LAVOZDEGALICIA* : La apuesta del Gobierno de Feijoo por aplicar una ordenación restrictiva en los 84 concellos en los que tendrá incidencia el plan del litoral se concretará, de entrada, en el mantenimiento de la prohibición de construir en 1.220 de las 3.339 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado que paralizó el bipartito de forma preventiva con la ley de los 500 metros.
La nueva planificación, que la Xunta presentó ayer a los alcaldes y a otras autoridades institucionales y políticas, levantará el veto al ladrillo con muchas restricciones en 1.883 hectáreas, que equivalen al 56% del ámbito de actuación de la norma cautelar todavía en vigor.
En todo caso, la edificación quedará restringida a actuaciones puntuales que se considere que mejoran ambiental y paisajísticamente el entorno. Los técnicos de Medio Ambiente descartan nuevos desarrollos residenciales y piensan en obras singulares, como la recuperación de lonjas o viejos locales dedicados a oficios propios de cada zona. En ese perímetro de suelo más próximo a la ribera marítima, el plan permitirá construir en 1.000 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado, aunque con las condiciones que ahora debe concretar con cada ayuntamiento.
Pero el ámbito de gestión del plan del litoral traspasa la línea trazada para la prohibición transitoria que el bipartito impulsó en mayo del 2007, y que el Ejecutivo de Feijoo empezará a retirar a partir de marzo para incorporar las nuevas restricciones. Así, el documento inicial que Medio Ambiente ha comenzado a enviar a los concellos paraliza el desarrollo de 1.740 hectáreas más allá de ese perímetro de los 500 metros a los que limita su efecto la norma cautelar. Fuera de esa franja, el plan también restringirá la edificación en 1.182 hectáreas que clasifica como áreas de mejora ambiental y paisajística. El documento inicial deja al ladrillo 4.673 hectáreas incluidas como áreas de ordenación más allá de los 500 metros, y que coinciden con los bordes urbanos.
428 situaciones diferenciadas
La presentación en sociedad del plan, que contó con la asistencia de alcaldes de los tres partidos con representación parlamentaria, volvió a poner de relieve la complejidad técnica de un documento que afecta a 212.000 hectáreas que se han repartido en 428 unidades de paisaje. Se trata de 428 situaciones diferenciadas en las que Medio Ambiente trabajará ahora con los 84 concellos, para detallar con cada uno la incidencia del plan. Como Feijoo apuntó al cierre del acto, el plan «non clasifica nin cualifica solo, tarefa que lle corresponde aos concellos que, dentro das súas competencias, deben establecer o modelo do seu planeamento municipal».
Si se cumple el itinerario que traza la Xunta, Galicia dejará a finales de año o principios del 2011 de ser el único territorio del arco atlántico europeo sin reglamento para proteger su costa.
* La Voz de Galicia - 26.01.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
La Xunta liberará con restricciones el 56% del suelo paralizado en el litoral
Imputan al alcalde de Teror por permitir obras en suelo rústico
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El titular del Juzgado nº1 de Arucas, José Juan Suárez Ramos, imputó ayer al alcalde de Teror, Juan de Dios Ramos, los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por dar licencia de construcción a su hijo, Abundio Ramos, para edificar una vivienda en Arbejales, donde no se podía urbanizar en 2003 porque se tramitaban las Normas Subsidiarias del municipio y el suelo era rústico.
El hijo del edil solicitó licencia para rehabilitar un alpendre debido a que en el solar cedido por su padre no podía construir, pero, paradójicamente, la gañanía se encuentra a 200 metros de distancia y con un barranco en medio de donde edificó la vivienda en el barrio de Arbejales, según las pesquisas llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).
El juez también tomó declaración al hijo del regidor y al arquitecto municipal, Germán Acosta Padrón. En concreto, el magistrado imputa a Abundio Ramos un delito contra la ordenación del territorio y al arquitecto le acusa de falsedad documental, colaborador necesario y negociaciones prohibidas a un funcionario. Debido a que las declaraciones se prolongaron hasta las tres de la tarde, el juez emplazó para otro día al que entonces era concejal de Urbanismo, Armando Santana Yánez.
Tanto Juan de Dios como su hijo y el arquitecto municipal que dirigió la obra de edificación culparon al redactor del proyecto de rehabilitación, que ya falleció. Con todo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil dice en un informe que la operación para edificar la casa del hijo del alcalde esconde un "plan encubierto".
El concejal de CCN, Cornelio Santana, que fue quien denunció ante el Juzgado de Arucas, carga la responsabilidad en Ramos como promotor de la vivienda porque aunque se tramitan las licencias a nombre del hijo, en 2006 el alcalde redactó las escrituras de donación.
* La Provincia - 26.01.10
Foto: Teror (Gran Canaria) - wikipedia.org
Alicante: Castedo activa la instalación de Ikea en Rabasa pese a su paralización judicial
INFORMACIÓN* : El centro comercial de Ikea se instalará en el plan Rabasa o en ninguna otra parte del municipio, por lo que si la sentencia judicial pendiente fuera desfavorable al Ayuntamiento, la multinacional del mueble tendría que optar por otro municipio, pero si le fuera favorable, se habría ganado tiempo para su instalación.
Este emplazamiento obligado en Rabasa se recoge en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, junto con el convenio para su implantación en Alicante, el pleno municipal del viernes acordará exponer al público antes de su aprobación.
El revés judicial sufrido con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de paralizar cautelarmente el proyecto de Ikea en Rabasa no le impide a la alcaldesa reactivar su tramitación. Así, la primera edil propondrá al pleno municipal previsto para el viernes que se sometan a exposición pública para alegaciones los dos documentos necesarios para que la mercantil escandinava pueda abrir sus puertas en la ciudad, una modificación puntual del PGOU vigente para hacer viable la implantación y un convenio con las obligaciones de las tres partes interesadas, el Ayuntamiento, Ikea, y Enrique Ortiz como administrador de la adjudicataria del plan Rabasa.
El inicio del procedimiento para aprobar estos dos documentos se ha retrasado considerablemente, fundamentalmente por la polémica que suscitó entre los comerciantes este centro comercial, ya que inicialmente se preveía sacar esta exposición pública en septiembre del pasado año. Por lo que respecta al PGOU, el cambio que se introduce es modificar el artículo 95 para autorizar un centro comercial de la máxima categoría en el plan de Rabasa con fachada a la circunvalación, en el tramo entre el enlace con la autovía A-77 y la avenida de la Universidad. Al mismo tiempo, la modificación prohíbe más hipermercados en cualquier otra zona del municipio. Esta prohibición ya no se puede amparar en la saturación comercial de la ciudad, como inicialmente pretendía el Ayuntamiento, dada la plena libertad que la nueva Ley de Comercio del Consell establecerá por exigencia de una directiva de la UE, sino en razones del impacto por el tráfico o por causas medioambientales.
En la propuesta de acuerdo de esta modificación del PGOU se señala que esta decisión se puede llevar a cabo, pese a la paralización judicial del plan Rabasa, porque es una "actuación de planeamiento", y se añade que la resolución del TSJ sí afecta a la ejecución del plan Rabasa, que el Ayuntamiento se compromete a respetar.
Esta modificación del PGOU significa que Ikea sólo puede instalarse en los citados terrenos del plan Rabasa, salvo que se vuelva a modificar otra vez el PGOU, se anule lo que ahora se acuerda y se vuelva a empezar de cero. Pero en las actuales condiciones, si los tribunales vetan Rabasa, a la mercantil no le quedaría otra salida que buscar otro municipio. A este respecto hay que recordar que el Ayuntamiento de Benidorm ha llegado a un acuerdo con Enrique Ortiz, que ofrecería terrenos para una posible ubicación de Ikea en este municipio. Todo apunta, por tanto, a que Ikea se ubicará en suelo de Ortiz sea cual sea el fallo judicial.
* Información - 26.01.10
Foto: Terrenos del plan Rabasa en los que se autorizará la implantación de Ikea si la resolución judicial lo permite ANTONIO AMORÓS, diarioinformacion.com
Málaga: Las órdenes de derribo afectan a los diseminados pendientes de legalizar
SUR* : La cuidadosa actuación de la Guardia Civil y de la Fiscalía malagueña para detectar y denunciar las edificaciones construidas en suelo no urbanizable en los últimos años no sólo afecta a viviendas aisladas, sino también a las catalogadas dentro del conjunto de núcleos diseminados de la capital.
La aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que prohíbe las viviendas en los suelos no urbanizables protegidos, está resultando también inflexible para los diseminados de Málaga, que creían que iban a poder escapar de la norma por tratarse de zonas cuya legalización está prevista en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997, todavía vigente.
Según fuentes consultadas, a los propietarios de viviendas en estos núcleos diseminados, de los que el citado plan del 97 clasifica un total de 31 para su regularización mediante un plan especial, están llegando en los últimos meses órdenes de demolición de los juzgados que están causando un gran temor en los vecinos. Uno de los despachos de abogados expertos en urbanismo de la ciudad, el de Juan Ramón Fernández-Canivell, está tratando una decena de estas órdenes. «El problema es que la Fiscalía no tiene en cuenta que son suelos pendientes de legalizar por la Administración y abre directamente la vía penal para sancionar el delito», expuso el letrado Álvaro Ruiz, quien agregó que los vecinos pueden enfrentarse incluso a penas de cárcel por edificar fuera de la ley.
Este tipo de delitos no prescriben cuando la vivienda está en suelo rústico protegido, y el plan metropolitano que aprobó la Junta de Andalucía el año pasado marcó una gran cantidad de terrenos con esta calificación, por lo que afecta a un buen número de viviendas. «Hay casas que están en suelos que son protegidos desde hace un año, pero que llevan construidas incluso décadas. Sin embargo, las órdenes de derribo están llegando ahora», agregó Álvaro Ruiz.
El PGOU del año 97 catalogó un total de 31 núcleos diseminados en la capital con el fin de someterlos a la redacción de planes especiales para su legalización. Sin embargo, según fuentes consultadas, no se ha llegado a aprobar prácticamente ninguno de estos planes, con la salvedad de la regularización del núcleo de Los Gámez al considerarlo como suelo urbano en el nuevo PGOU, que está pendiente de aprobar por la Junta.
Catalogación
El nuevo plan general reconoce un total de 27 diseminados de los que sólo propone regularizar nueve al ser los únicos que se amoldan a las condiciones impuestas por la LOUA. Según el nuevo PGOU, 1.311 vecinos habitan las 684 casas de los diseminados catalogados, pero sólo podrían legalizarse 168 casas en las que residen 417 personas, la tercera parte.
Una vía de escape para los afectados consiste en la tramitación de los planes de regularización previstos en el PGOU vigente del 97. De hecho, algunos diseminados están elaborando por iniciativa propia estos planes para presentarlos al Ayuntamiento antes de que entre en vigor el nuevo Plan General. Por parte del Consistorio, existe el compromiso de darles trámite, pero puede que luego se encuentren con un informe negativo de la Junta que tumbe las esperanzas de legalizar las casas y salvarlas de la piqueta. Así lo reconoció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien lamentó que sea ahora cuando los vecinos han activado la redacción de los planes en vez de haberlo hecho a lo largo de los últimos diez años. «Ahora están desesperados», señaló.
No obstante, desde el despacho de Juan Ramón Fernández-Canivell aportaron como solución para los casos de órdenes de derribo la contemplada en la propia normativa del plan metropolitano de la Junta, que indica que pueden ser excluidos de las zonas de protección territorial los sectores que contengan viviendas realizadas «irregularmente en suelo no urbanizable» y que estén identificadas como tales por los ayuntamientos, con el fin de darles un tratamiento urbanístico tendente a su legalización. Con este argumento, intentan dejar en suspenso las órdenes de demolición, de las que ya hay cinco firmes en la capital, como ayer adelantó este periódico.
* SUR - 26.01.10
Foto: La actuación de los agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía está ampliando y reactivando los expedientes de demolición de casas realizadas fuera de la ley. :: SUR
Dos décadas esperando el inminente derribo
ELPAÍS/Madrid* : José Manuel López vive en un continuo sobresalto. No come desde hace casi una semana. Y eso que su madre le persigue con un bocadillo de jamón de York y un zumo de naranja por todo el edificio. José Manuel, superada la cuarentena e ingeniero, está inquieto porque su casa se va a demoler. Un edificio propiedad del Empresa Municipal de la Vivienda en el que vivió con sus padres desde 1958.
"Esto es muy indignante", dice mientras se pasa el dorso de la mano por la cabeza y enumera lo que es tan indignante: "¡El Ayuntamiento se ha comportado como un casero que hace mobbing a sus inquilinos para que desalojen!", exclama y entonces, junto a otra vecina, Pilar Jiménez, enumera los delitos del Consistorio: "Metieron aposta población marginal y han dejado que el edificio acabe en ruinas".
La casa, en la avenida de San Diego, en Puente de Vallecas, tiene una placa en uno de sus costados que data de 1991. Allí ya se advierte de que el inmueble se va a derruir. Pero la Administración ha ido dilatando la "inminente" demolición. Ha ido tan despacio, que hasta 19 años después no se han planteado apuntalar los bloques, que se levantan en medio de lo que el Ayuntamiento aspira a que sea un "ecobarrio".
El gerente de la EMVS, Juan José de Gracia, describe con mucha sencillez su enfoque: "El edificio está en ruinas y hay que tirarlo. Quienes tienen derecho a piso y quienes no lo tienen viene dado por una serie de parámetros objetivos". Sin embargo, José Manuel, a quien el Ayuntamiento ya le ha advertido que no le toca piso, acusa al Consistorio de haberle rechazado el último pago de alquiler tras 40 años amortizando su vivienda. "Nosotros entramos con derecho a compra si pagábamos las mensualidades durante cuatro décadas y así lo hicimos", insiste López. En el Ayuntamiento dicen que no saben de qué habla.
Ahora, las casas están adornadas con vigas metálicas y todas sus ventanas y puertas están tapiadas con cemento. Bueno, no todas. Un pequeño hueco interior permite a los viejos vecinos y a los numerosos okupas introducirse en los pisos. La fachada, a pesar de las nubes grises de cemento que intentan convertirlo en un cubo estanco, está llena de ropa secándose al aire.
No es la única que ofrece ese aspecto en la calle y las vías cercanas. Al menos media decena están en idéntica situación y muestran la misma plaquita añeja que advertía de su inminente derribo... hace 19 años. También de su reciente caída en desgracia. Esta vez, parece que definitiva, aunque su desahucio estaba marcado para el pasado 13 de enero y por el momento vuelve a estar paralizado en espera de que se resuelvan otros trámites administrativos.
Unas trabas que quedarían resueltas si hubiese una resolución de ruina inminente, que es en opinión de los vecinos lo que persigue el Ayuntamiento. Además, las obras del ecobarrio avanzan a pocos metros de las casas y ya se levantan bloques nuevos.
* ELPAIS.com - 25.01.10
Foto: Vecinos pasean por los muros tapiados del edificio de Vallecas del que les van a desahuciar.- ÁLVARO GARCÍA, elpais.com
