ELPAÍS* : Los dos principales implicados en la Operación Umbra que ha destapado una presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia (PP): el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y el abogado Higinio Pérez Mateos, cerraron una operación por la que cobraron más de 600.000 euros en una venta de parcelas en el pequeño municipio de Ulea. Esta venta se cerró mientras el funcionario tramitaba un convenio urbanístico en la Gerencia del Ayuntamiento murciano. Los investigadores consideran que este dinero pudo haber sido el pago realizado a cambio de que el funcionario hiciera la vista gorda, beneficiando a los empresarios, y perjudicando por tanto las arcas municipales.
El 23 de diciembre de 2004, el detenido Pérez Mateos firmó un convenio urbanístico con el alcalde de Ulea, José Bolarín Cano (PP). El primer edil de este pequeño municipio se comprometía a reclasificar 2,7 millones de metros cuadrados de terreno rústico. Pérez Mateos no era propietario de estas fincas, pero sí había firmado una opción de compra con los dueños originales. De hecho, este abogado no compra de forma efectiva las fincas rústicas hasta que no llega a un acuerdo con los promotores de la urbanización Los Juncos de Ulea Golf Resort, que incluye 4.400 viviendas, un campo de golf y un hotel. El análisis de las escrituras constata que en la venta de Higinio Pérez Mateos a los promotores de la urbanización participa Alberto Guerra, considerado el número dos de Urbanismo.
La operación, según la acusación, se habría desarrollado así: Guerra beneficiaba a unos empresarios en Murcia valorando muy por debajo del precio de mercado la contrapartida que tenían que abonar al Consistorio a cambio de que le aumentaran la edificabilidad de sus parcelas. La investigación considera que la forma de pago por estos servicios era incluir a este funcionario en una operación urbanística en otro municipio, concretamente Ulea, encabezada por Pérez Mateos. Este abogado era socio en otra empresa del tercero de los detenidos, el empresario italiano Renato de Noce. Ambos son consejeros delegados de una sociedad radicada en Valencia denominada Paisajes Urbanos del Mediterráneo. A su vez De Noce aparece como socio del número tres del Urbanismo murciano, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, y que compartía negocios con los empresarios beneficiados en Murcia.
Guerra fue interrogado sobre esta operación de Ulea por el juez tras ser detenido el 5 de octubre. Los investigadores creen también que este funcionario hizo la vista gorda cuando los empresarios engordaron el precio que costaba la contrapartida que debían pagar al Consistorio a cambio de que se le elevara la edificabilidad de sus parcelas, que consistía en la remodelaron un edificio histórico: el Casino. En ese sentido los agentes detectaron al menos dos facturas de los trabajos de remodelación que podrían ser falsas.
La puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que se aprobó en 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, que valoraban los propios técnicos, ahora imputados. Por eso, al menos dos de los convenios investigados incluían la remodelación y posterior cesión al Consistorio de edificios: el mencionado Casino y el Teatro Circo.
Un informe de la Intervención General del Estado sostiene que en los seis convenios que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, el Ayuntamiento perdió más de 300 millones de euros.
En la Operación Umbra ha habido hasta el momento tres detenidos y una veintena de imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.
* El País - 13.10.10
Foto: Murcia, plaza Catedral y polémico edificio Moneo - wikipedia.org
El 'número dos' de Urbanismo de Murcia cobró 600.000 euros tras un convenio
Sancionan al Consistorio de Alhaurín por el accidente de la escuela taller
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SUR/Málaga* : El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande será sancionado con 18.626 euros por la Autoridad Laboral después de que la Inspección de Trabajo detectara una serie de irregularidades en las tareas que estaba desempeñando la Escuela Taller Fahala VII el pasado mes de febrero, cuando se produjo un accidente en el que resultaron heridos siete jóvenes, según informó ayer la Junta de Andalucía. En concreto, según la Delegación del Gobierno autonómico, se ha verificado que el proyecto de obra «carecía de Plan de Seguridad y Salud» y que el contrato del arquitecto que supervisaba la obra estaba en «fraude de ley», unas infracciones que califica de «graves», por lo que, a propuesta de la Inspección de Trabajo, se ha impuesto esta multa al promotor de la actuación, en este caso el Consistorio.
A ello se suma otra sanción de 45.078 euros ordenada por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo porque el Ayuntamiento «vulneró» la normativa que prohíbe a menores de 18 años trabajar en andamios, si bien este expediente ha quedado en suspenso hasta que no se dicte sentencia firme del caso, que aún investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Coín. En el comunicado remitido por la Junta se apunta a que el accidente lo motivó la rotura de uno de los muros de carga de la casa antigua del Huerto del Jorobado, donde estaban trabajando 18 alumnos de la escuela taller. El resultado del desplome fue el de siete jóvenes heridos, cuatro de ellos menores de edad y dos de ellos de carácter grave, teniendo que ser trasladados al Hospital Clínico Universitario donde permanecieron ingresados varios días.
La rotura del muro de carga se produjo por diferentes razones, según la Inspección de Trabajo, entre ellas su escasa resistencia al estar formado por ladrillos huecos, la debilidad de la base del tejado o el aumento del peso de la cubierta a consecuencia del agua de lluvia, entre otros condicionantes.
El Ayuntamiento lo niega
Por su parte, el equipo de gobierno de Alhaurín el Grande rechazó ayer las conclusiones de la Junta, asegurando que la documentación para el proyecto se estaba tramitando pero «no era necesaria ya que los alumnos no habían comenzado la ejecución de obra alguna, se estaban realizando prácticas y tareas menores que no necesitaban aún dicho proyecto». El Ayuntamiento reiteró que el accidente fue fortuito debido principalmente a la lluvia y anunció que presentará una denuncia por difamación contra la delegada de la Junta, María Gámez, por «tales mentiras».
* SUR - 12.10.10
Foto: Traslado en camilla de uno de los siete heridos en el accidente, que se produjo el pasado mes de febrero - diariosur.es
La Xunta abandona la batalla judicial contra el urbanismo de Barreiros
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ELPAÍS/Lugo* : En Barreiros un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, dio en un solo año licencia para edificar 5.800 pisos, para cuadruplicar la población de un municipio con 3.300 habitantes. Lo hizo, junto a dos de sus concejales, también del PP, en una junta de gobierno y, sabiendo que cometía una ilegalidad, porque así se lo había transmitido en sus informes la secretaria municipal. La mayoría de los suelos donde los constructores pronto empezaron a levantar edificios tenía la condición de urbano no consolidado, según establece la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, puesto que las obsoletas normas subsidiarias de Barreiros no se adaptaron a la norma y las fincas carecían de servicios básicos.
Pese a todo lo anterior, el gobierno del PP siguió adelante con el procedimiento, hasta que el bipartito, tras advertir reiteradamente al alcalde- impugnó en los tribunales 44 de esas licencias -para levantar 3.174 pisos- y suspendió las normas subsidiarias de este municipio de A Mariña lucense que la publicidad de las constructoras empezaba a vender como localidad de veraneo. Tras analizar el proceso y recabar la información de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, el fiscal jefe de Lugo decidió presentar una denuncia por la vía penal contra el alcalde popular, sus tres ediles y la arquitecta municipal que avaló los planos. Todos están acusados de prevaricación urbanística en un caso que estudia un juzgado de Mondoñedo.
La Xunta de Alberto Núñez Feijóo y su conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, están dispuestos a legalizarlo todo. Primero destituyeron al director de la APLU que había capitaneado la lucha contra el caos inmobiliario de Barreiros. Casi al mismo tiempo frenaron cuatro de los contenciosos que la agencia iba a presentar con el aval de la Asesoría Xurídica de la Xunta y solicitaron la suspensión de los recursos que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, había interpuesto contra las licencias adjudicadas por la junta de gobierno de Barreiros. Meses después, la nueva Xunta firmó un convenio a tres, junto al propio alcalde denunciado por la fiscalía y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, para dotar de servicios a las polémicas urbanizaciones con un coste para las arcas públicas de 14 millones de euros y regularizar el descontrol urbanístico del municipio. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará 5,6 millones, la institución provincial 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2 millones que espera recaudar de los promotores inmobiliarios, si bien este último detalle no figura en ningún acuerdo escrito.
Entretanto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, que estudiaba buena parte de las 44 impugnaciones realizadas por el bipartito contra los permisos para edificar que concedió Fuente Parga, acaba de remitir 20 escritos a la Xunta en los que advierte de que ya ha transcurrido el plazo de 60 días desde que el Gobierno gallego pidió suspender los recursos que heredó de sus antecesores. En otros tantos autos, el juez acuerda el archivo provisional del proceso promovido por el letrado de la Xunta en nombre y representación de la Consellería de Medio Ambiente. Y advierte de que "los autos permanecerán en esa situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia".
Y eso es precisamente lo que ha decidido el actual Gobierno gallego: dejar morir de inanición el proceso en los tribunales, con lo que en año y medio esas urbanizaciones estarán legalizadas. El plazo caducaría en marzo de 2012, pero mucho antes Hernández y Feijóo ya han planeado subsanar la problemática por la vía administrativa. Eso es al menos la respuesta que ha dado la Consellería de Medio Ambiente a este periódico. "En Barreiros existen dos vías: la administrativa y la judicial, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la Diputación trabajamos en la primera de ellas", aclara un portavoz autorizado de la Xunta. La misma fuente sostiene que en la suspensión de los contenciosos se ha actuado por coherencia porque seguir con ellos "sería una contradicción con lo acordado conjuntamente con las tres administraciones".
Sin noticias de la Asesoría Xurídica
Hasta tres veces ha solicitado formalmente la oposición el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debe avalar el convenio que legaliza el caos urbanístico de Barreiros. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se niega a entregar ese dictamen y la petición del PSOE para obtenerla por los cauces reglamentarios en el Parlamento ha caído en saco roto. Preguntado por el aval de la Asesoría Xurídica a este polémico proyecto, el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo dudó de que este pudiese ser entregado a la oposición y los medios de comunicación puesto que fue remitida al Consello de la Xunta para que deliberase.
La respuesta es inaudita -este mismo Gobierno ha entregado a la prensa informes de la Asesoría Xurídica desde que llegó al poder en varias ocasiones- y la kafkiana solución propuesta por Feijóo no acaba de dar resultados. El presidente alegó en sede de Gobierno que se pediría un segundo dictamen al mismo organismo para pedirle opinión sobre si se podía hacer público el primero de los informes. Varios meses después de que se solicitase esta información, no se conoce ninguno de los dictámenes pese a las repetidas solicitudes de este periódico a la consellería de Agustín Hernández.
La postura de la Asesoría Xurídica es clave, puesto que el convenio de Barreiros prevé legalizar actuaciones que este mismo organismo impugnó en los tribunales hace menos de dos años. La regularización que prevé llevar a cabo el Gobierno gallego parte de la declaración de incidencia supramunicipal, un mecanismo excepcional previsto para salvaguardar el interés público que permite a la Xunta arrogarse las competencias municipales.
* El País - 11.10.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
Estadios y urbanismo en los tribunales
LEVANTE/Valencia* : Promotores que presiden clubes de fútbol, proyectos urbanísticos ligados a nuevos estadios e investigaciones judiciales. El Nou Mestalla y la Nueva Condomina guardan varias similitudes, aunque la imputación de delitos y las detenciones sólo se han dado en Murcia. En Valencia la Fiscalía archivó el caso de la permuta. La construcción de un nuevo estadio de fútbol, tanto en Murcia como en Valencia, ha llevado consigo sujeta la edificación de viviendas y el negocio comercial y hotelero. En la Nueva Condomina de Murcia son miles de casas y en el caso del Nou Mestalla la posibilidad de construir hoteles y superficie comercial en el campo nuevo. Y la reclasificación del suelo del viejo Mestalla con el objetivo de levantar varias torres de edificios para cuando el Valencia C. F. pueda jugar en el coliseo -ahora parado- pero en construcción.
Mientras, en Murcia, gracias a la petición de la Fiscalía, se ha destapado un caso de corrupción urbanística en el que hay imputados técnicos y políticos alrededor de las sucesivas modificaciones de convenios y presuntos tratos de favor a los adjudicatarios. En Valencia el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, archivó el caso de la permuta de suelo del estadio por otras parcelas después de que un particular denunciase que había una infravaloración del solar de Ademuz en cerca de 30 millones de euros (se pagaron 45 y según la petición particular existía un quebranto de 29.599.258 a sumar).
"Por qué hay una doble vara de medir en los fiscales?" se pregunta Antonio Marín, del colectivo Cercle Obert de Benicalap, entidad que se sumó a la denuncia del proceso de construcción del Nou Mestalla. "¿Lo de Mestalla no se puede investigar y lo de Murcia sí? añade.
Marín discrepó de las últimas decisiones del consistorio que firma convenios con clubes como el Valencia y el Levante "abstractos" y "abiertos". Como fue el caso del solar de les Corts Valencianes de titularidad municipal en un principio -todavía no se ha escriturado- y por el que la ciudad recibiría del Valencia hasta 19 parcelas en diferentes zonas del término municipal, que todavía no se ha entregado. "No tenemos por qué decirle a la Fiscalía que haga su trabajo, debería hacerlo". apuntó Marín.
A todo ello hay que sumar otro dato. El 28 de noviembre se conocerá si existe pacto extrajudicial entre PSPV, Valencia y ayuntamiento. Si fragua, los socialistas habrán reculado después de denunciar la reclasificación de los terrenos que ahora ocupa el viejo Mestalla en los tribunales, en medio de un clima de división interna que les ha llevado a apoyar, todos a una, la recalificación del estadio del Levante. "Los pactos me parecen un auténtico disparate, algo contradictorio" apostilla Antonio Marín, de Cercle Obert de Benicalap.
Nou Mestalla
LA PERMUTA
2005. El solar de Corts Valencianes por 19 parcelas
El ayuntamiento cambia una parcela municipal en Benicalap, donde iba un polideportivo público, por solares en varios lugares de la ciudad que el Valencia CF adquirirá. El club, presidido entonces por el constructor Juan Soler, ya tiene solar para el campo.
CAMBIO DE USO DEL SOLAR
2007. El consistorio permite el uso comercial y de oficinas
Tras el cambio de uso de suelo dotacional a privado el gobierno local aprueba la permuta con base en la tasación mayor de las tres presentadas: 45 millones.
NUEVAS MODIFICACIONES
2008. El pleno introduce el uso hotelero en la parcela
Los hoteles se pueden construir junto al campo.
OBRAS EN MARCHA
2008. Permiso para construir el campo y denuncia particular
Se suma a la denuncia "Cercle Obert" de Benicalap por el acuerdo económico de la permuta.
POSIBLE DELITO
2009. Fiscalía de Valencia acusa y el Fiscal Superior archiva
Primero se investiga que la permuta podría ser una acción delictiva de tres miembros del consistorio y Ricard Cabedo (Fiscal Superior) lo archiva.
EL PAI DEL VIEJO MESTALLA
2010. EL PSPV busca una salida extrajudicial al pleito que impulsó
Los concejales del PSPV en Valencia recurrieron a los tribunales en contra de la edificabilidad asignada a las parcelas del viejo Mestalla, al entenderla excesiva, y al procedimiento sin concurso público para los trámites. Tras la llegada de Jorge Alarte a la cúpula socialista, este partido intenta liquidar ese pleito para no sufrir desgaste y busca un acuerdo extrajudicial. La sentencia se producirá el 28 de noviembre si antes no hay acuerdo entre los recurrentes, el club y el ayuntamiento. Los socialistas intentan que parte de los pisos del viejo Mestalla sean de VPO.
Nueva Condomina
PRIMER CONVENIO
2001. Estadio y 4.000 viviendas
El empresario y dueño del Real Murcia, Jesús Samper, construye el campo de fútbol para la ciudad a cambio de casas en un proyecto llamado como el campo, Nueva Condomina.
MÁS CONVENIOS
2005. Más de 22.500 casas nuevas y un casino
Nuevos convenios urbanísticos para hacer más casas en la zona norte, donde está el estadio y para poder remodelar un casino.
LA CIUDAD PIERDE
El ayuntamiento dejó de ingresar 500 millones según el PSOE
El PSOE denunció que la compensación era entre cuatro y cinco veces inferior a su valor de mercado. Faltan 500 millones de euros. El Tribunal Supremo obligó a la empresa constructora del campo (propiedad del dueño del Murcia) a ceder 58.000 m2 más de los que había pactado con el ayuntamiento. Esta masa de suelo está valorada en 18 millones.
OPERACIÓN POLICIAL. DETENIDOS 2010
Convenios urbanísticos investigados a petición de Fiscalía
La Guardia Civil detiene a tres personas e imputa a cinco por los proyectos urbanísticos vinculados a la construcción del estadio. El procedimiento se abrió por una denuncia de la Fiscalía con origen en el PSOE.
LOS IMPUTADOS
2010. El edil de urbanismo y el presidente del Murcia entre otros Entre los imputados se encuentra Jesús Samper, presidente del club de fútbol Real Murcia y empresario promotor de Nueva Condomina. Declarará el día 15. Otro de los imputados es el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el popular Fernando Berberena, además del ingeniero Renato de Noce, el abogado Higinio Pérez Mateos, el director de la gerencia de urbanismo local, Alberto Guerra , la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno local del consistorio murciano, María Isabel Fernández, y el que fue jefe de Planeamiento del ayuntamiento (1999-2006), Joaquín Peñalver.
* Levante - 11.10.10
Foto: Estadios y urbanismo en los tribunales - Efe
Málaga.- Un pronóstico para tomar conciencia
SUR* : Un estudio vaticina que el mar subirá seis metros e invadirá la costa de Málaga a finales de este siglo si se mantiene el nivel de emisiones contaminantes. Cuesta imaginarse que las aguas del mar invaden al completo el casco antiguo de la ciudad y el Perchel, que las olas llegan hasta la avenida de Juan Sebastián Elcano, en el litoral este, y que Huelin, La Princesa y Las Delicias quedan sumergidos en las profundidades marinas. Resulta impensable pero no imposible a tenor de los estudios realizados sobre la evolución de los efectos del cambio climático. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Ayuntamiento de la capital, ha efectuado la simulación de un posible escenario del nivel del mar para finales de este siglo XXI que deja bajo las aguas a una gran parte de la costa de Málaga, penetrando considerablemente hacia el interior en algunos puntos de la urbe.
El estudio se basa en un informe realizado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y en análisis del panel intergubernamental del cambio climático que hacen referencia a que, de continuar el nivel actual de emisiones contaminantes a la atmósfera, la temperatura media podría aumentar unos seis grados respecto a la actual dentro de noventa años, lo que implicaría que el nivel del mar subiría unos seis metros. Esto supondría la ocupación por el agua de las cotas bajas de importantes extensiones de terreno de todos los continentes, lo que afectaría no sólo a la fauna y flora del planeta, sino a la habitabilidad y condiciones de vida de los seres humanos.
Partiendo de esta premisa, que puede resultar un tanto catastrófica pero que sirve para concienciar a la población de la necesidad de reducir las emisiones de CO2, el OMAU ha realizado una simulación de lo que significaría en el caso de Málaga que el mar incrementara su nivel en seis metros, como también se ha analizado recientemente en otras ciudades costeras del país como Barcelona y Valencia, por parte del Institut Català de Cienciès del Clima.
La imagen resulta del todo dantesca. Tras efectuar una delimitación de las áreas inundables a partir de los datos del modelo digital del terreno, que permite visualizar las curvas de nivel y seleccionar aquellas zonas cuyo nivel de altitud sobre el mar está por debajo del umbral de los seis metros, se aprecia que las aguas invaden toda la zona comercial de Plaza Mayor, parte del aeropuerto, la desembocadura del Guadalhorce, la práctica totalidad del distrito de Carretera de Cádiz, el Perchel, el casco antiguo hasta la altura de la plaza de la Constitución (la Catedral se salvaría), el paseo del Parque, y una gran franja del litoral oriental de la ciudad que, en el caso de las playas de El Palo, alcanzaría la avenida de Juan Sebastián Elcano. Según los cálculos del OMAU, este panorama que, como se ha descrito, afectaría sobre todo a la parte central de la ciudad y al litoral occidental, dejaría sin casa a 123.000 personas, el 22% de la población malagueña.
Aumento de la temperatura
El incremento de la temperatura que causaría este efecto también ha sido constatado por este observatorio. En los últimos 14 años, la temperatura media de Málaga ha subido medio grado centígrado, de 18,5 a 19. En el mismo periodo de tiempo, han disminuido las lluvias, la humedad y el número de días nublados.
¿Se puede hacer algo para evitar este hipotético escenario? Evidentemente, la respuesta es afirmativa. Hace años que desde numerosos organismos públicos se insiste en la necesidad de frenar el cambio climático reduciendo el volumen de emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera. Estas emisiones, atribuibles fundamentalmente al sector de la energía y al transporte, constituyen uno de los principales factores responsables de la generación de los gases de efecto invernadero.
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano revisa cada año una serie de indicadores sobre diferentes parámetros de la ciudad que abarcan desde el urbanismo a cuestiones de índole social. Esta radiografía de Málaga se plasmó el año pasado en un mapa dinámico colgado en Internet (www.omau-malaga.com), lo que supuso una iniciativa pionera que ha servido como modelo para otras ciudades. Este periódico ha podido tener acceso a los datos de esos indicadores relativos al cambio climático.
Se trata de los valores registrados en 2009 y revelan que Málaga emitió el año pasado 1.981.982 toneladas de CO2 al medio ambiente, lo que supone un registro de 3,43 toneladas por habitante y año. La marca puede parecer elevada, pero es sensiblemente inferior a la cuantificada hace seis años, en 2004, cuando las emisiones de cada malagueño eran de 4,8 toneladas al año. Esa cantidad se mantuvo prácticamente inalterada hasta el año 2008, cuando descendió a 3,7 toneladas. En 2009, volvió a bajar a 3,4.
No obstante, el motivo de esta disminución no hay que buscarlo en una mayor concienciación de la población, las autoridades y las industrias para tomar medidas que frenen el efecto invernadero, sino en la crisis económica, que ha reducido notablemente los desplazamientos y la producción de energía. Esa bajada se apreció sobre todo en 2008, cuando los niveles de CO2 en Málaga decrecieron un 22% respecto al año anterior. En 2009, la bajada ha sido menos acentuada, en torno al 8%, pero también es significativa, ya que la tendencia desde 2002 a 2007 era alcista, superando los 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales.
Reducción de gases
La reducción de los gases contaminantes ha sido más acusada en el sector energético -que es culpable del 72% de las emisiones a nivel local- que en el de los transportes. El primero arroja una diminución de un 9,5% para Málaga en 2009 respecto a 2008, y el segundo sitúa ese porcentaje de caída en un 4,1%.
En el ámbito del transporte, destacan la reducción de los niveles de CO2 de los autobuses, sector en el que caen un 27%, y en la actividad portuaria, donde la bajada es del 55% respecto a 2008. En cambio, las emisiones del tráfico volvieron a crecer en Málaga en 2009 (un 2,3%) tras una acusada caída de un 16% en 2008. Los tubos de escape de los coches arrojan 475 toneladas de dióxido de carbono al año en la ciudad, la cuarta parte del total de sus emisiones.
* SUR - 9.10.10
Foto: La simulación inunda el tramo de la avenida de Andalucía más próximo al centro.- Sur
Murcia.- Expertos plantean expropiaciones y demoliciones para salvar la huerta
LAVERDAD* : Si la huerta desaparece, Murcia será una ciudad rodeada por el desierto. La advertencia la han lanzado, sin paños calientes, los expertos reunidos en la capital del Segura con motivo del proyecto Naturba, una iniciativa de la UE que persigue la integración de la ciudad y las zonas periurbanas agrícolas y forestales. La importancia de este cinturón verde como barrera contra la aridez ha llevado a estos científicos de España, Francia y Portugal a proponer un plan integral para conservar la huerta, con tres ejes fundamentales: diseñar una nueva planificación urbanística, concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de este espacio e impulsar la actividad agrícola.
Tras dos días de debate, los expertos acordaron en asamblea once acciones para la protección de este paisaje rural. Así proponen una «moratoria de los instrumentos de planificación actuales» y la elaboración de una nueva normativa; plantean expropiaciones de huertos y demoliciones de construcciones que «entren en contradicción con las conclusiones del nuevo plan integral» y sugieren velar por el mantenimiento de acequias y carriles.
Los técnicos también consideran necesario implicar a la población en la conservación, y para ello lo primero es conseguir que los ciudadanos tomen conciencia de los valores que atesora la huerta y de que es «un patrimonio de todos». En cuanto al futuro, los expertos consideran que debe mantenerse como un espacio agrícola. Y para impulsar esta actividad plantean la posibilidad de abrir nuevos mercados, sin intermediarios, y crear una marca para los productos huertanos. Pero además, los técnicos consideran que este cinturón verde tiene un potencial como lugar de esparcimiento de la urbe, con «actividades museísticas y de recreo», un espacio donde los ciudadanos puedan relacionarse y compartir experiencias.
A los expertos extranjeros, que dedicaron una jornada a visitar distintas zonas de la huerta, les llamó la atención la gran cantidad de parcelas de cultivo abandonadas y la presencia en la ciudad de numerosas bolsas de suelo aún sin edificar.
El encuentro celebrado en Murcia reunió a profesionales de Toulouse y Lisboa, así como una delegación de la provincia de Guipúzcoa. Las reuniones contaron con las aportaciones de técnicos de la Comunidad Autónoma, de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, ingenieros de caminos, agrónomos, biólogos y geográficos. Además acudió una representación de la Junta de Hacendados.
Según la Asociación para la Conservación de la Huerta, Huermur, que también participó en los debates, las conclusiones «derivan forzosamente» en la revisión del actual plan urbano, porque «es incompatible» con la existencia de la huerta, y pide al alcalde Miguel Ángel Cámara que se ponga a trabajar en ello de manera urgente.
Ángeles Micol, portavoz de este colectivo, señala que el plan urbano «está desfasado» debido a que recoge unas previsiones de crecimiento «irreales». Micol plantea que se vuelva a la protección que gozaba la huerta en el año 2006, antes de que se adaptara el plan urbano a la ley regional del suelo. Y recuerda que aquella revisión «lleva la firma de Alberto Guerra [director de la Gerencia de Urbanismo] y Joaquín Peñalver [ex jefe de Planeamiento]», imputados en la presunta trama de corrupción urbanística destapada la semana pasada en Murcia.
* La Verdad - 12.10.10
Foto: Un tramo de acequia en una zona de huerta de Murcia - laverdad.es
