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ELPAÍS/Málaga* : El pleno del Ayuntamiento de Estepona encomendó ayer a la tesorería municipal que haga un arqueo de caja con la fiscalización de la Intervención para determinar el uso que se han dado a 7.565.957 euros que ingresó el Consistorio por convenios urbanísticos y que han desaparecido. El alcalde, David Valadez (PSOE), apeló a la necesidad de aclarar si se han dispuesto o no los fondos y si se han aplicado conforme a lo permitido por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) antes de tomar medidas, entre las que no descarta incluso una denuncia judicial.
Un reciente informe de la tesorería municipal puso en alerta de un desfase sin justificar. Los fondos líquidos obrantes en la tesorería por depósitos de convenios urbanísticos ascienden a 24.586.320 euros; cuando entre el 11 de noviembre de 2005 y julio de 2010 se ingresaron por ese concepto en el Consistorio 32.142.277 euros. Hay por tanto un desfase de 7,5 millones de euros "sin que en la tesorería municipal obre documento alguno que dé fe o explique la razón de tal descuadre contable, y por tanto del destino dado a esta diferencia de cantidades", según refleja el informe.
El tesorero no descarta que el desfase pueda deberse a que realmente nunca fue ingresado el total del dinero aunque figure apuntado. El tesorero admite que no existe una cuenta específica para depositar estos fondos, tal y como marca la ley.
El pleno de ayer volvió a evidenciar la complicadísima gobernabilidad del municipio, con una oposición con mayoría, 13 concejales, entre los que hay ocho imputados por corrupción en el caso Astapa. Ayer, se anuló una providencia del alcalde que limitaba al 20% la subvención de la subida del IBI por aplicación de la revisión catastral que exceda del IPC, cuando en 2008 se acordó que fuera del 100%.El equipo de gobierno optó por votar a favor de la propuesta de la oposición para evitar una derrota, "ya que de todas formas se iba a aprobar". Pese a ello, el alcalde, David Valadez, lamentó que el Ayuntamiento recaudará menos dinero por el IBI de lo previsto y se quejó amargamente de la actitud de la oposición. "Es una situación absolutamente desesperante, no quieren que se pague nada, que hagamos nada, que se cierre el ayuntamiento", expuso.
La oposición ya impuso a finales de 2009 un acuerdo plenario de eliminación de las tasas de alcantarillado, basuras y licencias de apertura, algo que no ha llegado a ser efectivo en este año porque no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPMA) antes de que finalizara el anterior ejercicio presupuestario.
El pleno también abordó un espinoso asunto, el uso del dinero ingresado por convenios urbanísticos para el pago de nóminas, que ya se hizo en el mes de julio y que, según anunció Valadez, tendrá que hacer de nuevo en agosto. Sobre el papel, la LOUA es taxativa y determina que el dinero que los municipios ingresen a cuenta de convenios urbanísticos quedarán depositados en una cuenta especial y se podrá disponer de él hasta que no se aprueben definitivamente los planes urbanísticos correspondientes y no haya dudas de que se puede ejecutar lo pactado en el convenio -normalmente todos los convenios quedan supeditados a que la autoridad superior apruebe el planeamiento, y de no ser así se tiene que devolver el dinero cobrado a cuenta-. La ley además determina que ese dinero deberá usarse en el patrimonio municipal de suelo.
Valadez dice estar amparado por un informe de la asesoría jurídica y otro de la tesorería municipal que sí admiten el uso del dinero de los convenios para el pago de nóminas. Pero no así la interventora municipal, que realizó un informe de reparo al pago de las nóminas de julio que el alcalde levantó mediante decreto, asumiendo así toda la responsabilidad. El portavoz del PP, Ignacio Mena, anunció ayer que denunciará a Valadez en los tribunales por infringir la ley.
Ante las posiciones contradictorias de los distintos servicios técnicos y jurídicos, el alcalde ha anunciado que se va a solicitar un pronunciamiento al Consejo Consultivo de Andalucía para despejar dudas y blindar sus decisiones de la mayor seguridad jurídica posible.
El alcalde además aduce que se trata de un uso provisional del dinero y que se repondrá a partir de enero con los anticipos que reciba del Patronato Provincial de Recaudación, dependiente de la Diputación, a cuenta de los tributos municipales. En opinión del tesorero municipal, "esta reposición con cargo a los ingresos que ha de efectuar el Patronato resulta garantía suficiente del control contable y presupuestario de los fondos afectos al patrimonio municipal del suelo, así como a su disponibilidad misma; bien llegado el caso de dar cumplimiento a los fines que impone la LOUA, bien, ante la posibilidad de que se resolviese o anulase alguno de los convenios urbanísticos que han propiciado su ingreso".
En el mismo informe en el que reconoce el desfase de 7,5 millones de euros en el dinero depositado por el cobro anticipado de convenios urbanísticos, el tesorero aborda la cuestión y se muestra partidario de la doctrina que invoca los principios de caja única y de solidaridad, según la cual "cualquier ingreso de un ente público debe utilizarse indistintamente para financiar cualquiera de sus gastos". Además, el tesorero aduce que hay pagos "de preferencia indiscutible" que no deben quedar postergados. El PP, que si reconoce la autoridad de la interventora que puso el reparo al pago de las nóminas, no reconoce sin embargo el informe favorable del tesorero porque, según su portavoz, Ignacio Mena, "es de un sustituto que tiene categoría de auxiliar administrativo",
Obligaciones
- El Ayuntamiento de Estepona necesita cada mes cinco millones de euros para hacer frente a sus gastos ordinarios.
- El pago de las nóminas supera los 3,6 millones de euros. Los servicios de recogida y tratamiento de basuras suman 553.000 y se abonan 170.000 a Endesa y unos 35.000 a Movistar.
- La deuda con la Seguridad Social y con Hacienda requiere 188.000 euros mensuales y otros 195.000 la contraída con otros proveedores.
* El País - 14.08.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Estepona 'busca' 7,5 millones que cobró por convenios urbanísticos
La marginalidad se adueña del centro de Arrecife: “Ni en el tercer mundo viven así”
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DIARIODELANZAROTE* : Arrecife, agosto de 2010. Debajo de una roñosa manta canela se intuye un bulto humano. Yace en plena calle, sobre un viejo colchón y la indiferencia de quienes pasan al lado, en el mediodía de una de estas sofocantes jornadas de agosto. Cerca, un alcohólico orina contra los contenedores de basura. No muy lejos, una mujer esquelética se esconde de las miradas en una casa abandonada para inyectarse su dosis.
Juan Pérez vive en la calle Gran Canaria, con vistas a lo que ha bautizado como “la explanada de la mierda”, una hilera de casas abandonadas que están –o han estado- ocupadas por drogadictos. Las puertas principales dan a la calle Cienfuegos. El nombre de la calle es irónico: los vecinos soportan desde hace tiempo continuos incendios que les hacen incluso temer por sus propias viviendas.
Hace una semana, de madrugada, se prendió fuego una palmera. A las dos horas los bomberos tuvieron que volver a sofocar las llamas que habían calcinado uno de los “habitáculos”, como los llama Juan. El domingo, a las tres de la mañana, un estruendo le interrumpió el sueño: un muro que estaba entre una casa y la explanada se había desplomado, dejando al descubierto un bloque de basura de más de metro y medio de altura. “Y todo esto a unos metros de la calle Real... no tiene perdón de Dios”, critica.
“Nadie sabe lo que hay aquí. Ni en el tercer mundo viven de esta forma, tan próximos a cantidades enormes de desperdicios y focos de infección”, dice sin resignarse. Está harto de dirigirse al Ayuntamiento para que limpien a conciencia la zona y se queja de que no le hagan ni caso. Hace algo más de un año se desahogó escribiendo una serie de artículos en los que denunciaba el abandono municipal y las trabas para derribar las casas en ruina.
Ahora señala a unas jeringuillas –“seguro que infectadas”- que están a un paso de la acera, al lado del muro de basura. Residente en la calle Gran Canaria “desde hace 21 años”, ha llegado a ver entrar cada día al muladar “a entre 80 y 100 personas por la droga”. También ha visto morir a un chico víctima del sida, y a otro estar muy grave y resistirse a recibir ayuda.
Mientras lo recuerda, de la hilera de infraviviendas sale un joven, con una bolsa de Jack&Jones en la mano. “Ése es un traficante, un chico limpio, que vive ahí con su madre”, explica. Antes habían entrado no más de 40 kilos de mujer embutidos en un chándal rosa. Juan asegura que no ha tenido nunca conflictos con los yonkis y que no son pocas las veces que les ha dado de comer. “Me da pena de estos tíos, los tienen que cuidar”, dice. Al poco sale un pibe, con tatuajes en los brazos. “Éste es nuevo, me dijo que tenía 21...”, y sacude la cabeza.
Juan apunta que todo comenzó “hace unos seis o siete años, con la escalada de la droga”. “Había un pescador que tenía una de las casas” de la calle Cienfuegos, “donde preparaba la machucha y guardaba los atriles de pesca. Estaba sólo por la mañana, y por las tardes, los chicos que lo sabían entraban y se drogaban dentro”.
Buena parte de las calles cercanas al Charco de San Ginés, como la Cienfuegos, Gran Canaria o Jacinto Borges se han degradado por completo en los últimos años, y a la situación de exclusión social en la que se encuentran decenas de personas que vagan por ellas cada día, se une el estado de ruina que afecta a muchos inmuebles.
En la última década, hay casas viejas que se protegieron inicialmente en el avance del Plan General de 2002, se desprotegieron luego, en el catálogo arquitectónico municipal de 2008, y sobre ellas se volvió a restringir la posibilidad del derribo por el expediente para declarar bien de interés cultural el Charco de San Ginés, que en la práctica ha fenecido en vía administrativa.
“Patrimonio tiene que ver cuando se trata de pobres desgraciados; cuando se trata de ricachos, ni hablar del muerto”, sentencia Juan. Pero el urbanismo no es la única causa del estado de esta céntrica zona de la capital de la Isla. Se suma el problema social: muchas de las personas que frecuentan estas calles, hace un par de años estaban en las naves de la Rocar. Las naves se cerraron y las excavadoras las acaban de tirar al piso, pero la marginación no ha desaparecido, tan sólo se ha trasladado.
“Pero que aquí no puedes estar, que me cuesta el trabajo, fuera”. La camarera de una cafetería de la calle Real cercana a las Cuatro Esquinas increpa a un chico y consigue que retroceda un par de pasos. Se sienta en las escaleras, contrariado, hasta que a los pocos minutos una señora le toca en el hombro y le regala un bocadillo. Se levanta, le pide un cigarrillo al charcutero del Hiperdino que había salido a coger aire, y se va. Unos minutos después, su puesto lo ocupa otra persona.
A la hora del primer café, en un par de esquinas del Charco de San Ginés se bebe ya vino de cartón y cerveza de oferta. Una veintena de habituales cambia de ubicación la tertulia a lo largo del día en busca de sombra. En ocasiones la conversación sube de tono, se cruzan insultos y amenazas en medio de la confusión etílica, algún vecino llama a la policía y se disuelven un par de horas.
En el callejón Tirso de Molina, entre la calle Real y el Charco, hay un muro que rodea un solar. A un lado del muro, un magrebí que aparenta haber superado los 40 se envuelve en una manta que no alcanza a cubrirle una pierna, con las costras de suciedad propias de alguien que está tirado en la calle.
Al otro lado del muro, la imagen deplorable de lo que queda de los cimientos de una obra paralizada que, con el paso de los años, se ha convertido en una charca putrefacta en la que se acumulan toneladas de basura. Donde los carritos de supermercado se han fundido con incontables latas, botellas y bolsas en una postal precisa de lo que es, a día de hoy, el centro de Arrecife.
“Pues sí, se han venido para acá, para la calle Norte”. El dueño del supermercado, detrás de las rejas que protegen una de las puertas de acceso al local, se refiere a los 'residentes' que antes utilizaban otras casas abandonadas en calles adyacentes y que han terminado quemadas o, con suerte, tapiadas.
Donde había un par de casas viejas que debían convertirse en un edificio de varias plantas, hay un solar y unas ruinas propicias para ser ocupadas. “Lo menos ocho se quedan habitualmente, pero es un fumadero, lo que significa que aparte entran y salen unos cuarenta”, destaca con el conocimiento de quien es observador diario.
Los vecinos se quejan de que, tras ser demolidas las casas en cuestión, y toda vez que la obra nueva no salía adelante, no se hubiese impedido el acceso al solar con un muro. Alguno comenta con sorna que la Policía Local conoce bien el problema ya que algún agente estaría relacionado con la constructora.
En frente del supermercado de la calle Norte se yergue una obra recién terminada, a la que no ha afectado la crisis económica. “Allí se murió un drogata, pobrecito”, señala el dueño del súper. Ese tipo de sucesos, y la presencia de personas con problemas de adicción, no extraña a ningún vecino, pero la zona ha incrementado su mala fama. “Nosotros estamos acostumbrados y no hemos tenido problemas con ellos, pero la gente que no es de aquí se asusta, y te dicen: ¡La calle Norte, quita pa'llá!”.
manuelriveiro@diariodelanzarote.com
* Diario de Lanzarote - 13.08.10
Foto: Arrecife (Lanzarote), abandono centro - diariodelanzarote.com
La policía investiga los gastos del PP en época del' tamayazo'
PÚBLICO/Madrid* : La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un informe de 50 páginas que recoge sus avances en la investigación de la presunta financiación irregular del PP a través de Fundescam, una fundación del partido en Madrid que recibió un millón de euros entre 2003 y 2004 en donaciones de empresarios a los que luego el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó contratos millonarios.
En este informe, la policía pide al juez que requiera todo tipo de información contable al Partido Popular y a la propia Fundescam correspondiente a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, empresa clave en la trama que dirigía Francisco Correa. Hasta ahora, la investigación ha puesto de manifiesto que el PP se sirvió de Fundescam para burlar la Ley Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas.
Según reveló Público en mayo de 2009, la fundación abonó 300.000 euros a Special Events entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004 en concepto de gastos electorales que correspondían al partido. Para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos que no se corres-pondían con la realidad.
Campañas para Aguirre
Las campañas de las dos eleccio-nes autonómicas celebradas en Madrid en 2003, pagadas en parte por Fundescam, estuvieron separadas por el tamayazo, la repentina deserción de dos diputados socialistas que impidió la investidura de Rafael Simancas, propició la celebración de unos nuevos comicios y el desembarco final de Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol.
Ahora, los requerimientos de la policía se centran en la campaña electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento europeo, en la que el PP habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que uno de los requerimientos de la policía afecte a la Junta Electoral. El cuarto y último va dirigido al juez para que requiera información detallada al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
En esta nueva fase de la investigación, la policía pretende avanzar también en la relación de Fundescam con la Comunidad de Madrid. Por el momento, se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a distintas empresas de Correa. El modus operandi consistía en que varios departamentos o consejerías de la Comunidad contrataran distintos servicios de un mismo evento y pagaran por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros, límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a concurso.
Los policías piden también al juez todos los datos de facturación de Special Events, la justificación contable, servicios prestados e identidad de las personas que se situaron a un lado y otro de los cobros. Su administrador único era Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego, que continúa en la cárcel.
La policía ya desmenuzó el canal paralelo de financiación del PP madrileño en un informe de abril de 2009, para el que resultó clave la de-sencriptación de un pen drive hallado en un piso de la calle General Martínez Campos. Para el nuevo informe ha sido fundamental la información incautada en otro de los pisos de la red, situado en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, y registrado el 6 de febrero de 2009 en presencia del contable de la trama, José Luis Izquierdo.
Esa contabilidad en negro también recogía los pagos a distintos políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas y el que fuera consejero del Gobierno madrileño Alberto López Viejo, al que el propio Crespo describía como el "muñidor" de todos los contratos que recibía la trama por parte de la Comunidad de Madrid a partir de 2004.
"Que le pregunten a Pío, Pío"
En lo que respecta a Fundescam, el Gobierno de Esperanza Aguirre siempre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre la primera vez que un periodista la interrogó por esta cuestión. De la misma forma, el PP nunca ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó Fundescam entre los años 2003 y 2004.
El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo a principios de agosto y no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones hasta bien entrado el mes de septiembre.
Una fundación creada para ‘promocionar’ Madrid pero que financió las campañas del PP
¿Cómo se financiaba Fundescam?
Con donaciones supuestamente destinadas a contribuir a los fines de “promocionar el desarrollo económico y social de Madrid”. Recibió en donaciones un millón de euros , pero nada se sabe de la actividad para la que fue creada.
¿Quiénes realizaban las donaciones?
Empresarios a los que Aguirre adjudicó después más de 200 contratos por un valor, con un cálculo a la baja, de 300 millones. El presidente de la CEOE, Gerardo Díez Ferrán, donó 246.000 euros en esa época.
¿Quién dirige esta fundación del PP?
Pío García Escudero presidió Fundescam hasta noviembre de 2004. Aguirre lo sustituyó y permaneció en el cargo hasta principios de este año, cuando fue relevada por Gádor Ongil, número tres del PP de Madrid.
¿Qué control hay sobre sus cuentas?
Fundescam presentó el balance de los ejercicios de 2003 y 2004 el 25 de mayo de 2009, seis días después de que ‘Público’ desvelara el caso de supuesta financiación irregular del PP madrileño.
Tres informes sobre Fundescam para Pedreira
Si el juez accede a las peticiones de la policía, el inicio del curso político en octubre devolverá al PP a la realidad del ‘caso Gürtel’. Aunque los conservadores se empeñan
en afirmar que el juez Antonio Pedreira no tiene una investigación abierta sobre Fundescam, los dos informes que ya ha elaborado la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, el primero en julio de 2009, contradicen su versión. Además, según publicó este periódico en abril, el magistrado espera un tercer informe, encargado a la Unidad de Auxilio Judicial, consecuencia del primero entregado al juez por la policía. “Eso de que Fundescam tiene una pieza separada en el ‘caso Gürtel’ es absolutamente falso”, proclamó el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez, el pasado junio.
* Público - 13.08.10
Foto: Madrid 2003, Mariano_Rajoy_Jaume_Matas_Francisco_Camps_Esperanza_Aguirre - elpais.com
El Constitucional condena a las Corts por vetar preguntas sobre los contratos Gürtel
LEVANTE* : El Tribunal Constitucional ha condenado a las Corts Valencianes por "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" de Compromís como consecuencia de la decisión del PP en la Mesa de la Cámara de vetar sin dar una explicación adecuada 30 iniciativas parlamentarias, entre ellas 15 preguntas en las que se reclamaba al Consell información sobre los contratos suscritos por el Ejecutivo de Camps con las empresas ligadas al caso Gürtel, que supuestamente regalaron trajes y otras prendas de vestir al presidente y a otros cargos del PP mientras eran beneficiarias de decenas de contratos de la Generalitat.
El TC, en un fallo que se hizo público ayer, toma formalmente medidas para "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados, consistentes en ordenar que las preguntas vuelvan a la Mesa.
De este modo, año y medio después de la censura de estos escritos, el órgano rector del Parlamento, presidido por Milagrosa Martínez, se reencontrará con las iniciativas tras el revolcón jurídico y político más severo que se recuerda en el Legislativo valenciano. La propia Martínez está afectada por el caso Gürtel ya que como consellera de Turismo otorgó varias ediciones de Fitur a la empresa de El Bigotes (Orange Market). El Consell de Camps se verá así obligado a informar por escrito sobre las adjudicaciones a las firmas Gürtel y otras empresas ligadas a diversas polémicas sobre las que inquiría Compromís.
La sentencia, del 26 de julio pasado, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. El fallo no ha contado con voto particular alguno en una sala compuesta además por la propia presidenta del Constitucional, Emilia Casas, además de Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps. Los vetos de las iniciativas Gürtel se produjeron el 9 de marzo de 2009 -un mes después de que la Policía entrara en la sede de Orange Market en Valencia, el 6 de febrero, y de la detención de Álvaro Pérez, 9 de febrero- y el 31 de marzo. En el primer caso, el portavoz, Enric Morera, inquiría, conselleria a conselleria, sobre los contratos sellados con 23 firmas, entre ellas las del entramado Gürtel. En el segundo, Morera preguntaba al conseller de Economía, Gerardo Camps, sobre el pago de facturas a las mismas mercantiles.
La Mesa, con los votos del PP, no admitió a trámite las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del reglamento de las Corts, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana". El TC considera que esta limitación al derecho a formular iniciativas que forma parte del "núcleo de la función representativa" del diputado sólo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para apreciar su consistencia. Y ello para evitar que la apelación al reglamento esconda un "juicio de oportunidad".
Esto es, que un grupo use la mayoría para censurar iniciativas perfectamente reglamentarias que no quiere que prosperen o se debatan en el Parlamento. Es lo que los populares llevan haciendo años y que llegó a su punto máximo con el caso Gürtel y el veto a 400 preguntas del PSPV, que acudió también al TC. En esa ocasión, el PP sólo dejó que se tramitaran las iniciativas referidas a Orange Market, para intentar acotar el caso en la firma cabecera de la red en Valencia, censurando las que aludían al resto del entramado Gürtel.
Innegable vinculación al control
En su fallo, el TC enfatiza que "el contenido lacónico y estereotipado" de las resoluciones de la Mesa, "carente de cualquier tipo de justificación argumentada e individualizada, pone en evidencia un vicio de falta de motivación que impide conocer las razones" de los vetos. Y anticipa la decisión que tenga que tomar la Mesa al subrayar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunitat", por cuanto se inquiere, entre otras, sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Existe, remata, una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria".
El varapalo a la Mesa llega al extremo de aseverar que la "obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite". En lugar de eso, la Mesa, controlada por el PP, hizo de muro de contención para blindar al Ejecutivo ante las críticas.
Con ésta son ya tres las sentencias del Constitucional contra la falta de transparencia de las Corts Valencianes, tras los dos fallos anteriores también por vetos a iniciativas de Compromís. En esos casos, al afectar a la anterior legislatura, las iniciativas no pudieron rescatarse como ahora. El valenciano queda así como el Parlamento con más condenas por vulnerar los derechos de los diputados.
El fallo desmonta la estrategia de apelar a la investigación judicial
Las Corts, a través del letrado mayor, defendieron ante el Constitucional los vetos a las preguntas Gürtel indicando que las iniciativas afectaban a "informaciones sujetas a investigación judicial, incluso bajo secreto sumarial", mientras que en el caso de la firma de los vertidos en Mislata se apeló a "la posible publicidad perjudicial para una empresa". Los argumentos, esgrimidos a menudo por responsables del PP para negar información a la oposición -como el contrato por la visita del Papa a Valencia-, no son asumidos por el TC, que desmonta la estrategia de los populares. El tribunal enfatiza que al vulnerar el artículo 23.2 de la Constitución, que consagra el derecho de participación política de los cargos públicos representativos, se está cercenando también el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, ya que es "primordialmente" a través de los diputados como se da "efectividad" a ese derecho.
* Levante-emv - 13.08.10
Foto: Valencia, sede Les_Corts - wikipedia.org
Arca rechaza el PSIR de El Bojar porque es un "atropello" y "un nuevo caso de especulación urbanística"
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QUÉ/Cantabria* : La asociación ecologista ARCA ha pedido a la Dirección General de Urbanismo que deniegue la aprobación inicial del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) denominado Residencial El Bojar, entre los municipios de Camargo y Santa Cruz de Bezana, porque se trata de "un nuevo caso de especulación urbanística a costa de los valores ambientales, paisajísticos y sociales del territorio que ocupa". La agrupación considera además que los PSIR son "una herramienta de abuso y arbitrariedad urbanística en manos del Gobierno de Cantabria". Prueba de ello es, según sostiene ARCA en un comunicado, que además del "atropello" de El Bojar, se está tramitando un PSIR para construir un complejo residencial y hotelero, "con campo de golf incluido", entre los municipios de Villaescusa y Piélagos.
Otro caso "espeluznante" es, a ojos de la asociación, la "amenaza" de utilizar la figura del PSIR para construir un parque temático denominado La Ciudad del Cine en la margen izquierda de la ría de Suances, en un lugar "expresamente protegido por el Plan de Ordenación del Litoral (POL)".
El PSIR proyectado sobre los monte de El Bojar y Rivas supone la creación de una "ciudad artificial de más de mil viviendas", con una actuación "radicalmente insostenible" y que "viola flagrantemente todos los criterios generales de desarrollo urbanístico establecidos por el POL".
Así, según explica ARCA, los suelos sobre los que se pretende construir son "eminentemente rústicos, con valores agroambientales y paisajísticos dignos de protección, con presencia de numerosas viviendas que deberían ser derribadas y muy alejados de las actuales tramas urbanas de Camargo y Santa Cruz de Bezana".
Por último, advierten de que "la imposición contra natura de esta gigantesca barriada acarreará todo tipo de problemas en materia de abastecimientos y servicios públicos esenciales", además de "dificultades en materia de movilidad y ruidos, entre otras cuestiones cruciales para la calidad de vida de una población moderna".
LA HISTORIA DEL PSIR
ARCA recuerda que la figura del PSIR entró en la Ley del Suelo de 2001 para construir instalaciones industriales y grandes equipamientos que afectasen a más de un municipio, o en uno solo por su incidencia económica y magnitud, pero siempre sobre suelos urbanizables o rústicos de protección ordinaria.
Pero, "con el paso de los años, la figura del PSIR ha sido modificada para ampliar su campo de actuación a los suelos urbanos y a los suelos rústicos de especial protección, incluyendo usos residenciales".
"Los PSIR están sirviendo para autorizar a un determinado promotor a hacer algo que le está prohibido al resto de los cántabros en ese lugar", resume la asociación, que rechaza la figura en sí misma y lamenta que los partidos políticos y los ayuntamientos se dediquen a "aplaudirlos o a criticarlos en función de sus intereses locales".
* Qué - E.P. - 13.08.10
Foto: Santa Cruz de Bezana (Cantabria), residencial El Bojar - eldiariomontanes.es
´Canarias es la región con más conflictos urbanísticos´
LAPROVINCIA/Entrevista* : El magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Rafael Fernández Valverde ha hecho un alto en sus vacaciones en Lanzarote para hablar de la situación del urbanismo en el archipiélago canario, del papel de los ayuntamientos en ese ámbito y de la 'operación Unión'.
- ¿El grado de conflictividad urbanística en Canarias es superior al de otras comunidades autónomas?
- Después de los casos de urbanismo valenciano, que han sido como consecuencia de que ha existido una legislación específica y muy agresiva en un momento determinado, el mayor índice de conflictividad urbanística por metro cuadrado en todo el país es el de Canarias y, dentro del archipiélago, la provincia de Las Palmas tiene la mayor incidencia. El problema es que en Canarias, donde se han intentado varias veces distintos planeamientos urbanísticos que van en cascada -el PIOT, las normas subsidiarias, el plan general y el plan parcial- nunca se ha conseguido llegar al final del tema y que por fin hubiera un planeamiento acorde.
Toda esa situación de transición que ha habido entre un ordenamiento y otro y, por otro lado, las anulaciones que ha hecho la justicia de determinados planes, como la moratoria, hacen que al final surja el conflicto.
- ¿Existe alguna vía para la regularización de la veintena de hoteles ilegales de Lanzarote que cuentan con sentencias firmes anuladas por los tribunales de justicia?
- Evidentemente, las sentencias están para cumplirlas. Y una nulidad de una licencia o un planeamiento es como un pintor que se queda colgado de la brocha. Lo que ha perdido su esencia en la perspectiva jurídica no puede seguir existiendo en la material. Ahora bien, habrá que ver en cada caso concreto cuáles son las causas de nulidad. En Lanzarote ha habido nulidades como consecuencia de la ausencia de un informe del Cabildo que venía determinado por el Plan Insular (PIOT), y si ese plan ha sido anulado por los tribunales, como así ha ocurrido, a lo mejor resulta que ese requisito deja de ser exigible.
- ¿Los derribos de establecimientos hoteleros en Lanzarote son ejecutables?
- La propia legislación contempla la existencia de unas causas de transformación de lo que sería la ejecución de las sentencias que en muchos casos llevaría consigo la demolición de un edificio. En esto el culpable es también el propio sistema jurisdiccional, que cuando va a resolver algún tipo de conflicto a lo mejor ha transcurrido un número de años impresionante. Y si en consecuencia aplicamos un principio de moderación, seguridad jurídica y respeto a los terceros que han podido intervenir de buena fe, es muy duro en ese escenario proceder a ejecutar una sentencia conforme a una ilegalidad de 15 ó 20 años antes. Ése es el gran conflicto diario que se plantea el Tribunal Supremo.
- ¿Y cómo se puede resolver ese asunto para que los infractores no se vayan de rositas?
- La línea está en que si no se pueden llevar a cabo esas ejecuciones materiales por lo menos obligar a algún tipo de compensación urbanística. El que ha sido infractor no se puede ir de rositas, bien cumpliendo su sanción o contribuyendo al planeamiento general de una u otra forma. El Tribunal Supremo ha tardado demasiado en resolver los asuntos urbanísticos, del orden de siete u ocho años, y los juzgados de Primera Instancia tampoco han sabido adoptar en mucho casos medidas cautelares en un momento determinado de suspensión de las obras. En el ámbito administrativo, las comunidades autónomas no han vigilado suficientemente a las instituciones locales y estas administraciones han roto sus propios mecanismos internos de control.
- ¿Es partidario de restar competencias a los ayuntamientos en materia urbanística?
- El urbanismo se decide a nivel de técnicos y arquitectos y no existe esa capacidad de intervención política en el mismo. No creo que sea problema de quitar competencias a los ayuntamientos, sino dejarlas estrictamente en cuestiones técnicas. Los ayuntamientos han perdido la objetividad en sus propios controles internos al contratar a gusto de cada institución a los cuerpos nacionales que han existido como Intervención, Tesorería o Secretario General.
- ¿Lo ha sorprendido la operación Unión en Lanzarote?
- El nivel de conflictividad en Lanzarote a nivel municipal, al margen del tema urbanístico, es una constante histórica. En mi ordenador tengo conflictos de Lanzarote desde hace 20 ó 25 años y las clásicas mociones de censura. Lanzarote era un marca muy fuerte a nivel turístico y, sin duda alguna, esa marca, que llamaba mucho la atención a esa gente que venía a la isla, se está deteriorando por los conflictos. Me da la sensación, como decía un amigo, de que César Manrique se está diluyendo en la lejanía cercana. Es lo que está pasando también en Mallorca, que tenía su sello, reforzado por la Casa Real, y da la sensación de que el nivel de corrupción es mucho mayor. La solución que se ha adoptado en Marbella, al proponer la intervención del Estado cuando se disolvió el Ayuntamiento, creo que es una posibilidad que tiene que estudiarse por si algún día hubiera que aplicarla en Canarias.
- Con anterioridad hizo referencia a la conflictividad histórica que en temas judiciales ha tenido Lanzarote. ¿Debió llevarse a cabo antes una investigación como el caso Unión?
- Los delitos hay que perseguirlos en su justa correspondencia. A raíz de Unión y de lo que ha ocurrido en Marbella y Gürtel ha llegado el momento de plantearse por parte del poder legislativo la instrucción de las grandes causas. Esto de hacer unas escuchas telefónicas enormes y una instrucción genérica sine díe, que como un pulpo se van ramificando en la sociedad, hace un daño enorme a una serie de valores personales y familiares de las personas. Lo que debe llegar al juzgado es una actuación estrictamente delictiva. A veces me planteo algo que no tengo claro, que la instrucción penal de esos casos pase a manos del Ministerio Fiscal, que es lo que parece que el Ministerio de Justicia tiene entre manos. Por otro lado, habría que establecer con claridad un protocolo en la detención de las personas. Ha sido exagerada la forma de llevar a cabo estos grandes casos. La exhibición del detenido es algo que repele a los más estrictos derechos fundamentales.
* La Provincia - ARÁNZAZU FERNÁNDEZ - 14.08.10
