ÚLTIMAHORA/Mallorca* : Los principales imputados en el ‘caso Andratx’, la supuesta trama de corrupción urbanística destapada con la ‘operación Voramar’, vuelven a comparecer hoy ante el juez instructor, Álvaro Latorre. El ex alcalde Eugenio Hidalgo, el ex jefe del Área de Urbanismo Jaume Massot y el celador municipal Jaume Gibert declararán sobre la pieza separada número 63 del sumario principal, relativo a un edificio de viviendas construido en unos terrenos de la Avenida Gabriel Roca del Port de Andratx, donde sólo estaba autorizado un aparcamiento público.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ya se pronunció sobre la supuesta ilegalidad de ese inmueble, y en una sentencia dictada el pasado mes de marzo ordenó su «derribo inmediato», al tiempo que conminó al Ajuntament de Andratx a tramitar «con celeridad y urgencia el expediente administrativo de demolición». La pieza separada 63 del ‘caso Andratx’ puede ser el segundo en iniciar los trámites de apertura de juicio oral, tras la caseta de aperos que Hidalgo convirtió en un chalet. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 1 y 10 años de cárcel para Hidalgo, Massot, Gibert y el abogado Ignaci Mir. A esa petición se ha adherido la acusación particular.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 18/09/07
Foto: andratx (Mallorca)- guides
Los imputados en el caso Andratx declaran ante el juez por dar licencia a un edificio ‘ilegal’
El alquiler español, lejos de converger con Europa
EFE* : España está aún muy lejos de la mayoría de países de su entorno en lo que a fomento del alquiler se refiere, con un mercado que supone el 7,5 por ciento del total, frente a la media del 30 por ciento de la UE, y con un porcentaje de vivienda protegida arrendada del 1 por ciento frente al 18 por ciento europeo.
Esta situación es la que pretende corregir el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, que esta semana anunció las dos primeras medidas de un plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, que pretende no sólo ayudar a los demandantes sino también estimular la oferta, para dinamizar un mercado que tradicionalmente no ha tenido ni apoyo estatal ni financiero.
Según el Ministerio de Vivienda, a finales de 2006 el parque de viviendas en España ascendía a 23,9 millones, de los que sólo 1,8 millones (7,5 por ciento) eran inmuebles arrendados y menos de 240.000 (1 por ciento) viviendas protegidas en alquiler, unas cifras que distan mucho de la media europea de acuerdo con los datos del Observatorio Europeo de la Vivienda Social (CECODHAS).
La situación en Alemania, con un parque de alquiler del 57 por ciento del total, es consecuencia de la masiva construcción de vivienda protegida llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, si bien en la actualidad la vivienda pública en alquiler supone el 6 por ciento, mientras que el otro 51 por ciento está en manos del sector privado.
En total hay 2,27 millones de hogares germanos que perciben ayudas directas al alquiler, aunque la cantidad depende del número de personas que viven en la casa, de los ingresos familiares y del importe del arriendo. También reciben ayuda estatal los jóvenes que se trasladen de ciudad para estudiar.
A mediados de los años 90, el gobierno alemán fomentó la adquisición de casa propia, con ayudas que alcanzaban el uno por ciento del importe de la compra, pero que desde el 1 de enero de 2006 ya no se conceden.
En Holanda tiene mayor peso la vivienda en propiedad (53 por ciento), si bien es el país europeo con el mayor porcentaje de vivienda protegida en alquiler (35 por ciento), que es promovida por el gobierno central.
También en el Reino Unido la vivienda pública de alquiler ha tenido tradicionalmente un peso importante (en la actualidad, el 20 por ciento del total), situación que cambió cuando Margaret Thatcher llegó al poder en 1979 e introdujo el derecho de compra para aquellos inquilinos de viviendas sociales. Hoy día la vivienda en propiedad llega al 70 por ciento.
Ese mismo porcentaje de vivienda en propiedad es el que pretende alcanzar el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, donde el 38 por ciento de las viviendas son alquiladas (21 por ciento público y 17 por ciento privado), y para lograrlo se permitirá a los inquilinos comprar las viviendas de protección oficial que ya disfrutan en alquiler.
En el país vecino la política fiscal en materia de vivienda está equilibrada entre compra y arrendamiento, y en lo que se refiere a alquiler social, la ley francesa obliga a los municipios a destinar un 20 por ciento del parque total a este propósito, si bien muchos ayuntamientos no cumplen la norma porque las sanciones no son disuasorias.
Pero el paso más audaz en materia de vivienda lo ha dado Francia con la aprobación de una ley que prevé la posibilidad de denunciar al Estado ante los tribunales cuando la demanda de una vivienda protegida en alquiler no se satisfaga en un determinado plazo.
Italia es el país con la situación más parecida a la española, con el 81 por ciento de la vivienda en propiedad y el 19 por ciento en alquiler, la mayoría en manos del sector privado.
Al igual que en España, el Gobierno italiano está promoviendo un plan nacional (aún no aprobado) para facilitar el alquiler a las familias con rentas más bajas, que incluirá la supresión del impuesto sobre bienes inmuebles y mayores facilidades para los jóvenes.
* La Vanguardia - 23/09/2007
Foto: Se alquila - ladrillos, PD.
Ladrillos rotos
MIQUEL ALBEROLA* : Astroc y Llanera son dos torres gemelas cuyo derrumbe económico remacha el fin de la aceleración urbanística valenciana. Su caída es la persiana que echa el cierre a un modo de hacer negocios que fue de cero a cien sin pausas y que contagió a muchas economías familiares, cuyos bolsillos ahora empiezan a resentirse. El ciclo pasó como una exhalación, como si se tratara de tiempo geológico, sin embargo, en apenas unos años ha transformado sustancialmente, para bien y para mal, buena parte de la mentalidad de la sociedad valenciana. El territorio adquirió rango de recurso y, por tanto, se volvió escaso, consumible y codiciable, pero también más apreciado como patrimonio. Nos modificó el vocabulario y dio lugar a una nueva casta que ha tenido mayor capacidad de influencia que las oligarquías en su momento de esplendor.
Y en esa aventura trepidante, que arruinó no pocos paisajes y convulsionó a las cajas de ahorros, algunos concejales y alcaldes rectos viajaron hasta el lado oscuro en BMW y se quedaron colgados de la cola del cometa para siempre. Sin embargo, la aceleración urbanística también tuvo otros efectos no tan negativos sobre la economía, puesto que se produjo en un momento en el que los sectores tradicionales empezaron a manifestar síntomas de agotamiento a causa de la globalización del mercado y la irrupción de productos asiáticos. Entonces, la promoción de viviendas no sólo amortiguó la caída que se estaba produciendo sino que espoleó a todos los sectores que arrastra esa locomotora y generalizó sus rentas entre la población. Esa locura también fue un síntoma de vitalidad de una sociedad en un momento de dificultades (otras no lo tuvieron y lo copiaron con posterioridad), así como una profunda lección de adaptabilidad social, que propició radicales cambios de oficio.
El problema es que muchos industriales de los sectores denominados maduros, lejos de reinvertir los beneficios logrados a través del ladrillo en otros sectores emergentes y en investigación y desarrollo, se entregaron por completo a la adquisición de solares y al rentismo, cegando las posibilidades de continuidad de las empresas. El tejido industrial se ha resentido más si cabe en todos estos años, poniendo en grave riesgo el equilibrio de la diversidad económica que ha sustentado la vida de los valencianos en el último siglo. Ahora, la caída de la actividad de la construcción sitúa de nuevo a la economía valenciana ante su propio drama y convierte en más acuciantes sus retos.
* ELPAIS.com - Comunidad Valenciana - 24/09/2007
La Fiscalía del Estado alerta de la propagación del 'efecto Marbella' por el urbanismo andaluz
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ELPAÍS* : Recalificaciones irregulares de parcelas, permutas de terrenos municipales a la baja, licencias de obras en fincas no urbanizables. El desorden urbanístico que ha caracterizado a Marbella se ha extendido a otras localidades costeras y del interior de Málaga, según la Fiscalía General del Estado, hasta el punto de que 20 alcaldes malagueños tienen al menos una denuncia por delitos contra la ordenación territorial. La última memoria del ministerio público alerta de que el "efecto Marbella" se ha extendido a otras provincias como Cádiz, donde las casas ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico y donde se ha constatado un "significativo aumento" de los delitos de prevaricación urbanística por parte de autoridades y funcionarios municipales.
En los despachos de los fiscales de Málaga se amontonan carpetas sobre irregularidades que siguen "más o menos la forma de operar que es conocida en Marbella" y que implican "una importante variedad de sujetos delictivos", según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. Estas causas se refieren principalmente a localidades costeras en las que el turismo es la principal fuente de ingresos.
La Fiscalía de Málaga tramitó en 2006 un total de 243 denuncias por delitos urbanísticos. El ministerio público subraya el protagonismo de la administración local en el desorden urbanístico. Veinte de los 100 alcaldes de la provincia de Málaga han sido denunciados al menos una vez por infracciones contra la ordenación del territorio. Además, de las 243 denuncias presentadas en 2006 en Málaga, 66 se dirigían contra Ayuntamientos, según la Fiscalía. Manilva, la última localidad costera, limítrofe con Cádiz, encabeza esta clasificación con diez denuncias, seguida de Marbella, con siete. También figuran otras localidades costeras como Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria o la propia Málaga capital, que suma tres denuncias. La mayoría de estas denuncias se refieren a supuestos casos de prevaricación urbanística.
Los casos de localidades del interior están ligados a particulares que construyen viviendas unifamiliares en zonas no urbanizables, normalmente en pleno monte. En estos supuestos la Fiscalía malagueña tiene la impresión de que los Ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras a nivel urbanístico". De esta apreciación se libra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, del que la Fiscalía destaca "la cantidad de denuncias realizadas"
Además, en numerosas poblaciones se han producido denuncias contra corporaciones municipales enteras por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de sus propios técnicos y por el acuerdo entre responsables políticos y técnicos. La Fiscalía destaca los casos de Archidona, Villanueva del Trabuco, Istán, Alhaurín de la Torre, Casares o Tolox. En este último municipio, de 2.336 habitantes, el juez ha paralizado la construcción de 15 promociones con 2.000 viviendas y ha imputado un delito contra la ordenación del territorio a su alcalde, el andalucista Juan Vera.
"Son pocos los municipios que por un motivo u otro no han sido denunciados, lo que da una idea de la magnitud y complejidad del problema que está desarrollando el problema urbanístico, en particular en la provincia de Málaga", concluye la memoria. Una de las razones que se esgrimen para explicar estos comportamientos es que "el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios".
La Fiscalía de Cádiz, que el año pasado abrió 77 diligencias de investigación, siete más que en 2005, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, también vislumbra el efecto Marbella en su provincia. De hecho, en todos los partidos judiciales gaditanos se han registrado denuncias por delitos contra la ordenación territorial. En 2006 ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico, confiados en que estas conductas queden impunes. Otra forma de delincuencia detectada en Cádiz ha sido la entrada en juego de algunos arquitectos técnicos y peritos que han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.
En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006. Pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur, también por construcción en suelo no urbanizable.
En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en la turística costa de Almuñécar y en el partido judicial de Motril.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 24/09/2007
Foto: Viviendas en construcción en Benalmádena - JULIÁN ROJAS (ELPAIS.com)
Alcanalí prevé construir un geriátrico con 400 apartamentos en una zona virgen
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EFE/Alicante* : El colectivo ecologista Vall de Pop denunció ayer que el Ayuntamiento de Alcanalí y una empresa constructora, con sede en Madrid, han presentado un proyecto conjunto para recalificar una zona virgen catalogada como «agrícola protegida» para convertirla en una urbanización de lujo. Según el colectivo, con el nombre de «Ciudad Geriátrica Rosalba Alcalalí», quieren construir 400 apartamentos y una zona con servicios de cafetería, restaurantes y salones, en un proyecto con una capacidad total para mil plazas que supondría duplicar la población del municipio.
La presentación del proyecto tuvo lugar ayer y en el transcurso de la misma la mercantil repartió una hoja informativa con el logotipo del ayuntamiento. Según los ecologistas, la empresa planteó la iniciativa como la «solución laboral» para los vecinos del municipio. No obstante, el colectivo señaló que la propia mercantil admitió que destinará el complejo a clientes extranjeros de alto poder adquisitivo por lo que «la mano de obra también será extranjera y requerirá hablar perfectamente el inglés». Los ecologistas apuntaron que la empresa destacó que es una construcción «respetuosa con el medio ambiente» y que «favorece la integración social de las personas mayores» , mientras que para el colectivo supondrá «un gran impacto visual», debido a que se ubicará en una colina catalogada como «zona agrícola de especial protección» por las normas subsidiarias de 1992 y en ningún caso favorecerá esa integración de los mayores «ya que los terrenos se encuentran a más de un kilómetro del casco urbano» .
Según el colectivo Vall de Pop, la empresa presentó el proyecto como la solución de futuro para Alcanalí «porque en la actualidad en este pueblo no hay nada» . Aunque la mercantil ya tiene 80.000 m 2 para habilitar las instalaciones, según el relato de los ecologistas, se mostró abierta a «otras posibilidades como un campo de golf» . El colectivo denunció además la «connivencia» del alcalde de la población, José Vicente Marcó, quien se habría encargado de presentar el acto y de ofrecer para ello a la mercantil el cine parroquial.
Vall de Pop recordó que para sacar adelante este proyecto sería necesario redactar un PGOU «que se realizaría a medida de la empresa» . Y subrayó su extrañeza por las palabras del alcalde, quien dijo que «sería el pueblo el que decidiría sobre el complejo cuando comience a rodar la agenda local 21 pese a presentar un proyecto con todos los detalles» .
* Levante-EMV - A. Ruiz/Efe, Alcanalí - 24 de septiembre de 2007
Foto: Imagen de la zona virgen donde se proyecta el complejo geriátrico /levante-emv.com
