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ELPAÍS/Vizcaya* : El Departamento de Medio Ambiente advirtió hasta en cuatro ocasiones entre junio de 2007 y mayo de 2008 a los promotores de casi 200 viviendas en Derio de que antes de ejecutar el proyecto debían delimitar las parcelas contaminadas existentes. Pero los constructores no cumplieron las exigencias de la consejería y más de un centenar de chalés están ahora en una fase avanzada de construcción y varias decenas casi concluidos.
El Ayuntamiento de Derio, que ha dado las licencias de obras, sostiene que la ley de Prevención de Contaminación del Suelo, en vigor desde mayo de 2005, no afecta a toda la promoción urbanística, sino sólo a las zonas presuntamente contaminadas, que limita a 20.000 de las 124.000 metros cuadrados del solar. Sin embargo, Medio Ambiente, el departamento que vela por el cumplimiento de esa normativa, es categórico y, entre otras medidas, obliga a delimitar la contaminación en el solar antes de cualquier intervención edificatoria.
El expediente sobre este caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata lo ocurrido en este proyecto urbanístico, que se remonta a 2005, cuando fue aprobado por la Diputación. Al existir una zona potencialmente contaminada, según refleja el inventario del Gobierno vasco, la promotora de la mayoría de las viviendas, Arco Atlántico, presentó en 2007 un plan de excavación, como exige la ley de prevención de la contaminación. La sociedad pública ambiental Ihobe, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, lo rechazó en junio de 2007 por carencias en la información, la falta de un estudio sobre la afección en aguas subterráneas o el incompleto análisis de riesgos para la salud humana. "Además de las importantes carencias detectadas, hay que tener en cuenta que el proyecto constructivo pretende realizar parte de una promoción de viviendas unifamiliares con jardín sobre un vertedero en el que hay presencia de residuos peligrosos", señala, y añade la obligatoriedad de delimitar el área contaminada.
En diciembre de 2007, tras la respuesta de los promotores -que ya ha habían iniciado las obras en el solar sin la autorización del Gobierno-, es la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno la que vuelve a calificar de incompleta la petición de los constructores. "La documentación presentada no añade ninguna información que permita solventar las carencias o errores detectados [en el informe de Ihobe]". Calidad Ambiental reitera que se debe precisar con exactitud el área contaminada y realizar un plan de excavación y certificar la calidad del suelo, como exige la ley en áreas contaminadas.
Tras otra respuesta de los promotores, llega la tercera advertencia de Medio Ambiente, el 16 de enero de 2008, esta vez por el entonces viceconsejero Ibon Galarraga, quien insta a identificar la zona afectada por la contaminación. Galarraga vuelve a comunicar el 14 de mayo a los promotores de que parten de la premisa "errónea" de que el área de vertido ha sido ya delimitada, por lo que reitera que se determine "tanto en superficie como en profundidad la masa de vertido y del terreno afectado por el mismo". Agrega que cualquier retirada de los residuos requiere un sellado de la zona con su correspondiente proyecto, "que deberá presentarse" a Medio Ambiente.
Ninguna de estas exigencias se han cumplido hasta ahora, pero las obras prosiguen. El proyecto carece así del certificado de calidad del suelo que exige la ley de prevención de contaminación, que, en su defecto, considera "nulas de pleno derecho" las licencias concedidas. El alcalde de Derio, Lander Aiarza (PNV), y funcionarios municipales sostienen que "no hay riesgo para la salud" y que el suelo "no está declarado contaminado". El consistorio entregó a este diario un documento remitido en marzo pasado por el representante de los promotores de la urbanización donde señala que, tras la petición tramitada en 2007, no ha recibido la declaración de calidad del suelo y que, al no haber habido una resolución en seis meses, ha "continuado y finalizado las actuaciones de ejecución urbanística". El escrito no hace ninguna mención a las cuatro advertencias de Medio Ambiente de que no se puede seguir adelante con la promoción.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 13/07/2009
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com
Medio Ambiente advirtió cuatro veces de la ilegalidad de los 200 chalés de Derio
La Fiscalía alerta de que dueños de casas ilegales 'dirigen' a los alcaldes
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ELCORREODEANDALUCÍA* : Aunque reconocen una mayor conciencia política y judicial contra el urbanismo salvaje, los fiscales de medioambiente aún ven escasas las órdenes de derribo y de paralización de obras. Y alertan de que los dueños de casas ilegales se están convirtiendo en lobbies de poder que logran imponer su línea en la política urbanística.
Los delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos concentraron de nuevo el año pasado la mayoría de las diligencias incoadas por la red de fiscales de medio ambiente –1.436 de las que 679 terminaron en denuncia o querella–. Y en su memoria, el Ministerio Público reconoce que cada vez es mayor la colaboración de las administraciones públicas en la persecución de estos delitos, con un incremento en el número de denuncias presentadas por los propios ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Junta.
Sin embargo, alerta de que “con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística”. En concreto, la Fiscalía de Cádiz –la que más procesos abrió por esos delitos el año pasado, con 628– denuncia que esos grupos “no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos” se financie con “fondos públicos”. “Organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, exigen su presencia en las juntas locales de seguridad y, ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos”, lamenta.
En cuanto a la persecución jurídica de los delitos urbanísticos, la Fiscalía ve aún escasas las paralizaciones cautelares de obras bajo sospechas y las condenas que implican el derribo de las construcciones ilegales, una condición sin la que a su juicio no se restituye la legalidad vigente ni las sentencias cumplen su objetivo disciplinario y ejemplarizante.
Así, la Fiscalía de Huelva señala haber optado por solicitar medidas cautelares y completar la investigación ya en vía judicial en vez de esperar a tramitar las diligencias de investigación porque “la experiencia dicta que se agota el plazo de seis meses” sin poder paralizar las obras “que avanzan con enorme rapidez”. La de Almería alerta de que cuando los juzgados de instrucción dictan la paralización “en algunos casos, al notificar la resolución, la edificación estaba prácticamente concluida”.
También critican los fiscales de Medio Ambiente que las condenas que incluyen derribos son aún minoritarias y en muchos casos o no son confirmadas en los recursos ante las Audiencias provinciales o se aplican excepciones contrarias al criterio fiscal.
los derribos se dilatan. El Ministerio Público en Cádiz rechaza que se exima de la demolición alegando que existe un núcleo de población porque puede dar pie a que éstos crezcan sin límite y porque quedan impunes los casos en los que conociendo la ilegalidad, la urbanización continuó.
La Fiscalía de Cádiz también señala que al ejecutar los derribos “son muchos los incidentes que se plantean”, ya que es “absolutamente excepcional” que los condenados procedan a ello y “con demasiada frecuencia los ayuntamientos a los que se les ordena en auxilio judicial la ejecución plantean problemas”. Por ello solicitan al fiscal de sala coordinador o a la Fiscalía General del Estado “criterios” que garanticen “la unidad de actuación en la ejecución de las demoliciones”. “Lo que había de ser una medida de rápida ejecución la práctica viene evidenciando que se dilata en exceso”.
* El Correo de Andalucía - Sevilla - Laura Blanco - 12.07.09
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
La historia de España no se recalifica
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ELPAÍS/Madrid* : La Plataforma Ciudadana Escurialense, organización que agrupa a más de 200 residentes en San Lorenzo de El Escorial, profesionales liberales y cuadros técnicos en su mayoría, ha pedido a la dirección de la Unesco que inste la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de la histórica localidad madrileña, donde se albergan el monasterio y un entorno declarados Patrimonio de la Humanidad en 1984. La sede parisiense de la Unesco ha sido la destinataria de la denuncia.
El plan municipal, cuyo avance acaba de publicar el Ayuntamiento, prevé entre otras medidas recalificar hasta 3.170.000 metros cuadrados de superficie antes no urbanizable; la construcción de 850 viviendas; un poblado nuevo con un polígono comercial, en un área hoy de dehesa, y bloques de viviendas y chalés de lujo en pleno casco histórico. Todas estas construcciones se ubicarán en el interior de una cerca histórica, que data de 1563 y que configura el entorno artístico y paisajístico del Real Sitio -Patrimonio de la Humanidad-, que la organización ciudadana ve en peligro.
En años anteriores, las actuaciones municipales, regidas por normas subsidiarias, sobrepasaron el paisaje sotomontano escurialense. El monte Abantos ardió 10 años atrás. Un paraje previamente urbanizable, La Era, tras el fuego, fue declarada protegida, si bien las 850 viviendas que iba a alojar son ahora las mismas en número que se planea construir en el nuevo desarrollo contiguo a aquél.
La Comunidad de Madrid, que en 1996 declaró Bien de Interés Cultural el entorno donde se proyecta esta actuación, dice que el plan "está en estudio".
Gonzalo Cuesta, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, explicó que los integrantes de la Plataforma Ciudadana Escurialense asumen posturas "influenciadas, radicales y politizadas", y justificó el plan en "la necesidad de construir viviendas de protección oficial [la mitad de las previstas]", aunque precisó que el número de 850 que se considera ahora "no basta siquiera para satisfacer el crecimiento vegetativo de la población". Cuesta añadió que el polígono contiguo a la autopista Madrid-A Coruña "incluirá oferta intelectual para satisfacer demandas de cultura y deportes", en referencia a una universidad y un polideportivo. El concejal admitió que "tan sólo se trata de un avance del futuro plan" y que "algunas de las proposiciones", como las referidas a la edificación de cuatro chalés en el casco histórico de San Lorenzo y otras edificaciones sobre parques y jardines históricos, "son suprimibles. En todo caso", apuntó, "las actuaciones previstas se aplican a la normativa urbanística vigente".
El entorno del monasterio escurialense, cercado por una valla mampostera de 55 kilómetros de perímetro, incluye vestigios arquitectónicos renacentistas, como el llamado Palacio Monesterio, que data de 1503, más puentes, ermitas, molinos y canteras de época, así como zonas de humedales y pastizales y otras de anidamiento de águilas imperiales, buitres reales y cigüeñas negras, que la plataforma cívica cree que hoy se hallan en peligro o han emigrado.
Tal ámbito fue considerado por la Unesco "parte inseparable" del conjunto monacal, como entorno natural e histórico de una misma unidad paisajística, que se extiende entre La Herrería, el monte Abantos, El Campillo y la zona del monasterio; se trata de una extensión de hasta 10.000 hectáreas.
La plataforma cívica pide a la Unesco que inste a las autoridades gubernamentales, regionales y locales a "anular la aplicación de este plan, cuyos prolegómenos han colmatado ya el paisaje y elevado la población de San Lorenzo y El Escorial de 18.000 a 31.000 habitantes en 12 años, sin mejorar los servicios locales de transportes y movilidad", según Antonio Ulled, arquitecto, coportavoz de Plataforma Ciudadana Escurialense. "Intentamos mantener un modo de vida basado en un urbanismo sostenible y humano, que proteja el paisaje y el patrimonio de un espacio único como el de San Lorenzo de El Escorial", asegura.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - 13/07/2009
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde Abantos - educa.madrid.org
Tres cicatrices de asfalto más para la huerta del Segura
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Vega Baja ve amenazada su huerta tradicional si salen adelante, tal y como están planteados, los tres proyectos del Ministerio de Fomento y de la Conselleria de Infraestructuras, una autopista (AP-37) y dos autovías (CV-95 y CV-91) que supondrían prácticamente duplicar las comunicaciones actuales por carretera.
La amenaza a la agricultura, a las viviendas sobre las que pasarían las vías y al crecimiento futuro de los núcleos urbanos, junto con las previsiones de peaje y de accesos insuficientes, han echado a la calle a los vecinos, que presionan a sus representantes políticos en cada aparición pública para dejar claro que la comarca "no necesita" más asfalto.
Las protestas se iniciaron con la apertura por parte de Fomento del periodo de información pública de la autopista de peaje AP-37, conocida como "del Reugerón", que recorre 24 kilómetros de la Vega Baja desde Murcia hasta Catral, para unirse a la AP-7 en dirección a Alicante. Fomento proponía ocho trazados diferentes y se decantaba por uno, el "Norte-4", una recomendación recibida con asombro en la comarca por ser la más dañina, según numerosas y diversas voces. Por eso, las alegaciones de grupos políticos y asociaciones han reunido casi 9.000 suscripciones individuales y la asociación Vega Baja Viva, creada para la ocasión, ha logrado 14.000 firmas.
En este punto todos los ayuntamientos, vecinos, plataformas ecologistas, la Cámara de Comercio, los juzgados de aguas o sindicatos agrarios se han posicionado en contra de la autopista. Unos subrayan que afectará a un millar de conducciones de agua para riego o a 1.200 tahúllas de huerta fértil y otros reclaman que rompe el sistema de carreteras secundarias, mientras casi todos recuerdan las inundaciones de 1987 y se preguntan cómo afrontar una situación similar si se construyen los viaductos y terraplenes de más de 15 metros de altura previstos para sortear por arriba, por ejemplo, los tubos del trasvase.
En el rechazo a la autopista están de acuerdo, pero no en cómo contestar a Fomento para que cambie de idea. Callosa de Segura, Almoradí o La Vega Baja No Se Vende rechazan de plano la carretera. Los ayuntamientos de Orihuela, Bigastro o el Juzgado de Aguas de Orihuela e incluso la Diputación de Alicante no la quieren, pero aceptarán que vaya por el sur, entre Bigastro y Jacarilla si se solapa en algunos tramos con otras vías que van paralelas.
Rechazo con firmas
En este punto reaparece, además, el proyecto de la CV-91 (la autovía "eje del Segura"), rechazada en 2006 con miles de firmas. La Generalitat plantea ahora un nuevo proyecto básico que discurre paralelo hasta en siete kilómetros al dibujo que ha hecho Fomento para la AP-37, evidencia de descoordinación entre administraciones. El antiguo tramo entre Jacarilla y Benejúzar desaparece y la autovía pasa, en esta propuesta, entre Correntías y Molins, donde cruza dos veces el Segura. "Un extraño viraje" para la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno, que ha acusado al equipo de gobierno (PP) de no avisar ni informar sobre esta vía (de la Generalitat), que supone perjuicios al mismo nivel que la AP-37. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha prometido a sus vecinos que les librará de esta carretera, pero periódicamente reaparece la sospecha de que los políticos de la comarca "llegan tarde", como con el Ave, con sus alegaciones, según subrayaron desde Vega Baja Viva.
Mientras tanto, los socialistas reclaman al Consell que desdoble y convierta en autovía la CV-95 (de Orihuela a la costa), una vía con mucho tráfico y siniestros, prometida para 2010 y licitada hace ya dos años, pero sin comenzar porque la adjudicataria no tiene financiación o porque no encuentra rentable la explotación del peaje en sombra, según las fuentes.
En unos años, cuando se construyan estos polémicos proyectos, la Vega Baja contará con cinco autovías y autopistas en todas las direcciones, aunque no se sabe con cuántas parcelas de huerta.
* Información - ELISA G. BROTONS - 12.07.09
Foto: E. D. G. / LOINO
