LAVOZ/Santiago* : Si el Concello de Santiago construye finalmente un teleférico entre el casco histórico y la Ciudad de la Cultura estará vulnerando la declaración de patrimonio de la humanidad. Así de contundente se muestra el Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos), el único organismo asesor de la Unesco en asuntos de patrimonio.
En un informe demoledor al que ha tenido acceso La Voz, los técnicos disuaden expresamente al Ayuntamiento de la construcción del citado teleférico.
La valoración la encargó el propio Concello y el Consorcio de Santiago. Proyectaba dos teleféricos para conectar la plaza de O Matadoiro (casco histórico) y la futura estación del AVE con la Ciudad de la Cultura, que se levanta a las afueras de la capital. Pero es precisamente el macrocomplejo el que recibe buena parte de las críticas del Icomos. Tachan su construcción de «huida hacia adelante». Dicen que se trata de un proyecto sin definir y aseguran que su gestión «aún está lejos de contar con un proyecto cultural sólido, solvente y viable». Abundan en estos argumentos afirmando que la creación de la Ciudad de la Cultura fue introducida en Santiago «de forma arbitraria por una decisión política poco acertada»
Para el Icomos, con el proyecto del teleférico, el Concello intenta aprovechar el tirón turístico del casco histórico «para dotar de un cierto contenido (o por lo menos de visitantes)» el complejo del monte Gaiás. Critica también la elección de la ubicación de la Ciudad de la Cultura y concluye que el teleférico responde más a las necesidades del Gaiás -llenarlo de visitantes- que a las de la propia capital de Galicia.
El Ayuntamiento de Santiago necesita pedir permiso a la Unesco para construir el teleférico. Según explican fuentes del Icomos, la declaración de patrimonio de la humanidad no incluía un teleférico, por lo que es necesario modificarla si finalmente se quiere integrar. La Unesco puede denegar el permiso para la obra. En todo caso, el informe del Icomos prefigura en buena medida la futura decisión de la Unesco. Eso, siempre que el Concello siga manteniendo su idea de construir el proyecto, una vez leído el demoledor informe del Icomos.
El estudio está firmado por la presidenta del comité español de este organismo de la Unesco, María Rosa Suárez-Inclán Ducassi, el 23 de septiembre, y se trata de una decisión colegiada de toda la directiva del Icomos, con dos miembros gallegos. En su opinión, no se puede argumentar «la necesidad de una infraestructura basada solo en conjeturas y sin saber cómo va a funcionar realmente la Ciudad de la Cultura». Los expertos encuentran que el impacto paisajístico del teleférico es «inadmisible». Además, aseguran que el proyecto del Gaiás fue completamente ajeno a las claves paisajísticas del entorno. De hecho, para el Icomos, se subordinaron las cuestiones medioambientales al proyecto de Peter Eisenman, cuyo coste se ha disparado por encima de 475 millones de euros. «Es la cultura al servicio de la arquitectura, y no al revés, como debería haber sido en una ciudad del rango cultural de Santiago», concluye tajantemente el informe. Pero el Icomos hace un matiz al dictamen: «Las consideraciones sobre el teleférico vienen viciadas desde el inicio, ya que el elemento que genera conflictos en la ciudad (y no exclusivamente paisajísticos) es la Ciudad de la Cultura».
* La Voz de Galicia - Ángel Paniagua - 26/9/2008
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - j.gonzález, lavozdegalicia.es
Los asesores de la Unesco censuran el proyecto de teleférico al Gaiás
Operación Astapa: la juez reclama los informes urbanísticos de los últimos cinco años
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ELECONOMISTA/Málaga* : La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Estepona, Isabel Conejo, encargada del "caso Astapa" contra la corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad, ha requerido al consistorio los expedientes de Disciplina Urbanística de los últimos cinco años.
Fuentes del caso han informado hoy de que se trataría de miles de expedientes de ese negociado municipal que han sido entregados hoy mismo en su totalidad.
Declaran otras 17 personas
Esta solicitud de documentación se produce nueve días después de que se conociera que la Fiscalía había citado a declarar a 17 personas, entre ellas abogados, empresarios y ex concejales de Estepona, en el marco de la operación Astapa.
Por su parte, el alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), únicamente ha explicado que "el Ayuntamiento colabora con la Justicia proporcionándole la documentación que requiera", como se ha hecho.
Sobre las comparecencias de diversas personas ante la Fiscalía por este caso, que estaban previstas para esta semana en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Estepona o en dependencias policiales en Madrid, no ha trascendido información al respecto.
Se desconocía también si quienes debían acudir lo harían como imputados o testigos y estaba previsto que, una vez que declararan en la Policía, la jueza los citara en la sede judicial a partir del próximo octubre, al igual que ya hizo con anteriores imputados por esta operación que arrancó hace algo más de tres meses.
Astapa se salda con 41 imputados
El caso Astapa, donde se investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio, suma por ahora 41 imputados, 26 de los cuales fueron detenidos entre ellos el entonces alcalde, concejales, empresarios, abogados y funcionarios municipales.
Cinco de los arrestados acabaron ingresando en prisión, donde permanecen aún cuatro de ellos: el ex alcalde Antonio Barrientos, expulsado del PSOE tras su detención por este caso y que dimitió del puesto a raíz de ello; el que era su jefe de Gabinete, José Flores, y los concejales José Ignacio Crespo y Manuel Reina, del Partido de Estepona (PES) creado por ex integrantes del GIL.
Otros 18 arrestados -entre ellos cuatro ediles- quedaron en libertad con fianzas entre 15.000 y 500.000 euros según los casos, a los que se sumó más tarde uno de los presos que quedó libre tras abonar una cantidad, mientras otros tres pasaron a estar en libertad con cargos, pero sin fianza.
Esta operación desembocó en la elección de un nuevo alcalde en esta localidad de la Costa del Sol, el socialista David Valadez, hace poco más de dos meses.
* El Economista - Ecodiario - 26/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para el ex alcalde de Firgas acusado de prevaricación
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ECODIARIO/GranCanaria* : La Fiscalía ha solicitado imponer 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al ex alcalde de Firgas (Gran Canaria), Francisco Ponce, acusado de un presunto delito continuado de prevaricación.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebrará el próximo lunes 29 de septiembre el juicio contra el ex primer edil, entonces del Centro Canario-CCN, acusado de otorgar sendas licencias urbanísticas a viviendas unifamiliares a pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables, según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Europa Press.
La Sala adoptó la suspensión del primer señalamiento del juicio previsto para el pasado 11 de junio y su aplazamiento a petición de la defensa del que fuera alcalde del municipio del norte de la isla en 1990, de 76 años de edad y con problemas de salud.
La Fiscalía solicita en su escrito de conclusiones provisionales imponer a Ponce la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de doce años por un presunto delito continuado de prevaricación y para los entonces concejales Asunción Nuez Arencibia, José Manuel Marrero Navarro y Alfonso Marrero Marrero solicita inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años por el mismo cargo.
El que fuera primer edil Francisco Ponce fue condenado por sentencia de 10 de enero de 2002 a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación.
NORMAS ANULADAS DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL MUNICIPIO.
Según el escrito del Ministerio Público, en virtud del acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 14 de diciembre de 1990 fueron definitivamente aprobadas las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Firgas, contra las cuales presentaron recursos de reposición en vía administrativa entre otros el Ayuntamiento de Firgas, ya entonces presidido por el alcalde Francisco Ponce, recursos que fueron parcialmente estimados mediante otro acuerdo de la comisión de 5 de julio de 1991.
Interpuesto recurso contencioso administrativo contra ambos actos y siendo parte el Consistorio, que se personó en el trámite de conclusiones alegando su inadmisibilidad, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 28 de julio de 1993 anuló ambos acuerdos por ser contrarios al ordenamiento jurídico.
Además, mediante auto de 16 de mayo de 1994 la misma sala ordenó ejecutar provisionalmente dicha sentencia, pese a la oposición del Ayuntamiento para impedir el desarrollo urbanístico conforme a las normas anuladas, al estimar que causaría a la entidad local demandada y a los particulares afectados mayores perjuicios que los derivados de la suspensión de la aplicabilidad de las normas anuladas.
El 18 de julio de 1994 el director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias remitió escrito dirigido al entonces alcalde de Firgas requiriéndole para que la corporación se abstuviera de conceder licencias de obras en suelos clasificados como urbanos en las normas anuladas, limitándose a concederlas exclusivamente a los delimitados en 1974 y según el procedimiento legal, cumpliendo, entre otros, el informe preceptivo de dicho centro directivo en todos los proyectos para los que se solicitase licencia municipal de obras y debiendo acompañar el promotor, entre otros el visto bueno del técnico municipal.
Sin embargo, el día 2 de diciembre de 1994 se reunió en sesión ordinaria la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Firgas, a la que asistió Ponce y los entonces tenientes de alcalde Alfonso Marrero, José Manuel Marrero y Asunción Nuez, además del ex secretario municipal sin facultad de participar en la toma de decisiones.
INFORMES DESFAVORABLES.
En dicha sesión se decidió otorgar sendas licencias urbanísticas para la construcción de viviendas unifamiliares, a pesar de los informes desfavorables del secretario del Ayuntamiento y de la oficina técnica municipal evacuados respectivamente en los expedientes urbanísticos municipales tramitados con carácter previo al otorgamiento de las licencias solicitadas.
La acusación pública insiste en que en ambos casos el fundamento de los informes desfavorables del secretario y del técnico municipal fue que habiendo quedado anuladas las normas subsidiarias del planeamiento de Firgas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el suelo donde se solicitaba autorización para construir tenía la consideración de suelo rústico.
Por ello, los dos empleados municipales alertaron de que el Ayuntamiento no podía otorgar la licencia sin la previa autorización de la obra por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.
* El Economista - Ecodiario - EUROPA PRESS - 25.09.2008
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte
Madrid: Adiós a 27 instalaciones públicas
ELPAÍS* : El recorte municipal afecta a escuelas infantiles, centros de mayores y polideportivos, la mayoría en áreas del sur o nuevos barrios. El Ayuntamiento anuncia que cierra el grifo. Que todas las obras de equipamientos pendientes de licitar se cancelan. Pero que la deuda de más de 6.000 millones de euros que soporta y que lo han llevado hasta la frontera legal del endeudamiento no tiene nada que ver con no poder afrontar más gastos.
Es culpa de la crisis y la exigua financiación del Gobierno central, esgrimen. Y que, además, si no se hubiera hecho la M-30 en dos años, dijo ayer el vicealcalde Manuel Cobo, ahora estaría "empantanada" y no podría terminarse. Acabada la infraestructura, lo que queda "empantanado" son los equipamientos públicos para barrios.
Pero Cobo fue ayer incapaz de concretar de qué instalaciones se va a privar a los ciudadanos para ahorrar. Ni él ni el concejal de Hacienda, Juan Bravo, lo sabrán hasta que no se cierre el presupuesto, según dijo. Pero, si se cumple su anuncio, serán bastantes; todas las que no son competencia del Ayuntamiento y que hasta ahora construía y gestionaba. Eso supone al menos 27 instalaciones que constan en el capítulo de inversiones de Hacienda para 2008 y que no se han adjudicado todavía. A eso hay que sumarle obras en calles y zonas verdes. En total, 200 millones de euros.
Ése es el cálculo realizado por este periódico con datos proporcionados por IU y por el PSOE (según los socialistas sumarían más de 40). El listado de instalaciones afectadas por el recorte incluiría, al menos, ocho instalaciones deportivas, 10 centros para mayores, seis escuelas infantiles y tres centros culturales. Todos por construir o pendientes de remodelar. La mayoría, en barrios del sur o en áreas pertenecientes a nuevos desarrollos.
Otros proyectos, como la remodelación del mercado de la Cebada (cuyo polideportivo lleva cerrado desde agosto) también pueden quedar suspendidos. Todo esto es, al igual que la presumible subida de impuestos para afrontar la crisis que no descartó ayer Cobo, una incógnita que sólo se despejará cuando en unas semanas se presenten los presupuestos.El Ayuntamiento señala hacia el Gobierno central para justificar su recorte presupuestario. La cancelación de proyectos puede interpretarse como una medida de presión al Ejecutivo de Zapatero para que aumente las partidas presupuestarias a los ayuntamientos. "Yo invito al resto de los ayuntamientos de España a que se sumen a nuestra iniciativa. No podemos seguir así. Lo que hacemos es dejar de abordar nuevas obras que engordarán la bolsa de servicios impropios de los ayuntamientos", explicó ayer el concejal de Hacienda, Juan Bravo.
Según este edil, la medida se puede interpretar como "una huelga de ampliación de servicios que no corresponden a los ayuntamientos, una huelga a la que estamos dispuestos". Ésta es la línea, según Bravo, que sigue la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el socialista Pedro Castro.
En ningún caso se dejarán de prestar los servicios de los que ya disponen los ciudadanos, pero no habrá más. Al menos hasta que el Gobierno de Zapatero asuma su coste. "Garantizamos el gasto en los servicios sociales que ya se prestan", explica Bravo. De todas formas, explicó el edil de Hacienda, se seguirá elaborando la redacción de proyectos "por si acaso cambia la situación y se pueden hacer".
La subida de impuestos prevista, como mínimo, será la actualización del IPC. También en función de la partida que destine el Gobierno al Ayuntamiento se tomarán otras decisiones.
Para la oposición, el recorte no tiene ninguna justificación. "Resulta difícil de explicar, hasta para Gallardón, cómo va a seguir gastando en las obras de su Palacio de Cibeles, en el eje Prado-Recoletos, con beneficios privados por medio, o en remodelar el río mientras deja a miles de vecinos sin centros de mayores o escuelas infantiles", criticó ayer el portavoz de IU en el Ayuntamiento.
Los socialistas, por su parte, pedirán a Gallardón que comparezca en el Pleno del próximo lunes para explicar los recortes. Además, su portavoz, David Lucas, atribuyó a la "mala gestión" la situación financiera del Consistorio", y afirmó que "es en épocas de crisis cuando las administraciones públicas han de apostar más por la actividad y el dinamismo que generan empleo".
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 26/09/2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Ecologistas y Plataforma X Toledo consideran el POM un instrumento "destructivo" del patrimonio
EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción y Plataforma X Toledo presentaron hoy el contenido del recurso contencioso-administrativo contra la aprobación del Plan de Ordenación Municipal (POM), al que consideraron como el responsable de una futura destrucción del legado histórico, cultural y patrimonial de la ciudad de Toledo "si no se actúa en consecuencia y a tiempo".
Así lo confirmaron los representantes y portavoces de las asociaciones, Miguel Ángel Hernández y Justo López, respectivamente, en rueda una prensa en la que explicaron que el recurso, admitido a trámite, se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y al mismo se ha adjuntado un solicitud de paralización cautelar del POM.
La demandada se fundamenta en las "profundas deficiencias" del expediente de aprobación tramitado por la antigua Consejería de Vivienda y Urbanismo, actual Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. Entre ellas, se encuentra el incumplimiento de al menos cinco normas fundamentales como la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial, la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha, la Ley de Aguas o la Ley del Patrimonio Histórico.
La mayoría de Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) que plantea el expediente pretenden la recalificación de suelo protegido ambiental, cultural y patrimonialmente, para convertirlo en suelo urbanizable sin atender a las "terribles consecuencias que acarrearía".
Según explicó el portavoz de Plataforma X Toledo, Justo López, el Gobierno de Castilla-La Mancha ya pidió justificaciones, obligación contenida en la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha, al Ayuntamiento de Toledo por estas modificaciones "sin embargo, nosotros no hemos encontrado explicación alguna a lo largo del expediente", indicó.
De esta forma, manifestó, Ayuntamiento y administraciones implicadas, Vivienda, Urbanismo, Cultura, Medio Ambiente y la Dirección General de Patrimonio y Museos incurrieron en ilegalidad desde el mismo día de ratificación del expediente. Sus miembros han manejado como válido un documento contrario a los informes sectoriales emitidos durante el trámite de aprobación y al Proyecto Especial Centro Histórico de Toledo (PECHT).
El POM de Toledo tampoco ha tenido en cuenta, a juicio de las asociaciones, el Informe de Evaluación Ambiental Preliminar de donde se desprendía que el municipio no cuenta con el abastecimiento de agua necesario para asumir la demanda estimada en los nuevos desarrollos.
Ignora, además, el hecho de que los proyectos suponen un incremento del 53 por ciento de la superficie construida. Una extensión excesiva desde el punto de vista de la sostenibilidad del municipio. En la actualidad el plan prevé la construcción de 70.000 viviendas, el doble de la demanda real de vivienda en toda la región.
PAU DEL "CRISTO DE LA VEGA"
Por su parte, Miguel Ángel Hernández señaló que algunos de los argumentos planteados en el recurso han quedado demostrados cuando el Ayuntamiento toledano se ha visto obligado a denegar los proyectos de urbanización del PAU del "Cristo de la Vega".
La paralización se llevó a cabo en razón de la resolución negativa y vinculante de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Junta y por deberse entender desfavorable el informe preceptivo "no emitido" por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Hernández apeló a una actuación de idénticas características, por parte de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda para el resto de proyectos del POM al conocer los informes sectoriales.
Por todo ello, Ecologistas en Acción y Plataforma X Toledo, concluyeron que el POM creará un clima de inseguridad jurídica "inaceptable" que pondrá en peligro la catalogación de la ciudad como conjunto histórico Patrimonio de la Humanidad.
Exigieron una "actitud responsable", es decir, una rectificación por parte de los que aprobaron el POM y de los que tienen competencias sobre el mismo, sometiéndole a un análisis exhaustivo que "permita el regreso a la legalidad y al sentido común". "Pedimos paralización de las obras que resulten del todo inadmisibles y la modificación de aquellas que, a raíz de los cambios, respeten toda la normativa", arguyó el portavoz de Ecologistas en Acción.
En caso de actitud basada en la inactividad de las administraciones "sentaremos ante la justicia a los responsables y con documentación probatoria en la mano les haremos pagar tan tremenda incoherencia", sentenció.
* Europa Press - TOLEDO, 25 Sep 2008
Foto: Toledo, vista - wikipedia.org
“El sector urbanístico es la asignatura pendiente de la corrupción”
LADRILLOS/Entrevista* : España ha pasado a ocupar el puesto número 28 en un ranking sobre países corruptos, aumentado la percepción de corrupción en los últimos cuatro años. Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España, aclara las dudas en Lanacion.
-¿Por qué ha empeorado la percepción de corrupción en España en estos últimos años?
-Ha empeorado fundamentalmente por el sector urbanístico, que es el gran asunto pendiente de la corrupción en España. Cada vez van aflorando más noticias sobre temas turbios relacionados con el mundo inmobiliario y se destapan más escándalos. En España no hay más corrupción, sino que la que había va apareciendo cada vez más. Se han hecho muchas cosas de manera ilícita y poco a poco van saliendo a la opinión pública.
-¿Aparte del sector de la construcción, dónde hay más casos de corrupción en España?
-Normalmente sólo se percibe en el sector de la construcción e inmobiliario. Hay más de 140 alcaldes procesados por asuntos urbanísticos y muchos procesos judiciales relacionados con especulaciones abiertos. Aquí no tenemos los problemas que tienen otros sitios con una Justicia corrupta y jueces comprados.
-¿Cómo puede afectar esto en la inversión extranjera?
-A nosotros nos va a afectar muy poco. Afecta mucho más a los países pobres, con corrupciones incluso desde niveles de gobierno, de jueces, de fuerzas del orden… En esos situios los inversores si que se retraen. Ven que no hay garantías y les da miedo. Sin embargo, en España no tiene porque afectar mucho porque hay garantías y seguridad. Efectivamente, a los inversores extranjeros que se metan en temas del ladrillo y en asuntos inmobiliarios les puede echar para atrás la precaria situación del sector.
-¿Qué soluciones hay a medio plazo?
-Se están poniendo mecanismos legales que frenarán esto. Nuevas leyes, como la ley del suelo. Más control y transparencia que dificultan los actos ilícitos. Los jueces, las fuerzas de seguridad, la prensa… están muy encima y disuaden a los corruptos. Incluso los ciudadanos se están implicando para destapar escándalos.
* Periodista Digital - Ladrillos - 25.09.2008
