LEVANTE/Alicante* : La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha anulado el acuerdo que aprobaba definitivamente el plan urbanístico de "Los Puentes del Algar" de Altea, por considerarlo "no conforme a derecho". El plan urbanístico "Los Puentes del Algar" fue aprobado durante la anterior legislatura y adjudicado a la mercantil Altea Futura, con una previsión de construir más de 5.000 viviendas, hoteles de lujo y campos de golf.
Incluso, la constructora llegó a entregar alrededor de unos cinco millones de euros a cuenta del desarrollo del proyecto.
Según fuentes jurídicas, de esta manera el alto tribunal anula la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante, del 31 de enero de 2006, por el cual resolvía "la aprobación definitiva" del citado plan urbanístico.
El TSJCV ha revocado la autorización del proyecto puesto que no se cumplían "las condiciones" exigidas para su aprobación.
Concretamente, en base al recurso planteado por numerosos propietarios del suelo de Altea, el TSJCV establece que se ha probado "fehacientemente el incumplimiento" de la condición de supeditar la aprobación definitiva del proyecto a la desclasificación de más de 4,6 millones de metros cuadrados de suelos públicos en la sierra de Altea, para su protección paisajística y forestal. Además, esos suelos debían incluirse en el "Catálogo de montes de utilidad pública de la provincia de Alicante".
Esta exigencia viene recogida en un informe de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, dependiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda. Según ese documento, la declaración de impacto ambiental, de 3 de diciembre de 2004, es "aceptable siempre que se cumplan determinadas condiciones".
Continuaba que la aprobación definitiva del proyecto se vinculará a la desclasificación de los suelos públicos, más de cuatro millones y medio de metros cuadrados en la zona del Áramo en la sierra de Altea.
La sentencia sostiene que sólo con posterioridad a la interposición del recurso por parte de los propietarios se inicia por el Ayuntamiento un expediente de desclasificación en agosto de 2006, a pesar de que con anterioridad el consistorio remitió a la Comisión Territorial de Urbanismo un documento en el que se afirmaba que se cumplían todas las condiciones exigidas.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, contra la sentencia cabe la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y de hacerse así y ser aceptado el recurso, éste podría tardar en resolverse "entre tres y cuatro años".
* Levante-EMV - EFE - 18.05.09
Foto: altea - engelvoelkers
Altea: El TSJ anula ´Los Puentes del Algar´ por ser ´no conforme a derecho´
Resultado encuesta: ¿Son los derribos la mejor solución contra las construcciones ilegales?
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La mitad de los municipios gobernados por el PP en Murcia, bajo sospecha en los tribunales
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VEGAMEDIA* : En el mapa de la corrupción de España, Murcia se lleva la palma. Actualmente hay al menos 11 alcaldes imputados por diversos delitos urbanísticos. Todos ellos conservan el cargo. Desde noviembre de 2007 hasta ahora, tres regidores elegidos en las listas del PP han sido detenidos: el de Totana, el de Torre Pacheco y el de Librilla. El asunto más relevante hasta la fecha lo constituye el llamado caso de La Zerrichera, donde se investiga la recalificación de un espacio protegido en el municipio costero de Águilas.
Águilas: ‘caso Zerrichera’ y Hacienda El Hornillo
Águilas tiene abiertos dos frentes. Por una parte el caso “Zerrichera”, y por otro Hacienda El Hornillo. En el primero están imputados el alcalde, Juan Ramírez, el empresario Trinitario Casanova, directores generales, empresarios y también el ex consejero y ex delegado del Gobierno Francisco Marqués, quien fue detenido en Madrid y se encuentra en libertad sin fianza pero con cargos. A Marqués se le encontraron 50.000 euros en billetes de 500 en un trastero de una casa suya. Marqués sería también quien con sus declaraciones puso sobre aviso la presunta corrupción en Águilas, a través de la empresa Hacienda El Hornillo, quien entregó a Marqués, y a la consejera de Hacienda, Inmaculada García, pisos a un bajísimo coste. Los dueños de la empresa Hacienda El Hornillo también fueron detenidos y se encuentran en libertad sin fianza pero imputados por cohecho. Se trata del apoderado de la empresa José Cárceles, y el notario de Lorca y presidente de Hacienda El Hornillo Sebastían Fernández.
Totana: ‘operación Tótem’
En Totana, entre otros, fue detenido el alcalde José Martínez Andreo, quien tras pasar dos meses en prisión fue puesto en libertad provisional. Andreo continua al mando del consistorio y se deja ver con altos cargos del PP en Murcia. Junto a él también fue detenido, y en libertad bajo fianza de 200.000 euros, el anterior alcalde de Totana y diputado regional del PP Juan Morales. Hubo 18 detenciones para destapar una trama de corrupción, en donde el alcalde pedía importantes comisiones para recalificar terrenos. Durante la estancia del alcalde en la cárcel de Sangonera, un párroco del municipio ofreció misas por el político a la puerta de la prisión.
Alcantarilla
El fiscal ha pedido seis años de cárcel para el alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, por un presunto delito medioambiental de contaminación del río Segura a su paso por la ciudad. También está imputado el gerente de la empresa que gestiona el servicio de aguas de la localidad. Recientemente, IU acusó al alcalde y al consejero Bascuñana de gestionar una residencia de ancianos donde había habido abusos sexuales por parte de uno de los trabajadores contra un anciano.
Torre Pacheco
El alcalde de Torre Pacheco también estuvo en prisión, y se encuentra en la actualidad en libertad provisional. A pesar de su paso por la cárcel y las imputaciones sigue al frente del ayuntamiento. El arquitecto municipal también estuvo en prisión. Entre otros imputados se encuentran el empresario local Facundo Armero, uno de los fundadores de Polaris World, el secretario del ayuntamiento, el interventor y un ingeniero municipal. También el presidente de Polaris World, José Luis Hernández. Se les acusa de delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraude y revelación de secreto.
Fuente Álamo.
La alcaldesa, María Antonia Conesa, estaba imputada por delitos similares a los de Torre Pacheco. Algunas de las presuntas actuaciones delictivas se cruzan entre los dos municipios vecinos. Se imputó a tres concejales y al arquitecto municipal.
Abanilla
Los juzgados de Cieza están investigando cuestiones vinculadas al PGOU y a determinadas personas que pudieron participar en la redacción del mismo, y diferentes trámites urbanísticos.
Archena
Existen varias denuncias contra el alcalde de Archena, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y la primera teniente de alcalde, Patricia Fernández. El PSOE denunció que en la urbanización de La Morra se estaban construyendo más viviendas de las programadas en principio, al mismo tiempo que se otorgó la cédula de habitabilidad sin que se hubiera terminado de urbanizar y sin que el ayuntamiento recepcionara la urbanización. Por otra parte, la edil del PP Patricia Hernández mintió para darse de alta como funcionaria en ASISA, recibiendo prestaciones de la compañía durante los últimos años. En su solicitud, declaró ser funcionaria, y el ayuntamiento le ha estado pagando la cuota de ASISA.
Cieza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia presentó una querella en el Juzgado de instrucción número 1 de la localidad contra el alcalde, Antonio Tamayo, por un presunto delito de prevaricación continuada tras la contratación de dos trabajos de consultoría, durante el año 2006, que el Ayuntamiento habría adjudicado de manera verbal a una arquitecta por valor de unos 50.000 euros. Asimismo, estudia la aprobación de un convenio urbanístico en el que se recalifican 270 hectáreas de suelo rústico en los que se pretenden construir 5.000 nuevas viviendas. La oposición denunció este convenio porque de las 270 hectáreas, 230 son de una nuera del alcalde, Antonio Tamayo.
Villanueva del Río Segura
Actualmente se llevan diligencias en los juzgados de Cieza contra el alcalde, José Luis López Ayala, y la corporación municipal, por la construcción de la urbanización La Morra, en pleno corazón del Valle de Ricote. La urbanización no tiene autorización para agua de la Confederación Hidrográfica del Segura ni de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, además de ocupar parte de zona de dominio público hidráulico del río Segura.
Ulea
El alcalde firmó siete convenios urbanísticos, que convertirían a esta localidad de 900 habitantes en una ciudad de 65.000 personas, con campos de golf y hoteles. El alcalde José Bolarín, tiene varias denuncias en el juzgado, tanto relativas al plan urbano, como a la presunta manipulación del censo municipal. Se puso un sueldo de 4.150 euros mensuales más dos pagas extras y gastos de protocolo. Ulea es uno de los pueblos más pequeños y pobres de la Región de Murcia.
San Javier
El ex regidor popular de San Javier José Hernández está siendo investigado por su presunta relación con dos empresarios del municipio. Asimismo, ha sido denunciado hasta en dos ocasiones por los vecinos de dos edificios. Una de las denuncias fue archivada, aunque la Fiscalía ha recurrido el archivo de la misma. En San Javier, además, la Justicia investiga la tramitación de un puerto en La Manga, el caso Puerto Mayor. Se investiga también la tramitación de terrenos para la construcción de un hospital comarcal.
Murcia
En el municipio de Murcia hay al menos dos causas abiertas. La primera de ellas atañe al arquitecto municipal, Joaquín Peñalver, que permanece en excedencia. La Fiscalía le denunció por favorecer presuntamente a una empresa propiedad de su padre y de su hermano desde su puesto de funcionario. El Colegio de Arquitectos presentó un contencioso-administrativo contra la actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Murcia.
Mula
La fiscalía investiga determinadas actuaciones urbanísticas vinculadas con determinados ex miembros de la corporación municipal pertenecientes al PP.
Puerto Lumbreras
Los juzgados de Lorca tienen abiertas diligencias en relación con actuaciones del alcalde en virtud de denuncias presentadas contra el mismo.
Cartagena
La Fiscalía investiga dos recalificaciones de fincas. La primera es en el paraje de Lo Poyo, que tuvo al presunto cerebro de la trama de Marbella Juan Antonio Roca como intermediario, y por el que la Kutxa y varios socios pagaron 300 millones de euros antes de recalificar. El propio Valcárcel paralizó el expediente al reconocer que no parecía normal. En Novo Carthago, la empresa investigada es Hansa Urbana, propiedad al 15% de la Caja del Mediterráneo.
Fortuna
Un juzgado de Cieza ha decidido imputar a diferentes cargos políticos y a sus familiares después de que la concejala del propio PP les acusara de haber comprado votos en las elecciones locales de este municipio, en 2003, con empleos municipales y con vales de comida.
Alguazas
La Fiscalía ha pedido un año de cárcel para el alcalde, José Antonio Fernández Lladó, acusado de un delito medioambiental y contra el patrimonio, al haber autorizado la construcción de un restaurante en una zona histórica donde está situada la torre medieval conocida como la torre de Los Moros. El restaurante, a 25 metros del edificio histórico, es una réplica de la torre.
Librilla
La policía detuvo al menos a diez personas relacionadas con un presunto delito de corrupción urbanística. El alcalde José Martínez, y su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, ingresaron en prisión y posteriormente fueron puestos en libertad provisional. Los integrantes de la supuesta trama pudieron obtener 7 millones de euros.
La balsa Jenny
La Fiscalía Central Anticorrupción considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos en relación con la cesión gratuita de una balsa de acopio de estériles minerales contaminantes. Por este asunto ya fueron a declarar, en principio en calidad de testigos, a la Fiscalía Anticorrupción, miembros del Gobierno regional que preside el conservador Ramón Luis Valcárcel. El expediente se encuentra en paradero desconocido.
* Vegamedia Press - Chema Gil/ J.Pons - 18.05.09
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
Canarias: Expertos afirman que las directrices no han conseguido nada en diez años
ELDÍA/Tenerife* : "Todo el sistema montado a partir de las directrices de ordenación del suelo turístico ha fracasado al no conseguirse la rehabilitación pretendida inicialmente". Así lo dejaron patente ayer los ponentes del módulo de Turismo del I Congreso Canario de Derecho Urbanístico, quienes coincidieron en señalar que la nueva Ley de Medidas Urgentes se centra sólo en determinados establecimientos turísticos, no define lo que es una planta obsoleta y obvia los establecimientos turísticos ilegales en el Archipiélago, cifrados en 150.000.
Según Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, sigue sin tenerse claro, diez años después, "cómo se debe ordenar el suelo turístico" en Canarias, ya que la Ley de Directrices del Turismo que se ha aplicado durante este tiempo ha demostrado "no llegar a ningún lado" y la recién aprobada Ley de Medidas Urgentes es provisional y sigue sin actuar sobre los "hoteles irregulares".
Tanto Villar como el arquitecto Jorge Cordech sostuvieron que se ha actuado incorrectamente en materia turística durante estos años, lo que evidencia que "el sistema sigue sin funcionar", según Cordech, porque ha volcado en las directrices "objetivos demasiado ambiciosos y alejados de la realidad", y por falta de voluntad política", lo que ha provocado el bloqueo de algunos planes insulares. Por este motivo, el experto aboga por actuar con recomendaciones y se muestra contrario a la aplicación de directrices, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.
Emilio Risueño, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, afirmó que, a pesar de sus defectos, la Ley de Medidas Urgentes es una "ley necesaria" para abordar la reforma del suelo urbanístico y modifica algunas disfunciones, pero adolece de "una falta total de sistemática".
* El Día - 15.05.09
