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ELPAÍS* : Juan Morales, diputado del PP en la Asamblea de Murcia, exigió al empresario de Vigo (Pontevedra) Manuel Núñez tres millones de euros a cambio de usar su influencia para facilitarle la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados de terrenos en Totana (Murcia). La intención de Núñez, también implicado en la trama de corrupción urbanística de Totana, era levantar 5.000 viviendas sobre una parcela catalogada como rústica. El pacto entre Morales y Núñez figura en conversaciones telefónicas que constan en el sumario —que sigue secreto— del caso Totana, localidad de 28.000 habitantes.
El juzgado que investiga la trama de corrupción no tiene constancia fehaciente de si se ha producido alguna entrega adelantada del dinero. No obstante, fuentes jurídicas no lo descartan, dado que el pacto incluía la entrega de un primer millón justo al cerrarse el acuerdo entre ambos. El terreno en el que Núñez pretendía construir más de 5.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles con spa, sigue siendo aún rústico, aunque los trámites para su recalificación habían sido activados antes de estallar el escándalo. La idea era duplicar la población de Totana.
Núñez Arias, propietario del Grupo Nuaria, es uno de los detenidos e imputados en la trama de Totana. El diputado regional Juan Morales no ha sido detenido dada su condición de aforado. Es previsible que en los próximos días, la juez de Totana que investiga este asunto se inhiba en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El PP en la Asamblea de Murcia, al que pertenece Morales, decidió ayer expulsarle del grupo parlamentario. Además, le pide que renuncie al acta de diputado “por su presunta implicación en irregularidades urbanísticas cometidas durante su gestión como alcalde de Totana”. Así se indica en la nota que hizo pública Juan Carlos Ruiz, portavoz del PP en la Cámara murciana, informa Tono Calleja. El pasado día 3, el PP de Murcia aceptó la petición de baja cautelar de militancia de Morales.
Morales fue alcalde de Totana entre los años 1995 y 1999. Un pacto entre PSOE e Izquierda Unida le desalojó de la alcaldía. Pero en 2003 volvió a ganar las elecciones, esta vez con mayoría absoluta. Tras cuatro años de gobierno, alegó que se encontraba cansado y dejó paso al que era su delfín político, José Martínez Andreo, actual alcalde. Éste se halla en prisión preventiva por su implicación en la trama urbanística destapada por un grupo de élite de la Guardia Civil, la llamada Unidad Central Operativa, la UCO. Al poco de dejar la alcaldía, Morales fue elegido diputado regional del PP.
En un cuarto habilitado en el despacho profesional de la ex esposa de Morales, la Guardia Civil intervino abundante documentación perteneciente al Ayuntamiento de Totana sobre asuntos urbanísticos. La evasión de capitales que, entre otros delitos, se le atribuye obedece a los numerosos envíos de dinero —cantidades periódicas de 3.000 euros— que ha remitido Morales en los últimos años a su novia cuando ésta estaba en Brasil. En la casa que posee esta mujer en Totana, los investigadores hallaron más de 50.000 euros. La mujer comentó que el dinero pertenecía a Morales.
Por otro lado, este diputado del PP mintió supuestamente al juez de Totana que investigaba la extraña adjudicación municipal, a dedo, de las obras del colegio San José. Esta adjudicación, junto con otro cúmulo de irregularidades y favoritismos urbanísticos, es la que ha llevado a la cárcel al actual alcalde, José Martínez.
Martínez falsificó un documento oficial para hacerle creer al juez que la adjudicación de las obras del colegio no había sido a dedo, sino fruto de un convenio urbanístico. En las diligencias consta una conversación entre Morales y Martínez en la que el primero señala al segundo respecto a estas obras: “¡Menos mal que he dicho que ese convenio urbanístico estaba por ahí, porque si no, se os cae el pelo a todos!”.
* ELPAIS.com - JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 13/12/2007
Foto: Totana (Murcia), ayuntamiento - lomejordemurcia.com
El diputado murciano del ‘caso Totana’ exigió tres millones por recalificaciones
Alhendín: "Nos hostigaron y nos metieron miedo"
ELPAÍS/Granada* : La piqueta entrará en Alhendín tras los desmanes urbanísticos. La promotora Frai ha accedido a derribar parte de las 1.200 viviendas en Alhendín (Granada) cuya altura pone en peligro el aterrizaje de los aviones de la base aérea de Armilla. Los nueve edificios vulneran la servidumbre aeronáutica y tras la resolución firme del Ministerio de Defensa que insta a la promotora al derribo parcial y la ampliación de la pista de aterrizaje, la promotora acatará el dictamen.
Frai no acudirá a la vía contencioso administrativa tras amenazar el ministerio con el derribo total de los edificios de seis plantas, y cuya licencia municipal sólo contemplaba cuatro plantas.
La peliaguda demolición parcial estriba entre los 3,8 metros y 54 centímetros. De este modo, José Amador se quedará previsiblemente sin el ático que la promotora le ofreció tras la venta de sus terrenos. Ayer denunció las presiones injustificadas que recibió para vender su parcela de 1.500 metros cuadrados sobre la que ahora se ubican los edificios. "Nos hostigaron y nos metieron miedo. Dijeron que nos podían expropiar si no vendíamos. Veremos qué pasa ahora", comentaba ayer escéptico.
El de ayer es un capítulo más del caso Alhendín (5.600 habitantes), producto de la supuesta ambición del promotor Fernando Rodríguez Acosta, el ex alcalde, José Guerrero (PP), y su ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, imputados por numerosos delitos. Representantes de la promotora presentarán al Ministerio de Defensa esta semana una propuesta que se ajuste a la resolución, según confirmaron ayer fuentes de Defensa.
El problema de altura recae en la supuesta connivencia destapada entre el promotor y el ex concejal. Al analizar un pinchazo telefónico, el juez instructor del caso, Miguel Ángel Gómez Torres, determinó en un auto: "El imputado concierta con el constructor que un supuesto técnico de Frai manipule las alturas de los planos de los edificios de pisos que está construyendo Frai para eludir la servidumbre legal aeronáutica militar, que prohíbe edificar a cierta altura y así aprobar el Plan Parcial del S2". El juez estimó que presuntamente el ex edil "obtiene como contraprestación de Fernando Rodríguez Acosta un piso".Las 1.200 familias que adquirieron sus viviendas en la urbanización Novosur están pendientes del mayor culebrón urbanístico de Granada. Todo apunta a que la resolución dejará a algunos de estos vecinos sin casa. José Amador vendió su parcela de 1.560 metros cuadrados para adquirir su ático con una rebaja del 30%. No hizo buen trueque. "Sembraba patatas, tabaco, espárragos... hasta que vino Fernando el promotor a mi casa y me hizo un contrato muy trincado. Así hace sus caudales", denunciaba ayer.
"Esas cosas duelen porque el sol sale para todo el mundo. Si ha robado que pague, caiga quien caiga", censuraba Amador. El promotor Fernando Rodríguez Acosta está imputado de cohecho por el juez en una causa que acumula 14 imputados entre políticos, técnicos municipales y empresarios. Al parecer, el consistorio vendió los terrenos de la promoción Novosur por 1,2 millones a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5 millones de euros.
Las conversaciones intervenidas por los investigadores del caso revelaron las irregularidades que el ex concejal de Urbanismo Fernández planeó junto al promotor para solventar las dificultades que entrañaba la altura de los pisos: "En vez de decir que esto mide 15 metros, no, esto mide 14,20. Vamos a intentar hacer un plano para adaptarlo y ya está", comenta el ex concejal. "Los militares no van a medir, se la metemos doblada y a tomar por culo", añade. "Claro, en la vida van a medir", remacha el promotor.
Pero sus burdos cálculos fallaron porque la policía escuchaba cada conversación. Finalmente, los militares midieron al centímetro la altura de los edificios. Tres de los nueve bloques deben ser reducidos en casi cuatro metros, lo cual obligará al derribo de al menos una planta. "Nos hubiese gustado una solución que no perjudicara a nadie, pero entendemos que Defensa no puede permitir a una promotora vulnerar la ley", señaló Manuel Sanchís, de la plataforma de afectados.
Las viviendas están casi finalizadas a dos kilómetros de la pista de aterrizaje. El contundente dictamen de Defensa obliga asimismo a la promotora a abonar el gasto de ampliación de la pista, estimado en unos cinco millones. "Curiosamente los edificios más afectados, por estar situados en el eje de la pista, son justamente las viviendas de protección pública", detalla la resolución.
Tras ordenar la paralización de las obras, ahora Defensa ha impuesto este derribo parcial. Frai definió ayer la decisión de "acertada y razonable", pero de manera incomprensible mantiene que las afecciones "no impedirán la ejecución de ninguna de las viviendas proyectadas", pese a la corrección prevista de hasta 3,88 metros.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Granada - 13/12/2007
Foto: Alhendin (Granada) -ideal digital
La Guardia Civil implica a un total de 25 personas en la red mugardesa
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LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : El alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia (BNG), será el primero en declarar, la semana próxima, sobre la trama urbanística descubierta por la Guardia Civil en el municipio con la operación Virgin. Con él ha sido convocada, también por la jueza instructora e igualmente en calidad de imputada, la arquitecta Elia Estraviz Prado, supuestamente integrante de la parte privada del entramado de tráfico de influencias. La Guardia Civil implica a un total de 25 personas como copartícipes, en diverso grado, si bien aún no se ha confirmado que la Fiscalía haya formalizado la imputación contra todos ellos.
En la querella criminal del fiscal especial Antonio Roma aparecen, además de los dos ya convocados por la jueza, la también arquitecta Julia Cortizas Díaz, que fue asesora municipal durante unos meses, y su hermano Pedro, con el que puso en marcha el estudio de arquitectura Xcale, de Fene, uno de los nudos de intercambio de influencias, según la investigación. En la misma querella, por último, se cita a Carmen Piñeiro, la aparejadora municipal y la persona que fue advertida, según las últimas pesquisas, por su pariente funcionaria judicial de que iba a ser investigada y de la intervención de su teléfono.
Los delitos
La unidad especializada en delitos urbanísticos de la Guardia Civil, que se estrenó con este caso de Mugardos, imputa en su informe delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Así, la arquitecta asesora, la aparejadora y los cargos públicos que acaben imputados lo serán por uno o ambos delitos, si prospera esta tesis. Mientras que los que se mueven en el ámbito privado lo serían solo del primero u otros, porque la instrucción de la causa está todavía comenzando. El guardia local Ovidio Torrente, cuya fecha de comparecencia ante la autoridad judicial no trascendió, igualmente podría ser imputado de dos delitos.
La Guardia Civil, en diferente grado, incluye en su atestado a un promotor-constructor, a otro constructor y también a los dos últimos ediles de Urbanismo, si bien se desconoce si el Ministerio Fiscal confirmará la imputación sobre ellos. Y sigue la relación de encartados que hace la Guardia Civil hasta un total de 25.
Todos formarían un ente de colaboración, intercambio de información, agilización de proyectos urbanísticos y contraprestaciones con direcciones de obra a las técnicas por los favores realizados. Parte de ellos formaban una sociedad de promoción que fue asimismo objeto de indagación durante los siete meses que duró la pesquisa semisecreta de la Guardia Civil. A juzgar por los castigos que fija el Código Penal, la peor parada podría ser la funcionaria judicial que quebrantó el secreto, y es que el tráfico de influencias tiene un tratamiento muy benévolo en el ordenamiento legal español.
* La Voz de Galicia - Francisco Varela - 13/12/2007
Foto: Mugardos (A Coruña), vista - mma.es
Recalificado suelo en Málaga para un geriátrico privado de 330 casas
ELPAÍS* : La comisión municipal de Urbanismo de Málaga aprobó ayer provisionalmente la recalificación de 120.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable para permitir la construcción de un complejo gerontológico privado que incluirá 150 chalés adosados, 180 apartamentos y una residencia con 110 plazas. El acuerdo de ayer, con los votos favorables del PP y el rechazo de PSOE e IU, deberá ser ratificado en el próximo pleno municipal, pero la aprobación definitiva de la recalificación corresponde a la Junta de Andalucía, al tratarse de una modificación sustancial de los usos del suelo.
Las circunstancias de la recalificación son algo extrañas. Se produce una modificación de elemento al PGOU vigente cuando está a punto de aprobarse el nuevo plan urbanístico de la ciudad y cuando el Ayuntamiento ha demorado más de cuatro años el procedimiento. El 30 de octubre de 2003, el pleno aprobó inicialmente la modificación, pero hasta ahora no se ha ocupado de hacer el siguiente trámite, la aprobación provisional.
El Ayuntamiento de Málaga intentó en el año 2001 que el complejo gerontológico que promueve la sociedad Copaymor pudiera hacerse en suelo no urbanizable al declarar el proyecto de interés público y social. Pero la Comisión Provincial de Urbanismo lo rechazó al entender que no quedaba justificada su ubicación en el medio rural "ya que por su entidad constructiva y por las obras de infraestructura y servicios comunes que conlleva, el complejo proyectado constituye una auténtica urbanización en el suelo no urbanizable". En aquella resolución, la Junta señalaba que el "procedimiento más adecuado" era la modificación del PGOU para recalificar el suelo.
Y el equipo de gobierno sostiene que lo que hace ahora es lo que le dijo la Junta, y así se defendió ayer de las críticas del concejal socialista Enrique Salvo, precisamente quien firmó aquella resolución de la Junta porque entonces era delegado provincial de Obras Públicas. "Parece totalmente fuera de razón, se dijo cual era el procedimiento a seguir, pero otra cosa es que estemos de acuerdo con el fondo, y no entendemos que se pueda recalificar un suelo para un complejo urbanístico que no aporta beneficios a la ciudad y es un proyecto lucrativo para un promotor", dijo Salvo.
El complejo, en Puerto de la Torre, contempla, además de las viviendas, espacios comerciales y deportivos como piscina, club de petanca o minigolf.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 13/12/2007
Foto: Solar recalificado en Málaga para la construcción de un geriátrico- JULIÁN ROJAS, ELPAIS.com
El comprador, único beneficiado del frenazo del ladrillo
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ELPAÍS* : Suma y sigue en el frenazo del ladrillo. Si ayer fueron los registradores de la propiedad quienes aseguraban que la compraventa de viviendas ha caído un 20% en el tercer trimestre del año, hoy han sido los constructores quienes han lanzado una nueva señal de alarma sobre el futuro de un sector que ha tirado de la economía española durante la última década. Así, mientras en diciembre de 2006 Euroconstruct -un grupo de análisis formado por 19 institutos europeos- auguraba un crecimiento de la construcción residencial en torno al 5,8%, hoy ya no habla de avance ni de aterrizaje suave, sino de abierto retroceso con una caída de un 3%, situación esperada para 2008.
Este descenso "hace que podamos hablar de crisis en el mercado de producción de vivienda", ha asegurado el director del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC), Josep Maria Checa, en la presentación de un informe de la patronal con las previsiones para los dos próximos ejercicios. No obstante, el sombrío panorama que refleja el informe tiene un principal beneficiado: "Por primera vez en muchos años el tiempo juega a favor del comprador", asegura.
Sobre las previsiones de Euroconstruct de los dos próximos años, la actividad constructora en España bajará un 0,8% en 2008 y un 1,8% en 2009 por la caída del sector residencial, que tendrá un descenso de la actividad en la promoción de entre el 8% y el 10% en ambos ejercicios. Una reducción que, según Checa, "hace que podamos hablar de crisis en el mercado de producción de vivienda".
"La situación tenderá a una nueva normalidad, a mantener un ritmo de 500.000 viviendas anuales en España y adecuarse al entorno, no a las 700.000 a las que estábamos habituados", ha opinado Checa. En 2008, ha añadido, el volumen de actividad del sector se reducirá a 210.000 millones de euros.
"La crisis del residencial es general en toda Europa, pero en España es más acusada, y en este subsector ya no se puede hablar del aterrizaje suave que preveíamos hace seis meses", ha señalado por su parte Josep R. Fontana, director de perspectiva del ITEC.
Fontana ha detallado que "2007 no ha sido un año de transición y que entramos directamente en este año con una caída del 3% en el residencial, el porcentaje que se había previsto para 2008".
La vivienda nueva también bajará en Europa, un 3,2% en 2008, pero en España caerá mucho más y afectará a todo el sector, mientras que en Europa la construcción seguirá subiendo, con aumento de un 1,4% para 2008 y un 1,6% para 2009.
"Más deprisa de lo esperado"
El informe presentado hoy señala que "la desaceleración del sector residencial español se está materializando más deprisa de lo que se preveía, y solamente las grandes inercias generadas por un año 2006 récord están suavizando el aterrizaje en el 2007".
"La demanda se ha enfriado considerablemente: los inversores ya no le ven atractivo a corto plazo y los compradores en busca de una vivienda propia están posponiendo sus decisiones, conscientes de que por primera vez en muchos años el tiempo juega a su favor", considera el estudio.
El cambio de ritmo no ha tardado en notarse en las cifras de visados, que adelantan una caída del 8% en términos de volumen de producción para 2008, 150.000 visados menos que harían retornar al sector a los niveles de actividad de 2004.
El informe prevé para 2009 que aumenten los argumentos de prolongación del reajuste (mucho ''stock'' por colocar, poca predisposición financiera) que los que abogan por una reactivación de la demanda (bajada de precios), por lo que se prevé de nuevo números rojos (-10%).
A la busca de una velocidad de crucero
"El mercado español continúa a la búsqueda de su auténtica velocidad de crucero, es decir, aquel nivel de producción que sea capaz de satisfacer una demanda que ya sólo sería sostenida por razones básicamente demográficas", señala el estudio.
No obstante, hay subsectores mejor situados que el residencial, como la ingeniería civil (en 2008 y en 2009 puede crecer un 4,5% anual como promedio), al tiempo que la edificación no residencial se mantiene (aquí el crecimiento promedio sería 1,6%).
Sin embargo, el informe sostiene que "es indudable que ambos subsectores padecen un desgaste, puesto que hay mercados en donde los vínculos con el residencial son muy directos: menos viviendas significa menos actividad de urbanización y menos presión para la abertura de comercios".
Las inmobiliarias prevén la destrucción de 400.000 empleos
Parece que no se ponen de acuerdo y mientras las constructoras hablan abiertamente de crisis, las inmobiliarias optan por el término estancamiento. Para el G-14, grupo que aglutina a las inmobiliarias más grandes del país, el precio de la vivienda en España se mantendrá estable en términos nominales en 2008, lo que implica descensos en términos reales si le descontamos la inflación, aunque prevén la destrucción de 400.000 empleos en el sector.
Esta previsión se basa en los análisis encargados por el grupo a Analistas Financieros Internacionales que estiman para el próximo año un inicio de viviendas en el entorno de las 490.000 frente a las casi 600.000 del año pasado.
El presidente del grupo, Pedro Pérez, ha afirmado que el ajuste en la construcción de viviendas estaba dentro de sus previsiones, que auguran necesidades de 450.000 casas anuales para los próximos nueve años.
No obstante, Pérez ha señalado que la situación del mercado es de ralentización de inicio y venta de viviendas, pero que no se trata de una crisis.
En este sentido, el G-14 ha constatado que la venta de pisos cayó más del 30% desde agosto, lo que supone más que duplicar la tasa de descenso de entre el 13% y el 15% se registró en la primera mitad del año tras la "agudización" del ajuste gradual que venía registrando el sector por el "significativo impacto" de la crisis de las hipotecas basura (subprime) y la consiguiente reducción de la financiación bancaria tanto a promotores como a particulares.
* ELPAIS.com - EFE - Barcelona/Madrid - 12/12/2007
Foto: Bloques de viviendas en construcción- PRADIP J. PHANSE, ELPAIS.com
La investigación del 'caso Guateque' podría extenderse a las 'Cuatro Torres' de la Castellana
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EUROPAPRESS/Madrid* : El sindicato de funcionarios Manos Limpias prevé solicitar al juez Santiago Torres que extienda la investigación sobre el mayor caso de corrupción destapado en el Ayuntamiento de Madrid a la tramitación del Plan Especial para la puesta en marcha de las 'Cuatro Torres' que se levantan en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, las pertenecientes a Caja Madrid, al grupo Villar Mir, a la Mutua Madrileña y a Sacyr Vallehermoso.
Manos Limpias pedirá al magistrado que ponga su punto de mira en las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes para la concesión de estas licencias tramitadas por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento. Esta petición se incluirá en la querella que presentará en los próximos días ante el Juzgado de Instrucción número 32 para personarse como acusación popular en la causa.
Según el sindicato, las llamadas Torre Sacyr, Torre de Cristal, Torre Espacio y la Torre Caja Madrid cuentan con licencias de funcionamiento "atípicas" para este tipo de construcciones, que podrían responder a presuntas "presiones" por parte de "grupos económicos".
Por otro lado, otra de las peticiones de Manos Limpias se refiere al concejal de la Junta del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo. Este edil estaría supuestamente implicado en el entramado de concejales que realizaban recomendaciones a los funcionarios para priorizar determinados expedientes.
Manos Limpias sostiene que Izquierdo desoyó a un técnico municipal que desaprobó la autorización de varias licencias, entre ellas una de un bar y otras dos de pubs de copas. Así, el concejal apartó de su puesto a dicho funcionario, que declarará como testigo ante el juez, y ordenó agilizar estas licencias de funcionamiento para poner en marcha estos locales de ocio.
Además de Izquierdo, el sindicato pedirá al juez instructor que investigue a los antiguos concejales de Chamberí, Ángel Garrido, de Centro, Luis Asúa, de Retiro, Elena González, de Tetuán, Dolores Navarro, de Chamartín, Luis Miguel Boto, entre otros.
* Yahoo Noticias - Europa Press - lunes, 10 de diciembre
Foto: Madrid, el Cuatro Torres Business Área - C.Miralles (El Mundo)
Madrid: PP y PSOE se acusan de no contar con licencias en sus respectivas sedes
EFE* : Los grupos del PP y del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid han mantenido hoy un intenso cruce de acusaciones sobre la carencia de licencia de actividad de las sedes de sus respectivos partidos en la capital. La disputa se produce en el marco de la 'Operación Guateque' sobre la trama de corrupción en el Consistorio de la capital, después de que a comienzos de semana un medio de comunicación denunciase 'trato de favor' de una decena de concejales de distrito del PP, a la hora de agilizar la concesión de determinadas licencias.
En declaraciones a Efe, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afirmó entonces que esta actuación era 'lo más normal y lo más natural' y llegó incluso a apuntar que el concejal socialista, Pedro Sánchez, le había pedido acelerar una licencia para la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz (algo que éste negó).
A esto se sumó el anuncio hecho ayer por la delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, de que hoy mandaría un inspector a la sede del PSOE para verificar si el edificio se ajustaba a la legalidad, lo que fue contestado por los socialistas, quienes advirtieron de que la sede nacional del PP en la calle Génova no contaba con licencia de funcionamiento y la de actividad la tenía caducada desde hacía meses.
El secretario general del PSOE, José Blanco, ha asegurado hoy que su partido 'cumple con la legalidad' y que es 'sorprendente' que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, tarde sólo 24 horas en enviar inspectores a la sede del PSOE para comprobar las licencias y 'haya tardado años' en descubrir 'la red de extorsión que hay en su ayuntamiento'.
Finalmente, no se ha producido la anunciada visita del inspector a Ferraz -donde había una gran expectación mediática-, y el Ayuntamiento ha preferido enviar primero un requerimiento al PSOE de seis documentos 'necesarios' para que le sea concedida la licencia municipal de Primera Ocupación y Funcionamiento, de la que carece desde 1981.
Fuentes socialistas han insistido en que 'Ferraz siempre tuvo licencia' y en que los documentos que faltan para completar los trámites necesarios en relación con la licencia son 'meramente administrativos' y consecuencia de que 'hubo que pedir una nueva licencia posterior a la ya existente, tras la rehabilitación del edificio'.
Al mismo tiempo, en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, la delegada de Urbanismo ha dicho que el PSOE 'no ha cumplido la legalidad' al no haber solicitado la licencia de funcionamiento para su sede y que eso 'demuestra' que el problema de las licencias en Madrid no es el retraso en su concesión, sino que 'hay unos pocos que actúan con ventaja'.
El concejal socialista Pedro Sánchez ha sostenido que tiene 'datos' de que la sede del PP 'tampoco tiene licencia de funcionamiento' y que la de actividad 'ha caducado en el mes de junio' pasado, lo que 'demuestra' el 'desgobierno y el descontrol en la gestión de la tramitación de licencias' por parte del Gobierno de Ruiz-Gallardón.
Sánchez ha denunciado, además, 'trato de favor' por parte del Ayuntamiento a la Fundación FAES, vinculada al PP, por concederle una licencia de obras para su sede en 2006, sin que el edificio contara con la debida licencia de funcionamiento y actividad.
El Ayuntamiento de Madrid y la citada fundación han negado esta información y han subrayado que tanto la sede del PP con el edificio de FAES cuentan con las pertinentes licencias.
* Terra Actualidad - EFE - 12-12-2007
Foto: Madrid, sede PSOE en Ferraz - EFE
Mallorca: La fiscalía denuncia el PTM por prevaricación y delitos urbanísticos
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha denunciado en los juzgados de instrucción de Palma la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y urbanísticos con ocasión del proceso de gestación y aprobación del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que dio pie en 2004 a la recalificación de mil hectáreas en cinco municipios de Mallorca. El magistrado Pedro Barceló, titular de instrucción 1 de Palma, instruirá un sumario que la fiscalía ya prevé podría colapsar dicho juzgado.
La denuncia de la fiscalía, en cuya redacción han participado los fiscales anticorrupción, el fiscal de delitos urbanísticos y la cúpula del ministerio público en Balears, encabezada por Bartolomé Barceló y Ladislao Roig, no señala en concreto a ningún político del ámbito insular o municipal, promotor, constructor, o empresario de otro sector como posibles implicados en los delitos.
Mil hectáreas
La denuncia de la fiscalía afecta a los cambios de calificación urbanística en varias fincas de los municipios de Sóller, Campos, Marratxí, Pollença y Alcúdia. Gracias a la elaboración del PTM alrededor de mil hectáreas (un millón de metros cuadrados) pasaron de ser suelo rústico o no urbanizable a suelo urbanizable.
En los últimos meses un selecto grupo de agentes de la Guardia Civil, dirigidos por los fiscales, ha rastreado la situación de estas fincas recalificadas, fijándose especialmente en las operaciones de compraventa previas al PTM y posteriores a dicho plan de ordenación insular.
Los agentes han realizado distintas visitas a los Ayuntamientos incluidos en la denuncia y han recabado los expedientes concretos sobre las fincas recalificadas. El PTM incluyó lo que se llamó áreas de reconversión, un mecanismo que dio pie a la supresión de plazas hoteleras y urbanizaciones previstas en algunos puntos de la isla y su trueque por el traslado de la edificabilidad a otros lugares.
Cajas con documentos
Junto a la denuncia se han adjuntado varias cajas conteniendo cientos de documentos urbanísticos. Los investigadores han puesto especial interés en recopilar información sobre las normas subsidiarias de los municipios incluidos en la denuncia.
Estas cajas están rotuladas con el nombre del respectivo ayuntamiento.
En medios próximos a la investigación se ha definido la denuncia de la fiscalía como un primer paso en el esclarecimiento de los supuestos entramados de corrupción en torno al plan territorial.
Los delitos denunciados apuntan a la participación de cargos públicos o funcionarios en la supuesta corrupción y también a la implicación de promotores o constructores que se beneficiaron del presunto urbanismo ilegal.
Las actuaciones políticas que dieron pie a edificar sobre suelo no urbanizable serían el núcleo de las pesquisas, aunque ayer no se descartaba que, más adelante, puedan aparecer otros delitos como tráfico de influencias, revelación de secretos o similares.
La propia fiscalía ya ha advertido de que la investigación de todos los procesos de recalificaciones y otras modificaciones incluidas en el PTM podría colapsar el juzgado de instrucción 1, al que le ha tocado el caso por reparto. La instrucción de los casos de presunta corrupción urbanística es una tarea muy complicada, debido a la gran cantidad de documentación que se debe manejar y al gran número de personas que participan, de una u otra manera, en los procesos para recalificar terrenos. Además, se debe contar con el auxilio de peritos y expertos en la materia, de los que la Justicia carece.
* Diario de Mallorca - F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 12 de diciembre de 2007
Foto: Alcudia (Mallorca) - T.Ramón (El País)
NOTICIA RELACIONADA : ¿Canjes por la calidad o ´pelotazos´? - Diario de Mallorca - 12 de diciembre de 2007
Huércal-Overa linda con Totana... pero allí el pelotazo es del PSOE
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ELSEMANAL/Almería* : José Martínez Andreo, alcalde de Totana por el PP, ocupó las portadas de todos los periódicos españoles tras su detención por la jueza María Asunción Navarro por su pertenencia a una trama de corrupción urbanística dentro de la Operación Totem. Más suerte ha tenido su vecino de Huércal-Overa, a 60 kilómetros de Totana: el alcalde socialista Luis García Collado ha sido imputado por la jueza Isabel Jiménez-Alfaro por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias: 15.000 viviendas y unas plusvalías de 1000 millones de euros están en el punto de mira de jueces y fiscales.
La titular del juzgado número 2 de Huércal-Overa no sólo ha imputado al alcalde García Collado. También lo están la vicealcaldesa Dolores Martínez, el concejal de Hacienda, Tomás Benítez, el aparejador municipal, Miguel Beltrán, y uno de los dos administradores de la promotora inmobiliaria Dizu: el ex candidato socialista Tomás Zurano. Junto a las iniciales de su socio José Miguel Díaz Navarro, dieron nombre a su empresa promotora.
El "pelotazo" que ha supuesto la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde terrenos rústicos han pasado de la noche a la mañana a urbanizables, alcanza los 1000 millones de euros en plusvalías, según la tasación efectuada por peritos de Granada que ha presentado como prueba el concejal del PP en la oposición, Diego Ortega. No es una cifra abultada, teniendo en cuenta lo que se había tramado: un solo convenio urbanístico ponía en marcha 15.000 viviendas "y se han firmado 20 convenios, de los cuales hay 7 u 8 especialmente problemáticos" pues afectan a ex-altos cargos y familiares de dirigentes del PSOE, según Ortega.
El caso fue remitido desde la Fiscalía Anticorrupción de Madrid a la de Andalucía (Huércal-Overa pertenece a Almería y Totana a Murcia), y ésta última decidió instar a la jueza a abrir el proceso. La portavoz municipal del Grupo Popular, María del Pilar Lizcano, también está escandalizada: "Totana está muy cerca y allí se despliega toda la atención, pero Huércal-Overa sigue al margen de todo, aquí todas las tropelías son posibles". Lizcano afirma que la población del municipio se va a duplicar con todas las viviendas planificadas y la inmobiliaria Dizu hace de "conseguidora" ante el ayuntamiento, pues es la única manera de que los grandes y pequeños propietarios de tierras vean posibilidad de venderlas.
Sin embargo la juez investiga: el alcalde y los concejales no pueden adoptar decisiones inmobiliarias que favorezcan a sus familiares o allegados, deberían haberse inhibido. El escándalo ha llegado incluso a la escena política regional, donde el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves, ha prometido que se depurarán responsabilidades si se confirma la prevaricación, aunque Javier Arenas, candidato del PP a la Junta de Andalucía, no se lo cree. Mientras tanto, el alcalde campa a sus anchas y en mayo se hizo entregar la vara de mando de primer edil por su propia hija, saltándose la ordenanza que obliga a que la cesión la realice el concejal de mayor edad. Porque Huércal-Overa, felizmente para él, no es Totana.
* El Semanal Digital - 12 de diciembre de 2007
Foto: Huercal-Overa (Almería), Plaza_Mayor - JJ.Rodríguez (wikipedia.org)
Defensa insta a demoler 1.200 VPO adjudicadas en Alhendín
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ELPAÍS/Granada* : El Ministerio de Defensa hizo ayer pública una resolución en la que deniega el permiso para la construcción de 1.200 viviendas en Alhendín, en terrenos cercanos a la base aérea de Armilla. Se da la circunstancia de que la constructora FRAI tiene muy avanzadas las obras de las viviendas, la mayor parte de protección oficial, que además ya han sido adjudicadas.
En opinión de Defensa, "esta resolución, que agota la vía administrativa, confirma que las edificaciones vulneran las servidumbres aeronáuticas" de la citada base.
Defensa advierte de que sólo existen dos alternativas: la demolición de las edificaciones o la adopción de medidas correctoras, que pasarían por una demolición parcial de la altura edificada con el fin de "garantizar la seguridad aeronáutica".
Soledad López, secretaria de Estado de Defensa, dijo haber intentado que el daño fuera el "mínimo posible", puesto que hay ciudadanos que "han comprado sus viviendas de buena fe y no tienen culpa".
La resolución, que no por esperada deja de suponer un varapalo para los compradores, especifica que existen vulneraciones en nueve edificios, con magnitudes que oscilan desde los 0,5 a los cuatro metros.
* ELPAIS.com - F. V. - Granada - 12/12/2007
Foto: Alhendín (Granada), urbanización FRAI - ideal.es
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