La Fiscalía abre investigación penal contra Borriol por aprobar un PAI sobre un yacimiento

LEVANTE* : La Fiscalía de Castellón ha abierto diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Borriol después de atender la denuncia presentada por la ex edil y ex militante del PSPV, Teresa Tena, y de la que se desprende, según el fiscal, la presunta comisión de un delito de prevaricación por la aprobación en pleno de un PAI pese a afectar, presuntamente, a un poblado romano.

Así lo ha comunicado a la denunciante el fiscal-jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, Javier Carceller, a través de un decreto fechado el pasado 23 de abril.
La ex socialista y ex concejala de Borriol presentó la denuncia ante la Fiscalía hace 19 meses, en noviembre de 2006, siete meses después de que el pleno, gracias a los votos del equipo de gobierno del PP al completo, de dos ediles del PSPV y de otro edil no adscrito, diera el visto bueno al plan parcial SAU PAI ZU 7U bis y el plan de reforma interior en las unidades de ejecución 3, 4 y 5 de las normas subsidiarias de Borriol.

Según recogió en la denuncia ante la Fiscalía, la ahora ex concejala entendía que todos los ediles de la corporación (incluidos sus compañeros del PSPV) podrían haber incurrido en un delito de prevaricación por aprobar el proyecto pese a conocer que afectaba a parte del suelo protegido en las normas subsidiarias por coincidir con el yacimiento romano de El Palmar. Así, y según la denuncia el proyecto urbanístico reclasificaba "irregularmente 31.400 m2 de suelo no urbanizable protegido de carácter arqueológico (poblado romano del Palmar) a suelo urbano residencial". La presentación de esta denuncia ante la Fiscalía, tal y como publicó Levante de Castelló en su día, supuso la apertura de un expediente disciplinario contra la concejala por parte de la ejecutiva comarcal de la Plana Mitja del PSPV. De resultas de ese proceso tanto Tena como su abogado, también militante, fueron expulsados del partido.

"Muy tranquilos"

Manuel Luis, portavoz del grupo municipal del PSPV en el consistorio de Borriol, insistió ayer, como ya hiciera en 2006, que el grupo aprobó el PAI siguiendo "los informes municipales"ya que éste no se encontraba sobre terreno protegido. "Estamos muy tranquilos. Votamos arreglo a nuestra conciencia y avalados por informes técnicos", aseguró.




* Levante-EMV - Victoria Salinas - 10 de mayo de 2008
Foto: terrenos. Parte del suelo afectado por el plan urbanístico aprobado por el consistorio y que afecta, según la denunciante a suelo protegido/ levante-emv

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Cádiz concede una licencia que incumple el plan urbanístico

ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Cádiz (PP) ha concedido a una empresa privada la construcción y explotación de un restaurante en la plaza Santa María del Mar, en un mirador junto a la playa del mismo nombre, a pesar de que esta zona está catalogada como espacio libre en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según este documento, en estos lugares sólo se pueden levantar recintos cerrados, pero no cubiertos, para "proteger el paseo de inclemencias atmosféricas, actividades musicales al aire libre (...) o construcciones provisionales destinadas a la venta de bebidas, periódicos, helados o similares", que sean desmontables y de no más de 20 metros cuadrados.

A pesar de estos límites, el Consistorio gaditano sacó a concurso este establecimiento y resultó ganadora la empresa Grupo Grosso. La compañía presentó un proyecto de dos plantas, para un bar de tapas, de copas y un espacio reservado para comidas, con un presupuesto de medio millón de euros. La mitad de esa inversión será sufragada por el Ayuntamiento. La concesión es por 15 años ampliable a 20. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, sostuvo ayer que la concesión se ajusta al PGOU, y una portavoz de la empresa argumentó que el diseño se ajustará a la normativa municipal. Ayuntamiento y compañía anunciaron el proyecto tras asegurar que contaban con la aprobación de la Demarcación de Costas. Este organismo, del Ministerio de Medio Ambiente, aclaró ayer que nunca se posicionó sobre este restaurante al ser un espacio de titularidad municipal. Un colectivo de vecinos ha convocado una manifestación el martes en contra del proyecto.





* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 10/05/2008
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)

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Lerner: «Siempre digo que el automóvil es nuestra suegra mecanizada»

LAVERDAD* : Jaime Lerner se toma su tiempo antes de hablar y, en sus pausas, aprovecha para darle un trago a su cortado. Este afamado arquitecto y político brasileño pasa desapercibido, sentado en una de las terrazas de la murciana Plaza de las Flores. Su franqueza y su humildad casi logran que una se olvide de que se encuentra ante una mente poblada de ideas brillantes. Pero entonces comienza a hablar.

- Su presencia, como gurú de las urbes sostenibles, en Murcia ha desatado cierto revuelo. Con su experiencia, ¿podría mostrarnos el camino para mejorar esta ciudad?

- Bueno, cada ciudad tiene su propia solución, lo que es común es la filosofía. La ciudad siempre debe ser una estructura de vida y de trabajo. El mejor ejemplo que yo doy como calidad de vida es la tortuga, porque es un ejemplo de vida, trabajo y movimiento, todo junto. La tortuga tiene el caparazón parecido al diseño de una ciudad, una estructura urbana. ¿Tu te puedes imaginar si cortásemos el casco, la tortuga, vida aquí, trabajo allí, ocio allá? Mataríamos la tortuga. Pues esto es exactamente lo que estamos haciendo en nuestras ciudades, separando las funciones urbanas. Cada vez más; es más perjudicial para la ciudad.

- Una explicación simple.

- El resto también separa por ingresos, edades... Yo aprendí en estos cuarenta años de trabajo en la ciudad que cuanto más mezclamos las cosas, cuanto más se mezclan ingresos, edades... más humana la ciudad será.

- ¿Cómo observa usted el futuro de las ciudades?

- Yo tengo una visión muy optimista en relación con el futuro de la ciudad, porque la gente siempre está muy pesimista y siempre están proyectando la tragedia. Si esta gente proyecta la tragedia, al final la encontrará. Yo creo que si invierten su energía en cambiar tendencias que no son deseables lograrán más. Es el momento del cambio. Es lo que siempre he intentado hacer como arquitecto, como alcalde o como gobernador. Para mí, la ciudad es como una estructura de trabajo y de vida juntos.

- La sostenibilidad es ahora la palabra más repetida por políticos, arquitectos, ecologistas, urbanistas... ¿Cómo se logra alcanzar?

- Una ciudad que tiene buena calidad de vida es también sostenible. Hoy en todo el mundo está ese discusión sobre la sostenibilidad y todo este pavor del cambio climático. Nos sentimos como pacientes terminales, pero no sabemos qué hacer. He frecuentado los grandes seminarios y discusiones y veo, con preocupación, que muchos piensan que la sostenibilidad son nuevos materiales. Es muy importante pero no es todo. O la sostenibilidad significa green building-edificios ecológicos-. Es muy importante pero no es todo. O que la sostenibilidad son nuevas formas de energía. También importante pero no es todo. No nos damos cuenta de que el 75% de las emisiones de carbono, están en las ciudades. Es en las ciudades donde tenemos que actuar, en el concepto de ciudad. Yo diría sencillamente que si se quiere cambiar a una ciudad más sostenible hay que cambiar algunas cosas, unos mandamientos.

- ¿Cómo cuáles?

- Lo primero de todo es utilizar menos el coche. Esto no significa que no lo utilicemos, pero sí que lo utilicemos menos. Tener en el itinerario de rutina, un buen transporte público. El segundo punto es separar la basura y el tercero, muy importante, vivir más cerca del trabajo o traer el trabajo más cerca de casa. El siguiente mandamiento a tener en cuenta es entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia.

- ¿Una ecuación?

- Sí, si el desperdicio es cero, la sostenibilidad tiende al infinito. Por último, hay que entender que la ciudad debe de ser multiusos. No se puede tener una parte de la ciudad vacía 16 horas al día.

- El transporte público de su ciudad ha sido copiado en otras grandes urbes, ¿cómo lo hizo?

- Yo creo que el automóvil es el gran responsable de la emisión de carbono. El coche es, yo siempre digo, como nuestra suegra mecanizada. Tenemos que tener muy buenas relaciones con nuestra suegra, pero no podemos dejar que ella comande nuestras vidas. O, en otras palabras, si la única mujer de tu vida es tu suegra, tú tienes un problema. Insistimos con la suegra, somos dependientes.

- Para ello, es necesario concienciar a la población...

- Yo estoy obcecado con la idea de enseñar sostenibilidad a los niños porque eso lo hicimos en Curitiba y fue enseñar a los niños, durante seis meses, cómo separar la basura. Después, los niños enseñaron a los padres y después empezamos la campaña. Desde entonces, veinte años atrás, Curitiba es la ciudad del mundo con la más alta tasa de separación de basura, el 70%. La gente sabe que hay una basura que no es basura, que es reciclaje.

- La ciudad es la solución. Ése es el lema que da nombre a las jornadas. ¿Está de acuerdo?

- Actuar en las ciudades es mucho más efectivo que fabricar productos sostenibles. Es muy importante, porque no podemos olvidar que en la ciudad, está la solución. No basta con que el alcalde proclame públicamente que está de acuerdo con el protocolo de Kioto, debe explicar también qué está haciendo para mejorar su propia ciudad.


¿QUIÉN ES LERNER?

Jaimer Lerner: arquitecto, urbanista y político brasileño.

Lerner fue alcalde de Curitiba a lo largo de tres mandatos y gobernador de Paraná, otros dos.

Curitiba está considerada como un ejemplo de ciudad actual y sostenible. En 2002, fue elegida como una de las cinco urbes más modernas del mundo.

Lerner fue condecorado en el año 1996 por Unicef y hasta 2005 ocupó el cargo de presidente en la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

Sus mandamientos

Utilizar menos el coche: Esto no significa que no lo utilicemos, pero sí que lo utilicemos menos. Tener en el itinerario de rutina, un buen transporte público.

Separar la basura.

Vivir más cerca del trabajo: o traer el trabajo más cerca de casa.

Entender que la sostenibilidad es una ecuación entre lo que se ahorra y lo que se desperdicia: Si el desperdicio es cero, la sostenibilidad tiende al infinito.

Entender que la ciudad debe de ser multiusos: No se puede tener una parte de la ciudad vacía 16 horas al día. Una arena puede ser usada por la mañana, un mercado; por la tarde, una facultad y por la noche, para eventos culturales.





* La Verdad - Murcia - ALICIA NEGRE - 9 mayo 2008
Foto: Curitiba (Brasil), Rua XV de Novembro, cerrada al tráfico de vehículos en 1972 - wikipedia.org

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El líder pro trasvase de Villena proyecta 1.200 casas con golf

ELPAÍS/Alicante* : El presidente de los regantes de Villena y una de las figuras destacadas en la reclamación del trasvase del Ebro, Andrés Martínez, tramita desde el año 2004 la reclasificación de un millón de metros cuadrados para construir un campo de golf y 1.200 viviendas. Según fuentes municipales, el proyecto, que comparte con otros socios, fue aprobado por el Ayuntamiento en la anterior legislatura, tras varias modificaciones. Además, el municipio de Villena ha autorizado la venta de agua de sus acuíferos a la empresa Danone para embotellarla.

Ahora depende de que la Consejería de Territorio reclasifique el suelo agrícola a urbanizable. Los terrenos son mayoritariamente propiedad del tenista Juan Carlos Ferrero y una parte de la familia de Martínez. La promotora es Prosport Golf, una sociedad en la que un 50% pertenece a la empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, y el otro 50% a Ferrero. El deportista, que ha participado en varios actos de reivindicación del trasvase, tiene en las inmediaciones una escuela de tenis de élite.

El dato se añade al conocido el miércoles: pese a la falta de agua, los regantes de esta seca zona del interior de Alicante, con Martínez a la cabeza, han acordado vender entre 0,2 y 0,7 hectómetros cúbicos de agua de sus pozos para embotellarla al precio de 1,2 euros el metro cúbico.

El acuerdo provocó ayer un alud de críticas y reacciones encontradas. El colectivo ecologista Xúquer Viu lo calificó de "ilegal", ya que las concesiones son para usos agrícolas y no industriales. En una nota de prensa, Xúquer Viu asegura que el presidente de los regantes de Villena, Andrés Martínez, es un "promotor urbanístico que ha servido más a los intereses personales y políticos que a defender la agricultura".

Los acuíferos de Villena tienen una "declaración provisional de sobreexplotación", aseguraron fuentes de la Confederación del Júcar. El colectivo Xúquer Viu cuestionó la vigencia del trasvase del Júcar al Vinalopó, que "teóricamente se autorizó para paliar un déficit hídrico en la agricultura de la comarca", y no para hacer negocio. La medida también ha creado fisuras entre los propios regantes de la zona. La Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó mostró su malestar por el proyecto de embotellar agua, ya que "echa por tierra" sus reivindicaciones.

El presidente de la Comunidad General de Usuarios del Alto Vinalopó, Pedro Menor, dijo a Efe que la venta de agua es "totalmente inoportuna" y recordó que el cambio de usos del agua lo tiene que autorizar la Confederación y "no es tan sencillo".

El portavoz del Consell, Vicente Rambla, intentó salir ayer al paso del escándalo que supone que los regantes que han protagonizando tantas protestas en demanda de agua abandonen sus campos y la vendan para embotellar. Vicente Rambla achacó esta operación a "la política de estrangulamiento" en materia hídrica de sufre la Comunidad Valenciana. "Con agua suficiente no se hubiera planteado", dijo Rambla, que habló de la "desesperación del campo valenciano". Un argumento similar al esgrimido por Andrés Martínez, que tilda de "fórmula imaginativa" esta operación que permitirá a los regantes unos ingresos iniciales de 240.000 euros anuales.

Sobre las ocho hectáreas necesarias para instalar la planta embotelladora, Martínez reiteró ayer que "la operación no está cerrada". La empresa Horfres, de la que es gerente Martínez, tiene el 20% de la propiedad al menos de dos de las parcelas en las que se estudia instalar la planta, según datos oficiales del catastro. Entre los socios que comparten la titularidad de estos terrenos figuran también los hermanos Salvador y Pedro Ribes Martí, dos importantes empresarios de Cullera con numerosas empresas vinculadas al sector de la construcción y a promociones inmobiliarias. Según datos obtenidos del registro de la propiedad, la empresa Horfres SL, tiene una participación total en cinco parcelas rústicas y Andrés Martínez posee además otras 17 parcelas.

La clasificación de estas parcelas en las que se podría ubicar la planta, según el planeamiento urbano de la localidad, es suelo de especial protección. Ello obligaría a que la Generalitat autorice su desprotección.





* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/05/2008
Foto: Villena (Alicante) - wikipedia.org

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Pontevedra: La Fiscalía investiga anualmente sesenta denuncias urbanísticas

LAVOZDEGALICIA* : Los delitos urbanísticos están de moda en la provincia. Así lo vino a asegurar ayer el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en el transcurso de las quintas Xornadas de Urbanismo que organiza la Diputación. Anualmente, por término medio, el ministerio público investiga unas sesenta denuncias en la provincia.

En cualquier caso, el ritmo de las investigaciones judiciales no parece haber contentado a todo el mundo. El concejal César Mosquera reveló en el mismo foro que el Concello de Pontevedra remitió 100 infracciones a la Fiscalía y todavía no se sentenció ninguna.

Los espacios con mayor riesgo de ser escenario de estos delitos es el litoral, donde, al igual que ocurrió en el Levante, está notando la presión del ladrillo. Subrayó que el motivo no es otro que el hecho de que «la gente quiere acercarse al mar», aunque eso, en ocasiones, implique la invasión del dominio público.

De este modo, los casos más habituales se circunscriben a construcciones en suelos con una determinada protección, urbanizaciones y la modificación de planes de ordenación. Se trata de cuestiones complejas y de difícil instrucción, en las que se puede a llegar a decretar demoliciones o derribos.

En cuanto a la figuras que se encuadran dentro de los delitos urbanísticos, una de las principales es la prevaricación. Aladro reseñó que tiene que ser un acto doloso, si bien matizó que, siendo posible el error, en urbanismo es «bastante inconcebible» que se produzca.

En sintonía con esta cuestión, Aladro también mantuvo la tesis de que es complicado que se pueda hablar de un delito en grado de tentativa. «El hecho de clavar una punta o de colocar una piedra ya es consumación», resaltó, aunque se hizo eco de una sentencia de la Audiencia de A Coruña en la que se condena por tentativa ya que existió un acopio de material.

Indignados

Las palabras del fiscal sobre el delito urbanístico y la escasa posibilidad de error no sentaron nada bien a algunos técnicos municipales que ocuparon la misma tribuna solo hora y media después. Javier Rivas, arquitecto que desempeñó cargos de relieve en al gerencia de urbanismo de Vigo, dijo sentirse indignado. El urbanista, que dijo haber pasado varias veces a declarar en los juzgados, explicó que la proliferación de leyes en los últimos años obliga a un período de aprendizaje en el que es inevitable cometer «errores». Señaló que los arquitectos incurren en los mismos al igual que los juzgados que ven casadas sus sentencias en instancias superiores.





* La Voz de Galicia - L. Penide / A. Castroverde - 09.05.2008
Foto: El derribo de este edificio en Raxó, en febrero del 2007, es uno de los últimos realizadas en la comarca - RAMÓN LEIRO, lavozdegalicia.es

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Una docena de familias desalojadas de la Cañada demanda al Ayuntamiento de Madrid

ELPAÍS* : Una decena de familias bolivianas, que fueron desalojadas el 22 de abril de un edificio de la Cañada Real en el que vivían alquilados y que a continuación fue derribado, han demandado hoy al Ayuntamiento de Madrid porque, sostienen, actuó "sin una orden judicial de desalojo" y violó sus "derechos fundamentales".

Fuentes municipales han negado estas acusaciones y aseguran que su actuación fue "ajustada a lo que establecía la orden y la legalidad". Desde el departamento de Urbanismo, un portavoz ha recordado que en casos como éste "es el juzgado quien comunica el desalojo y quien ordena, el Ayuntamiento sólo cumple la orden". En concreto, fue el Juzgado 14 de Madrid y la fecha del auto es del 21 de febrero.

Fuentes de la parroquia de San Carlos Borromeo, donde todavía permanecen acogidas 10 de las 12 familias bolivianas desalojadas hace más de dos semanas, han informado de que la demanda ha sido presentada ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Gran Vía por un grupo de 10 abogados que colabora con ellos desde hace tiempo. Entrevistada por la cadena SER, una de las abogadas ha señalado que, con independencia de que exista o no orden de desalojo, que lo dudan, se han violado "al menos tres" derechos fundamentales: "el de la intimidad, el de la inviolabilidad de domicilio y el de defensa, ya que no estaban en el momento de la ejecución de la sentencia". La abogada recuerda que estas familias, que llevaban una medida de tres años viviendo en las casas ahora destruidas, son personas "especialmente desprotegidas" al ser inmigrantes.

En la conocida como Iglesia roja de Entrevías, están acogidos más de 20 inmigrantes bolivianos, entre ellos una decena de niños, algunos de los cuales son trasladados a diario en coches de voluntarios hasta un colegio de Rivas-Vaciamadrid. "Desde el martes 22, tras el atropello sufrido por parte de las Administración derribando sus viviendas", dicen en la parroquia, duermen en el templo, con sus colchones extendidos en el suelo entre los bancos y al pie del Cristo colocado en una pared. Mientras, los responsables de San Carlos Borromeo están "a la espera de que algún responsable político se acerque a dialogar" y buscan "los recursos necesarios para que estas personas puedan volver a vivir con dignidad como lo hacían antes del derribo de sus viviendas".

El Ayuntamiento actuó "correctamente"

"Una vez más, la solidaridad de parte de la ciudadanía y el compromiso con aquellos que sufren vilmente el atropello de sus derechos fundamentales ha hecho que nuestra parroquia sea lugar de refugio y acogida para algunas de estas familias", afirman.

El 22 de abril, efectivos de la Policía Nacional desalojaron a varias decenas de personas de tres inmuebles del sector 5 de la Cañada Real y las excavadoras tiraron abajo los edificios, sin que se produjeran incidentes. En uno de esos edificios, uno de tres plantas y propiedad del presidente del Sector 5 de la Cañada Real, vivían de alquiler una veintena de familias, la mayoría de origen boliviano, la mitad de las cuales viven acogidas en la parroquia de Entrevías.

Entrevistado por esta web, el portavoz de Urbanismo ha expresado su "escrupuloso respeto" a la decisión de las familias de recurrir a la Justicia, al tiempo que ha negado la acusación. A su juicio, el Ayuntamiento ha actuado "correctamente", por lo que confía en que los jueces le de la razón. "Se ha hecho con orden judicial, amparados por esta orden y cumpliendo esta orden", ha dicho, para recordar que "es el juzgado quien ordena los desalojos". Preguntado por la posibilidad de que existiera dicha orden pero que no se le comunicara a las familias, Urbanismo recalca que el responsable de comunicar dichas órdenes es el propio juzgado.






* ELPAIS.com - EFE - Madrid - 09/05/2008
Foto: Casas demolidas en la Cañada Real- JOSÉ RAMÓN AGUIRRE, elpais.com

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Apaño de mínimos

JOSÉ MANUEL ATENCIA* : Después de muchos años en Marbella donde a la Justicia pareció darle igual ocho que ochenta, la solución a las tropelías cometidas por los ex ediles del GIL parte de otra premisa numérica: da igual tres que setenta. La mayoría de los concejales que, como bien expresó Fernando J. Pérez en este periódico, convirtieron Marbella en un parque temático de la corrupción urbanística tienen ya prácticamente aceptado un acuerdo con la Fiscalía, por el que pasarán un mínimo de tiempo en prisión a cambio de que se le reduzcan al mínimo las penas.

Este apaño de mínimos está sustanciado en otro principio de mínimos, el de economía procesal y parte de considerar conexas las más de 70 causas por delitos urbanísticos que arrastran, como término medio y casi mínimo, cada uno de los ex ediles imputados. Como consecuencia de ello, los condenados sólo purgarán el triple de la condena más alta que se les imponga. O lo que es lo mismo y también lo mínimo, de las 70 imputaciones por aprobar licencias de obras irregulares, sólo serán condenados por tres y 67 de ellas les saldrán gratis a los ex ediles, que no a la ciudad porque las viviendas que avalaban esas licencias irregulares si se construyeron y no fueron precisamente una cifra mínima. Fueron 30.000.

Este pacto contempla muchos mínimos y poco máximos, ya que los máximos parecen también mínimos. Solo hay dos máximos. Uno, que los más de 15 ex ediles afectados, entre ellos los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, pasarán como máximo tres años en la cárcel. El otro, que el fiscal pedirá un máximo 12 meses de prisión por cada causa. Eso sí, se establecen unos requisitos mínimos: ingresarán en prisión aunque no tengan antecedentes; el tiempo pasado en la cárcel por otras condenas firmes no servirá para liquidar futuras penas y el acuerdo no abarca otros delitos supuestamente cometidos por los ex ediles, como malversación de caudales públicos o cohecho. Hasta ahí podríamos llegar, falta decir en el acuerdo. Con ello, los ediles evitarán sentarse 70 veces en el banquillo de los acusados pero irán a prisión y la Justicia se ahorrará la celebración de 70 juicios, lo que reducirá al mínimo el proceso judicial.

La fiscalía ha confirmado que la oposición a los términos del acuerdo es mínima, como mínimo es el número de ediles que podrían desmarcarse. Por ello, todo hace indicar que la solución al descontrol urbanístico durante los tres lustros de gilismo se va a poder sustanciar con el personal de servicios mínimos: los mínimos fiscales, los mínimos jueces, los mínimos juicios y el gasto mínimo. Todo ello reducirá los futuros recursos al mínimo, habrá un mínimo de apelaciones y serán mínimas las nuevas resoluciones. A resultas de ello, habrá un mínimo común denominador para los procesados: de cada setenta sólo se llevarán tres.

El acuerdo jurídico complementa el anterior apaño urbanístico, ya que el plan general diseñado por la Junta de Andalucía para Marbella permite legalizar casi un 90% de las viviendas que se construyeron irregularmente y establece una cifra de pisos a derribar que es mínima. Si 12 años antes de que la Junta dijera donde se podría construir, los ex gilistas ya estaban dando licencias de obras en esas zonas, parece lógico que la visión de futuro sea considerada un atenuante en este último pacto de mínimos.

En definitiva, el acuerdo pergeñado por la Fiscalía de Medio Ambiente cuenta con el visto bueno de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de la Fiscalía General del Estado, avales más que suficientes para descartar una mínima crítica jurídica sobre su legalidad. Otra cosa bien distinta es la apreciación que se pueda tener de este pacto y sobre todo, si con él se consigue, de verdad, mejorar la imagen de la justicia. Habría sido lo mínimo.





* ELPAIS.com - Opinión - 06/05/2008

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