LAINFORMACIÓN* : Más de 500 millones de euros de deuda, una plantilla de 3.800 empleados que se llevan el 65% del presupuesto municipal y una credibilidad que ahuyenta a los inversores se han convertido en los tres pilares que aún mantienen al Ayuntamiento de Marbella bajo la sombra alargada del ‘caso Malaya’. Cuatro años y medio después de las primeras detenciones, el consistorio se esfuerza para salir de la necesidad económica. El Ayuntamiento de Marbella, gobernado actualmente por el PP, tiene una deuda de 512 millones de euros, gran parte de los cuales fueron heredados del pasado. Del volumen total de deuda, 190 millones de euros se deben a la Seguridad Social y otros 90 millones de euros a Hacienda.
Entre el ayuntamiento y el Estado existe un acuerdo para eliminar estos números rojos con el pago de 300.000 euros mensuales a cada entidad hasta que queden subsanados. El PP presume de que el Ayuntamiento de Marbella está abonando lo debido a la Seguridad Social y a Hacienda.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene previsto utilizar las indemnizaciones pagadas por los acusados del ‘caso Malaya’ o causas paralelas para el pago de la deuda. Por ejemplo, Juan Antonio Roca, José Luis Sierra y Manuel Castell fueron condenadas por el caso ‘Saqueo 1’ a pagar 24 millones de euros al consistorio que serán destinados a recortar los más de 500 millones de deuda. Además, el ayuntamiento andaluz ya pidió el pasado junio una indemnización de 14 millones de euros a los acusados por el ‘caso Malaya’.
El equipo regidor también busca fórmulas que le permita pagar con cierta comodidad los más de seis millones de euros que todavía adeuda al Estado. La deuda se produjo por “el cálculo erróneo” que la Administración central hizo de la previsión de recaudación de los ejercicios de 2008 y 2009. Todos los ayuntamientos deberán devolver una cantidad de 1.500 millones de euros. Marbella quiere hacerlo en especies, concretamente en solares.
La medida puede parecer curiosa, pero ya fue aceptada por el Estado como moneda de pago. En marzo de 2009, el Gobierno liquidó parte la deuda histórica de 1.204 millones de euros de la Junta de Andalucía con solares edificables e inmuebles. Desde el PP reclaman que si la fórmula fue válida para los socialistas andaluces, tal vez ahora el Ayuntamiento de Marbella pueda beneficiarse de ella aunque esté bajo mandato popular.
Aquí sobran funcionarios
Si la deuda acumulada durante todos estos años de mala gestión y corrupción supone una losa muy pesada, el gasto adquirido en forma de funcionarios colocados a dedo en el consistorio pone en riesgo una salida más fácil de la crisis. El Ayuntamiento de Marbella tendría en estos momentos una plantilla de unos 3.800 funcionarios, que se ‘comen’ aproximadamente el 65% de los presupuestos del consistorio. De los 220,2 millones que serán gastados este año, 143 millones van destinados a las nóminas.
El grupo socialista en el ayuntamiento se queja de que algunos de los funcionarios que ahora consumen los recursos de Marbella antes recibían los regalos de los empresarios corruptos relacionados con el ‘caso Malaya’. Pese a las enormes dificultades, el pleno del consistorio andaluz aprobó unos presupuestos con un superávit de 3.483 euros.
Urbanismo, ese agujero negro
Durante los años 90, muchos promotores, amparados en un sistema corrupto, edificaron en zonas verdes o de equipamiento con falsos permisos que aún están por revisar. Evidentemente, los efectos de esa construcción ilegal todavía están presentes en Marbella. Para unos, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puede ser la gran esperanza para acabar con esas irregularidades.
Desde antes de su publicación del plan en el BOE, numerosas empresas y promotores se interesaron sobre la estrategia del equipo de Urbanismo del consistorio para instalar sus grandes superficies o proyectos de negocio en Marbella. Para unos puede significar volver a las andadas y para otros un reclamo ideal para atraer a los inversores.
El plan también ha intentado cerrar la herida de la gran mayoría de las 18.000 construcciones ilegales en Marbella, de las que 16.500 estaban habitadas. El PGOU legaliza esas edificaciones irregulares pero habitadas mediante compensaciones. ¿Hacer tabla rasa para volver a empezar…?
* La Información - 28.09.10
Foto: Marbella, cuatro años y medio después de la 'operación... - la información
Marbella, cuatro años y medio después de la ‘Operación Malaya’: arruinada y con los mismos funcionarios
La fiscalía pide más agentes para combatir la corrupción
LAVERDAD/Murcia* : El presidente del TSJ ha recordado además "la necesidad perentoria" de nuevas unidades judiciales porque "un juez sin medios suficientes difícilmente puede saciar la sed de Justicia". El curso judicial se iniciado hoy oficialmente con una reivindicación contundente por parte del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal: que «se amplíe generosamente» el número de miembros de los cuerpos policiales especializados en materias como los delitos económicos, medioambientales o urbanísticos, así como aquellos contra la administración pública. «Es imprescindible si no queremos que los retrasos en la tramitación de estas causas derive en falta de credibilidad de la justicia».
Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región, Juan Martínez-Moya ha pedido en su discurso de apertura del año judicial "reformas legales para reducir sin mermar la tutela judicial efectiva la litigiosidad", que ha calificado de "imparable y abrumadora en todas las áreas donde la crisis ha impactado profundamente: laboral, civil y también penal". Y ha apostado por seguir extendiendo el uso de la mediación en los distintos ámbitos de jurisdicción.
El curso judicial que hoy se inicia oficialmente es para Martínez-Moya un "año decisivo de grandes cambios para la Justicia en España" dada la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) y el "nuevo marco de responsabilidades" debido a las transferencias de Justicia hacia la Comunidad. "Celebramos la corresponsabilidad", ha dicho, congratulándose de que la Región esté a la vanguardia del "proceso de no retorno" de la NOJ y avance por "vía rápida y preferente sobre otras comunidades". Otra novedad que ha resaltado es que el Consejo de Hombres Buenos, simbólicamente invitado a la ceremonia de apertura, fue declarado en el curso pasado Patrimonio de la Humanidad.
Para Martínez-Moya la Nueva Oficina Judicial "debe llevar a la reforma de la planta y la demarcación territorial para "superar el concepto de partido judicial y crear juzgados de base y tribunales de instancia". Una nueva "cartografía judicial con cinco coronas" en la Región, según el modelo comarcal que rige en las elecciones autonómicas y con oficinas judiciales "en todos o la mayoría de municipios". Para asegurar el equilibrio entre "los criterios rectores de eficiencia y cercanía". Además de todo ello, el presidente del TJS ha pedido que se "adapte el título III del Estatuto de Autonomía" por estar "desfasado".
En materia de infraestructuras, Martínez-Moya ha recordado la "necesidad perentoria e imprescindible" de siete nuevas unidades judiciales para 2011, que se sumarían a las siete aprobadas para este año y a las 42 en que han crecido las plazas en los últimos cinco años. Y no se ha olvidado de pedir inversiones en la II fase de la Ciudad de la Justicia de Murcia y en un nuevo edificio judicial en Lorca. Porque "un juez sin medios suficientes, difícilmente puede saciar la sed de Justicia de la sociedad".
López Bernal hace repaso a la Memoria
El fiscal superior de la Comunidad Autónoma de la Región, Manuel López Bernal, hizo alusión a la Memoria de la Fiscalía del pasado año que, aunque los datos estadísticos son similares a las de 2008, el año 2009 "vino marcado por una disminución del número de ilícito penales cometidos en la Región, que se sitúa en torno al 1,2 por ciento".
Los delitos que más han aumentado, según López Bernal , han sido aquellos contra la propiedad en todas sus formas, "como era de esperar en una situación de crisis global"; así como los de tráfico de drogas, "donde se sigue constatando la implantación de redes organizadas dedicadas a estas presuntas actividades".
En materia de siniestralidad laboral, se han reducido los delitos de homicidio por accidente laboral, que en 2009 se redujeron a seis frente a los 17 de 2008; descenso que alcanza igualmente a los delitos de riesgo sin resultado lesivo, registrándose sólo uno en 2009 frente a los siete de 2008.
Por contra, en 2009 se registró un aumento significativo de delitos de lesiones en accidente laboral, teniendo como cambio en la tendencia habitual que se ha constatado que el sector servicios fue el primero en número de accidentes laborales, descendiendo al tercer lugar el ya clásico de la construcción.
El trabajo de la Fiscalía de Menores aumentó sensiblemente en 2009, asistiéndose a 9.506 juicios de faltas, 3.865 en Juzgados de lo Penal, a 231 en secciones de la Audiencia Provincial y 3.375 vistas civiles, interesándose 1.016 comparecencias de prisión y 14.579 dictámenes emitidos en distintas materias.
Asimismo, de las 553 diligencias informativas penales incoadas 110 corresponden a medio ambiente y urbanismo, lo que supone un 20 por ciento del total. De éstas, 32 se abrieron por presuntos delitos contra el medio ambiente, 52 contra la ordenación del territorio, cinco por presuntos delitos contra el patrimonio histórico y otras cinco por delitos contra la flora y la fauna.
Al acto acudieron los máximos representantes de la Asamblea Regional, Delegación del Gobierno, ayuntamiento, entre ellos el alcalde de Murcia, las autoridades militares y cuerpos de seguridad, consejos consultivos, universidad, academias, Defensor del Pueblo, representantes de colectivos profesionales, patronal, sindicatos y colegios profesionales.
* La Verdad - 27.09.10
Foto: Bahía del Hornillo, Águilas (Murcia) - greenpeace
RTVE emite íntegra la serie que muestra la destrucción de la costa
ECOLOGISTASENACCIÓN* felicita a RTVE por emitir íntegra la serie de documentales que muestran la presión y la destrucción a la que está sometida la costa española a pesar del intento de censura por parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. La serie “Las riberas del mar océano”, que consta de 13 capítulos, ha sido dirigida por Miguel Ángel Losada, Catedrático de Costas de la Universidad de Granada, y en ella se hace un recorrido en el que se muestran infinidad de desastres ecológicos producidos por la acción o la omisión de diferentes administraciones y que han generado un paisaje costero artificializado y devastado.
En esta serie se muestran la belleza de la costa española, la importancia de mantener su equilibrio derivado de su alta fragilidad y la acción humana que ha ido modificando y rompiendo de una manera desorbitada la franja costera.
En marzo de 2010 el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, presidido por Elena Espinosa, veta una parte de los contenidos de esta serie en lo referente a la corrupción urbanística en el litoral español. El motivo no es otro que enmascarar la cruda realidad de la destrucción de la costa que no deja exento de responsabilidades al Ministerio, a las Comunidades Autónomas y a los Ayuntamientos.
Ecologistas en Acción denunció en su momento este atentado contra la libertad de expresión, por ello, la emisión de esta serie por parte de TVE, es considerada por la organización ecologista, como un paso adelante en la transparencia informativa, un derecho de la sociedad que está cansada de recibir información sesgada y maquillada.
Ecologistas en Acción recuerda que la televisión pública debe garantizar que la información sea creíble y objetiva, independiente de cualquier color político y de cualquier interés privado.
* Ecologistas en Acción - 27.09.10
Foto: Hotel ilegal del Algarrobico, Carboneras (Almería) - greenpeace
Más del cincuenta por ciento de las viviendas unifamiliares de Galicia carecen de la licencia de primera ocupación
LAVOZDEGALICIA* : Más del cincuenta por ciento de las viviendas unifamiliares de Galicia carecen de la licencia de primera ocupación, también conocida como cédula de habitabilidad. El dato, que no está recogido en ningún documento de ninguna Administración, sí es coincidente en la estimación que formulan arquitectos, consultoras de planeamiento y algunos técnicos municipales. Apuntan, además, que es otra de las consecuencias de la dispersión demográfica de la comunidad gallega.
La licencia de primera ocupación es un requisito indispensable para que una vivienda pueda disponer de los suministros básicos (agua, electricidad y gas). ¿Qué sucede con aquellos edificios que carecen de cédula? Si la casa se ajusta a la licencia de obra y cumple con la normativa urbanística, el permiso se concedería por silencio administrativo. En caso contrario, el alcalde debe iniciar un expediente de reposición de la legalidad. Dicho informe no puede ser incoado transcurridos seis años desde la realización de las obras, plazo fijado para la preinscripción de infracciones urbanísticas graves.
Algunos ayuntamientos han intentado hacer tábula rasa desde los últimos años. Uno de los casos más paradigmáticos es el del Concello de Cambre, donde varias empresas de tasación calculan que el setenta por ciento de las viviendas unifamiliares no disponen de licencia. «El Ayuntamiento ha heredado una situación y ahora no es fácil cambiarla», señala un técnico municipal. «Sabemos que en el bum inmobiliario de los años setenta, cuando prácticamente nació el barrio del Temple, todos los pisos se ocuparon sin esa cédula, ¿qué hacemos ahora?, generaríamos un problema tremendo desalojando las casas», añaden. Así, hace seis años, el Concello de Cambre dio orden a la empresa de aguas que negase la conexión a las casas sin cédula.
Pero los propios ayuntamientos reconocen no disponer de un registro de número de viviendas en esta situación irregular. En A Coruña aseguran que los controles son férreos pero, al mismo tiempo, afloran pleitos entre particulares por ventas de pisos de segunda mano por vicios ocultos que hubieran sido detectados de exigirse la licencia de primera ocupación.
En Vigo son numerosas las sentencias contra urbanizaciones ilegales. En la céntrica calle Rosalía de Castro, donde los edificios disponen de los servicios básicos y pagan impuestos, no se ha certificado la licencia de primera ocupación. Muchas veces los ayuntamientos incurren en curiosas contradicciones: niegan la apertura de un negocio en un local porque aún no ha recepcionado la obra (y por lo tanto, no ha expedido las pertinentes cédulas) pero, al mismo tiempo, coloca un vado en el garaje.
Algunos alcaldes, por el contrario, presumen de aplicar un duro control para paliar esta problemática legal. Es el caso de Antonio Mouriño, regidor de Celanova. «Además de la licencia, antes de dar agua y luz exigimos que estén dados de alta en el catastro», señala. En general, los ayuntamientos utilizan la entrada en vigor de sus PXOM para no dejar pasar ninguna vivienda sin controlar. Pero reconocen que las décadas anteriores pudieron dejar sin licencia de primera ocupación un alto porcentaje de inmuebles.
Que el ayuntamiento no conceda el correspondiente permiso no es obstáculo para que las viviendas recién construidas comiencen a ser ocupadas. De hecho, es muy común que en los primeros meses el suministro inicial sea de la propia obra hasta la emisión de la cédula.
* La Voz de Galicia - 27.09.10
Foto: Vista aérea de parcelas y viviendas unifamiliares construidas al pie del monte Xalo, en el municipio de Culleredo - la voz de galicia
La Guardia Civil detiene a 25 personas por las protestas contra el ATC en Zarra
20MINUTOS/Valencia* : La Guardia Civil ha detenido este martes a 25 personas, incluido el alcalde de Ayora (Valencia), acusados de delitos contra la seguridad del tráfico, desobediencia civil y desórdenes públicos durante los actos de protesta de la semana pasada contra la instalación del almacén temporal centralizado (ATC) en Zarra. Según han indicado fuentes de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear y de Greenpeace, los detenidos han sido puestos en libertad después de que los agentes les tomaran una fotografía y las huellas dactilares en el cuartel.
Además, todos ellos han sido citados para un juicio rápido que tendrá lugar este martes a las 09.30 horas en los juzgados de la vecina localidad de Requena.
Arrestado el alcalde de Ayora
Desde la Plataforma han explicado que el primer detenido ha sido el alcalde de Ayora, el socialista Manuel López. Asimismo, han indicado que, a su juicio, los agentes han identificado a los detenidos a través de las fotos de las protestas, ya que la mayoría de los arrestados corresponde a "vecinos de Ayora, donde todo el mundo se conoce", y también son "los que estaban a la cabeza de las pancartas".
Desde la Plataforma se han mostrado "tranquilos", puesto que creen que la finalidad de las detenciones es "asustar" a los manifestantes para que detengan los actos de protesta contra la instalación del almacén en Zarra.
Por su parte, el responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha señalado que la organización ecologista ha puesto en marcha una "ciberacción" urgente para pedir al delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, "que se retiren inmediatamente las acusaciones contra todos ellos".
A este respecto, ha afirmado que con estas detenciones y con el juicio "intentan criminalizar y acallar unas protestas totalmente pacíficas" con el objetivo de "asustarles y atemorizarles".
* 20 Minutos - EFE - 27.09.10
Foto: Miembros de la Plataforma contra el Cementerio Nuclear de Zarra, durante la concentración del 24 de septiembre ante el Palacio de la Moncloa.- 20minutos
'Malaya' arranca sin salirse del guión
SUR/Málaga* : El comienzo del mayor juicio contra la corrupción en la historia de España no deparó sorpresas. La pesada máquina judicial del 'caso Malaya' inició su andadura en la Ciudad de la Justicia sin sobresaltos, con 95 personas sentadas en el banquillo de los acusados. La enorme expectación mediática respondió a lo previsto en el guión y hasta las intervenciones de los abogados se ajustaron a lo que suele ser habitual durante la fase de cuestiones previas en cualquier juicio. Tal y como se preveía, los defensores que intervinieron en nombre de Juan Antonio Roca y de los abogados madrileños acusados de actuar como sus testaferros coincidieron en pedir al tribunal la nulidad de un proceso en el que, según explicaron, se han vulnerado derechos constitucionales de sus clientes. La abogada del principal imputado, Juan Antonio Roca, llegó incluso a pedir la suspensión de la vista, lo que el presidente del tribunal, José Godino, denegó de forma tajante.
Con aproximadamente treinta y cinco minutos de retraso sobre el horario previsto, el magistrado José Godino anunciaba el inicio de la vista con la fase de las cuestiones previas. La primera en intervenir fue la letrada Rocío Amigo, defensora de Juan Antonio Roca. Consciente de las miradas escrutadoras, la joven abogada, -que ha dispuesto de poco más de un mes para preparar la defensa del presunto cerebro de la trama de corrupción por renuncia de su anterior letrado- trató de ser clara, contundente y de no meterse en honduras. Con la voz en ocasiones levemente trémula, Rocío Amigo comenzó por pedir al tribunal la suspensión de la vista alegando el argumento jurídico de 'cosa juzgada'. Así, se refirió a que algunas de las acusaciones en relación a convenios urbanísticos y licencias que se realizan contra su cliente en 'Malaya' ya se han enjuiciado o están siendo objeto de investigación tanto en juzgados de Marbella como de Málaga.
El presidente del tribunal denegó la suspensión y dejó claro que el juicio iba a continuar, ante la atenta mirada de Juan Antonio Roca que, esposado y escoltado por cuatro policías, no paraba de hacer anotaciones en un cuaderno.
La abogada solicitó entonces la nulidad del proceso, al considerar que se habían vulnerado derechos fundamentales durante la instrucción, y pidió al tribunal que se pronunciase sobre ello antes de continuar el juicio para evitar, entre otras cosas, la «pena de banquillo» a los procesados. Para Rocío Amigo todas las pruebas obtenidas a partir de las intervenciones telefónicas sobre las que se construyó la investigación «están contaminadas». La letrada recordó el inicio del 'caso Malaya'. Para ello se refirió a la que calificó de «manida declaración» de Jorge González, el funcionario que en una declaración ante el juez Miguel Ángel Torres por unas diligencias abiertas por presunto delito urbanístico, se refirió al poder que ejercía en el urbanismo de Marbella ex asesor municipal. «Me he leído esa declaración que provocó la apertura de diligencias previas unas quinientas veces y de ella no se desprende la batería de delitos de malversación, cohecho, blanqueo, entre otros, que se le imputan al señor Roca». Se quejó la letrada de que sobre esa base, sin más, se montaran las escuchas telefónicas. «Ni los oficios policiales ni los autos judiciales que autorizaron las escuchas estaban motivados; fue una investigación meramente prospectiva» y acusó de «conducta servil» al instructor Miguel Ángel Torres, por seguir los pasos que marcaba la policía sin plantearse nada más: «Los tomaba como un auto de fe, sin comprobar si lo que decía era cierto o no», criticó.
Su colega de codefensa, la letrada Yolanda Terciado, pidió igualmente que se anulasen las entradas y registros de la policía en distintas empresas de Roca, entre ellas en Maras Asesores, por no encontrarse presente el ex asesor durante los mismos.
Tras un receso de unos quince minutos, el tribunal reanudó la vista con el turno del abogado Horacio Oliva, el defensor de cinco de los seis abogados del bufete madrileño Sánchez-Zubizarreta Soriano-Pastor que están acusados de actuar de testaferros de Roca. Pese a su dilatada experiencia y bagaje profesional, la presión y la enorme expectación que levanta 'Malaya' también afectaron al reputado penalista, que otrora fuera defensor del fallecido Jesús Gil, quien se mostró ayer un poco menos seguro de lo que acostumbra durante sus intervenciones.
Oliva repitió argumentos jurídicos: anulación del proceso porque se vulneraron derechos fundamentales. En concreto, se refirió a los que afectan a la libertad personal y al secreto profesional de sus clientes, que, en su opinión, no se respetaron durante el registro que el juez Torres ordenó en marzo de 2006 en el bufete que los letrados tienen en la calle Fernando VI de Madrid.
«La investigación ha sido el fin supremo en este proceso, en el que se han vulnerado el derecho de defensa y a un proceso judicial con todas las garantías», aseveró Oliva, quien subrayó que el delito de blanqueo de capitales que se imputa a sus clientes no justificaba el «asalto» de la policía al despacho jurídico, que «no es una vivienda particular». El penalista dijo que se atentó contra el secreto profesional, que solo puede ser invadido por la investigación policial y judicial en los casos de delitos graves, como los de terrorismo.
También aludió a las escuchas telefónicas, que consideró nulas, y recordó el voto particular del presidente del tribunal que enjuicia el caso 'Ballena Blanca', con el abogado Fernando del Valle como principal imputado, porque las intervenciones telefónicas no cumplían con todos los requisitos.
Con su mujer y su hijo
Para Oliva, se excedieron los plazos de detención de sus clientes. También criticó las formas, en concreto, en el arresto de uno de los letrados que «iba con su mujer y su hijo de corta edad», y las condiciones en las que declararon los imputados después de varios días en el calabozo. «De Soriano Zurita -que es al mismo tiempo abogado y acusado- se dijo que no estaba en condiciones físicas ni mentales para asistir a un detenido, pero sí en cambio para declarar como imputado».
Precisamente, el letrado Francisco Soriano añadió que «estamos dentro de una pesadilla en la que nos ha metido un juez (en referencia aTorres) que ni siquiera era el titular del juzgado», y pidió la nulidad por «no ser el juez predeterminado por ley», que se ha mostrado como «un juez parcial e inquisidor».
QUIÉN ES QUIÉN
1Juan Antonio Roca Principal acusado
2 Julián Muñoz Ex alcalde de Marbella
3Marisol Yagüe Ex alcaldesa de Marbella
4 Isabel García Marcos Ex teniente de alcalde
5R. Gómez, Sandokán Constructor
6Tomás Olivo Constructor
7José Ruiz Casado Empresario (Aifos)
8 José Ávila Rojas Constructor
9Pedro Román Ex teniente de alcalde
10 María Roca Hija de Roca
11Rosa Jimeno Mujer de Roca
12 María José Lanzat Ex concejala
13 Óscar Benavente Testaferro
14 Montserrat Corulla Testaferro
* Sur - 27.09.10
Foto: Imagen de la sala de vistas con los 95 imputados en el banquillo de los acusados y con Juan Antonio Roca en primera fila escoltado por cuatro policías - sur
