ELPAÍS* : El sumario del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político que ha conocido la democracia, extiende sobre 200 tomos de documentación un aluvión de pruebas sobre la cooperación necesaria del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas; del Gobierno de Francisco Camps en Valencia y del Ejecutivo de Esperanza Aguirre en Madrid con la red de empresas que dirigía Francisco Correa.
Pese al aluvión de evidencias que ha destapado el sumario sobre las prácticas corruptas de la red Gürtel y de los distintos Gobiernos del PP, la formación de Mariano Rajoy decidió optar desde primera hora de la mañana de ayer, cuando era imposible haber leído los 291 tomos y 50.000 folios del sumario, por negar que hubiera nuevas pruebas y ratificar su confianza en Bárcenas, el ex tesorero del PP, al que no iba a suspender de militancia ni retirarle el pago de la defensa, único implicado con el que tienen esa deferencia.
La investigación policial atribuye a Bárcenas "sin ningún género de dudas" el cobro de comisiones ilegales -casi 1,3 millones de euros- a cambio de su intermediación con gobernantes del PP para la adjudicación de contratos a favor de la trama corrupta o de empresas constructoras afines.
Bárcenas asegura, según consta en el sumario, que el millón de euros que su mujer tiene en un banco, pese a carecer de trabajo e ingresos propios, son consecuencia de una venta de acciones de Endesa en la que ganó ese dinero. Además, cuenta al juez que pidió un préstamo de 330.000 euros y retiró el dinero en billetes de 500 porque el vendedor de un cuadro quería cobrar en efectivo. Y que devolvió el dinero al banco porque, en el último momento, el vendedor del cuadro subió el precio y la operación se frustró.
Por otra parte, los peritos judiciales han elaborado un informe sobre la contratación en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre amañó cientos de contratos en los últimos años para beneficiar a las empresas de Francisco Correa, según ese informe. El ex consejero de Deportes Alberto López Viejo cobró comisiones ilegales por encargarse de que los contratos fueran para la red ilegal.
En Valencia, el sumario arroja cientos de folios con pruebas de la supuesta financiación ilegal a través de Orange Market, la empresa valenciana de la red Gürtel, que supuestamente cobró 6,3 millones en dinero negro no declarado a Hacienda y facilitó la financiación de actos del PP a través de cinco empresas privadas contratistas de la Administración valenciana.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación de las cinco empresas que supuestamente financiaron ilegalmente al Partido Popular.
Además, el sumario recoge numerosas conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, El Bigotes, con los principales dirigentes del Gobierno valenciano y del PP de esa comunidad. Además, Pérez charla con las mujeres del presidente valenciano, Francisco Camps; del vicepresidente, Vicente Rambla, y del ex vicepresidente Víctor Campos.
Las esposas de los principales dirigentes valencianos agradecen a El Bigotes los regalos que han recibido tanto ellas como sus hijos e hijas y le indican que son demasiado caros. Álvaro Pérez asegura que lo ha hecho porque las quiere mucho.
La empresa de Pérez logró 40 contratos a dedo de las distintas consejerías de la Comunidad Valenciana con el Gobierno de Francisco Camps, hasta que el juez Baltasar Garzón desarticuló la trama corrupta. Durante esos días, Pérez preparaba la llegada de los Grammy a Valencia, por lo que esperaba lograr una comisión millonaria. El vicepresidente Vicente Rambla estaba al tanto y avalaba todos los contactos, al igual que el presidente, Francisco Camps.
El sumario también revela una supuesta comisión millonaria pagada en torno a la adjudicación del contrato de limpieza del distrito de Moratalaz en Madrid. Según la investigación policial, Correa cobró 1,2 millones de euros de comisión por la adjudicación a la empresa Sufi del contrato de limpieza cuando el concejal del área en el Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo, al que Esperanza Aguirre repescó como candidato a la Comunidad de Madrid, le nombró viceconsejero de Presidencia y le encargó organizar todos sus actos institucionales, donde coló a las empresas de la trama corrupta.
* ELPAIS.com - 7.04.10
Foto: De izquierda a derecha: Mariano Rajoy, Jaume Matas, Francisco Camps y Esperanza Aguirre, en un acto del PP en Madrid en 2003.- LUIS MAGÁN, elpais.com
La corrupción masiva deja un aluvión de pruebas contra Bárcenas, Camps y Aguirre
La protesta urbanística de Mahora se mantiene firme
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LAVERDAD/Albacete* : Los vecinos de Mahora afectados por un problema urbanístico relacionado con el área de reparto 6 de este municipio mantienen su encierro, y aseguran que seguirán con esta medida de protesta hasta que vean una solución real, porque ya están «hartos de buenas palabras».
Después de pasar la primera noche encerrados en la casa consistorial, uno de estos vecinos, Vicente Cuesta, declaró: «tenemos razón, y todo el mundo nos la da; tanto el alcalde como el delegado provincial de Urbanismo están de acuerdo con lo que planteamos y son partidarios de volver a dejar la situación como estaba antes. El problema -añadió este propietario- es que todos estamos de acuerdo, todo son buenas palabras, pero los hechos no llegan».
El problema es que la planificación urbanística, hace más de diez años, recogió en el AR6, en la zona de la calle del Reguerón y salida hacia las Navas, una serie de calificaciones del suelo que no se correspondían con la realidad, según estos vecinos, ya que en algunos casos consideraba como urbanizables lugares ya edificados y consolidados, a los que por tanto les corresponde el carácter de suelo urbano.
Vicente Cuesta indica que «estamos tan hartos porque las gestiones no se han realizado correctamente; no es que el caso leve diez años de trámites y esté a punto de acabar, no; es que después de diez años lo que estamos esperando es que se haga correctamente el primer paso, el envío del expediente desde el Ayuntamiento a la delegación de Urbanismo».
Anteriormente ya se había enviado, pero con algunos defectos que han provocado que se haya tenido que enviar de nuevo.
Los vecinos indican que seguirán con su protesta (que empezaron el pasado lunes) hasta que comprueben que esta gestión se ha hecho, «cuando ya tengamos hechos, no sólo buenas palabras».
* La Verdad - 7.04.10
Foto: Algunos de los encerrados, en la primera noche que pasaron encerrados en la casa consistorial. :: LV
Salvem El Cabanyal dice que Barberá y el Consell "retan" al Gobierno y muestra su "rabia e impotencia"
20MINUTOS/Valencia* : La Plataforma Salvem El Cabanyal -Canyamelar, opuesta a la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este barrio valenciano, consideró hoy, en un comunicado, que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el Gobierno valenciano "retan" al Ejecutivo central al continuar con la ejecución de este plan. El Ministerio de Cultura emitió recientemente una orden en la que considera que el PEPRI supone expolio y ordena su paralización pero la administración valenciana ha avalado legalmente esta intervención urbanística y su continuidad.
Salvem El Cabanyal expresó también su "rabia e impotencia", después de que hoy se llevaran a cabo, en cumplimiento de la ejecución del PEPRI, cinco derribos en la zona de El Cabanyal afectada por este plan. Los miembros de la plataforma aseguraron estar "derrotados" por estas demoliciones y destacaron están "luchando por la vida de las personas y por la integridad de todo un barrio".
Esta entidad vecinal comentó que "las cinco casas eran del Ayuntamiento, es decir, de todos los valencianos" y apuntó que eso "es lo que vamos a seguir defendiendo mientras tengamos la razón y el proceso judicial esté abierto".
Salvem El Cabanyal señaló que desde hace doce años esta actuación urbanística se encuentra en los tribunales y dijo que "en el momento" en el que la vía legal "se pone en contra del PP valenciano, éste no duda, utilizando todas las armas que el poder le confiere, en avasallar al Estado de Derecho y a los ciudadanos, que intentan defenderlo".
"Hoy ha sido una lucha muy desigual, un partido prepotente y dictatorial contra una ciudadanía que intenta defender lo que es justo y de derecho", comentó Salvem El Cabanyal respecto a los incidentes registrados hoy en este barrio, entre políticos, vecinos y policía, durante los derribos.
La plataforma aseguró que su "resistencia está activa" y que seguirá "defendiendo las casas, abrazando las casas, contra el expolio y la degradación". Salvem El Cabanyal celebra esta tarde una asamblea para tratar estas cuestiones y la ejecución del PEPRI.
Por otro lado, esta entidad indica, respecto a la orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009, que considera que el PEPRI supone expolio, que este plan "determina la expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal".
Asimismo, destaca la "obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución de dicho plan, en tanto se garantice una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico- artísticos que motivaron su declaración como conjunto histórico".
La plataforma critica que "el Gobierno valenciano ha pretendido dejar sin efecto dicha orden mediante un decreto ley, que en este momento está suspendido por el Tribunal Constitucional ,tras la interposición contra él por parte del Gobierno de España de un recurso de inconstitucionalidad". Manifestó, tras ello, que "por tanto, la orden de Cultura está vigente, sin ningún género de dudas".DERRIBOS
De este modo, Salvem El Cabanyal sostiene que "los derribos realizados en el día de hoy por el Ayuntamiento han vulnerado la orden ministerial, la Ley de Patrimonio Histórico español, la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al Gobierno a resolver sobre la existencia de expolio en El Cabanyal y el auto del Tribunal Constitucional que suspende la vigencia del decreto ley".
* 20 Minutos - E.P. - 6.04.10
Foto: Policías antidisturbios cargan contra vecinos de El Cabanyal que protestaban por las demoliciones.- C. FRANCESC, elpais.com
Los Alcázares: La cuenta, al Ayuntamiento
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LAVERDAD/Murcia* : La trama, de existir, actuaría como sigue. Una empresa constructora, adjudicataria de algunos de los principales proyectos del Ayuntamiento de Los Alcázares, habría realizado obras en domicilios de varios cargos públicos y altos funcionarios municipales de esa localidad. Después, para que éstos no tuvieran que pagar nada de esas reformas, o sólo una parte, la empresa habría incluido ese coste en las facturas que pasaba al Ayuntamiento, hinchando el montante de algunos conceptos, de forma que fueran las arcas públicas las que asumieran el precio de las obras particulares.
Y, como además eran los propios funcionarios municipales los que daban el visto bueno a las facturas de la constructora, pues el círculo quedaba completamente cerrado y redondo. Perfecto en su ejecución.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), que desde hace más de dos años investigan las supuestas implicaciones de destacados integrantes del Consistorio de Los Alcázares en la trama de corrupción denominada 'caso Ninette', habían estado convencidos desde un primer momento de que la situación antes descrita se había producido.
La hipótesis cobra peso
Así se hace constar en un informe remitido al juzgado, sobre el que se acaba de levantar el secreto y que está en poder de 'La Verdad', que deja constancia de que «una de las hipótesis mantenida a lo largo de la investigación, y apoyada por documentación hallada en los registros practicados con motivo del operativo policial, es el hecho de que la empresa Garcerán Construcciones S.L. habría estado realizando trabajos para algunos miembros del Ayuntamiento de Los Alcázares, quienes no se habrían hecho cargo de los importes correspondientes, al menos en su totalidad, sino que dichos gastos habrían pasado a engrosar las facturas de obras municipales, acometidas también por Garcerán Construcciones».
«De ese modo -prosiguen los agentes-, incrementando las partidas correspondientes a trabajo de índole municipal, y por tanto financiadas con dinero público, se pagarían trabajos de carácter privado realizados para miembros del Consistorio».
En esa supuesta situación se encontraría el ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, para quien la empresa mencionada construyó un albergue entre los años 2002 y 2003. Estas dependencias, que Escudero tiene alquiladas a la firma 'Animación y Aventura S.L.' y en las que se alojan -entre otros- los participantes en la Semana Internacional de la Huerta de Los Alcázares, tuvieron un coste de 33.380.577 pesetas, más otros 2.379.320 pesetas de IVA, según diversa documentación intervenida por la Policía en los registros.
De ese dinero, Escudero habría pagado 5 millones de pesetas, por lo que le habrían quedado por abonar 30.759.897 pesetas. O, lo que es lo mismo, 184.870,7 euros.
Pues bien, en varios documentos intervenidos sobre el proyecto de construcción de un nuevo ayuntamiento y de un aparcamiento subterráneo, que fue adjudicado a Garcerán Construcciones, existen diversas referencias a 'Albergue', con la partida de 184.870,7 euros (la misma que habría dejado a deber Escudero), que el constructor habría facturado al Consistorio inflando determinadas partidas.
De esta forma, los especialistas de la Policía han encontrado que las facturas expedidas por Garcerán Construcciones al Ayuntamiento, por conceptos como 'Movimientos de tierras', 'Urbanización', 'Cimentación', 'Albañilería' o 'Cubiertas', están duplicadas o sensiblemente hinchadas respecto al presupuesto inicial. Algo que demuestra, según el informe técnico, que «bien se ha facturado dos veces el mismo trabajo o bien se han aumentado los trabajos realizados realmente».
También el de Urbanismo
Algo muy parecido habría ocurrido en el caso del concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco Puras, también imputado en el 'caso Ninette' y que continúa ejerciendo como concejal, en cuyo domicilio la firma Garcerán habría hecho reformas por importe de 63.176,58 euros. Una partida que, junto a la referencia 'ALFREDO', aparece en diversos documentos y que también habría sido facturada a las arcas públicas.
Más llamativo es todavía el caso del durante muchos años secretario municipal, Diego Sánchez Gómez -también imputado en el caso-, pues la firma Garcerán fue la que construyó su chalé y también los de sus hijos Jesús Diego y Juan de Dios (éste último, jefe de los servicios jurídicos municipales).
Los documentos intervenidos en este supuesto por los miembros de la UDEV-BLA es que parte del coste de esas construcciones también se facturó al Ayuntamiento, hinchando en esta ocasión las partidas por la construcción del teatro municipal de Los Alcázares.
Así, en una pestaña anexa a un documento denominado 'Coste de la obra Teatro Ayuntamiento', se puede leer: «No se tienen en cuenta 70 mill. de casa de Jesús Diego, 9 mill. de casa de secretario, 9 mill. de casa de Juan de Dios». A continuación hay otra tabla en la que, según la Policía, «se incrementan casi todas las partidas o capítulos, sobre todo de albañilería, estructura y resto de trabajos que realiza directamente Garcerán Construcciones» y que habrían sido facturados al Consistorio.
Las facturas supuestamente hinchadas habrían pasado sin problemas el filtro fiscalizador del Ayuntamiento, pues no en vano el arquitecto municipal, Mariano Ayuso, otro de los presuntos miembros de la trama, era el encargado de darles el visto bueno. Y él también se habría llevado su parte: aunque era arquitecto municipal, habría cobrado «cientos de miles de euros -más de 660.000- por dirigir la obra del nuevo consistorio y del aparcamiento».
* La Verdad - 5.04.10
Foto: Los Alcázares (Murcia), puerta ayuntamiento - laverdad.es
Barcelona: Millet desvió 10 millones en las obras del Palau
ELPAÍS* : Las obras del Palau de la Música se iniciaron en 1999 con un presupuesto de 9,1 millones de euros pero acabaron costando 26 millones. Eso al menos es lo que figura sobre el papel, porque la auditoría de las cuentas llevada a cabo por la firma Deloitte ha determinado que en realidad costaron 16 millones de euros. Según fuentes conocedoras de la citada auditoría, el ex presidente de la institución, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, ambos imputados por falsedad documental y apropiación indebida, desviaron 10 millones en estas obras.
Las cifras eran ya en 1999 un verdadero galimatías. En enero de ese año, Millet anunció que rehabilitaría y ampliaría el emblemático edificio de Lluís Domènech i Montaner con un presupuesto de 9,1 millones de euros.
Diez meses después, cuando se presentó el proyecto de los arquitectos Óscar Tusquets y Carles Díaz, la reforma proyectada ya ascendía a 10,8 millones, de los cuales el Ministerio de Cultura se comprometió a asumir 9,6 millones.
Tres años después, ese dinero tampoco era suficiente, por lo que Millet solicitó personalmente al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tres millones más, aprovechando una visita que éste al Palau en octubre de 2002.
Un año más tarde, el Ministerio de Cultura dio luz verde a una nueva subvención por esa cantidad. Según dijo entonces Millet, el presupuesto escalaba hasta los 20,5 millones, el doble de lo estimado sólo cuatro años antes.
Esta escalada de costes no se quedó ahí. La inauguración del inmueble tuvo lugar finalmente en las vísperas del día de Sant Jordi de 2004. Entonces Millet aseguró en una rueda de prensa que las obras habían costado 24 millones de euros.
Sin embargo, la auditoría señala que Millet reunió fondos por valor de 26 millones para afrontar las obras del edificio, pese a que el coste real fue de 16 millones.
Las fuentes consultadas explican que una parte de los 10 millones que faltan se destinaron a mejoras en los domicilios particulares de las familias Millet y Montull, y resaltan que varias de las empresas acusadas de falsificar facturas son constructoras o pertenecen a un grupo del sector. Sin embargo, también recuerdan que se desconoce el destino de cerca de un tercio de los 35,6 millones que, según la auditoría, desviaron los saqueadores.
A pesar de que el informe de Deloitte no está cerrado, estas fuentes explicaron que Millet pudo duplicar certificados de obra para obtener financiación. Además de los 12,6 millones que logró arrancar al Ministerio de Cultura, también consiguió otros 2,4 millones de las Administraciones catalanas: la Generalitat aportó 1,2 millones; el Ayuntamiento de Barcelona, 900.000 euros; y la Diputación de Barcelona, 300.000 euros. En total, 15 millones en subvenciones para la reforma.
También hubo mecenas que aportaron cantidades para sufragar las obras. Aun así, Millet pidió además un crédito de 4,8 millones de euros a seis entidades financieras para cubrir los gastos del proyecto. Fuentes cercanas a la entidad explicaron que la institución todavía hoy está pagando ese préstamo. El consorcio, además, afronta otros dos créditos que Millet requirió al Instituto Catalán de Finanzas, el banco público de la Generalitat, entre 2004 y 2005, y que suman dos millones de euros en concepto de "instalaciones, inmuebles y otras construcciones".
* ELPAIS.com - 6.04.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Matas, Gürtel... Fabra...
JOSÉ CAVERO* : Para muchos ciudadanos, el caso Fabra, presidente de la Diputación de Castelló, es un formidable escándalo de inoperancia judicial con pocos precedentes, tanto por su amplitud como por su duración. El caso Fabra se añade, de este modo, a los escándalos de Jaume Matas y de los alcanzados por el Caso Gürtel, todos destacados dirigentes del PP. Los datos que ayer ha proporcionado el diario El País, que de vez en cuando ha recordado al personaje y sus ´hazañas´, siempre pendientes de ser enjuiciadas, señalan ahora que la investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del PP, encara la recta final.
Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos. Y los datos que aporta resultan abrumadores: Los bancos tardaron más de dos años en detallar sus movimientos; Hacienda detectó un desfase de 600.000 euros en su patrimonio en 1999; en el periodo auditado figuran 240 entregas de dinero en metálico, y también ingresó en sus cuentas más de 130 cheques por 2,7 millones de euros.
Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra. Indica el informe periodístico que durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas –un salario como presidente de la Diputación de Castelló cifrado en 1999 en 73.000 euros–, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecía responder a la economía de un cargo público. En definitiva, «se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal». Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda.
Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000. Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 o 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas.
Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.
Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castelló: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual. Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.
El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos. Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa, sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de los movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda.
Ahora, con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la vida económica de este dirigente del Partido Popular, también. Sólo falta que los jueces determinen si hay, y en qué grado, responsabilidades penales.
* Levante-EMV - Opinión - 6.04.10
