DIARIODEMALLORCA* : La Plataforma de Vecinos y Comerciantes de la Playa de Palma y Llucmajor ha convocado para el próximo día 14 una manifestación frente al Consolat de Mar contra el proyecto de reforma de la zona turística, cuyas "deficiencias" ha denunciado hoy ante el Consell de Mallorca. Una veintena de integrantes de esta organización y representantes de la Federación Palmasana de Asociaciones y Entidades Ciudadanas (Fepae), han registrado esta mañana un escrito en la institución insular en el que denuncian que el plan de reconversión prevé destruir patrimonio histórico, pone en riesgo la seguridad en torno al Torrente dels Jueus y promueve comercios innecesarios.
El presidente de la plataforma, Enrique Salvá, ha indicado que la presentación de la denuncia es una de las actuaciones impulsadas por la agrupación vecinal para protestar contra los planes de reforma urbanística de la Playa de Palma, unas acciones que tendrán su punto culminante en la manifestación del día 14, a la que ha llamado a sumarse a todas las personas opuestas al proyecto.
Antes de esa protesta, el próximo día 8, los representantes de la entidad se reunirán con el presidente del Govern, Francesc Antich, para exponerle sus inquietudes sobre aspectos del proyecto como la construcción de un centro comercial en una zona de Ses Fontanelles "que tiene molinos de viento" y otras edificaciones de valor "histórico y cultural".
"Nos preguntamos cuáles son los intereses de que una zona que tiene valor sentimental, histórico, cultural y etnológico se pueda transformar en un centro comercial, cuando, además, a cien metros ya hay una zona pequeña dedicada comercios", ha manifestado Salvá, quien ha recordado que la asociación de defensa del patrimonio ARCA elaboró un informe sobre bienes a proteger que ha sido ignorado.
Asimismo, la plataforma rechaza la idea de "hacer un bulevar en el Torrente dels Jueus", un lugar donde hay "peligro de inundaciones" y en el que se quieren habilitar nuevos comercios, una idea que tiene "indignadísimos" a vecinos y comerciantes, según el dirigente vecinal.
"No se necesitan más comercios. La gente quiere estar tranquila, no quiere el proyecto, no quiere la expropiación, y no quiere que se derriben cosas del patrimonio histórico y cultural", ha resaltado Salvá en la puerta de la sede del Consell de Mallorca.
No obstante, el presidente de la plataforma ha querido dejar claro que los vecinos y empresarios de la Playa de Palma y el Arenal de Llucmajor sí desean que la zona sea rehabilitada, pero defienden que se haga sin obligar a nadie a cambiar de vivienda o local comercial y atendiendo las opiniones de los residentes en la zona.
En su opinión, la participación ciudadana en la elaboración del proyecto ha sido muy escasa y, además, entre el plan inicial y la definición final de la propuesta urbanística hay una diferencia abismal.
En la misma línea, la presidenta de la Fepae, Soledad Sarabia, ha indicado que la reforma de la Playa de Palma "no tiene que pasar por expropiaciones y por derribos masivos" y debe respetar todos los elementos patrimoniales que rememoran "cómo era la forma de vivir tradicional" en la zona.
"Llama la atención que no se tenga en cuenta qué es lo que dice el Plan Territorial de Mallorca, qué es lo que dicen los planes generales de los ayuntamientos de Palma y Llucmajor y que se salten a la torera las normas urbanísticas", ha agregado en referencia a la ley específica para la reforma de la Playa de Palma que consensuaron todos los partidos en el Parlament.
Además, Sarabia ha anunciado que junto a la denuncia planteada hoy se ha pedido a la Comisión de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca que se pronuncie sobre el proyecto.
* Diario de Mallorca - 1.09.10
Foto: Palma, aérea Can Pastilla - laterooms.com
Vecinos y comerciantes de la Playa de Palma convocan una manifestación
Garrido: "La adicción de la Junta al ladrillo favorecerá un partido verde"
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IDEAL/Andalucía* : El dirigente andaluz de Los Verdes Francisco Garrido opina que la "adicción" de la Junta "por el ladrillo" y el abandono de las políticas medioambientales que, en su opinión, ha promovido el presidente José Antonio Griñán favorecerán al anunciado nuevo partido verde en esta comunidad autónoma. Garrido ha explicado, en declaraciones a Efe, que los Verdes de Andalucía, que en pasadas legislaturas suscribieron un pacto con el PSOE que les brindó un escaño en el Congreso y cargos ambientales en la Junta de Andalucía, han acogido "muy favorablemente" la iniciativa del ex director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López Uralde, y de formaciones políticas y sociales de crear un partido verde en España.
Ha anunciado que Los Verdes de Andalucía, que han asistido a las recientes reuniones convocadas por López Uralde, el diputado de Iniciativa Per Catalunya Verds Joan Herrera y por dirigentes de otros colectivos, apoyan la creación de este partido, decisión que podría formalizarse en un cónclave que Los Verdes andaluces celebrarán en septiembre.
"La creación del nuevo partido verde a nivel nacional nos parece un paso adelante y una oportunidad en un proceso que a nivel nacional se ha enquistado electoralmente porque Los Verdes nunca hemos logrado resultados tan relevantes como los de otros países europeos", ha añadido.
En su opinión, el futuro partido verde ayudará a consolidar "un mensaje global y no solo parcial" del movimiento ecologista.
Garrido, quien ha dado "por seguro" que habrá candidaturas del futuro partido verde en las próximas elecciones municipales en Andalucía, ha asegurado que el mero anuncio de la creación de esta formación "ha creado mucha más expectación de la que nos esperábamos".
"La puesta en marcha de un proyecto político verde, como el que promueve López Uralde nos parece saludable y positivo, y creo que todos los interesados debemos de ser generosos y abordarlo sin sectarismo, como un modelo de cooperativa política", ha añadido
Ha sostenido que la creación del futuro partido verde se ve favorecida por "la crisis del sistema de partidos convencionales", el "retroceso" de las políticas ambientales del PSOE, la "inexistencia" de una alternativa medioambiental del PP y que IU sea, en su opinión, "un cadáver político".
Garrido ha deplorado que los socialistas hayan renunciado a la tímida apuesta" medioambiental que asumieron en la primera legislatura y que permitió avances en la moratoria nuclear o la prevención del cambio climático y que encarnó la ministra Cristina Narbona.
"Esta apuesta se ha abandonado y Narbona está ahora en el exilio", ha espetado.
Para este ex diputado, integrado en la candidatura del PSOE por Granada, el "retroceso" en las políticas verdes se ha acentuado en Andalucía "donde hemos visto más sensibilidad ambiental en Chaves que en Griñán".
"Ahora, con la crisis parece que todo vale y más en Andalucía, donde la Junta ha abandonado las políticas medioambientales por su adicción al ladrillo que le ha llevado, incluso, a rebajar las normativas de protección ambiental como en el caso de los campos de golf pese a que no haya proyectos empresariales", ha aseverado.
Garrido ha opinado que el origen de la crisis económica actual es ambiental porque radica en "el agotamiento" de muchos recursos naturales, como el petróleo, "que son imposible de reponer y menos con el acceso de China o India a estándares de consumo desarrollados".
* Ideal - EFE - 29.08.10
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Benetússer rechaza una subestación eléctrica proyectada junto a un colegio
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LEVANTE/Valencia* : La unión hace la fuerza. Los representantes de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de los tres colegios públicos de Benetússer -Blasco Ibáñez, Colón y Vicent Ricard-los del centro concertado, Nuestra Señora del Socorro, y los del Instituto María Carbonell, crearon ayer junto con el ayuntamiento, partidos políticos-a la cita asistió Esquerra Unida-, Comisiones Obreras y el foro de participación ciudadana de la agenda 21 de Benetússer, una plataforma en contra de la subestación eléctrica que Iberdrola y Red Eléctrica de España pretenden situar "a menos de 200 metros" del centro escolar Blasco Ibáñez.
Los citados se reunieron ayer en el centro con el fin de coordinarse para evitar que la instalación se ubique en la partida de Sant Jordi que, aunque es terreno de Alfafar, está lindando con el caso urbano de Benetússer y con el colegio.
De momento, hasta el próximo 30 de septiembre, los afectados pueden presentar alegaciones, dado que se está desarrollando el plan de participación pública. De hecho, Iberdrola ha remitido una encuesta respecto al proyecto para que los ciudadanos la rellenen. Como el tiempo corre en contra, la "prioridad es que los vecinos se manifiestan masivamente en contra de la ubicación de la subestación", según se acordó en la reunión. "Es urgente promocionar que se rellenen estas encuestas", coincidieron. Además, los centros escolares van a iniciar una recogida de firmas.
Los asistentes, entre ellos la alcaldesa, la socialista Eva Sanz, coincidieron en que las subestaciones "son necesarias", pero rechazaron que estén tan próximas a un colegio "porque son peligrosas". Es más, el técnico del ayuntamiento Paco Baixauli, se apoyó en un estudio que ha realizado para defender que "hay mejores opciones donde instalar la subestación", que proporcionará energía a Sociópolis.
* Levante - 3.09.10
Foto: Los representantes de las entidades que se reunieron ayer y formaron la plataforma.- Levante-EMV
Ciudades para viejos
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PÚBLICO/Civismos incívicos* : A pesar de que la discriminación en el acceso a la vivienda está generalmente prohibida, en Estados Unidos algunas leyes permiten hacer excepciones con las retirement o old-age communities (comunidades de jubilados o personas mayores). En estas ciudades, como Sun City, en Arizona, los jóvenes no están permitidos, y policías jubilados se dedican a patrullar las calles buscando criminales de la edad. Las visitas de los nietos están limitadas, o incluso prohibidas, en pro de la “tranquilidad”. Ante la propuesta de construir una escuela cerca, por ejemplo, los habitantes de Sun City se opusieron por miedo a tener niños y adolescentes “deambulando por las calles y aterrorizando el entorno”.
Pero parece que las comunidades de viejos no son una excentricidad (excluyente y de legalidad cuestionable) estadounidense: los habitantes de Sun City son tolerantes si los comparamos con los promotores de Villamartin Hills, cerca de Alicante. El vídeo de promoción de sus 68 apartamentos “de lujo” establece que las visitas de los familiares más jóvenes tendrán que realizarse en “zonas especiales” (04:36), o en los apartamentos de alquiler construidos en los alrededores, para no “perjudicar” a los residentes. La seguridad es una de las “mayores prioridades” del complejo (06:04): los apartamentos tienen “interfonos de pánico”, hay seguridad privada las 24h, el complejo está vallado, hay cámaras de seguridad que se controlan desde una sala de control específica y control de todos los accesos.
Me pregunto qué llevará a los residentes a echar mano del interruptor del pánico: ¿la aparición de una pelota o una bici? ¿la identificación de rasgos de acné en la cara de algún incauto visitante? ¿el lejano eco de una nana o un reggeatón?
Vistas las cifras de delincuencia en las comunidades aisladas (bajísimas, aunque con un gran eco mediático), me temo que el mayor riesgo al que se enfrentarán los que opten por este estilo de vida es la muerte por aburrimiento. Eso sí, retransmitida en directo en la sala de control.
* Público - Gemma Galdon Clavell - 30.08.10
Foto: Sun City (Arizona - USA) - mheu.org
'CasoGürtel'.- El PP pagó al Bigotes 790.000 euros por día y medio de congreso
LEVANTE/Valencia* : A finales de 2008, con la crisis a punto de azotar con toda su virulencia a la economía, el PP de la C0munidad, con Francisco Camps al mando, aún disparaba con pólvora de rey. Los populares se gastaron, al menos, 790.ooo euros –más de 130 millones de las antiguas pesetas– en servicios que contrataron con Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía El Bigotes, para organizar el congreso regional del PP, celebrado el tercer fin de semana de octubre y que duró apenas un día y medio. Esa deuda, como recoge el último informe de la Policía en el que revela nuevos indicios sobre la supuesta red de financiación ilegal del PP, fue saldada en parte, junto a la de otros actos que se citan en apuntes contables de la red y que suman facturas por casi un millón de euros, con entregas de dinero negro y con «aportaciones» mediante facturas falsas de empresas que cuentan con importantes adjudicaciones públicas, como es el caso del alicantino Enrique Ortiz.
La contabilidad de Orange Market, la mercantil vinculada a Gürtel que controlaba Álvaro Pérez, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 evidencia que la empresa de El Bigotes era, en ese momento y apenas dos meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Francisco Correa y desmantelara el entramado corrupto, la principal proveedora de servicios del PP de la Comunidad. Tras el congreso nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, Camps se presentaba a su cita regional, convocada para mediados de octubre, convertido en el principal barón territorial del PP y con un poder absoluto que en el anterior cónclave autonómico, celebrado en Castellón en 2004, no pudo exhibir. Estaba ante el foro que iba a convertirle en el presidente del PP de la Comunidad con mayor respaldo interno en la historia de su organización.
Y Ricardo Costa ni David Serra, que controlaban el aparato popular en ese momento desde la secretaría y la vicesecretaría general, se pusieron manos a la obra con ese objetivo. Contactaron con El Bigotes, su hombre de confianza para la organización de campañas electorales y eventos de todo tipo, y no repararon en gastos. En día y medio, el congreso se inició el sábado 18 de octubre por la mañana y se clausuró a mediodía del domingo con la intervención de Mariano Rajoy, los populares, en un momento en el que la crisis empezaba a arreciar, «quemaron», al menos, 790.000 euros en su congreso. De acuerdo con las facturas y apuntes contables de la red Gürtel que figuran en el informe de la Brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, el PP se gastó nada menos que 300.000 euros –unos 50 millones de las antiguas pesetas– en el «diseño, montaje y desmontaje» del escenario circular en el que se desarrollaron los debates del congreso popular; cerca de 70.000 en una fiesta y un cátering; y otro tanto en vallas para publicitar la convocatoria, sólo por citar algunos de los gastos que aparecen detallados en las hojas contables de la trama que la Policía incautó durante el registro que realizó el 6 de febrero de 2009 en la sede de Orange Market, en una céntrica calle de Valencia. Justo, el mismo día en el que se detuvo a Francisco Correa –cabecilla de la trama corrupta– y en el que también se registraron las oficinas de Turismo en busca de los contratos de Fitur.
No había problema en asumir ese volumen de gasto. La ronda no la pagaba por completo el PP. Parte de los gastos se abonaban con fondos al margen del sistema financiero –dinero negro–; y parte a través de la «colaboración» de empresarios que abonaban facturas ficticias a El Bigotes que, en realidad, servían para saldar las deudas de los populares con la sociedad vinculada a la red Gürtel. El informe, como se recordará, revela que entre febrero de 2008 y los primeros meses de 2009, la dirección del PP entregó a El Bigotes más de 405.000 euros en dinero negro; mientras que tres empresas pagaron facturas ficticias a Orange Market, señala la documentación, por cerca de 450.000 euros, más de la mitad aportados por Enrique Ortiz, que, en realidad, servían para reducir la deuda del PP con el entramado corrupto.
De forma global, la contabilidad de la red en Valencia registra, entre noviembre y diciembre de 2008, referencia a actos de los populares por valor de alrededor de un millón de euros y aportaciones económicas desde el PP por más de 780.000 euros, unos 130 millones de las antiguas pesetas. Una situación que, en opinión de la Policía, revela la existencia, señala de forma textual, de una «financiación paralela» de la que se nutriría la organización que lidera Francisco Camps.
La policía continúa abriendo cajas con documentación
Entre la gran cantidad de documentación a la que las partes tuvieron acceso el pasado 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano, figuran diversas diligencias que revelan que, casi veinte meses después de los registros judiciales y de que el juez Baltasar Garzón desmantelara el entramado corrupto de Francisco Correa y El Bigotes, la policía continúa desprecintando cajas de documentación incautada a la red corrupta que, a lo largo de los próximos meses, conformará nuevos informes sobre la actividad del conglomerado Gürtel. Entre la documentación ya analizada que figura en este nuevo informe con más indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP, aparece un detalle sobre los movimientos de la llamada «Caja Barcelona» de Orange Market, en la que se recogían los apuntes contables del dinero negro y al margen del sistema financiero que recibía la empresa. Una caja que se nutría con aportaciones periódicas de los populares valencianos, tal y como queda reflejado en la contabilidad de la empresa de El Bigotes. Álvaro Pérez utilizaba ese dinero sin justificar que recibía del Partido Popular con los más diversos fines. Pagaba nóminas, viajes, regalos, sesiones de masaje y hasta multas de tráfico... Así figura en el informe de la policía y también se desprende del análisis de la contabilidad «b» de la delegación de la trama corrupta en Valencia. Por ejemplo, figura una referencia a un pago de 70.000 euros a un concesionario de coches de Valencia, otro de casi 4.800 euros para la compra de regalos de Navidad, fondos para un viaje a Miami, abonos de las nóminas de los trabajadores de Orange Market, mil euros para una sesión de masaje —no especifica si se trataba de un regalo— y hasta 140 euros para abonar los gastos de una sanción de tráfico.
* Levante - 3.09.10
Madrid.- La federación de vecinos pide a Aguirre que prohiba la subasta de viviendas de la EMV
ECODIARIO* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) pidió este viernes a la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre, que no autorice la subasta de viviendas de la EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, prevista para el próximo día 13. En una nota de prensa, Vicente Pérez Quintana, responsable de la comisión de Urbanismo y Vivienda de la Fravm, señaló que la EMVS "debe obtener el plácet del Gobierno de la Comunidad de Madrid, toda vez que estas promociones se construyeron con ayudas del Ejecutivo regional".
"Pedimos, por tanto, al Gobierno de Esperanza Aguirre que no autorice la subasta y animamos a toda la ciudadanía madrileña a que apoye la manifestación que las familias afectadas han convocado para el próximo domingo, 5 de septiembre", añadió Pérez.
Según el portavoz de la Fravm, "la EMVS venderá viviendas públicas que son patrimonio de todos los madrileños a precio de vivienda protegida" y "esos mismos ciudadanos sólo podrán comprarlas al doble".
Pérez insistió en que esta operación "constituye otra vuelta de tuerca más de un Ayuntamiento, el de Madrid, empeñado en hacer pagar a las vecinas y vecinos las consecuencias de una deuda derivada de la ejecución de obras faraónicas alejadas de las necesidades de la ciudadanía".
* Ecodiario - 3.09.10
Foto: Madrid, viviendas de la EMV en Villaverde (archivo) - elmundo.es
