ELPAÍS/Barcelona* : El turismo barato amenaza Barcelona. Llegó a través de Internet en compañías aéreas de bajo costo y ha logrado en los últimos años afianzarse con apartamentos a precio de saldo, en su mayoría ilícitos. El fenómeno ha permitido la creación de una amplia red de alojamientos ilegales que nadie controla y que acaban convirtiéndose en pisos patera para turistas. Primero fue Ciutat Vella, pero ahora es también Diagonal Mar y otras zonas de la ciudad. Los gestores municipales están alarmados; reclaman instrumentos legales que permitan cazar a los promotores y cerrar los alojamientos clandestinos. Se calcula que sólo en Ciutat Vella hay más de 1.000 apartamentos clandestinos.
"Otra manera de estar en Barcelona; disponemos de toda una gama de apartamentos de vacaciones que van desde alojamientos baratos a precio de saldo a lujosos apartamentos para ejecutivos...", asegura una propaganda de apartamentos vacacionales por días. Los precios son tentadores: 40 euros al día por un apartamento de 32 metros cuadrados y dos camas, o 105 euros al día por uno de 86 metros cuadrados con capacidad para cuatro personas. La negociación se efectúa a través de Internet, así como el pago, que se realiza con tarjeta de crédito.
El único contacto humano es el de una azafata o encargada que, de manera también discreta, le esperará el día de su llegada a la puerta del apartamento para darle la llave, y el de su salida, para recogerla. Cuando el grupo de ocupantes se va, viene una brigada de limpieza y reparación que adecenta el piso para la nueva remesa. Nadie controlará ni fiscalizará el número real de turistas que acabará utilizando el apartamento. Las vacaciones están servidas.
"La red de apartamentos ilegales de Barcelona cada vez es más amplia y compleja. Surgen y se desvanecen con facilidad. No dejan rastro. La capacidad de los gestores de apartamentos turísticos ilegales para camuflarse en Internet es inaudita", asegura Elio Lozano, director de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, donde se concentra la mayor oferta clandestina de la ciudad.
Ciutat Vella cuenta con una red legal de 700 apartamentos turísticos, inscritos en el registro de Turismo de la Generalitat y que han sido homologados por los servicios técnicos del distrito. Al margen de esta oferta legal, se esconde una red de alojamientos clandestinos cuya magnitud, según los técnicos, es imposible determinar. Las investigaciones efectuadas, especialmente a través de Internet, les han permitido identificar en el distrito al menos tres grandes redes. También han detectado otra variante inquietante: ofertas individualizadas, de pequeños propietarios. No hay direcciones. En el mejor de los casos, un número de teléfono movil.
"En el distrito de Ciutat Vella nos hemos convertido, gracias a una reciente ordenanza de usos, en pioneros en Cataluña en la lucha contra los apartamentos ilegales. Pero nos faltan instrumentos legales suficientes para actuar con energía, de la misma manera que lo podemos hacer con los comercios ilegales. Por eso reclamamos de la Generalitat que ponga orden y reglamente el sector, pero sobre todo que nos dé armas", insiste el responsable técnico de Ciutat Vella. Además, "detrás de cada apartamento ilegal puede haber también un fraude fiscal".
Los promotores de apartamentos ilícitos de Ciutat Vella, presionados por la persecución municipal, se han visto obligados a buscar otras zonas de expansión. Diagonal Mar se está convirtiendo en un nuevo destino del turismo clandestino. El fenómeno es relativamente nuevo en este distrito. Pero aun así hay detectados al menos 60 apartamentos ilegales, que cohabitan con otros 100 legales, según Joan Soto, de la concejalía. El mercado ilegal trata asimismo de abrirse camino en el Eixample y se detectan casos en Sants, Poble Sec y Montjuïc. "El mejor aliado que tenemos por ahora en la lucha contra este tipo de apartamentos son los propios vecinos. Las denuncias a la Guardia Urbana nos permiten actualizar nuestros datos y en muchos casos actuar", opina Lozano.
Porque, sean legales o ilegales, los problemas no terminan ahí. Los vecinos de algunas casas de la calle de Caracas padecen las molestias de este tráfico. En los balcones han colgado pancartas para recordar al Ayuntamiento que tiene un tema pendiente: "Hereu, esto no es un hotel".
"¿Sabe usted lo que supone para una comunidad estable de 60 vecinos descubrir de pronto que en el inmueble hay periódicamente un movimiento rotatorio de otros 30 inquilinos?", comenta un vecino. Entre el 10% y el 20% de los pisos de su edificio sirven de alojamiento turístico por días. Hay quejas de todo tipo: turistas borrachos haciendo sus necesidades en la piscina, uso indebido y abusivo de los ascensores, insultos y malos tratos, y sobre todo, fiestas ruidosas a horas intempestivas.
Las noches son infernales
Las quejas de los vecinos de este tipo de turismo son persistentes.
"Para mí no hay diferencia entre los apartamentos turísticos legales y los ilegales. Todo es lo mismo. Es un infierno vivir junto a un piso turístico por días", asegura Diana Oliva, de 60 años, secretaria de dirección y vecina del inmueble número 23 de la calle de la Portaferrissa de Barcelona.
Desde hace más de un año los vecinos de esta comunidad se han dirigido a las diferentes administraciones solicitando el cierre de los dos apartamentos turísticos existentes en el edificio. Hasta ahora han conseguido sólo el cierre de uno de ellos, que era ilegal. Las quejas de estos vecinos coinciden también con los de Via Laietana 13, donde los residentes se ven obligados a convivir con los turistas de 11 apartamentos turísticos.
"Hay noches en que es imposible dormir. Hay noches que nos las pasamos en vela con el corazón encogido. Cuando no es la música, son los gritos, las risas, los portazos sin contemplaciones, los movimientos de muebles y las llamadas por interfono o timbrazos equivocados. Una vez los huéspedes llegaron borrachos", describe Diana Oliva en una de las cartas de denuncia.
* ELPAIS.com - FERRAN SALES - Barcelona - 21/10/2007
Foto: Pisos patera - terra.org
'Pisos patera' para turistas
Vitoria: La Fiscalía denuncia al ex concejal Ibarrondo por prevaricación urbanística
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ELCORREO* : La tormenta política que salpicó al anterior gobierno del PP de Vitoria en el tramo final de su mandato por los controvertidos chalés de Ali e Ibaiondo tiene desde ayer derivaciones judiciales. La Fiscalía de la Audiencia, tras examinar durante cinco meses -a petición de PNV, PSE, EB y EA- las conclusiones de la comisión municipal de investigación sobre ambos casos, ha decidido denunciar ante el juez al ex teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, y al que fue su director en ese área, Antón Sáenz de Santa María. A su juicio, existen indicios de prevaricación urbanística en su actuación en las dos promociones.
Además, Josu Izaguirre cree que a este último podría atribuírsele también un delito de falsedad documental.
En Ibaiondo, el Consistorio popular permitió a una promotora cobrar un sobreprecio por unos chalés tasados que el ministerio público juzga ilegal. En Ali, autorizó a otra constructora a levantar siete casas en lugar de las seis que, por el tamaño del solar, permite la legislación vigente.
La primera de las dos polémicas saltó a la luz en agosto de 2006. Los adjudicatarios de veinticuatro chalés bioclimáticos en el barrio de Ibaiondo acusaron a la promotora, Opacua, de cobrarles 54.000 euros más del precio fijado por el Ayuntamiento por cada casa. ¿La razón esgrimida por la constructora? Las singulares dotaciones ecológicas de los unifamiliares, tales como placas solares, dispositivos de aprovechamiento de las aguas pluviales y otros elementos destinados a reducir el consumo energético.
El coste final de las viviendas, sin embargo, había sido fijado cuatro años antes por el pleno del Consistorio de la capital: unos 250.000 euros, el resultado de aumentar en un 75% el coste de un piso de protección oficial «dadas las medidas medioambientales previstas en los chalés», explicitaba el texto aprobado por la Corporación.
Pese a ello, el 18 de julio de 2003, Opacua se dirigió por escrito al Departamento municipal de Urbanismo, entonces dirigido por el concejal popular Jorge Ibarrondo, para preguntarle por el precio que debía cobrar a los adjudicatarios de las casas, que habían sido determinados por sorteo. La contestación la firmó apenas cuatro días después, en una controvertida 'nota informativa', el director del área, Antón Sáenz de Santa María, antiguo dirigente e ideólogo de la desaparecida Unidad Alavesa. Según su interpretación, en el precio estipulado en la resolución plenaria no se contemplaba el coste de los equipamientos ecológicos, por lo que la firma podía repercutir 54.000 euros más por casa, con lo que su precio final quedaba en 304.000 euros.
Lectura falsa e interesada
Esta decisión fue duramente contestada por el Ararteko, el Síndico y la Secretaría municipal -el órgano jurídico de mayor rango del Ayuntamiento-. En sendos informes, todos ellos censuraron al Gabinete de Alfonso Alonso «por permitir un sobrecosto indebido para los adjudicatarios y un enriquecimiento injusto para la promotora».
Ahora el fiscal jefe, tras examinar la documentación que pusieron en sus manos los partidos de la oposición el 3 de mayo, se alinea también con esta tesis y ve indicios sólidos de prevaricación en la actuación de Ibarrondo y Sáenz de Santa María, y de un delito de falsedad documental en este último. El ministerio público considera que la 'nota informativa' del director de Urbanismo no sólo contradice de manera flagrante lo acordado por el pleno municipal -que fijó el precio de los chalés teniendo ya en cuenta su carácter bioclimático-, sino que entiende que hace una lectura falsa e interesada del mismo.
Josu Izaguirre estima que al permitírsele cobrar ese sobreprecio ilegal la promotora, Opacua, obtuvo un beneficio extra totalmente injustificado. Y es que la constructora logró la adjudicación por menos de 1,8 millones de euros y sus ganancias con la operación bordean los 1,3 millones de euros.
Los propietarios de los chalés solicitaron en enero al Ayuntamiento que se les devuelva el dinero que tuvieron que pagar de más. Hace poco más de un mes, el nuevo alcalde, el socialista Patxi Lazcoz, anunció que «si no hallamos un subterfugio legal para conseguir que Opacua devuelva el dinero, el Consistorio asumirá la responsabilidad».
Cambio de criterio
En puertas de la Navidad de 2006, a sólo cinco meses de las elecciones, cuando el enfrentamiento entre el Gabinete Alonso y la oposición por el caso anterior estaba al rojo vivo, EA destapó el segundo escándalo urbanístico. El único edil de esta formación, Antxon Belakortu, acusó a Ibarrondo y a Sáenz de Santa María de haber autorizado en junio de 2005, en contra de todos los informes técnicos, la construcción de siete chalés en una parcela del pueblo de Ali en donde sólo se podían levantar seis.
Según Belakortu, la empresa Salgado Iglesias pidió en dos ocasiones -en julio de 2003 y en diciembre de 2004- autorización al Ayuntamiento para hacer las siete casas. En ambas ocasiones le fue denegada la licencia porque, según los técnicos, el Plan General de Ordenación Urbana fija un máximo de seis viviendas -una menos de las solicitadas- cuando el solar no llega a los 2.000 metros cuadrados, como era el caso.
Pese a ello, la promotora volvió a la carga una tercera vez. Sin nuevos informes técnicos que dejaran sin efecto los que anteriormente habían llevado a Ibarrondo a rechazar la autorización, el director de Urbanismo concede el permiso con la resolución previa, a favor del plan, firmada por el concejal. El edil de EA calculó entonces que, la construcción del séptimo chalé proporcionó a Salgado Iglesias un beneficio extra de unos 250.000 euros.
En su resolución, la Fiscalía no ve ningún motivo que justifique ese cambio de criterio y por tanto entiende que la concesión de la licencia contraviene la legalidad. A su juicio, hubo voluntad de favorecer de manera manifiesta a la promotora. Un comportamiento por el que podría imputarse al antiguo edil popular un delito de prevaricación.
La denuncia del fiscal jefe, Josu Izaguirre, será asignada en breve a un juzgado para que investigue y enjuicie si ve indicios de delito en ambas actuaciones.
CRONOLOGÍA
8 de agosto de 2006: Los adjudicatarios de los 24 chalés bioclimáticos de Ibaiondo denuncian que la promotora les exige más dinero por casa del fijado por el pleno.
20 de diciembre de 2006: En plena polémica por el 'caso Ibaiondo', EA denuncia que el concejal y el director de Urbanismo dieron luz verde en junio de 2005 a una licencia de obra para hacer 7 chalés en una parcela de Ali donde, según la ley, sólo se podían hacer 6.
21 de diciembre de 2006: La oposición fuerza una comisión para investigar las «irregularidades» en Urbanismo.
9 de enero de 2007: El Ararteko, al que recurrieron los adjudicatarios de los chalés de Ibaiondo, censura al Gabinete Alonso por permitir un sobreprecio «indebido».
11 de enero de 2007: Arranca la comisión de investigación, en la que participarán 30 personas entre técnicos y responsables políticos.
17 de enero de 2007: Los adjudicatarios de las casas de Ibaiondo reclaman al Ayuntamiento 1,3 millones de euros de indemnización,
22 de febrero de 2007: El Síndico dice que la promotora de los chalés de Ibaiondo «se enriqueció de forma injusta».
21 de marzo de 2007: La Secretaría municipal -máximo órgano jurídico del Consistorio- censura la actuación del equipo de gobierno del PP en ambos casos.
7 de marzo de 2007: El entonces alcalde Alfonso Alonso respalda la gestión de Urbanismo y emplaza a la oposición a ir a los tribunales.
3 de mayo de 2007: PNV, PSE, EB y EA ponen en manos de la Justicia los casos de Ali e Ibaiondo.
* El Correo Digital - 20.10.07 - I. OCHOA DE OLANO
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
Maragall se quedó corto
ELPAÍS/Editorial* : Un auto judicial ha venido a ilustrar que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, escribió recto con renglones torcidos. Las comisiones de las constructoras a empresas públicas bajo el Gobierno de CiU, según se desprende del auto, existieron. Y no fueron del 3%, como dijera Maragall en 2005 en el Parlamento catalán, sino que en algún caso -estima el magistrado- llegaron a ser del 20%. El monto de las cifras desveladas hasta el momento no es relevante: 60.000 euros. Pero la gravedad reside en que el perjudicado por ese entramado sea el eslabón más débil de la cadena social: los ciudadanos que precisan acceder a un piso protegido. Y sobre todo ello cae la sombra de la financiación ilegal de los partidos.
Los Gobiernos de CiU no se caracterizaron precisamente por la construcción de vivienda social, que fue uno de los agujeros más flagrantes del pujolismo. De ahí el sarcasmo de esas supuestas comisiones. De ese entramado, el juez responsabiliza a ocho personas, entre las que se encuentran los principales responsables de Adigsa (la empresa que se encarga de las rehabilitaciones), de utilizar el dedo en lugar del concurso para la realización de las obras de reforma de los pisos en mal estado entre 2002 y 2004. Al igual que en el caso de la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, por las obras efectuadas en su casa, las formaciones respectivas han optado por matar al mensajero. Se trata de una costumbre extendida entre los partidos cuando salen a la palestra por cuestiones económicas. Desde CiU también han argüido razones procesales: alegan que un auto judicial posterior de la Audiencia de Barcelona da luz verde a otro peritaje sobre los pisos que compró Adigsa. Eso no altera la esencia del auto del juez instructor, en el que se afirma que un constructor pagó 60.000 euros en comisiones.
La investigación respecto al llamado caso del 3% es atribuible en buena medida a la tenacidad de José María Mena, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el momento en que se produjeron los hechos. La tramitación del Estatuto catalán -para cuya aprobación era imprescindible el concurso de CiU- actuó como un freno a la hora de que el tripartito catalán aportase documentos a la fiscalía. El temor a que CiU cumpliese su amenaza de romper el consenso estatutario sólo fue vencido por los nuevos directivos de Adigsa -que quedó en manos de Iniciativa-Verds-, por lo que toda la investigación se vio constreñida a ese marco.
Quizá algún día el tripartito catalán deberá explicar por qué la auditoría de gestión realizada sobre los últimos gobiernos de Pujol -presentada en 2004- no entró a analizar la licitación de obra pública. Es de lo más lógico que cuando los partidos tienen tentaciones corporativistas los ciudadanos se sientan poco motivados para acudir a las urnas.
* ELPAIS.com - 20/10/2007
El suelo que albergará las urbanizaciones de Sanxenxo se revalorizó un 2.000%
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FARODEVIGO* : El precio del suelo donde se construirán las tres nuevas urbanizaciones previstas al lado del mar en Sanxenxo -con un millar de viviendas y un hotel- se revalorizó un 2.000 por ciento en sólo cuatro años. En la zona de A Granxa, donde hoy está proyectada una de esas tres urbanizaciones -394 viviendas sobre una superficie de 78.920 metros cuadrados-, la adquisición de los terrenos comenzó en el año 2003. Entonces, sus dueños los vendieron por algo menos de cien euros. Hoy, ese mismo suelo ha multiplicado por veinte su valor.
El desarrollo solamente de esa urbanización significa una operación de 142 millones, según fuentes consultadas por este diario. Cada una de las 394 viviendas proyectadas adquirirá un precio medio en el mercado de 361.000 euros, aunque su coste real será de 231.900.
Para tener una idea del volumen de esta operación habría que sumar a los 142 millones de A Granxa, lo que supongan las otras dos urbanizaciones: Os Cotos (357 viviendas y un hotel) y Festiñanzo (260 chalés).
Los promotores del suelo de la zona A Granxa pueden construir 0,40 metros cuadrados por cada metro cuadrado de terreno. La baja edificabilidad que contempla el plan parcial de esta zona no hace sino incrementar su valor.
Cada metro cuadrado edificable en el suelo de A Granxa implica unos costes para el promotor de 1.054 euros, tomando como referencia una vivienda de 100 metros cuadrados. A este importe hay que sumar los gastos de construcción, 72.000 euros en este caso, y los gastos de urbanización, que suponen 8.400 euros más.
Una vez añadidos las tasas financieras y comerciales, así como la tramitación de la licencia, el precio de un piso se sitúa ya en 231.900 euros. Según fuentes del sector inmobiliario próximas al proyecto, los promotores tendrán unos márgenes de beneficio de unos 130.000 euros. Así, los pisos saldrán a la venta por más de 361.000 euros.
El Concello de Sanxenxo se embolsará 3.248.765 euros por la venta del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico.
Vecinos de la zona
Los beneficios para algunos particulares no están tan claros. Carmen Martínez es una de las personas que dice haber vendido sus fincas por la "presión" de los promotores.
Esta vecina entregó una parcela de 312 metros cuadrados por 18.000 euros. "A mi familia nunca le dejaron edificar aquí porque hace cinco años decían que era zona verde, ahora vienen los de fuera y sí pueden", afirma.
Esta zona figuraba en las normas urbanísticas subsidiarias como de especial protección. Desde la aprobación del Plan Xeral en febrero de 2003 está calificada como urbanizable. Desde su punto de vista, la urbanización prevista enA Granxa, con unas privilegiadas vistas sobre la playa de Pampaído, significa la destrucción de un "paraíso natural".
Uno de sus convecinos, Alberto Costas, comparte parcialmente esta opinión. "Aquí no van a hacer una urbanización, aquí van a hacer un pueblo entero", manifiesta. Este ciudadano considera, no obstante, que la Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral es "demasiado restrictiva".
* Faro de Vigo - MÓNICA ÁLVAREZ / SANXENXO - 19 de octubre de 2007
Foto: Una vista de la zona donde se edificarán las urbanizaciones. / junior - farodevigo.es
