ELPAÍS/Madrid* : Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica".
Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
González se desvinculó ayer de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió ayer, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.
Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.
El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.
En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.
En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.
Pero no fue así porque esos terrenos son hoy de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Hoy las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.
El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó ayer que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.
* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Madrid - 31/01/2009
Foto: Collado Villalba (Madrid) - guiavillalba.net
El ex cargo del PP obtuvo la recalificación en Collado Villalba
Municipios sostenibles, una oportunidad
ISABEL AGUILERA* : Desde hace meses es una constante escuchar y leer a diario sobre los múltiples y graves efectos de esta crisis de la que nadie se escapa, aunque algunos se proclamen inmune. Pero en paralelo saltan a la palestra propuestas y medidas para minimizar el impacto y abordar soluciones, bien sea desde la empresa privada, las asociaciones sectoriales, los gobiernos central, autonómico y local, la Unión Europea u otras instituciones públicas internacionales.
Este maremagno de soluciones nos lleva a reflexionar de modo especial sobre la apuesta del Gobierno por las Administraciones Locales a través de la inyección de 8.000 millones de euros a los municipios españoles para facilitar la creación de puestos de trabajo y revitalizar la economía local a través de nuevos proyectos de obra pública. Esto es, sufragar la rehabilitación de inmuebles, los servicios municipales, la apuesta por la tecnología, la movilidad sostenible, la eliminación de barreras arquitectónicas o la seguridad vial, entre otras áreas.
Lógicamente, es una medida que los municipios deben adoptar de forma inminente, pues está muy condicionada en el tiempo, pero tras esta inmediatez de actuación existe el riesgo de acometer proyectos que, si bien tendrán los efectos positivos buscados a corto plazo, puede que no lo tengan después en el largo. Pensemos, por ejemplo, en una infraestructura que exige un consumo energético muy elevado; carecerá de sentido bajo el prisma del desarrollo sostenible.
Es evidente que esta medida debería acelerar la adaptación y respuesta de los municipios a sus desafíos en esta materia y ante su necesidad de planificar y rediseñar su modelo de crecimiento a largo plazo. Una estrategia que, en definitiva, configurará el tipo de ciudad en el que viviremos en el futuro, esto es, si me lo permiten, cómo seremos los humanos en los años venideros y cuáles serán nuestras prioridades y preocupaciones.
Para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, es un factor indispensable que una ciudad crezca de acuerdo con los fundamentos del desarrollo sostenible. Su aplicación a la arquitectura, el urbanismo y la planificación del territorio, la eficiencia energética o la conservación y el aprovechamiento de recursos son clave ante el reto de las autoridades municipales de evolucionar en la dirección acertada.
Problemas como el cambio climático o la inestabilidad de los precios del combustible tienen consecuencias complejas y a veces sorprendentes en el ámbito local. Los nuevos entornos modifican los hábitos residenciales y vitales de los ciudadanos y, paralelamente, sus necesidades de bienestar. Así, los consistorios deben adaptar el servicio prestado a los ciudadanos a los nuevos paradigmas y macrotendencias que están marcando, en definitiva, la agenda municipal.
A pesar de estar tan manido, y en muchas ocasiones mal empleado, el desarrollo sostenible es la línea estratégica más directa al progreso de las ciudades, sea cual sea su dimensión. De hecho, el desarrollo sostenible es para la Unión Europea el motor principal de la evolución mundial. Los modelos de crecimiento que en él se apoyan ofrecen nuevas y amplias perspectivas a los municipios, puesto que encierran un gran potencial de innovación y dinamismo.
Una ciudad planificada y gestionada con criterios de sostenibilidad permite valorizar su patrimonio natural e inmobiliario así como los recursos socioeconómicos del municipio. Se consigue que las ciudades sean más competitivas, atractivas, limpias y seguras y, en definitiva, posicionarse respecto a los criterios de bienestar y calidad de vida, la máxima para una ciudad del siglo XXI.
Por todo esto, los ayuntamientos -todos- necesitan optimizar sus inversiones y redirigir los modelos de crecimiento adoptados hasta ahora, tristemente caracterizados en muchos casos por el despilfarro de recursos, la ineficiencia energética, la falta de gestión de residuos o la degradación del medioambiente urbano. Ésta ha de ser la apuesta: invertir de forma planificada. Cada ciudad es diferente, pero el reto y las oportunidades son comunes.
Bajo este contexto, la innovación y las soluciones tecnológicas juegan un papel primordial. La mayoría de las orientaciones estratégicas y tendencias adoptadas en la Unión Europea para adaptar los principios del desarrollo sostenible a las ciudades coinciden en prestar atención a algunos de los aspectos, todos ellos básicos en la planificación urbanística, dotacional y tecnológica de los municipios del futuro, que abordo a continuación.
Uno de estos puntos clave para las Administraciones Públicas es la eficiencia energética. Los consistorios deben tender a una gestión integral de todos los servicios prestados a los ciudadanos desde la perspectiva de la eficiencia y del ahorro de energía, desde el fomento del empleo en energías renovables o el control del tráfico rodado, hasta un alumbrado público más eficiente y menos contaminante.
Otra línea de actuación a tener en cuenta por parte de los municipios es la conservación del agua. Las ciudades requieren una importante red de distribución, posibilidades de almacenamiento y de tratamiento del agua para su buen funcionamiento. Sin embargo, la Comisión Europea ha amenazado a España con emprender acciones legales por el incumplimiento de las normas comunitarias de tratamiento de aguas residuales en más de 400 pueblos y ciudades el pasado mes de noviembre. La necesidad de construir nuevas centrales depuradoras es, por tanto, acuciante, y las administraciones han de enfocar sus inversiones en este ámbito hacia las nuevas tecnologías de depuración, reutilización o desalación. Ahora bien, hay que tener presente que instalar una depuradora no es necesariamente sostenible, sino que ha de serlo el proyecto en su conjunto, orientado a minimizar su huella ecológica o impacto.
La gestión de los residuos y el tratamiento de olores son otros de los retos a los que se enfrentan los núcleos urbanos ante el futuro y los ayuntamientos han de adoptar soluciones eficaces para gestionarlos siendo respetuosos con el medioambiente.
De hecho, los municipios de más de 5.000 habitantes tienen la obligación de recoger y tratar dichos residuos. Precisan, por tanto, soluciones innovadoras, por ejemplo, para el aprovechamiento del biogás proveniente de la fermentación de los residuos urbanos, de lodos de depuradoras o desechos industriales, pues gracias a la tecnología pueden ser transformados en calor o electricidad para abastecer a los hogares de la zona.
Y otro aspecto más de sostenibilidad de las ciudades va más allá de lo medioambiental y está relacionado con el confort y el bienestar de los seres humanos: la seguridad y la salud. Un equipamiento mínimo en diagnóstico por imagen puede reducir en un 30% la mortalidad del cáncer de mama en la población femenina del municipio y la existencia de desfibriladores en equipamientos educativos, deportivos, culturales y estaciones, aeropuertos y otros edificios públicos puede, disminuyendo el coste de su tratamiento, aumentar el número de vidas salvadas tras sufrir un infarto cardiaco o cerebral (la primera y la tercera causa de muerte en el mundo). Los ayuntamientos tienen el desafío de conseguir ciudades más seguras, especialmente ante el incremento de la delincuencia, teniendo en cuenta que dichas tecnologías no han de ser invasivas y han de resultar casi imperceptibles en el día a día de los ciudadanos. Es lo que podemos llamar "tecnología invisible".
En definitiva, los municipios necesitan soluciones tecnológicas innovadoras, creativas y flexibles que contribuyan a poner en marcha un nuevo modelo de planificación urbanística regida por principios de desarrollo racionales, destinados a favorecer el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Es la hora de transformar la utopía de la ciudad sostenible en una realidad y, aunque parezca mentira, la crisis está dando una oportunidad.
* Isabel Aguilera es presidente de General Electric para España y Portugal. Es también arquitecto y urbanista.
* ELPAIS.com - Opinión - 25.01.2009
Corrupción en Librilla: «Pagué entre 90.000 y 100.000 euros en metálico al alcalde y al edil de Urbanismo»
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LAVERDAD/Murcia* : Cantó de plano. Se fue de la húmeda, que se dice en el argot de la delincuencia. Y fueron esas declaraciones, prestadas por el ingeniero, empresario y ex funcionario del Ayuntamiento de Librilla Domingo Peñalver Rojo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las que llevaron al juez a ordenar la detención del alcalde de esa localidad, José Martínez García; del concejal de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz, y del gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), José Andrés Cortés Otálora.
Lo que Domingo Peñalver comenzó a contar el pasado 19 de noviembre, tras ser detenido, sonó a música celestial en los oídos de los investigadores, que comprendieron al instante que la confesión les daba vía libre para detener al alcalde de Librilla y a sus dos supuestos hombres de confianza.
En esa declaración prestada ante la Guardia Civil, a la que La Verdad ha tenido acceso, y que luego fue ampliada en presencia del juez de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, se relata de forma minuciosa cómo funcionaba la supuesta trama montada en torno al Consistorio librillense y cuyo supuesto fin era el enriquecimiento ilícito, a cargo de los fondos públicos, de todos sus integrantes. Lo que sigue es un resumen del acta de la citada declaración.
UN EX TÉCNICO MUNICIPAL
Peñalver empezó relatando que es ingeniero y que desarrolló su labor en el Ayuntamiento de Librilla, como técnico municipal, hasta que se dio de baja en octubre del 2007. Sigue narrando cómo se inició su relación con otro de los imputados, el funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde; cómo ambos compartían la propiedad de la empresa ACADI y cómo tenían intereses en otras sociedades; cómo Cano medió ante el Consistorio para que le adjudicasen a ACADI la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)...
Habla y habla, a lo largo de dos horas y media, hasta que a las 17.40 horas solicita un descanso. Cuando se reanuda la toma de declaración, a las 18.00 horas, empieza a hablar de seguido sobre la presunta trama de corrupción.
«Que con motivo de ser el manifestante el redactor del PGOU de Librilla para desarrollar el suelo del municipio, tuvo contacto con el asesor jurídico del Ayuntamiento, (el abogado) Cesáreo Gil de Pareja Otón, el cual organizaba los términos de los convenios urbanísticos, cuyo objeto era la reclasificación del suelo, y para ello el mencionado Cesáreo tenía plenos poderes dotados por el alcalde, Pepe, y por Pedro, teniente de alcalde, para que se encargara de convenir con los propietarios de suelo las cantidades que debían pagar para poder cambiar el uso de dicho suelo de rústico a urbano y así obtener una plusvalía por los mismos».
«Asimismo -continuó-, y si además esos conveniantes (propietarios) contrataban los servicios de la empresa municipal IDL, esta firma sacaba a concurso esos contratos, que siempre acababan realizándose por ACADI, ya que estaba acordada de antemano esa adjudicación».
ÉSTE ERA EL PROCEDIMIENTO
«Lo que el manifestante quiere decir -añadió, por si no empezaba a estar claro el asunto-, es que Cesáreo Gil de Pareja, desde su posición de técnico jurídico contratado por el Ayuntamiento, y a su vez contratado por IDL, y colaborando ya con ACADI porque en el avance del PGOU aparece como co-redactor, estableció el procedimiento por el cual se podía conseguir que los propietarios de los terrenos contratasen con IDL desde el plan parcial hasta la dirección de la obra, que es el proceso para reclasificar el suelo y acabar el mismo en urbano».
Pero, claro, aseguró Peñalver, eso le costaba un dinero no sólo a los dueños del suelo, sino a él mismo, como adjudicatario último y privilegiado de los contratos. «La empresa IDL cobraba previamente a los propietarios y acto seguido, a través de Pepe (alcalde) o Pedro (teniente de alcalde), y de José Andrés de IDL, le solicitaban al manifestante sumas de dinero para que pudiera seguir desarrollando los proyectos y para poder cobrar finalmente sus honorarios, no sin antes haber desembolsado cantidades de dinero en B».
A petición de los agentes de la UCO, el ex funcionario municipal señala que «al referirse a dinero en B hace mención a cantidades económicas que tenía que hacer efectivas el manifestante a los tres individuos antes citados, como condición para que IDL le pagara a ACADI (su empresa) los trabajos realizados a los propietarios del suelo. Estas comisiones se pagaban en mano y en efectivo por parte del manifestante a Pepe (alcalde), Pedro (teniente de alcalde), indistintamente, y a José Andrés (IDL) de forma separada. Estos pagos en metálico los tenía que justificar el manifestante a través de facturación falsa».
CUANDO TENÍA LIQUIDEZ
«Las cantidades a las que el manifestante hace referencia -aclara- suman un total de 90.000 ó 100.000 euros a cada uno de los individuos mencionados, repartidos en varios pagos de 30.000 ó 40.000 euros cada vez. Dichos pagos eran reclamados por dichos individuos en los días siguientes a los ingresos realizados al manifestante a través de la mercantil ACADI, es decir, cuando tenía liquidez. El manifestante hace constar que en esos momentos tenía numerosos empleados y que sufragar los gastos de éstos le suponían sumas de dinero que apenas podía soportar con los ingresos de ACADI. (...) Esos ingresos se los iban suministrando por medio de IDL y con absoluta manipulación por parte de los individuos mencionados, prevaliéndose de la situación que tenían sobre el manifestante para mantener esta situación de carencia económica sobre el mismo y así obligarle a aceptar los condicionantes de dicho pacto, en el cual para poder seguir recibiendo los ingresos por el trabajo realizado se veía obligado a seguir realizando los pagos mencionados. (...) Se encontraba agobiado, tenía miedo y dependía económicamente de ellos».
A continuación, Peñalver aseguró que Cesáreo Gil «era la persona de confianza de los responsables políticos de Librilla» y que «parte de la obligación de pagos dentro del Ayuntamiento a determinadas personas era también para pagar, mediante facturación, al Citado Cesáreo. Que la facturación que ACADI tuvo que pagar a Cesáreo Gil como compensación alcanzó la cantidad de 574.000 euros». Peñalver, el cantante, acabó reconociendo a los agentes que «siente temor por su propia vida y la de su familia y por las consecuencias que puedan ocurrir, a tenor de los hechos narrados, en su entorno familiar».
UNA CANTIDAD DESORBITADA
Con las jugosas confesiones del empresario y ex técnico municipal, la UCO elaboró un atestado en el que reseñaba que, según se deducía de los datos aportados por el propio Peñalver y de la documentación recabada de la Agencia Tributaria, «Domingo Peñalver pagó supuestamente a José Martínez García, Pedro Martínez Muñoz, José Andrés Cortés y Cesáreo Gil, la cantidad de 1.848.150,58 euros a cambio de realizar los trabajos que IDL encargaba a ACADI».
Horas después, los tres primeros eran detenidos y acababan dando con sus huesos en prisión. Unos días más tarde fue arrestado Cesáreo Gil. Quedó libre, pero con cargos.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 30.01.2009
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es
Vecinos de Alcosa se manifiestan contra el trazado de la SE-35 ante sus efectos en el parque del Tamarguillo
EUROPAPRESS/Sevilla* : Varios cientos de personas, según la organización Movida Pro Parque del Tamarguillo, han recorrido hoy a pie el barrio de Alcosa en protesta por el trazado que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla planea para la nueva autovía de circunvalación de la ciudad, dado que la nueva infraestructura "parte en dos" una zona verde de 96 hectáreas habilitada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Consistorio con fondos de cohesión de la Unión Europea.
Uno de los miembros de la plataforma, Jesús Caballo, informó a Europa Press de que la protesta se celebró bajo la vigilancia de la Policía Local, partiendo a las 17,30 horas del centro cívico de Parque Alcosa para rechazar el trazado que la Gerencia de Urbanismo prepara para la futura autovía de circunvalación SE-35, porque la carretera proyectada discurre justo "a través" de las 96 hectáreas de zona verde fruto del encauzamiento de los arroyos Ranilla y Tamarguillo a su paso por el término municipal de Sevilla, obras impulsadas por la CHG y el propio Consistorio.
"El propio Ayuntamiento lo reconoce", dijo en cuanto a los efectos de la carretera sobre el parque del Tamarguillo, aún por inaugurar y supuestamente en peligro según este colectivo.
El delegado de Presidencia y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de su lado, asegura que el Ayuntamiento de Sevilla va a dotar ahora de las infraestructuras necesarias para poder abrirlo en enero de 2010 gracias a su inclusión en el Plan 8.000 del Gobierno Central. El delegado de Presidencia y Urbanismo ha manifestado su compromiso con los vecinos de Sevilla Este y Alcosa, que "tendrán completamente equipado el Parque del Tamarguillo en enero de 2010", gracias a la decisión de incluir en el Plan 8.000 el proyecto de infraestructuras del mismo que contará con una inversión de 2.168.317 euros.
El proyecto del ejecución del parque del Tamarguillo realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contempla una reserva de suelo para nueva vía de transporte de la ciudad, SE-35 a su paso por Alcosa, proyectada en el PGOU de Sevilla cuya ejecución estará sujeta a los ajustes necesarios previos al inicio de las obras. La Confederación ha ejecutado paralelamente a esta obra el tramo correspondiente al nuevo cauce del Arroyo del Ranilla que va paralelo a la SE-35 por todo el arco norte hasta desembocar en el río Guadalquivir.
Está actuación, cuyo proyecto ya está redactado, permitirá que desaparezca el actual canal que parte por la mitad al barrio de Palmete y que separa actualmente Alcosa de Sevilla Este. El proyecto de Urbanismo para esta zona consiste, al igual que se ha hecho en Miraflores o Pino Montano, en meter el parque en el barrio de Alcosa, una vez que la Carretera de Alcosa sea sustituida por la nueva ronda de circunvalación SE-35.
La SE-35 es una infraestructura de ciudad contemplada en Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2006 que dotará, en este caso a Sevilla Este y Alcosa, de un instrumento vital para su desarrollo económico dando acceso directo a la autovía A4 y la ciudad. De esta forma, se conseguirá eliminar el tráfico interno que actualmente soporta la Carretera de Alcosa haciendo más permeable el acceso de los vecinos al nuevo parque del Tamarguillo.
* Europa Press - 29.01.2009
El Fiscal de medio ambiente pide un año de cárcel para el alcalde de Alguazas
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VEGAMEDIA/Murcia* : Por un delito contra el entorno de La Torre de los Moros. La denuncia fue presentada por la Asociación Entrecauces con motivo de la construcción de un edificio en el entorno protegido de este importante monumento de Alguazas. La Fiscalía también pide ocho años de inhabilitación para el Alcalde José Antonio Fernández Lladó, quince meses de prisión para la promotora y la demolición de la obra realizada.
"La imagen de Goliat mordiendo el polvo es la primera que se viene a la cabeza con el golpe que la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo acaba de proporcionar a los promotores y responsables políticos de la construcción de un restaurante en el entorno protegido de la Torre de los Moros", aseguran desde Entrecauces.
Desde hace años, esta polémica e impactante edificación en uno de los lugares más emblemáticos de la huerta de Alguazas ha suscitado la firme oposición de la ciudadanía y de la Asociación Entrecauces, de donde en enero de 2005 partió la querella criminal, que ahora después de 4 años empieza a dar sus primeros frutos, según este colectivo. Esta Asociación sin ánimo de lucro nació precisamente para dar cauce a las inquietudes ciudadanas por la protección del patrimonio cultural, histórico y natural de la Vega Media, sobre todo "a partir de la pasividad del Alcalde de Alguazas, José Antonio Fernández Lladó, ante las más de 40 denuncias presentadas por los vecinos y vecinas desde el año 2002, en el caso del impacto al entorno de la Torre de los Moros, y demuestra una vez más una clara situación de abuso de poder y favoritismo a intereses particulares privados en perjuicio del interés público".
La construcción que ha motivado la denuncia de Entrecauces y el escrito de la Fiscalía sería constitutiva de delito por estar realizada en suelo no urbanizable protegido arqueológicamente, por se zona de huerta y entorno del Bien de Interés Cultural de la Torre de los Moros, una fortaleza medieval del siglo XII que algunos historiadores consideran la más antigua de la Región de Murcia. Los delitos que el fiscal pronuncia en su escrito de acusación serían contra la ordenación del territorio, por el que se estima responsable a la promotora del restaurante Consuelo Arnaldos Martínez, y de prevaricación urbanística, cuya responsabilidad apunta al Alcalde de Alguazas, José Antonio Fernandez Lladó.
El fiscal se ha dirigido ya al Juzgado de instrucción nº 5 de Molina de Segura para solicitar la apertura de Juicio Oral, a celebra ante el Juzgado de los Penal del Palacio de Justicia, donde se deben determinar las penas de prisión, inhabilitación y restauración de daños que los acusados podrían verse obligado a cumplir si las condenas propuestas por la Fiscalía se traducen en una sentencia definitiva.
* Vegamedia Press - 29.01.2009
Foto: Afirman que se ha perjudicado este edificio histórico -VMPress.
Vecinos de Pinto, contra el PGOU y la construcción de un campo de golf
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MADRIDIARIO* : Un grupo de vecinos han constituido la Plataforma de "Ciudadanos por un Pinto sostenible" cuyo objetivo es plantear una alternativa al actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contempla, entre otros proyectos, la creación en esta localidad de un campo de golf en la zona de Punctum Millenium.
El representante de este nuevo colectivo, Antonio García, ha explicado que el objetivo de esta plataforma es "defender una planificación urbanística integradora, racional, equilibrada y que proteja el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de Pinto"
El actual PGOU es considerado por la Plataforma "una amenaza para el buen desarrollo de Pinto, porque este campo de golf iría rodeado de 732 viviendas de lujo, cada una con su propia parcela" que ocuparán el mismo suelo que las 9.200 viviendas restantes de Punctum Millenium.
También van a emprender acciones para evitar que no se apruebe la modificación prevista para este Plan, que supone la construcción de El Espacio del Motor, una operación urbanística que contempla, entre otros equipamientos, la creación de un circuito de alta velocidad para competiciones internacionales de automovilismo y motos.
Desde la Plataforma, consideran que este proyecto es "una operación especulativa, innecesaria y con un enorme impacto para el entorno, por lo que solicitamos a la Comunidad de Madrid que emita un informe de evaluación ambiental desfavorable".
Este nuevo colectivo hará su acto de presentación pública el próximo 19 de febrero y pretende que sus integrantes sean vecinos que se impliquen a título individual, independientemente de su afiliación o simpatías por otras entidades sociales, políticas o de cualquier ámbito.
* Madridiario - 29-01-2009 - MDO/EFE
Foto: madridiario.es
Los registros en Arona parten de la ampliación de la denuncia
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CANARIAS7/Tenerife* : El caso Arona está tan vivo como el primer día. Prueba de ello es que el juzgado que lo instruye sigue practicando diligencias e imputando a personas relacionadas con la supuesta trama de corrupción urdida en torno a la concesión de licencias urbanísticas y contratos en Arona.
La última diligencia practicada ha sido la requisa de nueva documentación por parte de la Unidad Judicial de la Guardia Civil, que se personó en el Ayuntamiento para reclamar al secretario municipal expedientes relacionados con el área de Urbanismo y con la contratación de obras, servicios y personal.
La nueva documentación requerida por el juez titular del Juzgado número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías, instructor de la causa, podría estar relacionada, según las fuentes consultadas, con los detalles aportados por los varios constructores a los que el magistrado ha tomado declaración el mismo martes y días anteriores. Todo apunta, además, a que estas últimas pesquisas se producen después de que los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa ampliaran una vez más la denuncia presentada por el PSC de Arona y asumida en febrero de 2007 por la Fiscalía contra los Delitos al Medio Ambiente y el Urbanismo, al detectar la supuesta comisión de un delito continuado de prevaricación urbanística en la concesión de más de 300 licencias de obras.
Del sumario, que está bajo secreto, ha trascendido la imputación de 13 personas: todo el anterior grupo de gobierno (ocho concejales, incluido el alcalde, José Alberto González Reverón, el arquitecto y el aparejador municipales, otro arquitecto, un empresario (estos cuatro en libertad condicional) y un cabo de la Guardia Civil adscrito al Servicio de Información del puesto de Arona que estaba investigando el caso. Se les imputan delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y extorsión.
Ampliación. Con la nueva ampliación de la denuncia, el juez podría imputar a otras 16 personas, entre ellas el secretario municipal, el redactor del Plan General, el jefe de la nueva oficina de Licencias y Disciplina Urbanística y a otro constructor.
A este último el juez ya le ha tomado declaración y, según las fuentes consultadas, sus manifestaciones han llevado al nuevo registro policial del Ayuntamiento de Arona (el primero fue en marzo de 2007). Este empresario supuestamente se benefició de dos licencias de obra para construir sendos edificios en parcelas destinadas a equipamientos sociales.
En próximas semanas los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa tienen previsto hacer otra ampliación de la denuncia.
* Canarias 7 - R:R: - 29.01.2009
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Piélagos: Piden 2 años de cárcel para Pacheco por autorizar 300 viviendas contra la ley
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ELDIARIOMONTAÑÉS* : La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel y 10 de inhabilitación para el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de prevaricación urbanística por haber autorizado en dos años 18 promociones que suman 302 viviendas a pesar de haber sido advertido de que vulneraban la legalidad.
La Fiscalía de Cantabria ha planteado esta acusación en el procedimiento abierto contra Pacheco en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander a raíz de las denuncias de un colectivo de vecinos de Piélagos y del propio Ministerio Público.
El fiscal sostiene que Pacheco concedió esas 18 licencias a pesar de haber sido advertido por el arquitecto municipal y por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de que vulneraban la legalidad, "por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", conforme explica en su escrito de acusación.
Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que han puesto en cuestión la legalidad del urbanismo practicado por el Ayuntamiento durante el mandato de Pacheco, que gobierna con mayoría absoluta.
Entre otras, se han dictado cuatro sentencias de derribo contra otras tantas urbanizaciones que suman un centenar de viviendas en la localidad costera de Liencres y se ha declarado ilegal un plan parcial que permitía construir 400 apartamentos y chalés en el Alto del Cuco, incrustados mediante taludes en la ladera del monte.
Entre las promociones cuya legalidad cuestiona la Fiscalía a partir de los informes de los servicios municipales no figura ninguna de las urbanizaciones con sentencia de derribo, sino que son posteriores a los expedientes de los que éstas se derivan.
Sin embargo, el fiscal establece una relación directa entre los delitos que imputa a Pacheco y las sentencias de derribo, porque considera que esas resoluciones judiciales prueban que el alcalde conocía que estaba dando por buena una interpretación del urbanismo que los tribunales reiteradamente habían rechazado y que sus propios técnicos ya no admitían.
"En todos los expedientes, el acusado concede las licencias referidas considerando urbanos unos terrenos que carecen de tal condición, según la normativa urbanística vigente en el territorio, interpretada de forma reiterada por los órganos judiciales, que habían venido anulando licencias otorgadas en las mismas condiciones que las concedidas", asegura la Fiscalía en su escrito de cargos.
El Ministerio Público subraya, además, que "constan en los referidos expedientes informes en tal sentido por parte del arquitecto municipal y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento".
Las licencias sobre las que se asienta este procedimiento penal permitieron la construcción de 302 viviendas en las localidades de Carandia, Liencres, Oruña, Puente Arce, Quijano, Vioño y Zurita, en promociones que van desde las dos viviendas que tienen más pequeña (dos promociones de Quijano), a las 80 casas que componen la más grande (una promoción de Carandia).
Parte de los vecinos que denunciaron los hechos se han personado en la causa y tienen previsto presentar en los próximos días ante el Juzgado su escrito de acusación contra el alcalde.
* El Diario Montañés - EFE - 29.01.2009
Foto: Piélagos (Cantabria), ayuntamiento - pielagos.com
Nuevo varapalo judicial a Burriana
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LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Burriana ha recibido la tercera sentencia en contra de su gestión urbanística en cuatro meses. Si en octubre el TSJ anulaba el PAI Llombai-Monges y, poco después, hacía lo propio con el programa para desarrollar las unidades A-24-25-26 en Torre d'Onda, ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado la modificación puntual número 18 del PGOU.
Según el fallo emitido por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo el pasado 1 de diciembre, el ayuntamiento debía haber razonado y justificado este cambio en el planeamiento urbanístico con una memoria y no, asumir, como hizo, la iniciativa de un particular, en este caso de la mercantil Belqueba.
En concreto se trata de un cambio que afectaba a la unidad de ejecución C-3, en la que se encuentra el colegio Iturbi, cuyo desarrollo se adjudicó a Belqueba. La firma presentó la propuesta de modificación para dividir el ámbito en dos unidades de ejecución y hacer una recalificación en las manzanas de una de ellas.
La sentencia establece que, en este caso, la administración hizo "dejación de la potestad de planeamiento" y asumió la iniciativa de un particular "con la mera referencia de que la administración la asume como propia sin mediar para ello ninguna justificación que explícitamente justifique dicha decisión". "Aprecia esta sala que, considerada la inexistente memoria justificativa de la modificación del plan, en la que, con claridad y precisión, se exprese la razón y la razonabilidad del cambio que se propone a instancia de la iniciativa privada, procede en consecuencia la anulación de la modificación puntual".
El fallo estima así el recurso planteado por la mercantil Publica Opera contra la decisión de la secretaria autonómica de Territorio y Medio Ambiente que desestimó el recurso de alzada planteado por la empresa contra la aprobación de esta modificación por la Comisión Territorial de Urbanismo, en diciembre de 2004.
Pese a que los magistrados aceptan que la nulidad prospere por este motivo, aceptan también, como defiende Publica Opera -empresa también promotora del recurso que se resolvió con la anulación del PAI de Torre d'Onda- que la recalificación planteada tampoco era correcta.
Accesos al colegio Iturbi
El fallo judicial, además de por arrojar más dudas sobre la gestión urbanística en Burriana, saca a la palestra la problemática del sector en el que está enclavado el nuevo colegio Iturbi y que necesariamente debe desarrollarse para poder ejecutar los accesos correspondientes y poder entregar la obra del centro -en funcionamiento ya hace años- a la Conselleria de Educación.
* Levante-EMV - Victoria Salinas - 29.01.2009
Foto: colegio iturbi. El centro necesita del desarrollo de la C-3 para mejorar sus accesos - vicent martí, levante-emv.com
Contra el recorte del transporte público en Madrid
Ecologistas en Acción* denuncia la pésima gestión del transporte que se realiza en la Comunidad de Madrid, donde el criterio que se sigue es hacer lo contrario de lo que sería necesario. Así, se sigue apostando por construir más y más autovías, se encarece desmesuradamente el transporte público y, ahora, se prepara un recorte en los servicios de autobuses interurbanos, lo que se suma a las reducciones que ya han tenido algunos servicios de metro. Entre tanto, la calidad de servicio –véase la línea circular de metro– es más que deficiente.
El transporte en la Comunidad de Madrid es un ejemplo de libro por su insostenibilidad y por el despilfarro de recursos y de territorio que supone. La cara e impactante política de construcción de autovías ha conseguido dos cosas: que seamos la región metropolitana de Europa con más kilómetros de autovía por habitante –sin que por ello hayan desaparecido los atascos– y que cada vez se use más el coche, en detrimento del transporte público. De hecho, por primera vez en la historia, en la Encuesta de Movilidad de 2004 se refleja cómo el número de viajes diarios en automóvil (5.070.000) superó al de desplazamientos en transporte público (4.930.000) en la Comunidad de Madrid.
Este despilfarro en las inversiones en autovías continúa con el Plan de Carreteras 2007-2011, que prevé la construcción o ampliación de 226 km más.
Al mismo tiempo, las grandes inversiones en transporte público no han dado los resultados esperados. MetroSur, por ejemplo, no llega ni a la mitad de la ocupación prevista, y mucho menos ocupación tienen buna parte de los metros ligeros recientemente inaugurados. Y es que el gran problema del transporte en la Comunidad de Madrid es que no se atiene a ninguna planificación más allá de inaugurar las obras antes de las siguientes elecciones.
Efectivamente, la carencia de un Plan de Movilidad Sostenible ha hecho que las descoordinadas actuaciones no alcancen los resultados esperados: ni por su utilidad para los ciudadanos, ni por la rentabilidad social de las enormes inversiones. De hecho, la tendencia es que cada vez se use proporcionalmente menos el transporte público y más el automóvil privado.
Además, existen graves carencias y deficiencias que llevan años pendientes de solución. Una de las más sangrantes es la calamitosa situación de la línea circular de metro. No es de extrañar que un servicio de tan baja fiabilidad sea abandonado cada vez por más usuarios.
Con este panorama, y continuando con la dinámica de hacer lo contrario de lo necesario, se aplican subidas abusivas a los servicios de transporte público, y ahora el Consorcio Regional de Transportes se plantea la reducción de hasta 600 servicios diarios de autobuses interurbanos, cuando lo que hace falta en gran cantidad de líneas es justo lo contrario: aumentar los servicios, sus frecuencias y su calidad.
Ecologistas en Acción denuncia que la actuación de la Comunidad de Madrid no hace sino convertir a los madrileños y madrileñas en cautivos del coche, en la medida que cada vez se ponen más trabas al transporte público y más facilidades para el uso del automóvil. Una política, por tanto, que seguirá devorando territorio bajo el asfalto, continuará aumentando nuestro consumo energético y empeorará la grave contaminación del aire que respiramos.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 27.01.2009
Sant Celoni rechaza la edificación de 542 viviendas
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : El 69,1% de los vecinos de Sant Celoni que el pasado domingo acudieron a las urnas rechazó la construcción de 542 viviendas en la zona rural de Can Riera de l'Aigua, oponiéndose así a la aceptación del área residencial estratégica (ARE) que la Generalitat ubica en estos terrenos.
La participación fue del 30,03% (4.118 votos) y la preservación del espacio natural fue el argumento de peso para la mayoría de los votantes del no. El consistorio de Sant Celoni se comprometió a hacer llegar la voluntad de sus vecinos al Govern para que sea tenida en cuenta, pese a no ser vinculante.
También los vecinos de Ripoll (Ripollès) rechazaron en una votación celebrada el pasado sábado el ARE que prevé construir 489 viviendas en la zona de la antigua fábrica de La Preparación Textil. El 70,6% de lo 875 votantes (el 10,1% del censo) rechazaron la propuesta del Govern.
* El Periódico - SARA GONZÁLEZ - 28.01.2009
Foto: Sant Celoni (Barcelona), ayuntamiento - guiaweb.org
El TSJA anula la aprobación definitiva del PGOU de Chiclana
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LAVOZ/Cádiz* : El TSJA ha anulado la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística de Chiclana, que llevó a cabo el pasado 23 de marzo de 2007 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz. El alto tribunal andaluz da la razón, en una sentencia fechada a 13 de enero pasado y notificada ayer martes, a dos de los más de una docena de recursos presentados por particulares, promotores y entidades ecologistas de la ciudad contra esta aprobación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano considera que “no se siguió la tramitación legalmente exigible” a la hora de dar vigencia al documento de planeamiento.
En ese sentido, el TSJA hace referencia a que “el texto completo del Plan General en ningún momento se somete a información pública”, y asegura que tampoco “hubo aprobación provisional tras la subsanación de defectos sustanciales” que se había realizado previamente por parte de la administración.
Además, los magistrados condenan al pago de las costas procesales al Ayuntamiento de Chiclana, que dispone sin embargo de diez días para recurrir ambas sentencias ante el Tribunal Supremo.
La nulidad de la aprobación definitiva del PGOU chiclanero llega después de que los tribunales tumbaran también la primera aprobación del documento de planeamiento con fecha de diciembre de 2003, así como el Texto Refundido elaborado con posterioridad, que fue aprobado en 2005 y anulado tras aceptarse los recursos que se presentaron contra él hace dos años.
* La Voz Digital - Jesús Aragón - 28.01.2009
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
El Consell prosigue la reparcelación forzosa del PAI Mestrets pese a que está anulado por el TSJ
LEVANTE/Castelló* : La Conselleria de Territorio ha notificado a los afectados por el PAI Mestrets una cuarta reparcelación forzosa y prosigue la ejecución del programa urbanístico que prevé derribar las casas de más de 20 familias a pesar de que éste ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJ).
Así lo refleja la resolución de la Directora General de Vivienda y Proyectos Urbanos remitida el pasado lunes a los propietarios. Dicho documento fue aprobado por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) el 8 de enero de 2009, fecha posterior a la sentencia del TSJ que anuló el PAI
El TSJ invalidó el plan urbanístico al concluir que cargaba injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste del suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Tanto el Consell como el Ayuntamiento de Castelló interpusieron en noviembre un recurso ante el Tribunal Supremo que todavía no ha sido admitido a trámite. Las dos instituciones gobernadas por el PP manifestaron su intención de acogerse a dicho recurso judicial para ejecutar el planeamiento urbanístico mientras resuelve el Supremo y asumir con dinero público las indemnizaciones millonarias en caso de que el tribunal vuelva a dar la razón a los vecinos.
El Supremo ni siquiera ha aceptado a trámite el recurso de casación y el Consell ya ha decidido seguir adelante con un trámite tan crucial como la reparcelación forzosa. Debido a las reiteradas modificaciones introducidas por la Generalitat, se trata de la cuarta reparcelación del PAI Mestrets que será expuesta a los vecinos.
La cuarta reparcelación
La Generalitat alega que esta cuarta reparcelación se debe a la introducción de "nuevos cambios" en el proyecto y a una alteración del valor económico que se dará a los terrenos expropiados.
En este último caso, el Consell aduce que el decreto 82/2008 permite introducir "coeficientes correctores" en la valoración de los terrenos donde se vayan a promover viviendas protegidas.
Por lo pronto, la decisión del Supremo sobre el recurso de la Generalitat y el ayuntamiento se ha visto ralentizada por un tercer recurso inesperado. Una segunda asociación vecinal, Mestrets-Poble Sec, ha pedido la nulidad del proceso judicial que anula el PAI Mestrets con una maniobra que libraría a la Generalitat y al ayuntamiento de uno de los mayores golpes contra su política urbanística.
Esta alegación fue presentada después de conocerse la sentencia y reclama la nulidad del proceso argumentando que la Generalitat Valenciana no le convocó como interesado en el momento de iniciarse el litigio judicial. Paradójicamente, el citado recurso se basa en un supuesto incumplimiento de la Generalitat Valenciana para reclamar una anulación que, en caso de ser aceptada, terminaría beneficiando a la propia Generalitat Valenciana.
Gecen exige que el nuevo PGOU se adapte a la ley ambiental
El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) manifestó ayer que la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan General de Ordenación Urbana de 2000 implica que el Ayuntamiento de Castelló "tendrá que incorporar al planeamiento municipal la legislación ambiental posterior al año 2000".
Los ecologistas recordaron que a día de hoy "se continua contando y contabilizando medio centenar de zonas verdes en rotondas inaccesibles a los ciudadanos, es decir, ignorando la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP), que impide contabilizar como zonas verdes aquellas zonas que no son accesibles para los ciudadanos".
Gecen también advirtió que el PP deberá tener en cuenta el Decreto 65/2006 de protección de cuevas y el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo, "lo cual hace necesario modificar la clasificación del suelo en el Molí de la Font y su entorno y clasificarlo como suelo no urbanizable protegido". Por último, recordó que la Ley 4/2004 y la LUV obligan a compensar con un metro de zona verde protegida cada nuevo metro reclasificado de no urbanizable a urbanizable".
* Levante-EMV - Nacho Martín - 28.01.2009
Foto: cinco años de protestas. Los vecinos de Els Mestrets se han manifestado durante 5 años en cada pleno - vicent gamir, levante-emv.com
La juez acuerda seguir la causa contra el alcalde de Alhaurín
SUR/Málaga* : La juez del Juzgado de Instrucción nº2 de Coín, encargado del caso 'Troya' sobre la presunta trama de corrupción en Alhaurín el Grande, ha acordado seguir la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra el alcalde, Juan Martín Serón, por si los hechos que se le imputan constituyen presuntos delitos de prevaricación urbanística, cohecho y blanqueo de capitales. Además, decide seguir también contra otras 24 personas, incluido el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.
La instructora ha dictado un auto por el que acuerda la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, una vez que se han practicado «cuantas diligencias se estimaron necesarias para determinar las circunstancias de los hechos y de las personas que en ellos tuvieron participación» y tras el informe presentado el pasado mes de diciembre por la Fiscalía de Málaga.
En dicha resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la jueza indica que de las diligencias practicadas «se desprende que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, presuntamente existía un entramado en virtud del cual se concedían licencias urbanísticas que vulneraban la normativa vigente en esta materia en el momento de los hechos a cambio de retribuciones económicas».
Al alcalde se le imputa que supuestamente «conocía y dirigía la operación»; mientras que el edil de Urbanismo sería presuntamente el que «controlaba y contabilizaba los pagos hechos y los débitos», por lo que se sigue la causa por los delitos de cohecho y prevaricación urbanística, mismo delito, este último, que se le imputan a los asesores jurídicos, quienes supuestamente habrían informado a favor de otorgar licencias contrarias al planeamiento.
Blanqueo
Por su parte, supuestamente los empresarios habrían abonado dinero por esos permisos de obras, por lo que se les imputan delitos de cohecho y prevaricación urbanística, en este caso como inductores; excepto a uno, cuya empresa se habría utilizado para ocultar el capital, por lo que se le imputa un delito de blanqueo, igual que al alcalde y a su esposa.
La jueza insta a dar traslado al fiscal y a las acusaciones personadas para que realicen el escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, aunque precisa que se pueden solicitar «excepcionalmente» la práctica de diligencias complementarias.
* SUR - 27.01.09 -AGENCIAS
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE
Los vecinos piden la paralización del desalojo de La Teixidora de Poblenou
EFE/Barcelona* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona ha pedido la "inmediata paralización" del desalojo del Centro social okupado autogestionado La Teixidora, que los Mossos d'Esquadra han iniciado esta mañana con la resistencia de un grupo de personas que se encuentran en su interior.
Esta entidad vecinal considera que el uso de la vía penal y de una medida cautelar es "desproporcionada" y que se habrían de considerar inmediatamente el recurso presentado por parte de la asamblea del centro okupado para evitar el desalojo.
La FAVB, que ha recordado que este edificio histórico del barrio del Poblenou llevaba más de 30 años de abandono antes de que fuera okupado, ha explicado por medio de una nota de prensa que desde el inicio de la actividad del centro social se ha realizado una importante labor, con un gran número de actividades en el barrio.
La Federación denuncia que se han producido "irregularidades" durante el proceso legal, ya que, en concreto, apuntan, "no se ha dejado formar parte del mismo a la parte acusada hasta el final, cuando la decisión ya estaba tomada, lo que ha creado un estado de indefensión hacia una de las partes".
Añaden además que la urgencia alegada para la aplicación del desalojo cautelar "pierde razón en un espacio donde la propiedad no podrá realizar obras en el edificio durante el próximo año dada la moratoria de los permisos de obras que afecta al Casc Antic del Poblenou".
Por su parte, los Mossos d'Esquadra han asegurado a Efe que han logrado desalojar ya a una treintena de las personas que se encontraban en su interior, otras se han resistido de forma pasiva a abandonar el recinto, mientras que un joven se ha encerrado dentro de una jaula.
La FAVB ha recordado también por medio de una nota de prensa que la orden judicial de desalojo no afecta al tercer piso, "donde un vecino vive en precario, también en proceso de desahucio".
* Qué - EFE - 27.01.2009
Foto: Varios mossos d'esquadra tratan de soltar a un joven que se ha encerrado en un jaula colgada en el patio interior. - EFE.
Más información: http://teixidora.squat.net
Formentera del Segura: El Ayuntamiento ejecuta un plan parcial antes de aprobarlo el Consell y con más viviendas
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Ayuntamiento de Formentera del Segura ha permitido la construcción en el plan parcial SAUR 1 de bloques de pisos, hasta sumar más 300 viviendas, donde estaba previsto la construcción de menos de un centenar de bungalós (tipología aislada y cerrada), tal y como se contemplaba en el proyecto.
Se da la circunstancia de que la actuación urbanística está prácticamente ejecutada, excepto algunos solares, a pesar de que la Dirección Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y Vivienda publicó hace escasos días, concretamente el pasado lunes, día 19 de enero, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la aprobación de manera definitiva de la homologación del proyecto urbanístico, promovido por el propio Ayuntamiento. Esta publicación tras su aprobación era un trámite previo al inicio de las obras. El sector tiene una superficie de 37.249 metros cuadrados y se sitúa al oeste el casco urbano.
Según el anuncio de la Generalitat en el BOP se permitía la edificación de alturas máximas de "6,6 metros con planta baja y una altura" y una "densidad máxima de 25 viviendas por hectárea"; sin embargo, en el lugar han sido construidos bloques de pisos con sótano, planta baja con tres alturas. Una parte de las viviendas está ya habitada y se da la circunstancia que en la última ola de frío se registraron problemas con el suministro eléctrico por lo que se tuvo que habilitar un motor para garantizar la energía a los vecinos.
El Ayuntamiento aprobó el expediente urbanístico en las sesiones plenarias de 4 de febrero de 1999 y 3 de mayo de 2001, pero la Comisión Territorial de Urbanismo acordó suspender la aprobación definitiva hasta que se subsanaran algunas deficiencias. En 2003 esta administración acordó dejar el expediente pendiente de resolución hasta que se completase el mismo con diversos informes pendientes.
La Conselleria, en la publicación del proyecto en el BOP del 19 de enero, indica que se permiten estudios de detalle en las manzanas más grandes del plan parcial para desarrollar tipologías "más intensivas con alturas de planta baja más dos y planta baja más tres".
Según fuentes consultadas por el periódico este tipo de tipología, que se podía haber aplicado en el SAUR 1, hubiese permitido construir las 25 viviendas previstas por hectárea, "concentradas en varias alturas para liberar suelo", pero en este caso todo el terreno está ocupado por bloques con el consiguiente aumento de edificabilidad no previsto en el proyecto.
* Información - E.DE GEA - 27.01.2009
Foto: Una imagen del SAUR número 1 de Formentera el Segura en una imagen tomada la pasada semana - E.D.G., diarioinformacion.com
El juez imputa al alcalde de Agrón por una obra irregular
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LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Agrón, Guillermo López, ha sido citado a declarar en calidad de imputado ante el juzgado de Loja que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de un bloque de pisos en el municipio. La obra está completamente terminada a la espera de la aprobación de la licencia de primera ocupación.
El juez investiga al alcalde por negarse, supuestamente, a paralizar la promoción después de que la Diputación emitiese un informe en el que recomendaba detener la edificación por las irregularidades detectadas.
El bloque, donde se han proyectado siete viviendas y trasteros, vulnera la altura máxima contemplada en el planeamiento urbanístico de Agrón, excede la ocupación prevista por la normativa y su proyecto de ejecución carece del visado pertinente y la firma del arquitecto redactor. Tras constatar esta retahíla de presuntas irregularidades, el técnico de la Diputación recomendó en enero de 2008 la "inmediata paralización de las obras". El secretario del Ayuntamiento de Agrón redactó la orden de paralización pero el alcalde no la llegó a ejecutar, según consta en la denuncia que dio origen a esta investigación judicial.
Guillermo López debe comparecer ante el juez de Instrucción 2 de Loja el próximo 10 de febrero en calidad de imputado. El secretario de la Corporación también acudirá al juzgado para declarar, pero como testigo. El regidor tiene abierta otra investigación de la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por los cuatro concejales de la oposición el pasado mes de diciembre. Los ediles acusan a López, entre otras cosas, de negarse a ejecutar muchos de los acuerdos aprobados en pleno y de destituir en varias ocasiones al tesorero de la Corporación a pesar de tener la mayoría de votos en contra.
Los cuatro concejales de la oposición (dos del PP y dos del PSOE) denunciaron en noviembre de 2007 ante la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía las presuntas irregularidades cometidas por la promotora ´La casona de Agrón S.L.´ en el bloque que ahora investiga el juzgado de Loja. El volumen de la edificación hizo que numerosos vecinos se dirigieran a los ediles para solicitarles que comprobaran la legalidad del proyecto, tal y como han reconocido a este periódico.
Por eso presentaron una moción en el pleno municipal en la que se acordaba solicitar a la Diputación un informe técnico sobre la construcción. Un arquitecto del Área de Cooperación Local y Desarrollo visitó las obras en enero de 2008.
Irregularidades. La estructura estaba finalizada y la obra se encontraba en la fase de "albañilería". En la inspección detectó que el bloque "supera la altura máxima permitida" por el planeamiento urbanístico de Agrón y que la ocupación del inmueble "supera el máximo permitido por la normativa". Otra de las irregularidades incluidas en el informe, al que ha tenido acceso La Opinión, consiste en la orientación del dormitorio de un piso hacia "un patio interior de iluminación y ventilación", en contra de los previsto por el municipio (patio de manzana o de parcela).
En el plano administrativo y municipal, el responsable de la Diputación advierte que el proyecto de ejecución "carece del visado pertinente" y que tanto el proyecto básico como el de ejecución "carecen de la firma del arquitecto redactor".
La conclusión del informe fue tajante. La Diputación recomendaba "la inmediata paralización" de las obras "hasta que no se resuelva el expediente y se adopten las medidas correctoras pertinentes".
El director general de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, tras conocer el dictamen de la Diputación, instó en dos ocasiones al alcalde de Agrón a adoptar las medidas de "disciplina urbanísticas" necesarias para corregir esas irregularidades.
Al mismo tiempo, el secretario del Ayuntamiento de Agrón redactó una orden de paralización de las obras que el regidor "impidió ejecutar de forma oral", según denuncian los concejales de la oposición. La promotora siguió con la construcción, que ya está finalizada. Esta situación llevó al secretario a informar por escrito de las "consecuencias tan nefastas que podría acarrear al Ayuntamiento" el incumplimiento de la orden de paralización.
Este hecho, junto con la presunta permisividad del alcalde a la hora de no aplicar la disciplina urbanística en ese caso concreto, es lo que investiga el juez de Instrucción 2 de Loja y por lo que ha sido imputado Guillermo López.
El alcalde aseguró a este periódico que ya ha declarado ante la Fiscalía por esta denuncia y se negó a pronunciarse sobre el caso al existir un procedimiento judicial abierto al respecto.
* La Opinión de Granada - PABLO MARISCAL - 27.01.2009
Foto: Agrón (Granada) - ideal.es
El urbanismo enfrenta a parlamentarios españoles y británicos en la Eurocámara
LEVANTE* : El debate sobre el Impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, en el medio ambiente y en la aplicación de la legislación comunitaria que la Comisión de Peticiones de la Eurocámara realizó el pasado martes dejó claro que es una batalla que enfrenta, sobre todo, a británicos y españoles.
Los eurodiputados españoles del PP y del PSOE coincidieron en algo a pesar de sus diferencias: van a enmendar el documento elaborado por la danesa ecologista Margrete Auken. Un proyecto de resolución que pide una moratoria, la revisión de la legislación y plantea congelar las ayudas europeas hasta que se resuelva el conflicto. En cambio, su homólogos británicos, con independencia a sus afinidades políticas, manifestaron su apoyo a un informe que llegaron a calificar como uno de los "mejores" sobre la problemática del urbanismo en España. Y van tres en la Eurocámara.
"Toda la batalla" se va a desarrollar en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aseguraron fuentes del Partido Popular. Esto se debe a que se trata de un informe de iniciativa y el nuevo reglamento de la Eurocámara fija que este tipo de resoluciones no pueden enmendarse en su paso por la sesión plenaria sino únicamente en comisión parlamentaria. Por tanto, el texto que resulte del voto del próximo día 11 será, sin posibilidad de cambios, el documento respecto al cual se pronuncie el pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Estas fuentes avanzaban que el resultado dependerá de qué equipo -españoles o británicos- consigue llevar más seguidores el día de la votación en dicho comité. Los españoles tienen ventaja en número ya que son siete titulares (tres del PP, dos del PSOE, uno de Los Verdes y uno de Izquierda Unida) frente a cinco británicos (dos demócratas cristianos, dos socialistas y uno de la Alianza de los Demócratas y Liberales). No obstante, los eurodiputados españoles de IU y Los Verdes se mostraron a favor del informe Auken. A lo que hay que añadir que lo que cuenta es la afiliación ya que, por ejemplo, un eurodiputado popular español o británico puede sustituir el día de la votación a otro del PP alemán.
Composición de la comisión
La Comisión de Peticiones cuenta con un presidente -Marcin Libicki del Grupo Unión por la Europa de las Naciones-, cuatro vicepresidentes, 33 miembros y 22 suplentes. Según el reparto global, el Partido Popular Europeo cuenta con 14 voces; mientras que el Grupo Socialista (PSE) tiene dos escaños menos (12); la Alianza de los Demócratas y Liberales tiene cuatro eurodiputados; Los Verdes y la Unión por la Europea de las Naciones dos cada uno; y por último Izquierda Unitaria, Independencia y Democracia y los No Inscritos cuentan con un voto cada uno.
No obstante, las fuentes parlamentarias consideraron que la "coordinación es superior" entre los dos grupos mayoritarios españoles que entre los británicos y opinaron que ambos partidos podrían ponerse de acuerdo para "ir a votar" a la Comisión y "conseguir arreglar" el proyecto de resolución de Auken.
Las fuentes del PP indicaron que la intención es enmendar la práctica totalidad del texto aunque lo "mejor" sería "votar en contra". Algo que no harán los socialistas porque han sido ellos los que empezaron a "hacer rodar la pelota" de este tercer informe, añadieron.
La eurodiputada socialista Maruja Sornosa descartó un posible pacto con los populares La eurodiputada señaló que en el Parlamento Europeo "existe el sentimiento de que se han cometido muchas irregularidades", en la costa de la Comunitat Valenciana, de Murcia y de Almería. "Aquí la gente está muy sensibilizada, pero me parece que no serviría de nada que en el informe fuéramos a máximos", subrayó en cuanto a una posible guerra hispano-británica. Los socialistas piden la retirada de la mención a una moratoria y el mantenimiento de los fondos.
* Levante-EMV - Nayra Aguado, Bruselas - 26.01.2009
Foto: Bruselas, comité de peticiones de la UE - levante-emv.com
Campaña de Ecologistas en defensa del patrimonio histórico y arqueológico
MADRIDDIGITAL* : Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid informó ayer ha creado un nuevo ámbito de trabajo, la defensa del patrimonio histórico y arqueológico. Esta organización considera esencial dar a conocer este rico patrimonio, ponerlo en valor y frenar su destrucción. “En los últimos años ha sido clamorosa la destrucción de restos paleontológicos, romanos, visigodos y árabes, entre otros, por la actividad urbanística y la construcción de infraestructuras”, considera.
Ecologistas en Acción ha venido defendiendo de forma discontinua el patrimonio histórico y arqueológico en la Comunidad de Madrid, pero ha anunciado que a partir de 2009, el trabajo se hará “de forma coordinada y sistemática”. Para ello se ha creado una comisión de trabajo específica sobre estos temas. Esta comisión ya cuenta con el apoyo y asesoramiento técnico, totalmente desinteresado, de arqueólogos e historiadores.
Santiago Martín Barajas, coordinador de la nueva comisión de trabajo, recuerda que Ecologistas en Acción ha elaborado informes para recuperar el puente medieval cubierto por las aguas del embalse de San Juan, ha intervenido en la restauración de la calzada romana de Galapagar, ha participado en la defensa legal de la Cerca de Felipe II o, en la paralización del plan urbanístico de San Lorenzo de El Escorial que pretende construir 7.000 viviendas sobre el antiguo asentamiento urbano de Monasterio (donde Felipe II mandó construir una casa fortaleza y que, a su vez, se asienta sobre yacimientos romanos y prerromanos).
A pasar de la riqueza arqueológica de la Comunidad de Madrid, existen más de 5000 yacimientos identificados en la Carta Arqueológica, la mayoría de la población desconoce este patrimonio. Este desconocimiento y la desidia, de gran parte de la administración responsable, favorecen su destrucción
Para los ecologistas, los principales problemas que amenazan el patrimonio histórico y arqueológico son el crecimiento urbanístico y la construcción de infraestructuras. Estas actividades han supuesto, en los últimos años, la destrucción de la principal ciudad visigoda de la Comunidad de Madrid, en San Martín de la Vega, así como de numerosas villas y poblamientos de la época romana, especialmente en el municipio de Arroyomolinos, aunque también en Villaviciosa de Odón y Villamanta. En la capital hay que destacar la destrucción de yacimientos paleontológicos y arqueológicos, en las terrazas del río Manzanares, por el enterramiento de la M-30.
Tampoco los palacios de gran valor histórico y artístico han quedado a salvo, como ocurre con el palacio de Nuevo Baztán, cuyas huertas se encuentran amenazadas por el nuevo plan urbanístico. Igualmente sucede con el Canal de Cabarrús antigua vía de agua que discurría por el noreste de la Comunidad de Madrid. Se construyó en el siglo XVIII para usos agrícolas y unía las cuencas de los ríos Lozoya y Jarama. Parte de este Canal y de sus infraestructuras (puentes, caminos, etc) están amenazados por el plan general de Torremocha de Jarama.
Por otra parte, Ecologistas en Acción califica de “lamentable” el estado de abandono en que se encuentran importantes yacimientos arqueológicos que podrían ser excavados, rehabilitados y adecuados para ser visitadas por los ciudadanos, como se está haciendo en otras comunidades autónomas. Son los ejemplos de la ciudad árabe de Kalatalifa en la ribera del río Guadarrama, las salinas de Espartinas en Ciempozuelos o, los restos romanos del entorno de la Ermita de Santiago, en Valdemoro, amenazados por la próxima construcción de un polígono industrial.
Por todo ello, Ecologistas en Acción va a iniciar una labor de denuncia de la situación pero al mismo tiempo “de difusión, de presentación de propuestas y de defensa del patrimonio histórico y arqueológico de la Región”.
* Madrid Digital - 22.01.2009
Andalucía: Más de 3.000 familias han sido desahuciadas de viviendas públicas
ELPAÍS* : Las viviendas promovidas por las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de las clases menos privilegiadas han sido con frecuencia objeto de ocupaciones ilegales con operaciones clandestinas de traspaso que han generado toda una picaresca a la que las instituciones intentan ahora poner coto.
Desde el año 2000, la Junta de Andalucía ha instruido 3.277 expedientes de desahucio de casas del parque público que estaban ocupadas ilegalmente, de los que 528 están actualmente en ejecución.
En Andalucía existe un parque público de 69.187 viviendas de promoción pública de titularidad autonómica repartidas en 491 municipios, de las que se estima que unas 38.000 están realmente ocupadas por sus arrendatarios titulares.
El resto o está desocupada, o habitada por inquilinos que no tienen derecho sobre ellas o que si lo tienen no están en condiciones de acreditarlo. El fenómeno pone en evidencia las deficiencias en la gestión realizada por las administraciones públicas, que no han sido capaces de controlar el uso de las casas por parte de sus verdaderos adjudicatarios. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan para la regularización jurídica de las viviendas y la reparación del parque existente, ya que en muchos casos las casas están en condiciones de abandono y son inhabitables.
Además de los 3.277 desahucios tramitados, la Junta ha concluido ya los trámites de normalización de 4.552 casas y tiene en trámite las de otras 2.581 nuevas. La mayoría de estas situaciones se localizan en barriadas con problemas de exclusión social en los que el objetivo de los planes de intervención, además de depurar la situación jurídico-registral de las viviendas y el establecimiento de un régimen de derechos y obligaciones, son las actuaciones encaminadas a la integración social.
Uno de los frutos, es que el 71% de los adjudicatarios de viviendas públicas en régimen de alquiler cumple ya con sus obligaciones del pago de la renta correspondiente y además están comprometidos en el funcionamiento y mantenimiento de las comunidades de vecinos, órganos exigidos por la administración para la ejecución de sus planes de rehabilitación de viviendas y otras actuaciones de asistencia social.
La Administración intenta además implicar a las comunidades y a los propios vecinos en el control del uso correcto de las viviendas y en evitar las transacciones ilegales de éstas. Según datos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos ocho años se han invertido más de 58 millones de euros en planes de reparación y mantenimiento que han beneficiado a 25.720 viviendas.
De las 69.156 viviendas de titularidad pública que gestiona la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), la inmensa mayoría, 79%, están en alquiler. El resto están ocupadas por inquilinos con derecho a la propiedad, 9.844 en régimen aplazado, que pagan plazos al finalizar los cuales obtienen las escrituras, y otras 4.759 en acceso diferido, lo que significa que la Administración mantiene la gestión hasta que se adjudican las escrituras.
Además, en las situaciones con mayores problemas de integración social, la Administración regional impulsa en colaboración con los ayuntamientos planes integrales de actuación en zonas con necesidades de transformación social que van mucho más allá de la mera gestión de los inmuebles y persiguen la dinamización de las barriadas con programas de empleo y cobertura social.
Hasta el momento, se han diseñado y están en ejecución planes en 10 ámbitos: El Puche (Almería), El Saladillo-La Piñera (Algeciras), La Constitución (Jerez), San Martín de Porres (Córdoba), Almanjáyar (Granada), Huerta Carrasco (Motril), El Torrejón (Huelva), Arrayanes (Jaén) , Los Asperones (Málaga) y San Miguel-El Castillo.-La Coracha (Alcalá de Guadaira).
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/01/2009
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es
La "invasión" de chalés en la costa impide que la CHS deslinde las ramblas
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comenzado los trabajos para deslindar varias zonas de la comarca (ramblas, barrancos, vaguadas...) con el fin de incluirlas dentro del catálogo de zonas de Dominio Público Hidráulico en un proyecto que incluirá toda la comarca, aunque el trabajo no está siendo nada fácil.
Los técnicos de la CHS, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, han detectado importantes problemas a la hora de deslindar el dominio público en la zona de las playas de Orihuela. Allí, muchos barrancos han sido ocupados total o parcialmente, sobre todo, por urbanizaciones que en algunos casos se han dotado con puentes cuya capacidad de desagüe es muy inferior a la circulación de caudales en momentos puntuales de lluvia, siempre según las fuentes oficiales.
Desgraciadamente, en la Vega Baja es relativamente habitual que muchos ayuntamientos permitan que promotores urbanísticos, con el consentimiento de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (organismo que aprueba definitivamente los planes), incluyan en el cómputo general del suelo afectado por las urbanizaciones las ramblas y barrancos colindantes, pese a que no son urbanizables.
Este suelo, una vez dento del proyecto, se califica como zona verde, aumentando consecuentemente el suelo urbanizable e incrementando los beneficios, siempre según las fuentes consultadas por este periódico.
El comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, recuerda que de este modo es difícil conservar el ecosistema natural cuando convive prácticamente dentro de las urbanizaciones, lo que complica la subsistencia de la flora y la fauna que habita en ellos.
Hasta el momento, los deslindes previos que lleva a cabo la CHS han tenido lugar en al menos 15 ramblas situadas en diferentes lugares de la costa de Orihuela, Guardamar, Torrevieja y en el Hoyo Serrano, atravesado por el barranco del Calderón, entre los términos municipales de Rojales, Almoradí y Algorfa. La medida también se está llevando a cabo en la Rambla de la Escuera, en San Fulgencio.
Los principales problemas, según la CHS, se producen en la costa oriolana, donde se registran inundaciones periódicas en algunos puntos cada vez que se producen lluvias de mediana importancia, ya que las salidas naturales al mar han sido cortadas por urbanizaciones e infraestructuras. En varios casos, las viviendas han sufrido desperfectos o, incluso, han sido posteriormente derribadas porque estaban situadas sobre terrenos de relleno de barrancos.
Por ejemplo, en el barranco del Garbanzuelo, en Torrevieja, la CHS intenta desde hace meses demoler un muro construido en el centro de la vaguada por un promotor de Orihuela que obstaculiza el paso de las aguas cuando se producen lluvias y ocasiona inundaciones en las viviendas cercanas.
A pesar de existir un expediente de demolición, no se ha podido ejecutar debido a la oposición del empresario, que ha puesto en marcha todo tipo de trabas legales para impedir que se pueda acceder al lugar donde se encuentra porque hay que atravesar suelo de su propiedad.
Servidumbre
Otro problema radica en que la zona de servidumbre de ramblas y barrancos no está considerada como dominio público, por lo cual la CHS no puede actuar y todo queda bajo la competencia del ayuntamiento. En estas zonas es donde más se han construido viviendas, muchas de las cuáles, además del riesgo de inundación en caso de una avenida de agua, está sufriendo importantes problemas estructurales debido a la configuración de los suelos, la mala calidad constructiva y a la existencia de acuíferos.
Este proyecto de la CHS lleva pareja una serie de actuaciones de mejora medioambientales, según Aldeguer, que destacó que este tipo de deslinde se debería haber ejecutado hace mucho tiempo para evitar su ocupación, pero había otras prioridades.
Un proyecto que se realiza en todo el país
Las actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Restauración de Ríos que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está ejecutando en toda la geografía nacional.
Este proyecto tiene varios fines, como crear empleo, proteger y poner en valor el medio natural y, sobre todo, evitar la especulación urbanística de este tipo de suelo, evitar que sean ocupados por vertidos de solidos, construcciones, urbanizaciones o por nuevos cultivos y que sigan cumpliendo su función secular de evacuación de aguas en momentos puntuales, como en el caso de fuertes lluvias.
* Información - E. DE GEA - 25.01.2009
Foto: La Confederación reconoce que el proyecto encuentra trabas en numerosos puntos verdes de la comarca - LOINO, diarioinformacion.com
Condenado el ex alcalde de Ojén por otorgar dos licencias en suelo no urbanizable
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EUROPAPRESS/Málaga* : El ex alcalde del municipio malagueño de Ojén en 1996, Francisco Manuel Vázquez, fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga a penas de multa por la concesión de dos licencias para construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. La misma sentencia determina que otros cuatro concejales en aquel momento tuvieron implicación en el caso, por lo que también fueron condenados por delitos urbanísticos.
Las multas que deberán pagar ascienden a los 5.400 euros y serán inhabilitados hasta siete años para ocupar un cargo público de concejal.
En junio de 1996 el alcalde de la localidad de Ojén y los entonces ediles Juan Sánchez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge concedieron por unanimidad en una comisión de gobierno de junio de 1996 una licencia a una mujer extranjera para construir una vivienda unifamiliar en el paraje de Coto de los Dolores. Este permiso se concedió a pesar de que el informe del arquitecto técnico "no contenía pronunciamiento sobre la procedencia o no de su otorgamiento", ya que debía tramitarse obligatoriamente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, "órgano al que nunca fue remitido el expediente".
Por estos hechos, el ex alcalde de la localidad malagueña y el concejal Juan Sánchez fueron condenados por dos delitos contra la ordenación del territorio a 12 meses de multa por valor de 15 euros diarios, lo que supone un desembolso de 5.400 euros. Además, permanecerán inhabilitados durante siete años para el desempeño de cargo público de concejal. Por su parte, los otros tres ediles, Andrés Gómez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge están condenados sólo por un delito urbanístico, al haber participado en la aprobación de una licencia, por lo que cada uno deberá pagar una multa de 2.700 euros, y serán igualmente inhabilitados durante tres años y medio para el desempeño de cargo público de edil.
El permiso de obra que concedieron se otorgó a pesar de que el propio proyecto técnico presentado con la solicitud advertía de que el suelo era "no urbanizable de protección ambiental", y de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Además, la sentencia explica que se declara probado que en el propio proyecto técnico constaba que donde se pretendía edificar era suelo no urbanizable común y excedía la altura permitida.
OTRO CASO SIMILAR
Posteriormente, en noviembre de 1998, el todavía alcalde y los entonces ediles Juan Sánchez y Andrés Gómez otorgaron otra licencia en similares circunstancias. En este caso, se trataba de la autorización para construir una casa cortijo en una finca ubicada en una zona denominada Elviria, en el mismo paraje que la licencia de 1996, y que también fue concedido a pesar de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Esta es la segunda vez que se celebra este juicio. La primera sentencia fue recurrida y la Audiencia declaró la nulidad y volver a celebrar juicio para llamar a los titulares de las licencias de obra y al Ayuntamiento de Ojén.
En este segundo caso, "en el colmo de una tramitación apresurada, directamente se otorgó la licencia sin haber emitido su informe el técnico municipal, quien el día antes a la celebración de la comisión de gobierno, exponía que era necesario aportar determinada documentación para poder emitir el informe", según se desprende de la sentencia.
* Europa Press - 25.01.2009
Foto: Ojén (Málaga) - ojen.com
Benicàssim: Un juzgado anula la 5ª fase de Montornés
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LEVANTE* : Un juzgado de Castelló ha dejado sin efecto el PAI por el que la mercantil Montornés SA pretendía construir unas 130 viviendas en la denominada quinta fase del sector. El juez argumenta que el ayuntamiento aprobó el proyecto sin aplicar la LUV, que ya estaba en vigor cuando se celebró el pleno en junio de 2006. La asociación Voltants del Desert y la Magdalena, colectivo que presentó el recurso, confía en que el actual equipo de gobierno tramite ahora un PAI más sostenible.
La mercantil Montornés SA, del grupo Gimeno, tendrá que frenar su proyecto para construir 129 viviendas en la urbanización Montornés de Benicàssim tras la sentencia que anula el acuerdo plenario que aprobaba de manera definitiva la denominada 5ª fase del sector. El fallo judicial, dictado el pasado 9 de enero por el magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castelló, supone un triunfo inicial de la asociación Voltants del Desert i la Magdalena, que fue la que llevó ante el juzgado el visto bueno al sector por el pleno del 12 de junio de 2006.
El principal motivo de nulidad viene marcado por la tramitación del PAI siguiendo la derogada LRAU en lugar de aplicar la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en pleno vigor cuando el Ayuntamiento de Benicàssim aprobó de manera definitiva y adjudicó el sector a Montornés SA. Al respecto, cabe recordar que la LUV, publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el 32 de diciembre de 200, entró en vigo un mes después, esto es, en enero de 2006, por lo que "resulta evidente que la LUV ya había entrado en vigor en la fecha del acuerdo del pleno del ayuntamiento (1,2 de junio de 2006)", recoge la sentencia.
Para el colectivo vecinal que presentó el recurso "estamos ante una oportunidad clara para que el Ayuntamiento de Benicàssim, al tener que tramitar de nuevo el PAI, articulo todos los mecanismos que pueda para modificar lo que estaba previsto y mejorar la protección de una zona que linda con el paraje natural del Desert de les Palmes".
Valoración vecinal
Lo cierto es que la historia de este sector está marcada por un sinfín de sentencias que aún no han acabado. La urbanización Montornés contaba con el suelo calificado como urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984. El ayuntamiento, en el primer mandato de Francesc Colomer, aprobó en 1994 un nuevo PGOU en el que el suelo de las fases IV i V, pendientes de desarrollar, era clasificado como suelo no urbanizable, lo que llevó a los tribunales a Montornés SA. El TSJ, en abril de 1998, dio la razón a la empresa por lo que, tras un fallido recurso de casación del Ayuntamiento ante el Supremo, finalmente el consistorio tuvo que asumir que el suelo volvía a ser urbano y finalmente, en julio de 2006, el ayuntamiento aprobó el PAI e la V fase de Montornés.
Los vecinos insisten en que "nosotros somos conscientes de que no hay marcha atrás en la calificación del suelo y que ahí se va a poder construir, pero lo que siempre hemos dicho es que una cosa es asumir que es urbanizable y otra que tenemos que desarrollar ese PAI de casi 130 viviendas que presentó la empresa".
En esta línea, comentan que "nosotros entenderíamos que Montornés SA presente un recurso contra esta sentencia del juzgado de lo contencioso, pero no comprenderíamos en absoluto que también lo hiciera el ayuntamiento, que tienen una gran oportunidad para mejorar la protección de la zona".
Al respecto, desde la asociación recuerdan que "los actuales gobernantes, sobre todo Francesc Colomer, Susana Ros y Sebastián Esparducer, siempre han dejado claro que no era el PAI que más les gustaba, por lo que ahora pueden demostrarlo". De hecho, Esparducer votó en contra de la adjudicación del PAI en el pleno de junio de 2006.
* Levante-EMV - Emilio Regalado, Castelló - 25.01.2009
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com
