La Plataforma por una Vivienda Digna* ha presentado un documento en el que valora la nueva ley del suelo aprobada por el Congreso de los Diputados que entra en vigor el 1 de julio. Las opiniones parten de un grupo de trabajo formado por integrantes de la plataforma de toda España.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna* hemos seguido con sumo interés el desarrollo de la nueva ley del suelo, por su capacidad de influencia en el grave problema de acceso a la vivienda que tenemos una gran parte de los ciudadanos de este país. La opinión de consenso de la mayoría de miembros de en la Plataforma es que esta ley es objetivamente mejor que su predecesora. Sin embargo, una vez más no se abordan reformas de fondo, por lo que el Gobierno y los grupos parlamentarios que han participado han dejado escapar la oportunidad de sentar las bases de un cambio de modelo. Un modelo que avance hacia la consecución del derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución.
Reservas de suelo protegido insuficientes.
La reserva de suelo que debe destinarse a vivienda protegida en los nuevos desarrollos queda finalmente en un 30% (tras el 25% anterior al trámite parlamentario). Para la Plataforma por una Vivienda Digna este porcentaje es claramente insuficiente, ya que la cantidad de ciudadanos demandantes de vivienda que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial suponen una demanda superior a las reservas que plantea la ley. Tal es así que las leyes autonómicas de algunas comunidades establecen porcentajes de reserva superiores.
Además, desde la Plataforma por una Vivienda Digna pensamos que el modelo de reserva de un porcentaje fijo de la edificabilidad (30% según la ley) no contribuye de forma eficaz a solucionar el problema, y que la reserva de suelo de protección oficial debería establecerse en función de estudios de necesidad que fijaran el número de demandantes en disposición de acceder a este tipo de viviendas.
Puerta abierta a una vivienda protegida “cara”.
La nueva ley no hace referencia a las características del régimen de protección de las futuras viviendas que se ubicarán en un suelo protegido. Actualmente existen comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que han “inventado” tipologías de viviendas protegidas cuyos precios están fuera de lo que se puede permitir una persona con un sueldo normal, especialmente si hablamos de una persona joven, inmigrante, divorciada, o en alguna otra situación de necesidad especial.
En este sentido, aunque la ley reserve suelo para vivienda protegida, se deja la puerta abierta a que ese suelo sea ocupado finalmente por viviendas protegidas que la mayoría de los demandantes no podrán pagar, con lo que la reserva de suelo acaba siendo inútil desde el punto de vista de la función social de la vivienda protegida.
Faltan medidas para evitar retrasos.
Otro problema que están sufriendo los demandantes y adjudicatarios de viviendas de protección oficial es la “pereza” de los promotores a la hora de construir este tipo de vivienda frente a la vivienda libre. Esto tiene como consecuencia retrasos de hasta más de 10 años en la entrega de la vivienda protegida. Desde la PVD llevamos tiempo reclamando la vinculación de permisos administrativos de construcción de vivienda libre al estado de las promociones de vivienda de protección oficial pertenecientes al mismo plan. Sin embargo la nueva ley del suelo no recoge este punto, que sí tienen en cuenta algunas leyes de suelo de carácter autonómico.
Coladeros legales para escapar a la obligatoriedad de crear vivienda protegida.
Es un paso atrás importante el hecho de que los artículos que fijan las reservas y los usos de los suelos que forman parte del patrimonio público del suelo permitan como alternativa a la construcción de vivienda protegida “otros fines de interés social”. A nuestro entender, esta excepción será un coladero que contribuirá al modelo actual de financiación de las administraciones públicas por medio del urbanismo, que como hemos venido denunciando, es un “tributo” sumamente injusto y desigual, que reposa en la necesidad vital de vivienda de las personas.
Deben primarse los espacios ya urbanizados.
En cuanto a la sostenibilidad que la ley pretende conseguir en los nuevos desarrollos, pensamos que también se han dado pasos adelante con los nuevos informes necesarios y la implicación de las administraciones involucradas. No obstante, la ley debería haber introducido alguna medida efectiva para discriminar positivamente la reutilización de espacios ya urbanizados sobre los nuevos desarrollos. Esta medida contribuiría también de forma notable a la sostenibilidad, tanto medioambiental como económica.
Aspectos positivos
Nos parece positivo que queden regulados por siempre los precios de venta o alquiler de las viviendas de protección construidas en los patrimonios públicos de suelo, de forma que no se pierda nunca su estatus de vivienda protegida. Sin embargo nos preguntamos porqué no se ha extendido esta medida a la totalidad de la viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial.
El hecho de que la totalidad de viviendas protegidas tengan esa calificación de forma permanente es fundamental para que siempre exista un parque extenso de vivienda de protección oficial, que contribuya a solucionar futuras situaciones de dificultad de acceso a la vivienda.
Sujeta al desarrollo de las Comunidades Autónomas
El resto de los puntos relevantes de esta ley son medidas que no podemos valorar desde la PVD ya que son herramientas que serán positivas o negativas en función de cómo sean desarrolladas por las comunidades autónomas. Se trata de puntos como la diferencia del derecho de superficie y de la propiedad del suelo y su regulación, el papel del agente urbanizador, o la nueva valoración del suelo en las expropiaciones, por ejemplo.
En cualquier caso, desde la Plataforma por una Vivienda Digna somos conscientes de que la principal responsabilidad de los problemas actuales de acceso a la vivienda en España es de los gobiernos de las comunidades autónomas, al estar transferidas la mayoría de las competencias sobre urbanismo y vivienda. Así, es lamentable que en la mayoría de comunidades autónomas, se siga apostando por un modelo que ignora el derecho a una vivienda digna y apoya la creación de más viviendas innecesarias, la especulación y el mantenimiento de la burbuja. La nueva ley hubiera debido también establecer mecanismos que aseguraran el cumplimiento de su espíritu también a nivel regional, pero no lo ha hecho suponemos que por evitar el riesgo de inconstitucionalidad. Seguiremos esperando a que nuestros gobernantes formalicen un pacto que separe al urbanismo de los intereses especulativos de manera uniforme en todo el Estado.
Por tanto, a partir de de la entrada en vigor de esta ley nacional, demandamos a los gobiernos de las comunidades autónomas el desarrollo de leyes del suelo que sigan el espíritu recogido en el artículo 47 de nuestra constitución y que sean la base de un mercado de vivienda asequible para todos, en lugar de buscar vías con las que apuntalar un modelo tan insostenible como el actual.
Tímidos avances, sin cambio de modelo
En resumen, lo deseable en esta nueva ley del suelo hubiera sido un cambio de paradigma en el que se pusiera al derecho humano a la vivienda como base inspiradora de las actuaciones de gestión del suelo, dejando en segundo plano la vocación exclusivamente seguidista del mercado que tienen las leyes actuales, algo en lo que ha puesto énfasis el relator de vivienda de la ONU en su contundente nota emitida recientemente. Sin embargo hay que decir que la nueva ley es objetivamente mejor que sus predecesoras y que por lo tanto, supone un avance.
Sin duda estos tímidos avances se están dando en parte por las manifestaciones y la presión de los movimientos sociales que buscamos una sociedad mejor y más justa en una materia fundamental como es la vivienda. Por ello animamos al conjunto de la sociedad, y en especial a los jóvenes, a seguir saliendo a la calle y tomando iniciativas para defender el cumplimiento de artículo 47 de la Constitución.
* www.viviendadigna.org
* Kaosenlared.net - 01.07.2007
La nueva ley del suelo. Un paso adelante, pero insuficiente
Entra en vigor la Ley de Suelo con la incógnita de si influirá o no en los precios de las casas
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J.F.LEAL.- El Mundo* : "Algo bueno tendrá esta Ley cuando no deja satisfechos del todo ni a promotores, ni a las administraciones autonómicas y municipales, ni a los colectivos de consumidores", afirmaba recientemente un agente de sector inmobiliario. ¿Útil o estéril? ¿Conflictiva o de consenso? La cuarta 'Ley de Suelo' dictada por un gobierno español en 50 años (1956,1975, 1998 y 2007) entra en vigor hoy, 2 de julio, en la práctica -legalmente lo hizo ayer domingo- tras años de debate, encuentros y desacuerdos. Polémico donde las haya, el texto aprobado en el Congreso el pasado 10 de mayo con la inesperada presencia de José Luis Rodríguez Zapatero marca un antes y un después en los objetivos fundacionales del Ministerio de Vivienda, del que se llegó a decir que desaparecería tras la puesta en marcha de la Ley.
Agentes urbanizadores, constructores y consumidores barajan las mismas preguntas –manidas ya– asociadas con el devenir de los precios de las casas y del suelo y el aumento del parque de vivienda protegida. Incógnitas que un potencial comprador de una casa resume en una sola: ¿Podré comprármela a un precio asequible?
Váyase olvidando, al menos en esta legislatura y parte de la siguiente. Las casas construidas sobre suelos comercializados al abrigo de esta ley no empezarán a venderse como poco hasta dentro de tres o cuatro años.
Durante los meses previos a su entrada en vigor, María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, no se ha cansado de cantar las bondades y el espíritu conciliador de una Ley que, ante todo, busca desincentivar la especulación salvaje, generar transparencia en el proceso urbanizador y aumentar la construcción de viviendas protegidas a un precio asequible. Todo, en la medida que puede una Ley estatal donde las políticas de suelo están en manos de los Ayuntamientos en primer lugar y de las comunidades autónomas en segundo orden.
Descontento general en el sector
Según una encuesta realizada el pasado mes de junio por el Instituto de Práctica Empresarial, el 80% del sector inmobiliario se muestra en desacuerdo con el texto y con la idea de que conseguirá bajar los precios de la vivienda.
En un recorrido parlamentario salpicado de críticas –especialmente las asociaciones de promotores y constructores–, el Partido Popular fue finalmente el único grupo político en ambas cámaras que se negó a aprobar la Ley. Fuera del ámbito político, numerosas voces se han alzado contra el sistema de expropiaciones que propone el texto, el cual prescribe que el suelo se debe vender por su valor real y no por el potencial que ofrece, pero no acota el margen especulador del comprador del terreno.
Otro de los puntos que ha generado mayor controversia es la obligación de reservar un 30% del suelo de los proyectos urbanísticos para vivienda protegida, un porcentaje insuficiente, para algunos, que ya superan muchas comunidades autónomas, como Madrid, que reserva el 40%.
Sus detractores también critican el punto que obliga a los promotores a ceder hasta el 20% del suelo a los ayuntamientos, ya que consideran que éstos tendrán que vender las casas más caras para amortizar sus inversiones.
Escepticismo entre los consumidores
Para los colectivos de consumidores, la ley está llena de buenas intenciones pero se ha quedado corta en su intento de frenar la especulación, pues "impide que el suelo se venda a los agentes urbanizadores a precios desorbitados pero no que estos puedan especular a la hora de comercializar las viviendas", señala Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Para García, se trata de "una ley imperfecta, consciente de los problemas de base del suelo pero a los que difícilmente podrá hacerles frente".
Facua, por su parte, reivindica que se cumpla el principio de coordinación de las administraciones públicas y que se apliquen las medidas previstas en caso de incumplimiento de la ley, especialmente en lo que se refiere a las viviendas protegidas.
* El Mundo - Su Vivienda - 02/07/2007
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización /A.Heredia (El Mundo)
Hartos de autovías
Joaquín Arce Fernández* : "Los españoles y los asturianos estamos ya empachados, gordos y enfermos de consumir compulsivamente tantas autovías, suelo y energía. A estas alturas de la historia, y en nuestra situación económica actual, las autovías, la construcción y el derroche energético no son, ni de lejos, una buena alimentación para una sociedad que quiera vivir largo tiempo, tener un desarrollo sano y equilibrado y administrar bien los escasos presupuestos disponibles. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, aprobado en 2005 por el Gobierno de España, ya señalaba que somos el país de Europa con más asfalto por habitante y nuestra dotación de autovías y autopistas es de las más altas de Europa: España es el segundo país de la UE con más kilómetros de autopistas (sólo superado por Alemania) y el primero en términos relativos con relación al número de kilómetros por vehículo o de kilómetros por habitante. Y no por eso estamos más desarrollados. También somos, según el Informe de 2006 del Observatorio para la Sostenibilidad, de los que peor usamos la energía en Europa y los que más suelo natural urbanizamos de forma irreversible.
Por eso mismo, el PEIT, aunque todavía contempla la construcción de 6.000 nuevos kilómetros de autovía en su periodo de vigencia hasta 2020, se fijó como objetivos principales mejorar las redes ferroviarias, fomentar la intermodalidad, realizar planes de movilidad sostenible y reducir los impactos ambientales del transporte.
Así, el PEIT, pese a sus limitaciones, denunciadas por las asociaciones ecologistas españolas, estableció como objetivos ambientales: limitar las emisiones de CO2, reducir los contaminantes atmosféricos, limitar el uso de los vehículos privados, evitar la fragmentación de ecosistemas y el efecto barrera para la fauna, etcétera.
Estos objetivos no son improvisados. Responden a la preocupación profunda de la Unión Europea, y quizás del propio Gobierno español, por los impactos ambientales y la sostenibilidad del transporte, sector muy relacionado con la crisis energética, el cambio climático, las enfermedades provocadas por la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
En ese contexto, sorprende el gran retraso y desinterés con el que se plantean todas estas cuestiones en Asturias, tanto por parte de la sociedad como del propio Gobierno regional. Por una parte, se hacen pomposas declaraciones públicas sobre el desarrollo sostenible como objetivo de la acción del Gobierno regional, y se promocionan mascotas turísticas, como el oso Yogui, con las que se quiere dar una imagen externa de buena salud ambiental. Pero, por otra, se impulsan proyectos de infraestructuras agresivas como la nueva autovía-carretera La Espina-Ponferrada o el embalse de Caleao, actuaciones urbanísticas consumistas y desarrollistas como las que se proponen estos días para Llanera y Siero, y proyectos industriales-energéticos como el contaminante y peligroso tinglado de regasificadora-centrales térmicas de ciclo combinado-líneas de alta tensión o la macroincineradora de residuos de Cogersa, todos ellos ejemplos de manual de lo que no hay que hacer en estos tiempos, si se tiene una mínima sensibilidad ecológica y de sostenibilidad.
En una época en que en la UE y los países más desarrollados de nuestro entorno se promueven sobre todo el ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables, el reciclaje, la educación y la investigación, el transporte público y la conservación de la naturaleza, y se lucha por la salud y contra el consumo y el cambio climático, aquí seguimos obcecados en fomentar el transporte por carretera, la construcción y las industrias contaminantes del siglo pasado.
Es difícil explicar por qué somos tan catetos. Sobre todo en un momento en la que la información se difunde libremente y llega a todas partes. Los gobernantes, por lo menos, no deberían tener excusas. Quizás la causa de este desfase temporal en nuestro modelo de desarrollo tenga que ver con la persistente mentalidad que se generó en la difícil época de la posguerra española y el franquismo, en la que se pasó hambre y todo escaseaba. Esa situación nos hizo insaciables. Sería la misma postura que la de los nuevos ricos. O la de aquellas madres que, a toda costa, querían que sus hijos comiesen y engordasen, ignorando que, alcanzado un nivel de vida como el actual, está más extendido el problema de la obesidad que el de la desnutrición infantil.
Con las autovías, los proyectos 'ilusionantes'de crecimiento urbanístico y la industria energética nos está pasando lo mismo. Nuestros gobernantes nos quieren 'fartucar', hasta que no podamos más y 'nos salgan por las orejas'. Porque una parte de la gente lo pide, es verdad (sin ser conscientes de los costes y las alternativas), pero también porque muchos de ellos tienen mentalidades anticuadas, de épocas pasadas (clientelismo e inauguraciones), y no conocen ni entienden otros modelos de desarrollo sostenibles y actuales.
Habría que sustituir a esos políticos por otros. O, como mínimo, enviarlos a un cursillo de 'nutrición pública para la sostenibilidad'. Para que aprendan a poner a régimen el Presupuesto: disminuir los proyectos desarrollistas, pesados e indigestos, con mucho colesterol malo, como las nuevas carreteras y las grandes infraestructuras, y aumentar los proyectos inteligentes, sanos, pequeños y variados, las frutas y verduras de la gestión pública, la I+D, la educación, la gestión eficiente y el mantenimiento adecuado de los recursos, infraestructuras e instalaciones ya existentes, el ahorro, etcétera.
Y para que vayan haciendo prácticas de lo que debe ser la movilidad sostenible y el consumo responsable, estaría bien que, cuanto antes, nuestros políticos regionales renunciasen al coche oficial y empezasen a ir andando a los sitios, o usando, aunque sólo fuera de vez en cuando, el transporte público. Así, además, igual se animaban a mejorarlo.
* JOAQUÍN ARCE FERNÁNDEZ/MIEMBRO DE LA MESA FEDERAL DE LOS VERDES DE ASTURIAS
* El Comercio Digital - 14 de marzo de 2007
Movilización contra la especulación inmobiliaria
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D.PLACER.- ElPeriódico/Barcelona* : "Unos 150 jóvenes marcharon ayer por varias calles del barrio de Sants para protestar contra los desalojos de siete inmuebles producidos esta semana y se esforzaron por dejar su rastro en cada rincón. Los contenedores de basura, las señales de tráfico, las vallas de las obras, las paredes, las aceras, los pasos de cebra y las agencias inmobiliarias no se pudieron salvar de la pintura de los manifestantes, en cuya limpieza deberán emplearse ahora a fondo los operarios municipales. "Contra la especulación, okupación", "Ningún desalojo sin resistencia" e "Inmobiliarias sanguijuelas fuera del barrio" fueron los lemas más repetidos durante la marcha que fue escoltada desde lejos por la Guardia Urbana.
Además, varias furgonetas de los Mossos aguardaban detrás de la estación de Sants.
Los okupas cortaron un sentido del paseo de Sant Antoni durante unos minutos, mientras pintaban y colgaban carteles. El momento de tensión de la jornada lo protagonizaron unos comerciales de la inmobiliaria Tecnocasa que intentaron impedir que su entrada fuera pintada por los manifestantes. Los empleados forcejearon con varios jóvenes y uno de ellos les arrojó un pote de pintura negra. La policía, que vigilaba de lejos, no intervino.
'REOKUPACIÓN' FUGAZ
La inmobiliaria Look&Find también sufrió la embestida de los manifestantes y en su entrada quedó reflejado el rechazo del colectivo a este tipo de empresas. La mayoría de los vecinos salieron a los balcones a contemplar la marcha. Algunos aplaudieron a rabiar.
Los jóvenes reokuparon por unos minutos las casas que fueron desalojadas en la calle de Miquel Àngel. Algunos recuperaron objetos personales que aún quedaban dentro de la nave La Breva, donde celebraban actos culturales, y prosiguieron la marcha hacia la plaza de Sants, punto de inicio de la protesta.
DENUNCIA AL JUZGADO
El colectivo okupa también denunció ayer que durante el desalojo del pasado miércoles se produjeron abusos policiales. Hibai Arbide, abogado de los okupas, presentó una denuncia al Juzgado de Guardia por la actuación de tres agentes que presuntamente agredieron a uno de los miembros más activos del movimiento.
El colectivo dijo que las autoridades estaban aplicando una nueva forma de desalojo más contundente y sin previo aviso. Arbide cree que fue "mucha casualidad" que dos procesos judiciales diferentes (uno civil y otro penal) tuvieron el desenlace final en el desalojo. Los okupas se quejaron de que la policía revisó sus cámaras de fotos, ordenadores y teléfonos móviles.
* El Periódico de Catalunya - 30/6/2007
Foto: protesta okupa barrio Sants (Barcelona) /A.Olivé (EFE)
Noticia relacionada: Centenares de okupas se manifiestan en Barcelona por los desalojos de la calle Miquel Àngel
Rebeldes mileuristas (quien llegue) sin casa
RAFAEL LEONISIO* : "El 15 de mayo se cumplió el primer aniversario de aquellas sentadas que, convocadas anónimamente por Internet, dieron el pistoletazo de salida a lo que se viene conociendo como movimiento por una vivienda digna. Éste agrupa fundamentalmente a dos colectivos: la Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) y la red de Asambleas 'v' de vivienda. Ante la súbita aparición de un movimiento que parece surgir de la nada y que en menos de un año consigue movilizar a miles de jóvenes, a cualquiera pueden surgirle una serie de preguntas: ¿de dónde surge este movimiento? ¿Tiene detrás alguna fuerza o ideología política que lo impulsa? ¿Tan mala es la situación de la vivienda en España como para que la gente tenga que salir a la calle? ¿Son todos estos jóvenes unos vagos que quieren una casa a cambio de nada? Antes de contestar a todo esto repasemos acontecimientos.
A finales de marzo de 2006 empezó a circular un correo electrónico que convocaba a todos los jóvenes a un 'macrobotellón' en diferentes ciudades españolas. La reacción de la prensa fue unánime: dar una importante cobertura a la noticia y llegar a una misma conclusión, a saber, que los jóvenes de este país no piensan más que en su propia diversión y que es vergonzoso que con todos los problemas que hay en el mundo sólo se junten de manera masiva para emborracharse. Poco después se lanzó otro 'e-mail' en el que se instaba a la juventud a demostrar, ante la mala imagen que se había dado de ella, que también sabía movilizarse por otras causas. Se la convocaba a reclamar por medio de unas sentadas el incumplido derecho constitucional a una vivienda digna.
La convocatoria fue un éxito, máxime si tenemos en cuenta que se hacía de forma anónima, por Internet y que los medios no le prestaron ni la mitad de atención que a la anterior. La asistencia fue muy desigual: unas pocas decenas en ciudades pequeñas y varios centenares en algunas más grandes. Sin embargo, en Barcelona y Madrid fueron varios miles, formándose en esta última una manifestación espontánea que acabó (más bien fue 'acabada' por la policía) en la puerta del Congreso de los Diputados. Por la forma en que había surgido todo parecía indicar que este movimiento de protesta acabaría ahí mismo, donde empezó, quedando relegado a mera anécdota de fin de semana. Sin embargo no fue eso lo que ocurrió. Siguieron convocándose sentadas todos los domingos siguientes a la primera y quienes acudían a ellas comenzaron a organizarse. Unos contactaron con la ya existente y hasta entonces inédita PVD mientras que en otros lugares se formaron asambleas que poco después formarían la red 'v' de vivienda. Estas organizaciones empezaron a convocar unas movilizaciones que fueron respaldadas de forma masiva por miles de ciudadanos. En septiembre más de 10.000 jóvenes se manifestaron en Barcelona y un mes después un número parecido lo hacía en Madrid. El 23 de diciembre miles de jóvenes se manifestaban simultáneamente en toda España, sucediendo lo mismo el pasado 24 de marzo. Lo mismo pero con más gente, porque una de las sorprendentes características de este movimiento es que no para de crecer.
Llegados a este punto conviene hacer un alto y preguntarse ¿tan mal está el acceso a la vivienda en España? 'Los jóvenes quieren que se lo den todo hecho, a nosotros también nos costó mucho esfuerzo comprar una casa', suele argumentar alguno ante estas movilizaciones. Pero sólo hay que remitirse a los datos. Hace veinte años las hipotecas eran a 10-15 años con un solo sueldo; hoy se necesitan dos salarios y el plazo de amortización no baja de los 30 años cuando no son 40 o 50. 'La juventud quiere un pisito gratis sin trabajar, y eso es tener mucha caradura'. Pues tampoco es eso. Nadie en todas las manifestaciones y demás acciones ha pedido que le regalen una casa. Tan solo se exige que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, que reza lo siguiente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
¿Tenemos todos los ciudadanos acceso a una vivienda digna y adecuada? Está claro que no. ¿Todo el que accede a una vivienda digna lo hace en condiciones dignas? Sólo si consideramos que una hipoteca a 50 años es un modo digno de acceder a una vivienda, lo cual es mucho considerar. ¿Promueven los poderes públicos las condiciones necesarias y establecen normas pertinentes para hacer efectivo este derecho? Aquí está la clave del asunto.
España es ya el país con la vivienda más cara del mundo en relación a los salarios, lo que por necesidad implica que los poderes públicos no lo están haciendo muy bien. Por acción u omisión algo de culpa tienen que tener. Las movilizaciones juveniles han apuntado una serie de medidas concretas que, inspiradas en países de nuestro entorno, podrían mitigar el efecto de la ya por todos llamada burbuja inmobiliaria. Pongamos como ejemplo la última manifestación convocada por la PVD de Euskadi, en la que se proponían a los poderes públicos tres medidas concretas: 1. Ley de Hipotecas, donde se impida que éstas superen un número concreto de años (15-20) para su amortización. Esto ocurre actualmente en Francia e impide la escandalosa escalada de precios (150% en 10 años) que tenemos en este país. 2. Gravar fiscalmente los pisos vacíos para así incentivar su venta o puesta en alquiler, como pasa en otros muchos países europeos. 3. Que toda la VPO sea para alquiler. La VPO en régimen de compra es un despropósito ya que con el dinero de todos los hipotecados se financia una vivienda asequible para muy pocos.
¿Quién está detrás de todo esto? Habrá quien sospeche que este movimiento está politizado y que responde a determinados intereses políticos. Nada más lejos de la realidad. Una de las características más sobresalientes de este movimiento es el apartidismo. Los partidos que llevan gestionando la democracia desde hace treinta años ni están ni se les espera y, aunque lo intentaran, les resultaría muy difícil hacer una OPA. Quienes se han manifestado profusamente durante este último año han venido dejando bien claro que reparten la culpa entre todas las fuerzas políticas. Unas con más responsabilidad que otras pero todas, al fin y al cabo, culpables, por acción u omisión, de este gravísimo problema que hoy tenemos en España. Problema además muy peligroso para nuestra economía, que posiblemente no aguante sin una crisis el estallido de la burbuja. ¿Pero estallará la burbuja? El futuro siempre es incierto, pero si nos fijamos en los casos de Japón y Estados Unidos (donde la burbuja estalló y de verdad) combinándolo con el 'que nadie se alarme' del Gobierno ante la crisis en bolsa de las inmobiliarias, la verdad es que es para echarse a temblar.
Una vez hechas las aclaraciones, ¿qué balance se puede hacer de este movimiento? Es evidente que no ha quedado en saco roto. Si miramos atrás podemos recordar cómo hace un año las noticias que hablaban del precio de la vivienda y, sobre todo, de la escasa posibilidad de los jóvenes de acceder a ella eran escasas. Hoy día cada dos por tres algún periódico, revista o programa de televisión incluye algún espacio para este tema. Por otro lado los políticos ya han empezado a competir por ver quién es el que hace la mejor promesa para resolver esta situación (ejemplos claros los tenemos en los gobiernos vasco y catalán, que ya han lanzado alguna propuesta en lo que respecta a los pisos vacíos; o en esta última campaña electoral, donde la idea de 'vivienda digna' ha aparecido por todas partes). Pero de momento estamos en eso, en la fase de las propuestas, y todavía nos quedará un tiempo para ver las soluciones (si es que llegan). En cualquier caso todo este movimiento básicamente juvenil ha demostrado que con la ayuda de las nuevas tecnologías (fundamentalmente Internet) es posible crear un movimiento exclusivamente ciudadano, y por tanto sin impulsos políticos, con capacidad para influir tanto en los poderes públicos como en la ciudadanía. Sin duda un paso adelante hacia una mayor democratización de una sociedad que, cuando se ha movido de manera masiva, lo ha hecho casi exclusivamente por el influjo de los grandes partidos políticos.
* RAFAEL LEONISIO /INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UPV-EHU
* El Correo Digital - 29 de mayo de 2007
