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TERRA/Valladolid* : La Plataforma en contra del trazado de la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia que proyecta Red Eléctrica Española (REE) y que afectaría a la localidad vallisoletana de La Seca se concentrará hoy, jueves día 31 de enero, a las puertas de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para mostrar su repulsa por este proyecto.
Esta fue la principal conclusión de la asamblea celebrada el pasado miércoles 23 de enero en el Ayuntamiento de La Seca en la que los afectados decidieron llevar a cabo esta concentración el próximo jueves frente al Colegio de La Asunción de Valladolid, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
Asimismo y según informaron a Europa Press fuentes de la Plataforma en contra del trazado de esta línea de alta tensión, en la mañana del 24 el portavoz de este colectivo, Teodoro Recio, remitió un burofax al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el que exponen los motivos de esta concentración y en el que exigen que les conceda la entrevista que llevan meses solicitando 'y que usted otras tantas veces nos ha negado, incumpliendo una de las dos máximas que usted proclamó en su discurso de investidura, el diálogo'.
'Puede tener la seguridad de que no nos mueve más interés que la defensa del futuro del pueblo, que no es otro que mantener intacto nuestro medio de vida que es el viñedo, y sobre todo la protección de nuestra salud y la de nuestros hijos', aseguró Teodoro Recio en este escrito, en el que advierte del 'perjuicio' que supondrá esta línea de alta tensión para los ciudadanos de La Seca, 'así como a nuestro viñedo, única fuente económica del pueblo y acogida a una denominación que está considerada actualmente como la número uno en España en cuanto a vinos blancos se refiere, y lo demuestran los asentamientos que se están produciendo de bodegas procedentes de Ribera de Duero'.
En este escrito, Teodoro Recio recuerda a Juan Vicente Herrera que hasta la fecha nadie les ha prestado la atención merecido, aunque asegura contar con los apoyos de los ayuntamientos de La Seca, Serrada, Rueda, Medina del Campo, Íscar, Olmedo, Asociación de Hosteleros de Valladolid, Asebru y el Consejo Regulador de la DO Rueda, así como UCCL y Asaja y 'un largo etc' de personalidades entre los que se encuentra su paisano, el ex futbolista Eusebio Sacristán.
* Terra Actualidad - Europa Press - 31/01/2008
Foto: La Seca (Valladolid), ayuntamiento - pueblos-espana.org
La plataforma contra la línea de alta tensión Tordesillas-Segovia se concentrará hoy en la sede de la Junta
Los vecinos de Parcent protestan contra los PAI al cumplirse dos años de su aprobación
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LEVANTE/Alacant* : La historia más reciente de Parcent tiene un antes y un después del pasado 31 de enero de 2006. Ese día, el PP aprobó tres PAIs que contemplaban la construcción de 1.800 casas en este pequeño y precioso municipio del interior de la Marina Alta. A pesar de la lluvia de aquella jornada y del intenso frío, casi todo el pueblo salió a la calle protestando con paraguas en mano contra esa aprobación.
Ayer, los vecinos volvieron a concentrarse aunque muchas cosas han cambiado desde entonces: nació "Veïns de Parcent" y se sucedieron las reprimendas del Síndic de Greuges, la del Defensor del Pueblo, la de Europa, la "Doctrina Parcent" del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el vuelco municipal después de las elecciones o recientemente el informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La concentración de ayer fue distinta, menos tensa, pero se repitieron algunos símbolos como el del paraguas para pedir de manera pacífica pero contundente que "se nos respete, que somos un pueblo que sabe lo que quiere y que no cejará en su empeño hasta conseguirlo".
El alcalde de la localidad, Màximo Revilla, -de la Coalición Democrática de Parcent- recordó en su intervención ante los vecinos que aquellos tres proyectos del Replà, la Solana y el Cantalar suponían "la destrucción de la mayor parte de montaña que rodea al pueblo, la destrucción de un estilo de vida, la destrucción del Derecho de un pueblo a decidir su futuro, la destrucción de unas zonas con un importante valor ecológico y paisajístico y la defenestración de uno de los símbolos más importantes de nuestro pueblo: la montaña del Carrascal".
Además Revilla recordó que el camino no había sido fácil ya que "hemos oído como nos despreciaban diciendo que eramos cuatro gatos, que eramos hormiga" y sacó pecho al repasar la mayoría de instancias que "nos han dado la razón". Por su parte, Veïns de Parcent arremetió contra la "aprobación con nocturnidad y alevosía de los planes urbanísticos ya que se aprobó con informes en contra, con falta de otros que daba ventaja a los promotores en vez de garantías a los ciudadanos".
También recordaron el voto "ilegal del concejal de urbanismo que tenía a su hermano implicado en uno de los PAI" y con una ley a le que le faltaba un día para expirar y ser sustituida "por otra menos mala", lo que suponía de nuevo "pisotear el interés general". Parcent salió ayer de nuevo a la calle para decir que no quiere dejar de ser un pueblo y para preguntar al conseller qué más necesita para anular los programas.
* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 31 de enero de 2008
Foto: Parcent (Alicante), manifestación - diarioinformacion.com
El POM de Illescas fomenta un modelo de ciudad insostenible
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Toledo.- Ecologistas en Acción de La Sagra* ha presentado Alegaciones al proyecto del Plan de Ordenación Municipal de Illescas porque considera que el modelo que propone se aleja rotundamente de lo que debería ser una ciudad con criterios de sostenibilidad.
La organización ecologista de La Sagra considera que el Ayuntamiento de Illescas realiza una campaña de promoción y de “venta” del Plan falseando la realidad y utilizando indebidamente conceptos como “calidad ambiental”, “sostenibilidad y equilibrio”, “corredores verdes”, “protección de valores naturales”..., con la intención de engañar a la población.
En realidad, el POM de Illescas plantea una ciudad de más de 150.000 habitantes (ahora tiene unos 18.000) diezmando e hipotecando el territorio del término municipal el cual estaría urbanizado en más del 70%. Ello supone, como es obvio para cualquier ciudadano que conozca desarrollos urbanísticos de este calibre, hacer de Illescas una ciudad dormitorio, más contaminada desde el punto de vista atmosférico, acústico y paisajístico, más incómoda, más consumidora de energía, masificada y desequilibrada respecto a las proporciones de las zonas urbana y rústica.
El POM, además, no respeta una zona arqueológica visigoda del siglo V de gran valor en Boadilla de Arriba y pretende dar cobertura al Convenio ilegal que el Ayuntamiento firmó con 4 promotoras para construir 20.000 viviendas a cambio del soterramiento de la vía del tren.
Pero lo que más nos preocupa, como destacamos en las Alegaciones, es la procedencia del agua que deberá abastecer a la ciudad y el daño medioambiental que ocasionará a los espacios naturales, arboledas, arroyos y vías pecuarias.
La cuestión del agua es muy grave porque el estudio realizado indica claramente que no está garantizada. Los redactores del POM intentan justificar lo injustificable, es decir, intentan sacar agua de donde no la hay (Picadas, Almoguera) utilizando trucos para que los cálculos les cuadren. Es un tremendo agujero del POM que ya por sí sólo lo descalifica.
Los daños medioambientales serán cuantiosos: se talarán olivares (ya se han talado por la carretera de Ugena o la ruta Quijote que va por el Camino de Yeles de manera indiscriminada), se invadirán arroyos y vías pecuarias y se recortará la zona de especial protección para aves esteparias como la avutarda y el sisón y otras especies como el cernícalo primilla o aguilucho cenizo. La zona este del término desde la A-42 aparece en el propio informe de sostenibilidad del POM como hábitat de aves esteparias (IBA y “lek”) aconsejando su protección, sin embargo, la mitad de esta zona ahora se considera urbanizable.
Los olivares, las verdaderas arboledas de La Sagra, conforman un biotopo y ecosistema de gran valor ambiental, aún considerándolos como cultivos, en donde viven y se desarrollan numerosas especies de aves y pequeños mamíferos. Además, son árboles centenarios con un importante valor histórico y antropológico. Es el paisaje de la Sagra que el POM de Illescas quiere sustituir por viviendas en la llamada zona de San Pedro y en gran parte del oeste del casco urbano actual.
Ecologistas en Acción de La Sagra exige que no se tale ni un solo olivo más, que todos los olivares del oeste y noroeste conformen un gran espacio natural que se comunique a través del Arroyo de Boadilla (el cual debe ser recuperado y protegido en todo su recorrido, al igual que el resto de arroyos, como biotopo fluvial al menos con una anchura de 200 metros) a modo de corredor ecológico con la zona al oeste de la A-42, que toda ella debe ser zona protegida para las aves y plantas gisópfilas. Asimismo, cree que la ciudad de Illescas no debe llegar en el horizonte de 2020 a más allá de 25.000 habitantes y que las dos zonas urbanas existentes no deben comunicarse a través de viviendas, sino de un gran parque.
Este tipo de desarrollo sería coherente con la existencia de carriles bici en todas las vías y carreteras que llevan a los pueblos de alrededor y con un servicio de tren de Cercanías, ya, entre Madrid y Toledo. Ésta que proponemos sí sería una ciudad sostenible, innovadora y respetuosa y generosa con los principios ambientales que el progreso coherente nos reclama. Lo que el POM de Illescas pretende es seguir construyendo más de lo mismo.
* Ecologistas en Acción Toledo - 27 de enero 2008
Foto: Illescas (Toledo) - entrepueblos.com
El Consell incumple la ley urbanística al no expropiar el suelo para construir VPO
LEVANTE/Valencia* : El suelo que se cede a cada ayuntamiento valenciano en cada plan urbanístico (el 10% del aprovechamiento) y que han acumulado en el boom urbanístico de los últimos años como Patrimonio Municipal de Suelo debería haber salido al mercado para construir vivienda de protección oficial (VPO).
Los terrenos también se deberían haber inscrito en el Registro Autonómico de Patrimonio Municipal de Suelo pero, como ayer adelantó Levante-EMV, los consistorios han pasado de esta doble obligación legal.
La Ley Urbanística Valenciana (LUV) prevé que si los ayuntamientos hacen caso omiso a los anteriores preceptos legales, la Generalitat puede expropiar este suelo para venderlo o construir ella misma las viviendas baratas. El artículo 266.5 de la LUV es taxativo. "Si un ayuntamiento no procede a enajenar en el plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley, al menos el 50% de todos los bienes inmuebles que formen parte de cada patrimonio municipal de suelo, la Generalitat, a través del órgano competente, procederá a iniciar un expediente de expropiación con carácter urgente sobre la relación de bienes inmuebles inventariados en cada patrimonio municipal de suelo". La Generalitat puede, a partir de la expropiación urgente, "proceder a la construcción, de manera directa o indirecta, de viviendas de protección pública. A tal efecto emitirá certificado de incumplimiento de las obligaciones municipales".
"Es inviable"
Nada se ha hecho hasta ahora, ni se piensa a hacer respecto a la expropiación. "Expropiar es inviable", admitió la directora general de Vivienda, Maria Jesús Rodríguez. "Preferimos colaborar a expropiar", aseguró el conseller de Urbanismo, José Ramón García Antón, tras la última reunión con los alcaldes de la provincia de Valencia para explicarles los incentivos para construir VPO.
Entre otras medidas, la conselleria ha previsto firmar acuerdos con los ayuntamientos para ayudarles a vender ese suelo público o convertir al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en agente urbanizador para promover la construcción de viviendas protegidas. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda aseguraron ayer que ya se han mantenido contactos con 21 municipios de toda la Comunitat Valenciana para sacar adelante estos convenios y construir las 145.000 VPO prometidas en los próximos años.
Desde el grupo parlamentario socialista en las Corts, la responsable de vivienda, Maria José Salvador, acusó ayer a la Generalitat de "falta de voluntad política" de la Generalitat de controlar sus propias leyes y fiscalizar que se cumplan para que no se conviertan en papel mojado. "¿Qué han hecho para controlar que los ayuntamientos se inscribieran en el Registro Autonómico de Suelo?", se preguntó Salvador. "Ni siquiera se han producido expropiaciones como prevé la ley. No hay voluntad de tomarse la ley en serio", por lo que anunció la presentación de preguntas parlamentarias al respecto.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 31 de enero de 2008
Foto: cita con alcaldes. El conseller García Antón en la reunión con los regidores/
jose aleixandre, levante-emv.com
Marbella: Los particulares acorralan a Muñoz al exigir el derribo de las viviendas ilegales
ELPAÍS/Málaga* : Ellos, los vecinos a los que le tapan las vistas con un muro, quienes se han quedado sin colegio o sin un parque para sus hijos por los desórdenes urbanísticos de Marbella (Málaga) también son terceros de buena fe y son capaces de hacer que se investigue judicialmente al Ayuntamiento de Marbella por no ejecutar sentencias que implican demoliciones.
Los vecinos de la urbanización Los Monteros ha conseguido que la Fiscalía de Málaga indague sobre la negativa pública del equipo de Ángeles Muñoz (PP) a derribar propiedades ilegales con sentencia firme hasta que se apruebe el nuevo Plan Urbanístico. Los vecinos de Los Monteros, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, hacían notar que en la delegación de Urbanismo no se había movido un dedo para ejecutar cuatro sentencias, entre las que se incluye la demolición de una parte de la casa del actor Antonio Banderas.
La apertura de la investigación ha ocasionado un gran revuelo y un cruce de acusaciones de dejación de funciones entre las administraciones local y autonómica. Mientras la alcaldesa accidental, María Francisca Caracuel explicaba calmadamente que se ha tomado esta determinación para no ocasionar "daños irreparables" a los propietarios de esas viviendas ilegales antes de ver si tienen posibilidad de regularizar su situación en el Plan General de Ordenación Urbanística, el consejero de la Presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, cargó las tintas comparando los comportamientos del Ayuntamiento marbellí y su alcaldesa con los de "Gil y compañía".
En Marbella hay en torno a las 40 sentencias pendientes de ejecución que declaran nulas licencias de obra. En la mayoría de estos procedimientos, que afectan a unas 1.000 viviendas ilegales, la Junta de Andalucía es la administración que denunció las irregularidades y la que solicita la ejecución de sentencia. Sin embargo, en las decisiones judiciales que se conocen, el Gobierno andaluz se ha avenido a los requerimientos del Ayuntamiento marbellí de aplazar la ejecución hasta que se apruebe el Plan General. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha puesto impedimento, dada la especial situación que atraviesa la ciudad.
La peculiaridad se da cuando, como ocurre en el caso de la urbanización Los Monteros, los denunciantes son particulares, aunque se dan muy pocos casos en la ciudad.
La asociación de vecinos Arroyo Guadalpín es uno de ellos. Desde junio están pidiendo al Ayuntamiento marbellí que ejecute una sentencia firme que anula la licencia del edificio Jardines del Príncipe porque sobrepasa la edificabilidad. Su lucha comenzó en 1.999 al ver que se estaban construyendo un edificio de seis plantas donde iban unos adosados y casas unifamiliares que en teoría no tenían por qué entorpecerles las vistas.
"Nos reunimos con la concejal, hemos solicitado una cita con la alcaldesa y con el Defensor del Pueblo andaluz, y no descartamos ir a ver al presidente del TSJA", sostiene Mercedes Vázquez, la presidenta del colectivo. El complejo, situado al inicio de la Milla de Oro marbellí, está formado por dos edificios con 81 apartamentos prácticamente terminados, pero no habitados. Los redactores del PGOU consideran que sobrepasa la edificabilidad permitida y piden que se reduzca en un 60%.
El Ministerio Público todavía tiene que resolver si acepta otra denuncia similar que Ecologistas en Acción presentó contra el Ayuntamiento en diciembre. En esta ocasión también se acusaba al equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz (PP) de supuesta prevaricación administrativa al negarse a revisar 1.000 licencias y convenios con irregularidades suscritos por las distintas corporaciones del GIL entre julio de 1991 y marzo de 2006. Después de registrar el documento en la Fiscalía de Málaga, la ONG también solicitó a la Consejería de Obras Públicas que interpusiera una querella por este comportamiento ante el juzgado que correspondiese.
La Junta no recoge el guante lanzado por los conservacionistas y opta por que sean los tribunales que dictaron la revisión de las licencias los que determinen si el Ayuntamiento acata esas resoluciones. En un escrito del pasado 9 de enero el escrito, dirigido a Ecologistas en Acción, el director de Inspección de Ordenación del Territorio, José Ortíz Mallol citó numerosa legislación y jurisprudencia que ordena al Ayuntamiento marbellí la revisión de una licencia nula.
Dos sentencias del juzgado contencioso administrativo número 5 de Málaga, de marzo y junio de 2007 ordenaron al Ayuntamiento que "sustancie por todos sus trámites el correspondiente procedimiento de revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho".
Adiós a la maraña societaria del GIL
El Ayuntamiento de Marbella ha decidido suprimir las dos empresas municipales que el GIL utilizaba para hacer la mayoría de las contrataciones de personal y compras de suministros cuya legalidad ha sido cuestionada en numerosas ocasiones tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Las sociedades municipales que desaparecen son Obras y Compras y la de Turismo. La medida afectará a unos 800 trabajadores que serán reubicados en otros puestos. En lugar de estas empresas se crearán otras como Vivienda y Aparcamientos, más acordes, según el equipo de Gobierno, con las necesidades de la ciudad.
La remodelación forma parte de la catalogación de puestos de trabajo que el equipo de Gobierno de Ángeles Muñoz pretende llevar a pleno en marzo. Con ella, el coordinador de personal, Carlos Rubio, busca acabar con la "maraña instrumental" con la que las corporaciones del GIL terminaron "absorbiendo gran parte de los recursos municipales para intereses que no eran estrictamente los generales".
Según Rubio, la Gerencia de Obras se destinaba única y exclusivamente para la contratación de personal al margen de los procedimientos que marca la legislación, mientras que la Gerencia de Compras y contratación hacía lo mismo con la adquisición de bienes y servicios.
El equipo de Muñoz también reorganizará la delegación de Urbanismo y aunque no la convertirá en una gerencia, se dará mucha importancia a los procesos internos y organización. "El criterio técnico va a primar, de forma que tendrá un área de planeamiento y gestión y otra de disciplina con el apoyo jurídico incluido en ellas", explicó Rubio.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 31/01/2008
Foto: Marbella, bloques Banana Beach - J.Rojas, ELPAIS.com
Especialistas del caso ´Malaya´ y ´Ballena Blanca´ rastrean pagos de Las Teresitas
LAPROVINCIA/Tenerife* : Especialistas policiales que trabajaron en la operación Malaya, que investiga una gran trama de corrupción en Marbella con el ex alcalde Julián Muñoz como imputado, y en la operación Ballena Blanca, lo que hasta ahora es considerado el mayor golpe policial contra el blanqueo de capitales en España, indagan desde hace meses en los movimientos de dinero que se han generado en torno a la operación de Las Teresitas.
Incluso, el jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera y otros dos inspectores residen desde hace más de seis meses en Santa Cruz de Tenerife para dedicarse en exclusiva a la laboriosa investigación del pelotazo de Las Teresitas.
En total, unos veinte especialistas en delincuencia económica trabajan diariamente en el caso. Nueve de ellos pertenecen a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, otros cuatro especialistas rastrean movimientos financieros desde Madrid, concretamente desde la Brigada Central de Blanqueo de Capitales, y otras dos personas pertenecen a la Agencia Tributaria. Es, sin duda, un despliegue policial de enorme calado, y fuentes próximas a la investigación sitúan la operación de Las Teresitas en el entorno de los grandes casos de corrupción que se han dado en este país.
De los agentes desplazados desde Madrid y que en la actualidad residen en Santa Cruz de Tenerife se conoce que han sido piezas importantes en las operaciones Malaya y Ballena Blanca, esta última dirigida por el juez Baltasar Garzón y en la que está implicado el narcotraficante Rafael Bornia Bordón, relacionado con la investigación que se realiza en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín.
Ballena Blanca es un complejo entramado financiero de sociedades interpuestas creadas exclusivamente para el blanqueo de capitales, básicamente con dinero procedente del tráfico de drogas. A su vez, la operación Malaya es otro de los casos más sonados a nivel nacional, radicado en Marbella y que mantiene a una treintena de imputados en prisión, entre ellos el cabecilla, José Antonio Roca, y el ex alcalde Julián Muñoz.
LA PARTE SECRETA. Según los datos a los que ha podido tener acceso este periódico, la parte del sumario que aún se encuentra secreta podrían triplicar en número de folios a los datos desclasificados la pasada semana por la magistrada instructora, Carla Bellini. Es, sin duda, la parte importante de la investigación, la que está encaminada a investigar en los pagos de presuntas comisiones ilegales y los movimientos de dinero que se han podido hacer.
En ese punto, los especialistas policiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) rastrean posibles movimientos en paraísos fiscales, para lo cual se han llevado a cabo diferentes comisiones rogatorias a través del Ministerio de Justicia. Incluso, fuentes próximas a la investigación apuntan a que alguna de estas comisiones rogatorias va encaminada a tomar declaración a personas que pudieran ser titulares de cuentas o empresas presuntamente vinculadas a alguno de los imputados, esto es, personas que pudieran actuar como testaferros. Por descontado, el rastreo patrimonial al alcalde Miguel Zerolo es profundo.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de enero de 2008
Foto: Vista general de la playa de Las Teresitas desde los terrenos objeto de la polémica. LA PROVINCIA/DLP
Tomiño: Promotoras y constructores acusan el ´efecto dominó´ del caso Marbar
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FARODEVIGO* : El efecto "dominó" tras la debacle del grupo constructor Marbar, con sede en Santa María de Tebra (Tomiño), a nueve días de la desaparición de su gerente Manuel Martínez Barros y del cese de actividad de la factoría con 56 trabajadores en paro, ha originado efectos colaterales para promotores y constructores de Tomiño que, según han explicado, "tenemos la sensación de pánico que va en aumento, padecemos la presión de acreedores y, a su vez, los compradores nos apremian para que entreguemos los pisos, o nos dan largas a la hora de firmar el precontrato y entregar dinero a cuenta", explican.
Daniel Castiñeira, gerente de la firma constructora Castiñeira Álvarez, con 38 trabajadores, afirma que el caso Marbar influye en el sector: "¿A quién se le vende ahora un piso antes de acabarlo?, ¿quién da dinero para un precontrato, después de lo que ha pasado, cuando trabajar con Martínez Barros era un aval?", se preguntaba ayer el empresario. Una semana de parón, sin venta alguna de pisos, ha sido el efecto inmediato para los promotores. La sensación de pánico, señala, se podría combatir "si a corto plazo se ve movimiento en la banca, con confianza en los promotores, porque si no hay dinero para eso, el paro es inminente", augura. De hecho conoce la existencia de varias obras paradas en Tomiño y en Goián, debido a ese problema.
V.D.R., directivo de otra empresa tomiñesa con 21 trabajadores, se expresaba en términos muy similares. Añadía, en su caso, la existencia de proveedores suyos, que también lo son de Marbar y que "necesitan cobrar porque la deuda que tienen con esa firma es grande". Hay psicosis "entre los propietarios de pisos de edificios por entregar. Preguntan por su vivienda y la sensación de inseguridad de masca". Cree que se debe dejar pasar el tiempo para que la situación se normalice dentro de lo posible, pues "hay crisis".
"El caso de Marbar a nosotros nos duele anímicamente", describía el directivo de otra firma del ramo que construye viviendas unifamiliares por encargo. Percibe "la incertidumbre en los clientes, con miedo a construir casas, lo que nos deja en una situación complicada y nos meten en el mismo saco [que Marbar]" . A todo ello suma que "los bancos no están muy dispuestos a conceder hipotecas". Sitúa el punto álgido de la crisis en el momento en que "las empresas tengan que renovar su financiación en las entidades bancarias".
El directivo de otra firma, describía la desmoralización que supone para ellos lo ocurrido con Marbar "al ver lo que ha pasado a una empresa tan fuerte, y nosotros, que nos vemos muy pequeños a su lado".
"Los bancos no dan facilidades", cuenta T. S. M., directiva de una empresa con tres trabajadores que construye por encargo viviendas unifamiliares. No le extraña esta reacción, aunque le parece que todo contribuye a crear esa "sensación de pánico".
F.C.R. directivo de una promotora, con 32 trabajadores, calificaba la situación de "muy complicada". Cuenta que "ahora las empresas no aceptan pagarés y para conceder avales, hay selección". Pone como ejemplo a un pequeño promotor que desea construir dos viviendas en terreno propio y al que ningún banco le financia la obra. En la zona hay empresas que han comenzado a recortar plantilla "nosotros, en marzo, pasaremos a 22 trabajadores.
La recesión del negocio es evidente, no solo en Tomiño, sino ya en el Baixo Miño y en O Porriño, dice. El "efecto dominó por el caso Marbar, ha empezado", confirma. La salida que prevé es trabajar fuera de España, a través de una unión temporal de empresas (UTE), en Brasil o Cabo Verde.
* Faro de Vigo - EVA GONZÁLEZ / TOMIÑO - 30 de enero de 2008
Foto: Trabajadores de Marbar en manifestación. / MARCOS CANOSA, farodevigo.es
El silencio de los 'teresitos'
JUAN JOSÉ JIMÉNEZ* : Desde hace ahora una semana el caso de Las Teresitas se ha puesto al día con el levantamiento del secreto del sumario de una parte del documento. En el pomo de estos 20.000 folios de más estricto culebrón aparece el esqueleto de una ingeniería financiera que de haber sido aplicada en el beneficio de los administrados previsiblemente Canarias estaría ahora en la vanguardia de la macroeconomía, y hasta vendrían los del Fondo Monetario Internacional para conocer las ingeniosas formas de provocar un tsunami económico con cuatro olas y tres callaos.
Pero, independientemente del presunto cambalache en sí, y aún imaginando mucho mucho que el contenido de estas pesquisas de la fiscal y la policía tuviesen la misma inconsistencia que el peito del pájaro apupú, el acontecimiento ha revelado un problema casi aún más grave si cabe que el supuesto atraco a las arcas públicas, en un verdadero trasunto que deja la articulación de la sociedad tinerfeña, y desde aquí un afectuoso saludo, a las postrimerías del XVIII cuando las primeras publicaciones contrarias al criterio del poder establecido eran castigadas con el repertorio más duro de la ley por su carácter 'sedicioso'.
Durante siglos, primero panfletos y luego libelos fueron haciéndose un hueco en las gavetas ocultas de los intelectuales franceses hasta que a partir de 1789 empezó a hacerse común, -todavía de aquella manera-, estampar y difundir en papeles el pensamiento puro y la crítica al gremio político, lo que con el tiempo se conocería como cuarto poder: hoy una asombrosa herramienta que actúa de válvula de presión para evitar el desmadre, el cohecho, la prevaricación y la ingesta del caldo de papas en el plato ajeno.
Y es por esto que los ciudadanos de Tenerife están sufriendo un retroceso de siglos con el chirriante silencio que mantiene el 90 por ciento de su prensa sobre un lío que, sean culpables o no los protagonistas de este poltergeist urbanístico, es noticia que no puede sustraerse a la opinión pública porque afecta a un alcalde, a un lugar emblemático, a unos empresarios, a una institución financiera y, ahora vemos, a unos medios que se están saltando esa ineludible responsabilidad, clave para la articulación de cualquier democracia de mínimos.
* La Provincia - Opinión - 28-01-2008
