir a más de 100.000 personas en la calle.
- ¿Hay algún país en el que se estén aplicando las medidas que propone este pacto?
- Sí. Casi todos los países de Europa son más transparentes que España, que es el único, creo que junto con Luxemburgo, Grecia y Malta, que no tiene una ley de acceso a la información. Los escandinavos son sorprendentes en materia de transparencia: del primer ministro se sabe lo que hace desde que se levanta hasta que se acuesta. En Estados Unidos todo el mundo conoce la agenda de Obama, aunque no con antelación para evitar atentados. En otros países se conocen los 'lobbies' que existen y con quien se reúnen. Aquí en España no están regulados los 'lobbies' ni la transparencia de las agendas de los gobernantes.
- Si tuviera que elegir una medida solo, ¿cuál sería la más importante y urgente a aplicar para que los políticos e instituciones recuperen parte del crédito perdido?
- Recuperaría algo de crédito con una ley de acceso a la información. Hay otras medidas que tienen más impacto, pero que tanto efecto, como publicar las declaraciones de la renta en Internet. A saber lo que declara cada uno a Hacienda... Sería importante crear una agencia de anticorrupción que se encargara de promover estas políticas y tuviera independencia para investigar todas esas declaraciones de bienes, que están reguladas para la galería porque se meten en un cajón y nadie las investiga.


* La Verdad - 3.04.11


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Navarra.- Urbanismo en el valle de Egüés

CARLOS ABAURREA, XABIER ZIRITZA Y OTROS* : Como presidentes y vocales de los concejos de Ardanaz, Badostáin, Egüés, Elía, Ibiriku y Olatz, asistimos perplejos a las consecuencias para todos los vecinos del valle de Egués derivadas de la última sentencia relacionada con el caso Galipienzo. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Egüés, es decir, todos los vecinos del mismo, tengamos que pagar casi 7.000.000 de euros a la empresa Apartamentos Gorraiz por una licencia que concedió el señor Galipienzo, por aquel entonces alcalde del Ayuntamiento de Egüés, y al mismo tiempo asesor de la propia empresa, juzgado y condenado por aquellos hechos? ¿Va a cobrar el señor Galipienzo parte de ese dinero como exasesor de la empresa? ¿Cómo es posible que el actual alcalde, José Anastasio Andia, por aquel entonces concejal de Urbanismo, rehuya cualquier responsabilidad? ¿Por qué hasta la propia jueza en su sentencia se extraña de la estrategia seguida por la defensa del Ayuntamiento porque no parece defender los intereses del mismo?

Si no defiende los intereses del Ayuntamiento, ¿qué intereses defiende? ¿Por qué ninguno de los aludidos ha contestado a las gravísimas acusaciones que hacía el señor Víctor Latorre Val, en el artículo publicado en prensa el 22 de marzo titulado Las claves ocultas del caso Egüés?

Mientras nos hacemos estas preguntas, el Ayuntamiento de Egüés ha aprobado un nuevo plan urbanístico que posibilita la construcción de 30.000 nuevas viviendas, lo que supone un brutal impacto ambiental y social.

Este nuevo plan no responde, a nuestro entender, ni a la demanda ni a los intereses de los vecinos del valle, cuyas demandas actuales de servicios y viales no se cubren a día de hoy, y favorece que se repitan situaciones como la que padecemos actualmente.

Todo esto nos lleva a hacernos nuevas preguntas:

¿Por qué el Ayuntamiento del valle de Egüés abre la puerta de par en par a la especulación, recalificando miles y miles de metros si no hay demanda ni necesidades que lo justifiquen?

Si no obedece a las necesidades y las demandas de los habitantes del valle, ¿a qué necesidades y demandas obedece? ¿A las de particulares y sociedades relacionadas con el mundo inmobiliario y de la construcción?

Mucho nos tememos que todas estas preguntas tardarán en obtener respuestas, si es que algún día lo hacen.

Mientras tanto, la plataforma Salvemos Eguesibar Zain Dezagun, formada en oposición al nuevo plan, y de la que formamos parte, ha convocado una manifestación para reclamar la paralización del nuevo plan urbanístico, actualmente pendiente de aprobación definitiva por parte del departamento de Vivienda y Ordenación del territorio, que se realizará mañana día 1 de abril en Sarriguren, a las 18.00 horas, saliendo del inicio de la avenida Reino de Navarra, junto al colegio de Maristas, y finalizando junto al edificio del nuevo Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Animamos a todos los vecinos del valle a acudir a la manifestación y mostrar su rechazo al nuevo plan ubanístico.


* Carlos Abaurrea García, Xabier Ziritza Erbiti, Juan Rangel Veras, Jorje Camino, Alberto Mendilazo Anaut, Ramón Contreras López.
Presidente del Concejo de Ardanaz, Presidente del Concejo de Badostáin, Presidente del Concejo de Egüés, Presidente del Concejo de Elía, Presidente del Concejo de Ibiriku y vocal del Concejo de Olatz, respectivamente

* Noticias de Navarra - Opinión - 31.03.11
Foto: Egüés (Navarra) - todopueblos

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Aire limpio para las ciudades

JOAN OLMOS* : Resulta irritante la campaña política vivida a raíz de la crisis atmosférica que se produjo hace unas semanas por unas condiciones meteorológicas poco favorables a la dispersión de los contaminantes en las grandes aglomeraciones urbanas. Las autoridades municipales y sanitarias se enzarzaron en una batalla absurda para tratar de ocultar o relativizar, según los casos, una realidad irrefutable: la contaminación, con altibajos, existe y resulta inevitable para los habitantes de las ciudades. El origen, las características y las consecuencias para la salud de dicha contaminación son bien conocidos por los técnicos de todo el mundo y en particular por los epidemiólogos. Estamos pues ante un grave problema de salud pública que en momentos críticos bien merecería la declaración de alerta sanitaria por parte de las autoridades gubernativas. Y subsidiariamente, sería deseable la intervención automática de la administración de Justicia. Más irritación produce el hecho de que los Gobiernos locales de las mayores áreas urbanas dieran por sentado, desde el principio de la crisis, que no pensaban aplicar ninguna medida restrictiva sobre la principal fuente de emisiones nocivas, eso es, el tráfico motorizado. Aducir razones económicas que no se justifican, les sitúa en el mismo lado que aquellos que han tratado de boicotear la nueva ley contra el tabaquismo con el argumento de que perjudica a la economía del sector hostelero.

Ahora, sin embargo, la crisis petrolera sí ha llevado al Gobierno a tomar medidas precipitadas que, en conjunto, resultan poco convincentes. Recordemos que el transporte de personas y mercancías consume el 60% del petróleo en el mundo. Especialmente discutida ha sido la de reducir la velocidad en autopistas. Y ello, en parte, porque solo se han escuchado, amplificadas, las voces de los lobbies que suelen aparecer siempre en estos casos. No han podido resultar más desafortunadas las declaraciones del piloto Fernando Alonso ironizando sobre el peligro que supone dormirse al volante si se circula durante un tiempo a 110.

Nuevamente, la improvisación y la falta de coraje político impiden afrontar de raíz un grave problema que en muchas ciudades europeas viene abordándose por la única vía de reducir el tráfico en las áreas urbanas. Cierto es que esas políticas urbanísticas no se improvisan, ya que implican crear condiciones favorables para caminar, ir en bici o usar el transporte colectivo. Son medidas que, coherentemente ensambladas, han sido aplicadas indistintamente por Gobiernos conservadores y de izquierdas en muchas ciudades europeas, incluidas algunas españolas, y han conseguido una amplia aceptación social, creando una nueva cultura de la movilidad. En cualquier caso, se trata de medidas mucho más sencillas y menos costosas que las que han conducido al modelo "todo por el automóvil".

Pero también es cierto que a corto plazo se puede empezar por forzar el cambio de hábitos, por ejemplo, para aquellos que ahora mismo realizan trayectos cortos en automóvil, que son fácilmente trasvasables a medios más ecológicos, o para los que utilizan los centros como atajos.

La ciudad de Valencia ofrece, desde hace ya unos cuantos años, una interesante experiencia durante las fiestas falleras, con la práctica supresión del tráfico privado durante los días previos al de San José, en un perímetro que va más allá del centro histórico. Cierto es que se trata de una situación excepcional, con disminución de la actividad laboral, aunque se aumentan durante esas fechas los servicios de transporte colectivo en unas condiciones alteradas por la entrada masiva de visitantes y turistas. Curiosamente, durante el resto del año, la excepcionalidad consiste en todo lo contrario, pues somos un ejemplo -casi único ya en nuestro entorno europeo- de cómo las Administraciones públicas, de uno y otro signo, de ámbito local o estatal, vienen estimulando el acceso de vehículos al centro de la ciudad.

Los Estados Unidos celebraron a finales de 2010 los 40 años de la ley del Aire Limpio (Clean Air Act, 1970) una pieza histórica de la legislación, que ha generado importantes beneficios ambientales y de salud pública en aquel país. Aunque el objetivo fundamental de la ley era la reducción de las emisiones contaminantes de la industria, sucesivas enmiendas llevaron de una u otra forma a la reducción del tráfico. (Recordemos de paso que allí las velocidades máximas en autopistas siempre han sido inferiores a las españolas). En esta línea, la Agencia Federal de Protección Medioambiental ha anunciado recientemente un plan para regular las emisiones contaminantes de las plantas de energía y refinerías de petróleo, tras el fracaso en el Congreso de una ley sobre cambio climático.

Insistamos una vez más, la adopción de medidas planificadas -no improvisadas- sobre la movilidad de nuestras ciudades no traerá más que ventajas en todos los órdenes: en la reducción de las emisiones, en la dependencia energética, en la competitividad de nuestras empresas, en definitiva, en el saneamiento económico. Pero sobre todo, en la salud y en el bienestar de los ciudadanos. ¿A qué esperamos?


* Joan Olmos es ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.

* El País - Opinión - 31.03.11

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