ECOLOGISTASENACCIÓN* : A pesar de los numerosos estudios realizados por científicos de las universidades de Granada y Málaga que demuestran los profusos valores naturales y advierten de la fragilidad del ecosistema y las necesidades de protección, las dunas litorales del Saladillo-Matas Verdes (Estepona) van a ser dilapidadas por un proyecto urbanístico presentado en el Ayuntamiento de dicha localidad.
Las prisas de sus promotores por que se apruebe in extremis un Plan Parcial para construir un complejo hotelero más se explican por el avance del nuevo PGOU, donde las dunas son reconocidas y catalogadas como zona verde. Igualmente, la premura responde a la necesidad de adelantarse a la última propuesta de delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre realizada por Demarcación de Costas donde el complejo dunar queda incluido dentro del Deslinde Público Marítimo-Terrestre en su totalidad.
La finca en cuestión, situada en la playa de Casasola, alberga el último ecosistema dunar completo de la provincia de Málaga. Este y otros muchos valores naturales como la presencia de diversas especies en peligro de extinción –caso del camaleón-, son más que suficiente para su protección inmediata, tal y como se asegura en el libro recientemente publicado por la Universidad de Málaga “Dunas litorales y fondos marinos del Saladillo-Matas Verdes. Estudio integrado para su protección como reserva marítimo-terrestre” dirigido por José Gómez Zotano, Profesor de Geografía de la Universidad de Granada, y realizado en colaboración con los biólogos Felipe Román y María Teresa Vizoso, y el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Estepona Ildefonso Navarro.
Una vez más, la sombra de la especulación urbanística se cierne sobre el municipio costasoleño, donde se siguen sacrificando los intereses del pueblo para satisfacer las demandas particulares. En este sentido, los actuales propietarios de la parcela en disputa, la adinerada y conocida familia Opel, con su proyecto de urbanización disfrazado de “ecológico” y “sostenible”, no hacen sino mancillar la memoria del difunto Jorge Van Opel, responsable último de que este patrimonio natural haya llegado intacto hasta nuestros días, ya que fue él quien en 1945 adquirió la finca y la preservó de las distintas pulsaciones urbanizadoras que ha sufrido el litoral malagueño en general y esteponero en particular. Resulta, cuanto menos paradójico, que sea ahora, tras sobrevivir a todos y cada uno de los feroces booms inmobiliarios de las décadas de los 60, 70, 80 y 90 del siglo XX, cuando se plantee construir sobre este santuario de la vegetación y la fauna costera, máxime cuando en nuestros días asistimos a un desarrollo importante de la legislación y la práctica referente a la protección del frente marítimo. Como ha sucedido en otros casos similares (Hotel El Algarrobico, finca el Arraijanal, Cabopino, etc.), las dunas todavía pueden salvarse si se aplica la Ley de Costas y en concreto la Expropiación Forzosa a través del Programa de Adquisición de Fincas del Ministerio de Medio Ambiente para reforzar la protección de la costa, si se declara espacio protegido con alguna de las figuras de la RENPA como podría ser Monumento Natural, o sencillamente si hay voluntad política por parte de los gobernantes y se limitan a realizar una verdadera Ordenación del Territorio.
Si se produjera lo indeseable, asistiríamos al mayor delito ambiental consentido y producido en Andalucía en los últimos 40 años, muy por encima del sonado caso del hotel ilegal El Algarrobico en Cabo de Gata.
Existe, además, la paradoja de que varias Delegaciones del ayuntamiento esteponero han venido apostando decididamente por la protección y puesta en valor de sus recursos naturales e históricos. Tanto es así que colaboraron con el Grupo de Trabajo Valle del Genal y la Universidad de Granada en el proyecto de investigación financiado por la Obra Social de la Fundación La Caixa que, durante los años 2007 y 2008, estudió las dunas y fondos marinos del Saladillo-Matas Verdes y dio origen al anteriormente citado libro y a los carteles informativos que actualmente pueden disfrutarse en las playas. A ello cabe sumar la reciente declaración de los fondos marinos como Lugar de Interés Comunitario (LIC) gracias a la solicitud que en su momento realizó Ecologistas en Acción.
La clave del asunto se encuentra, por el momento, en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona. De sus responsables y técnicos depende que un proyecto hotelero más acabe con el último reducto dunar virgen del litoral malagueño o, por el contrario, que se conserve y pueda llegar a convertirse en uno de los atractivos turísticos más importantes de la Costa del Sol.
Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja viene solicitando la protección de este sistema litoral desde que alegase en 2005 a la revisión Plan General de Ordenación Urbana de Estepona y en 2006 al Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental de Málaga, donde figura como Suelo Urbanizable. También en 2006, los ecologistas solicitamos la designación de Zona de Protección de Costas en el expediente de nuevo deslinde de costas de este tramo litoral. Por fin, , en el plazo abierto para solicitar la ampliación de la Red Natura 2000, en 2007, Ecologistas en Acción solicitó la creación de un nuevo LIC marítimo – terrestre en este espacio natural. La respuesta nos llegó de la mano de la Unión Europa a finales de 2008, cuando se nombró Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000 a los fondos de El Saladillo – Punta de Baños, o lo que es lo mismo, a la zona sumergida de nuestra propuesta, dejando fuera del LIC toda la zona terrestre. Ahora toca seguir insistiendo en la demanda de protección para El Saladillo – Matas Verdes a todos los niveles posibles.
Y es que, como se ha dicho, este espacio litoral es uno de los pocos reductos de cordón dunar que quedan en la costa mediterránea andaluza y es fundamental salvarlo.
* Ecologistas en Acción de Sierra Bermeja - 9.10.09
Foto: ecologistasenaccion.org
Un proyecto urbanístico decidido a acabar con el único complejo dunar de la Costa del Sol
La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca
ELPAÍS/Málaga* : Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro del caso Malaya, blanqueó no menos de 671,4 millones de euros desde 1994 hasta su detención en marzo de 2006. La Agencia Tributaria y la Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía han despejado, por indicación del juez Óscar Pérez, una de las principales incógnitas de la causa sobre la corrupción masiva en el Ayuntamiento de Marbella.
El ex asesor urbanístico, que en la actualidad cumple condena en la prisión granadina de Albolote, se sirvió presuntamente de 26 testaferros para ocultar e introducir en el circuito legal los bienes detraídos del patrimonio urbanístico municipal desde que llegó al ayuntamiento en 1991 de la mano del fallecido alcalde Jesús Gil y Gil.
La cifra de la riqueza amasada ilegalmente por Roca, adelantada ayer por el diario La Opinión de Málaga, equivale a la inversión en Justicia del Gobierno para los próximos tres años o al déficit de la sanidad catalana, por poner dos ejemplos. La cantidad es la suma de los blanqueos individuales que la policía imputa a cada uno de los hombres de paja en una serie de informes remitidos al juez instructor el pasado julio.
El principal centro de blanqueo era el despacho de abogados madrileño Sánchez Zubizarreta, que supuestamente ocultó bienes por valor de 213,4 millones de euros. Este bufete no sólo proporcionaba a Roca sociedades instrumentales para que pudiera disfrutar de bienes como mansiones, fincas, vehículos de lujo o incluso un helicóptero, sin ponerlos a su nombre. Los Sánchez Zubizarreta, además, llevaba la contabilidad y las formalidades mercantiles y fiscales de estas empresas pantalla del "jefe", como llamaban a Roca. Según los agentes, la relación entre el ex asesor urbanístico y el gabinete jurídico "se basa exclusivamente en la confianza".
Los seis letrados del bufete supuestamente establecían relaciones entre las sociedades, como contratos de compraventa o préstamos intersocietarios. Con ello, buscaban generar "capas de cebolla" o "anillos concéntricos" para "proporcionar el anonimato" a Roca. En la mayoría de los casos, las sociedades eran "propietarias de fincas e inmuebles, generalmente en Marbella", cuyos vendedores solían ser promotores que habían recibido un trato favorable de Roca cuando mandaba sobre el urbanismo de la localidad. "En no pocos casos", según los agentes, "los bienes que le son transmitidos a Roca provenían del propio Ayuntamiento de Marbella y habían sido enajenados, adjudicados o entregados de forma irregular".
Otra piedra angular del blanqueo, con 111,3 millones de euros es Salvador Gardoqui, a cuyo nombre se encontraba la sociedad Maras Asesores, desde la que Roca gestionaba sus negocios y su patrimonio. Este testaferro, según la policía, llevaba la contabilidad de Roca bajo la forma de caja única. Desde Maras se repartían los supuestos sobornos a ediles, funcionarios municipales e incluso jueces necesarios para mantener engrasada la gigantesca maquinaria corrupta que obligó a disolver el Ayuntamiento de Marbella tras el estallido de la Operación Malaya, en marzo de 2006.
La cifra total del blanqueo facilitada por los investigadores es la más conservadora posible. En el caso de Julio Blasco, de quien se documenta el lavado de 74,4 millones de "procedencia ilícita". Sin embargo, los agentes consideran que "el importe estimatorio" de las cantidades blanqueadas "supera ampliamente" los 100 millones de euros, cantidad que impuso como fianza el juez Pérez al supuesto testaferro como responsabilidad civil.
Exactamente la misma apreciación hacen los agentes sobre Montserrat Corulla, aunque sólo consiguen acreditar un blanqueo de 44 millones. Esta abogada madrileña administraba, a través de varias sociedades, varios inmuebles de Roca en la capital, como los palacios de Saldaña, Tepa y Villagonzalo, que Roca quería convertir en hoteles de lujo.
Aunque las inversiones de Roca eran principalmente inmobiliarias, el ex asesor no le hacía ascos a los muebles de lujo y las obras de arte. Los dos marchantes identificados por la policía, el uruguayo Beto Pedronzo y el francés Alfred Fournets, suman 26 millones de euros en blanqueo. Roca adquirió obras de Joan Miró, Jorge Oteiza o Manolo Valdés.
Los informes de los investigadores sólo hacen referencia al llamado tronco principal del caso Malaya. Por eso, no tienen en cuenta, por ejemplo, el papel del abogado Juan Hoffmann, considerado "testaferro internacional", cuyo papel se investiga en una pieza separada del caso.
* ELPAIS.com- FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 10/10/2009
Foto: Marbella- turismoandaluz.files.wordpress.com
El juez retira al alcalde de Castro la competencia de Urbanismo
ELCORREO/Cantabria* : El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha retirado como medida cautelar las competencias en materia de Urbanismo y Contratación al alcalde de la ciudad, Fernando Muguruza. Según han confirmado fuentes jurídicas y el propio Muguruza, el juez de Castro Urdiales adoptó esta decisión a última hora de ayer, viernes, después de que el regidor acudiera a declarar como imputado por el edificio promovido por la empresa Urdicam en la unidad de ejecución 1.34, de Santa Catalina.
El juez decidió suspender las competencias de Urbanismo y Contratación al alcalde tras oír su declaración del pasado jueves, referente a la tramitación del residencial de La Loma, en Santullán. Las representaciones legales de la Junta de Santullán y de los vecinos de La Loma -personadas como acusación- pidieron al instructor que acordara prisión provisional para Muguruza, sin fianza en el primer caso y con fianza en el segundo.
La Fiscalía, por su parte, solicitó que se paralizara de forma inmediata el expediente administrativo de La Loma y la adopción de las medidas necesarias para evitar que se sigan concediendo licencias en esa zona. Tras escuchar a las partes, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro decidió no estimar la solicitud de ingreso en prisión, pero sí acordó que se paralice toda la tramitación del expediente de La Loma y suspender al alcalde de sus competencias en materia de Urbanismo y Contratación.
No hay precedentes en Cantabria de que se haya adoptado una actuación de este tipo contra un edil. Tras esta suspensión Muguruza puede continuar al frente de la Alcaldía, ya que se mantienen el resto de competencias que tiene en otros ámbitos diferentes del urbanístico y de contratación.
El expediente de La Loma comprende cuatro áreas de desarrollo: la 3, la 4, la 7 y la 12. En la primera y en la última ya se han concedido licencias, doce en el caso de la 3 para cien chalés, y una en el de la 12 para 46 viviendas. Las áreas 4 y 7 están en proceso de desarrollo y, ahora, la decisión judicial paraliza el expediente de forma que no se pueden conceder licencias.
"Un favor" para Muguruza
Muguruza ha afirmado que la decisión de retirarle las competencias de Urbanismo supone "un favor" hacia su persona. "No saben el favor qué me han hecho", ha subrayado el alcalde, que cree que, tras estos acontecimientos, los vecinos de La Loma se acaban "de sepultar".
En este sentido, ha asegurado que "si hay alguien que ha luchado por arreglar" lo que sucede "urbanísticamente" en ese área es él y ha considerado que, de haberse producido allí algún error, en todo caso sería de la Administración, pero no de su persona. Ha considerado que, en caso de haberse habido un error en la tramitación administrativa del edificio de Urdicam, éste debería resolverse en un juzgado contencioso-administrativo, y no por la vía penal.
* El Correo Digital - 10.10.09 - 13:13 - EFE
Foto: Castro Urdiales - wikimedia.org
