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DIARIODESEVILLA* : El alcalde de Lora del Río, Francisco Javier Reinoso (PSOE), y su antecesor en el cargo, Manuel Jesús Ledro, declararán en el Juzgado de Instrucción nº1 de la localidad tras ser denunciados por Ecologistas en Acción al permitir la construcción de una urbanización "ilegal".
Según ha anunciado en una nota la organización ecologista, la jueza ha citado a declarar al actual alcalde y al ex regidor de Lora del Río por la urbanización y construcción de unas 150 viviendas en terrenos "destinados a vía pecuaria" y calificados como zona verde en el planeamiento urbanístico vigente en el momento de la edificación.
Aunque las diligencias previas se abrieron hace cinco años, la jueza ha llamado ahora a declarar, junto con los máximos responsables municipales, a la que fue delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla en el momento de iniciarse la urbanización, Rosario Pintos, y a la actual delegada, Pilar Pérez.
También están citados a declarar los técnicos del Ayuntamiento de Lora del Río que emitieron los informes necesarios en los respectivos expedientes administrativos de concesión de Licencias de Obras y que dieron por bueno la ejecución de las construcciones que son objeto de las referidas diligencias previas, según ha informado hoy Ecologistas en Acción, que ha precisado que las declaraciones de la fase de instrucción judicial empiezan el día 14 de este mes.
Entre los citados a declarar por la presunta construcción de 150 casas en suelo no urbanizable se encuentran también la secretaria y los arquitectos municipales que "dieron por buenas las citadas actuaciones urbanísticas".
* Diario de Sevilla - EFE - 10.11.2008
Foto: Lora del Río (Sevilla), vista - sevillaweb.info
El alcalde y el ex regidor de Lora del Río declararán por permitir una construcción ilegal
Urbanismo Ciudadano aboga por elaborar un nuevo POM para Cuenca
LATRIBUNA* : Urbanismo Ciudadano insta al equipo de Gobierno municipal a que elabore un nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM) y no siga adelante con el realizado en la legislatura anterior, un documento que a su entender no debe aprobarse «por irreal, inviable, insostenible y especulativo» y que según recuerda el equipo de Francisco Javier Pulido se comprometió a revisarlo en la campaña electoral.
«Su insistencia en aprobarlo es una estafa a los electores», apunta este colectivo en un comunicado.
Esta organización considera que el POM que se sometió a trámite de información pública en el verano de 2006 «provocaría un enorme coste medioambiental y económico a la ciudad al que deberíamos hacer frente el conjunto de la ciudadanía a través de nuestros impuestos y del deterioro de la calidad de vida».
Se trata además de un texto que a su entender se elaboró «desde la filosofía desvanecida del ‘boom’ urbanístico», ya que en él se planteaba construir «tal número de viviendas que hacían posible multiplicar por cuatro el número de habitantes actuales, reclasificaba una enorme cantidad de suelo y provocaba una enorme dispersión en el desarrollo urbano, todo ello sin base de crecimiento razonable».
En opinión de este colectivo, «sería una auténtica irresponsabilidad la sola idea de intentar proceder a su aprobación dada la realidad socioeconómica y urbanística actual, manifestada por la profunda crisis del sector inmobiliario».
Del mismo modo, recuerda que se trata un plan que durante su trámite de información público tuvo «una amplia contestación social que debería ser tenida en cuenta».
Urbanismo Ciudadano exige paralelamente tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades «que sean escrupulosas con los procedimientos y normas que deben seguirse para la aprobación del planeamiento urbanístico, respetando en todo momento, antes de dar por aprobados los proyectos, los trámites de información pública a los que obligatoriamente deben someterse para que la ciudadanía en general pueda mostrar su opinión».
Asimismo, les recuerda que un Plan de Ordenación Municipal debe atender «los deseos y aspiraciones del conjunto de la ciudadanía y no a las reclamaciones exclusivas de determinados intereses empresariales».
«Lo más sensato sería proceder a la elaboración de un nuevo proyecto en los que existe suelo urbanizable más que suficiente para atender las necesidades de construcción de viviendas en los próximos años», remata el comunicado de este colectivo ciudadano.
* La Tribuna de Cuenca - 11.11.2008
Foto: Cuenca, panorámica - wikipedia.org
Orihuela: Un juez ordena derribar ocho chalés de una urbanización construidos en un barranco
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un grupo de ocho chalés de la calle Niagara, en la urbanización IRIA IV de Orihuela Costa, está siendo demolido por orden judicial desde el miércoles debido a que el firme donde se construyeron hace seis años ha cedido, provocando grandes grietas y desplazamientos al punto de que las puertas de varias viviendas se desencajaron y no podían abrirse sólo dos meses después de que los vecinos entraran a ocuparlas.
El motivo de los desperfectos está estrechamente relacionado con el lugar escogido por el promotor para construir la última fila de casas de la urbanización, compuesta por 150 chalés; concretamente junto a barranco donde se rellenaron aproximadamente siete metros. Según explicó Antonio Cerdán, del partido independiente CLARO, a cien metros de distancia de la urbanización y en el mismo barranco, se sitúa un muro de contención que impide el paso de las aguas pluviales. Consecuentemente, las avenidas de aguas torrenciales afectaron al terreno sobre el que se asentaban las casas y hace un año y medio se tuvieron que desalojar por su peligrosidad.
Acciones legales
Sin embargo, tal y como recordaban desde esta formación política, los vecinos emprendieron acciones legales hace seis años contra el promotor y el arquitecto y han conseguido que el juez haya ordenado que se derriben los chalés y que se vuelvan a construir de nuevo en el mismo lugar, pero con garantías.
Antonio Cerdán aseguró que su formación política tiene contabilizadas al menos siete urbanizaciones que tienen el mismo problema que ha obligado a derribar parte de la zona residencial. Entre ellas cita "Amapolas", "Duque de Ahumada", "Las Olas" y el IES de Playa Flamenca donde hace unos años se vinieron abajo las pistas deportivas. El partido independiente de la costa denunció, poniendo este caso como ejemplo, la "permisividad y desidia al construir sobre barrancos". Según Antonio Cerdán, la política en materia urbanística que ha seguido el Partido Popular ha generado situaciones como las que en estos momentos están sufriendo los vecinos afectados de las urbanizaciones de Orihuela Costa.
La promotora tiene que volver a levantarlos
Los ocho chalés se construirán de nuevo y en el mismo lugar, pero "con un pilotaje de entre 5 y 7 metros, perforando el suelo hasta llegar al firme, que es de roca". Así lo explicó el encargado de Excavaciones Jovimar, Vicente Martínez, quien aseguró que las casas se han agrietado "por la mala compactación del terreno". Según el técnico, la nueva medida es la que se empleó en la construcción de otras urbanizaciones de la zona más resistentes a los efectos de la lluvia por el barranco, aunque "si hay un diluvio se verían afectadas por igual".
* Información - ELISA G. BROTONS - 11.11.2008
Foto: Los chalés están situado junto a un barranco lo que provocó desperfectos meses después de entregarse - LOINO, diarioinformacion.com
Galicia: El fiscal denuncia en el Parlamento la escalada de delitos urbanísticos
ELPAÍS* : En la primera comparecencia de un fiscal superior de Galicia ante el Parlamento gallego, Carlos Varela dibujó un sombrío panorama del urbanismo gallego. Las denuncias se disparan de forma "preocupante", impulsadas por el aumento del precio del suelo y "los enormes beneficios que comportan las recalificaciones". Se trata por lo tanto de una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos", que combina mal con el "fiasco absoluto de los sistemas de control por parte de las Administraciones públicas".
Una de las causas fundamentales que explican "no pocos casos de impunidad urbanística" radica en el "debilitamiento de las competencias" de control municipal. El fiscal superior alertó de que secretarios, interventores y tesoreros de la Administración municipal "deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística", a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero sus atribuciones menguan y la corrupción crece.
Carlos Varela también abogó por actualizar el régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos y por reforzar los cuerpos autonómicos de inspección urbanística y las unidades policiales especializadas. "Constituirían medidas eficaces para combatir este tipo de corrupción", opinó Varela. Todo ello, "acompañado por la obligación de los altos cargos de hacer público su patrimonio al comienzo y al final de su mandato". Otra de sus recomendaciones consiste en la ejecución efectiva de demoliciones de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias, para "disuadir a los potenciales infractores".
Según los datos de la memoria de 2007 de la Fiscalía Superior, que constituyó el objeto de la comparecencia de Varela, destacan por el aumento de las investigaciones en materia urbanística las provincias de A Coruña y Pontevedra, "donde la presión inmobiliaria es más acentuada". En la pontevedresa se concentra el 72% de los procedimientos judiciales relacionados con el urbanismo. Los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio dieron lugar en 2007 a 123 diligencias de investigación penal por las fiscalías provinciales y a la interposición de 32 denuncias por edificaciones presuntamente ilegales. Los juzgados de instrucción incoaron además 58 diligencias previas.
Las cifras globales de 2007 que el fiscal presentó a los diputados reflejan una disminución respecto al año anterior del 6,9% en el número de procedimientos penales, que bajaron a 205.942. Las diligencias previas fueron 200.730, un 7,3% menos que el año anterior, mientras que las de juicios rápidos aumentaron un 10,8%. Los órganos judiciales gallegos dictaron 25.571 sentencias. La población reclusa, mientras, aumentó un 5,09%, hasta alcanzar 4.269 internos, el 6,3% del estatal.
Varela se salió del guión de su repaso a los delitos relacionados con menores, mujeres, accidentes laborales e incendios para detenerse en un grupo delictivo en auge, que tiene como objetivo el patrimonio histórico. El fiscal constató la existencia de un "mercado ilegal de piedra y de objetos religiosos", por lo general a través de Internet. Se trata de hurtos en iglesias, monasterios o ermitas, por una parte, y en hórreos, cruceiros, pazos y puentes medievales, en lo que se refiere a "arquitectura popular". Otro tipo de expolio arqueológico es el de los yacimientos subacuáticos, que llevó al fiscal a proponer una carta arqueológica submarina que permita adoptar medidas de vigilancia.
El fiscal propuso un "nuevo paradigma de política pública de justicia", que pasa por la reorganización del mapa judicial, con una oferta diferenciada en cada zona; la modernización de los órganos judiciales, mediante la introducción de nuevas tecnologías, y la creación de órganos instructores especializados en medio ambiente, urbanismo y delitos económicos. El fiscal recomendó la creación de un observatorio permanente de la justicia.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 11/11/2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
El Ministerio de Vivienda apuesta por la vivienda inaccesible
La Plataforma por una Vivienda Digna* quiere transmitir su más profunda indignación por las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda, casi todas recogidas en el Plan de Vivienda 2009-2012. Para la PVD, las medidas de Corredor demuestran la entrega del Ministerio a las promotoras y gestores urbanísticos, intentan frenar la caída de precios y agravarán las dificultades de acceso de las familias con pocos ingresos y los jóvenes -la mayoría “mileuristas”- a la vivienda protegida.
Compra de suelo innecesaria
En lo referente a la compra de suelo de promotoras, para la PVD el Estado no necesita comprar ni un metro cuadrado de suelo para construir VPO porque tiene millones de metros cuadrados sin uso que son propiedad de distintos ministerios. Pero además, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha afirmado recientemente que los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen hoy suelo público en el que cabrían 225.000 viviendas.
El objetivo de esta compra es en realidad solucionar los problemas de liquidez de algunas promotoras, que podrán así “aguantar el tirón” sin tener que bajar precios para dar salida a su stock. Esto dificulta las posibilidades de acceso a la vivienda que podrían derivarse de la propia evolución del mercado. En otras palabras, gracias a la intervención del Ministerio, los pisos bajarán menos.
Por otro lado, no puede ser una prioridad construir vivienda protegida muy cara en un país en el que hay un millón de pisos nuevos sin vender y cerca de cuatro millones de pisos vacíos. Si la razón es el empleo, el Ministerio podría fomentar las cooperativas reales de vivienda, fórmula que concilia el mantenimiento de la actividad con el acceso a una vivienda asequible. La ausencia de esta opción en el Plan de Vivienda demuestra que la prioridad no es ni el acceso, ni el empleo, sino perpetuar los desorbitados beneficios que giran en torno a lo inmobiliario.
Una alternativa más razonable que se podría barajar para destinar los 300 millones de euros que se gastarán en la compra de suelo, es utilizarlos para convertir parte del stock de pisos sin vender en viviendas públicas de alquiler. La Consejería de Vivienda del País Vasco, por ejemplo, ya anunciado esta medida, en la que se prevé adelantar al promotor el equivalente a cinco años de renta.
Vivienda pública para ricos
En cuanto a los requisitos para acceder a una VPO, el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 eleva los ingresos máximos a 7 veces el IPREM, permitiendo el acceso a alguien que gane nada menos que 48.922 euros anuales. A la vez, recomienda que lo destinado por el adjudicatario al pago de las cuotas no supere el 33% de sus ingresos. A los precios actuales, es alarmante comprobar que será casi imposible para una persona con menos de 24.000 euros de ingresos anuales acceder a una VPO (la inmensa mayoría de los jóvenes).
Como se ve, lo de menos es facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de bajos ingresos. En realidad se trata de “colocar” los pisos protegidos a precios exagerados, garantizando el margen del promotor, las financiaciones anómalas de las instituciones y la solvencia en el préstamo hipotecario. Actualmente, el margen de beneficio para el promotor de vivienda protegida oscila entre un 100% y un 200%. A este coste se añade la “mordida” de las administraciones locales y regionales en cuestión de venta de suelo e impuestos.
Desde la PVD exigimos que se apliquen bajadas urgentes a los módulos de precios oficiales con el fin de adaptarlos a la realidad el mercado y de destinar las viviendas protegidas a quienes realmente las necesitan. Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tenga ya el mismo precio que la libre, o que incluso lo supere.
Otras medidas
Cabe decir que el Plan incluye algunas medidas positivas, aunque de menor calado, como la propuesta de creación de viviendas públicas de alquiler para determinados colectivos. En Francia existen cuatro millones de viviendas de este tipo, mientras que en España no llegan a las cien mil y este es uno de los grandes déficits que siempre ha caracterizado a la política de vivienda española.
Sin embargo, al introducir la fórmula de alquiler con opción a compra, se sigue apostando tozudamente por el fomento de la venta de vivienda pública, a pesar de que la función del Estado es facilitar el alojamiento y no la propiedad, y así lo han entendido la mayoría de los países de la UE. En cuanto a la limitación de metros, en un país donde sobra suelo es una tomadura de pelo que el Ministerio presente como algo positivo un mínimo de 30 metros para dos personas. Parece que se trata de convertir a la vivienda pública en una opción poco digna con el fin de preservar el mercado de la vivienda libre.
En cualquier caso, la PVD cree necesario resaltar que el Ministerio de la Vivienda ya no cumple el objetivo con el que nació. Sino que por el contrario, se ha convertido en una especie de sucursal del sector inmobiliario dentro del Estado, destinada a convertir en decretos los intereses de los promotores y a intervenir el mercado de forma disimulada, intentando que la burbuja de precios se desinfle lo menos posible.
Dinero, según para quién
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna reclamamos al Gobierno que los tiempos de crisis no sean la excusa para no poner en marcha una política de vivienda seria, estructural y para los ciudadanos.
Hoy por hoy la edad de emancipación en España sigue siendo superior a los 30 años. Si hay 50.000 millones de euros para ayudar al sistema financiero, es que hay recursos de sobra para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre las razones por las que no se hace, las razones por las que todas las administraciones permiten o incluso incentivan que la vivienda sea cara, cuando que la vivienda vuelva a tener unos costos razonables en relación a los salarios es la mayor garantía de que una crisis tan grave como la que estamos padeciendo no se retroalimente y no se reproduzca.
Además de las ya citadas, para desenvolver la difícil situación actual de la vivienda la Plataforma por una Vivienda Digna ha consensuado “40 propuestas por una vivienda digna”, que pueden encontrarse en nuestra página web.
www.viviendadigna.org
* Kaos en la Red - Plataforma por una Vivienda Digna - 10.11.2008
