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SUR/Málaga* : Los investigadores encargados de dirimir las presuntas irregularidades relacionadas con expedientes urbanísticos en el Ayuntamiento de Almogía prevén efectuar en las próximas horas al menos tres imputaciones por prevaricación, y en principio no prevén detenciones.Según han informado fuentes cercanas al caso, tras examinar la documentación incautada en el Consistorio se determinará el número de personas que van a ser citadas por el titular del Juzgado de Instrucción nº12 de Málaga en calidad de imputadas, si bien por los datos que manejan hasta el momento, prevén que sean un mínimo de tres.
Las averiguaciones se centran actualmente en ediles, funcionarios municipales y familiares de estos, que podrían haber creado alguna sociedad vinculada con las resoluciones municipales adoptadas. Aunque la investigación se centra en el presunto delito de prevaricación urbanística, las fuentes no descartan imputaciones relativas a otros delitos como falsedad.
Miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil participan desde esta mañana en el registro del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Almogía.
Fue el teniente de alcalde el que informó al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), del registro y de que se había solicitado su presencia en el Consistorio, así como la del secretario y el arquitecto municipal.
Antes de llegar al Ayuntamiento, el alcalde ha indicado que desconocía el motivo de la operación, desarrollada por orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, si bien ha explicado que el SEPRONA ha requerido en los últimos meses documentación al Ayuntamiento, tras denuncias efectuadas por particulares.
El alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, se encontraba esta mañana en las dependencias de la Diputación de Málaga cuando fue requerido y acudió hasta el Ayuntamiento de su localidad, donde gobierna desde 1983. Además, es diputado provincial desde 1995 y actualmente es responsable del Area de Organización y Gobierno Interior.
La Guardia Civil investiga desde hace unos meses el Ayuntamiento de Almogía y, al parecer, la decisión de registrar sus dependencias tiene como objetivo tratar de confirmar en la documentación de la corporación municipal esa investigación relacionada con temas urbanísticos.
El alcalde Cristóbal Torreblanca aseguró esta mañana que renunciará a su cargo y al acta de concejal si resulta imputado de algun delito. Asimismo, aseguró que, en tal caso, presentaría su baja automática del partido. No obstante, Torreblanca manifestó sentirse tranquilo ya que cree que la operación "no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos". "No se han producido detenciones, ni creo que se vayan a producir", ha afirmado con rotundidad el alcalde.
El Ayuntamiento de Almogía mantiene abiertos 283 expedientes de disciplina urbanística por construcciones llevadas a cabo en suelo no urbanizable, según datos aportados hoy por Cristóbal Torreblanca. "La Guardia Civil sólo nos ha pedido documentación relacionada con quince de estos expedientes", ha matizado.
Por su parte, la oposición en el municipio, IU y PP, han indicado que "esto se veía venir porque en este Ayuntamiento cuando se cometía una irregularidad se imponía una sanción pero no se paralizaba la obra".
El portavoz municipal de IU, Diego Aranda, ha declarado que no le sorprende la actuación porque en varias ocasiones los agentes del SEPRONA habían visitado el Ayuntamiento para examinar documentos, y ha recordado que su grupo ya había advertido en pleno su disconformidad con el procedimiento seguido en relación a los mencionados expedientes.
Según Aranda, el Ayuntamiento sancionaba las obras ilegales pero "se seguía construyendo", y las construcciones no se paralizaban a pesar de que en los documentos se especificaba que debían pararse. "Hasta el pasado mayo, en el Consistorio constaban 283 expedientes de disciplina urbanística, por lo general relativos a viviendas y chalés construidos en el campo, así como por la transformación de casas de apero en viviendas", ha apuntado el edil, quien ha añadido que "esta situación se da desde 2003".
Por su parte, el concejal del PP, José Vila, ha afirmado que también esperaba una investigación judicial, y que se había interesado por la situación de los expedientes en pleno. "Algunos de los documentos no llevan nombres y apellidos y en ellos sólo figura la sanción impuesta", ha comentado.
El municipio de Almogía, que cuenta con más de 4.000 habitantes, está gobernado por el PSOE, que tiene ocho concejales, mientras que IU tiene dos y el PP uno.
Tras conocerse la noticia, muchos vecinos de la localidad se han acercado a la plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento. Se muestran sorprendidos ya que, según afirman, "son muchos los años que lleva el Partido Socialista gobernando en el pueblo y nunca ha pasado nada".
* SUR - ROSSEL APARICIO | MálagaEFE - 20.10.09
Foto: Almogía (Málaga), registro guardia civil - diariosur.es
Los investigadores prevén al menos tres imputaciones por prevaricación en Almogía
La Policía registra el Ayuntamiento de El Ejido por blanqueo de dinero
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PÚBLICO/Almería* : La Policía Nacional ha detenido este martes a veinte personas en una operación contra el blanqueo de capitales que se ha desarrollado en Almería, Madrid, Sevilla y El Ejido (Almería), cuyo Ayuntamiento ha sido registrado, según ha informado en un comunicado la Fiscalía. La titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Almería, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, ha ordenado la detención de veinte personas y los registros de sus domicilios, así como de las sedes de doce sociedades, la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) y el Ayuntamiento de El Ejido.
A los detenidos en esta operación, denominada Poniente, se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Las detenciones y registros han tenido lugar en los municipios de Almería, El Ejido, Madrid y Sevilla.
Investigado desde 2007
La Fiscalía explica que su investigación empezó en 2007 con la intervención de la Unidades de Apoyo de Policía Judicial, Intervención General de la Administración del Estado y Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía Especial Anticorrupción, así como la Jefatura Superior de Policía de Granada, la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía y la Comisaría de Policía de Almería.
La operación responde a una trama empresarial creada por los detenidos en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) de El Ejido y el Ayuntamiento de dicha localidad.
Las diligencias de la Fiscalía fueron judicializadas en abril de 2009 acordándose por la titular del Juzgado la intervención telefónica de los terminales de los detenidos más relevantes en la trama empresarial.
Las diligencias fueron declaradas secretas por la juez instructora del caso y continúan en dicho estado.
En el punto de mira desde hace meses
Por otra parte, la empresa mixta de servicios municipales desde hace unos meses está en el punto de mira, entre otras cuestiones, por un supuesto traspaso ilegal de trabajadores de las subcontratas Arborimar y Maviroad.
El sindicato CCOO ha denunciado en una nota la situación que se vive en la empresa y asegura que la intervención ordenada por la Fiscalía Anticorrupción se debe a este caso.
CCOO apunta que los agentes "no están dejando salir a los funcionarios" del Ayuntamiento de El Ejido hasta que faciliten las claves de sus ordenadores y están prohibiendo la entrada y salida al inmueble.
* Público - EUROPA PRESS - Almería - 20/10/2009
Foto: El Ejido (Almería), mar de plásticos - J.Rojas (El País)
La trama Gürtel hizo negocio en urbanizaciones de La Nucia y Altea
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ELPAÍS/Alicante* : La trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, buscó negocio en dos planes urbanísticos de La Nucia y uno de Altea. En el programa de actuación integrada (PAI) de L'Algar, en La Nucia, compró en 2006 10.000 metros cuadrados de suelo. En otro, el PAI de Pie de Monte, de un millón de metros cuadrados, medió para la compra de terrenos por parte del empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado, que no fructificó, aunque sí lo hizo por parte de empresarios que promueven otra urbanización en La Nucia, el PAI de la Serreta.
Finalmente, invirtió al menos 200.000 euros en una empresa del promotor de una urbanización de lujo en Altea. Así se desprende de las declaraciones que, ante el juez Baltasar Garzón, efectuó el pasado mes de febrero Jacobo Gordon, vecino de pupitre de Alejandro Agag en sus años escolares, ex socio del yerno de José María Aznar e imputado en la investigación de la red de corrupción que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP.
Las declaraciones de Gordon ante el juez de la Audiencia Nacional que emprendió la investigación de la trama Gürtel arrojan luz sobre las alusiones que ya se conocían de Correa en las grabaciones realizadas por la policía. En ellas se refería al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, como un amigo de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, terminal valenciana de la trama, y al entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, en relación con un negocio urbanístico en la localidad de La Marina Baixa. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", decía Correa, aunque el proyecto quedó supeditado al informe de la Confederación del Júcar y no se aprobó.
Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, empresarios que se sitúan en el centro de la mayoría de las operaciones de La Nucia, que urbanizaron varias parcelas de la familia del alcalde en el PAI de La Favara y gestionan el agente urbanizador en el PAI de la Serreta, fueron, según el testimonio de Jacobo Gordon, los socios de Correa, a través de la empresa Inerzia, en la opción de compra sobre el PAI de Pie de Monte."Estuve negociando con el vendedor, con una empresa de allí, de Alicante, que se llama Murcia Puchades", declara Jacobo Gordon ante el juez Garzón tras haber explicado que Francisco Correa le contactó para que estudiara unos "terrenos grandes" en La Nucia, "en un sitio que se llama Pie de Monte". Actuó para ello por cuenta de Hator Consulting, una de las empresas de la trama Gürtel.
Tras señalar que incurrió en muchos gastos, entre otras cosas porque contrató al despacho de abogados de Pérez Llorca, Jacobo Gordon describe la operación: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con ese señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".
A preguntas de la fiscalía -"¿Y esos sí que compraron?"-, Gordon responde: "Esos sí que compraron, esos lo compraron...". Después precisa que se trataba de una opción de compra que "no se ha ejercitado" porque estaba condicionada a la aprobación definitiva del PAI, que no se ha producido. El Grupo Inerzia Sociedad de Gestión, SL, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, y fue absorbido por Gestrumar, SL en mayo del año pasado. Gestrumar fue la empresa beneficiaria en junio de 2005 de unas permutas de terreno en La Serreta y Pie de Monte que el Ayuntamiento de La Nucia pactó con la empresa Dragados por un valor de 16,7 millones de euros a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el edificio de Urbanismo y una plaza pública con auditorio, expedientes de permuta que fueron fraccionados para eludir la necesidad de autorización del Consell.
La relación de estos dos constructores con el alcalde Bernabé Cano se inició en 2002, cuando la familia de Cano cedió, dos meses después de aprobarse, la condición de agente urbanizador del PAI de 44.241 metros de su propiedad, el sector La Favara, a Saga Bonperal, SL, una de las empresas de Rocamora y Riquelme, que construyó 400 viviendas en el sector.
Jacobo Gordon declara también ante el juez que a través de la empresa de la trama de la que era administrador, Castaño Corporate, y también bajo indicación de Correa, compró "un terreno muy pequeñito", de 10.000 metros cuadrados en otro PAI de La Nucia, el de L'Algar. "Ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica", explica en la declaración, "es decir, los suelos van adquiriendo valor...".
La tercera de las operaciones que revela Gordon en su declaración la reconoce a instancias de la fiscalía, que le pregunta sobre el tema, y consiste en el pago de 200.000 euros a Construcciones y Urbanizaciones San Rafael, de Altea, "para comprar un terreno allí". Se trata de una empresa de Mariano Pérez Pérez, que es también el presidente de Zontaga, SA, la sociedad que promovió Portosenso, una urbanización de 310 viviendas de lujo diseñada por Jean Nouvel, con una ampliación de 100 amarres en el puerto deportivo y un hotel, a cinco kilómetros del núcleo urbano de Altea.
Declaraciones de Jacobo Gordon ante Garzón
- Sobre el PAI de Pie de Monte: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con este señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".
- Sobre el PAI de L'Algar: "Esta me dice a mí el señor Correa que lo tiene todo estudiado, que es una operación buena y que yo voy a firmar, tampoco me sé mucho la historia. Era un terreno muy pequeñito, de 10.000 metros cuadrados, ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica, es decir, los suelos van adquiriendo valor y, bueno, una posición así, de 10.000 metros, no tienes ni voz ni voto en la junta de compensación, vas un poco a rebufo del que esté allí".
- Sobre Álvaro Pérez: "Sí, bueno, en aquella época, como estaba por ahí por Valencia le veía de vez en cuando, pero a lo mejor hablamos de esto (...) Pues, sí, yo le conocía, pero, vamos, de este tema en concreto, de si él estaba haciendo alguna gestión en la consejería, yo no he hablado con él de eso".
* ELPAIS.com - ADOLF BELTRAN / ARTUR BALAGUER - Valencia / Benidorm - 20/10/2009
Foto: La Nucia (Alicante), el Algar - levante-emv.com
EL Puerto: Un PGOU que lleva diez años en fase de revisión
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DIARIODECÁDIZ: Primavera de 2011. Esa es la fecha que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto (conformado por Partido Popular y Partido Andalucista) se ha marcado para la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marcará el crecimiento urbanístico de la ciudad durante la próxima década. Tras 10 años en proceso de revisión, donde ha habido desde dimisiones y cambios en el equipo redactor hasta informes contrarios de la Junta de Andalucía, el Consistorio portuense se muestra confiado en que el presente mandato municipal culmine con un nuevo planeamiento urbanístico.
La próxima semana se aprobará en una sesión extraordinaria el documento de aprobación provisional 2 del futuro Plan General. Este ha sido elaborado por Territorio y Ciudad, la empresa que encabeza el urbanista jerezano Manuel Ángel González Fustegueras (autor de los planes generales de ciudades tales como Sevilla, Marbella o Chiclana, entre otros), que se hizo cargo de su elaboración en junio del año pasado.
La propuesta de ordenamiento contempla un desarrollo de la ciudad no tanto expansionista sino colmatador. La existencia de un importante número de viviendas ilegales concentradas fundamentalmente en la zona noroeste del municipio ha influido notablemente en la propuesta. Por ello, se apuesta por desarrollar los espacios existentes actualmente entre estos núcleos para, de esta forma, hacer una ciudad lo más compacta posible.
No obstante, el nuevo ordenamiento contempla la construcción de unas 23.646 viviendas. Eso sí, unas 8.000 corresponderían a propuestas de desarrollo que ya venían recogidas en el vigente Plan General y que cuentan con su tramitación ya realizada (aprobados sus planes parciales, proyectos de urbanización, ...) pero no han sido ejecutadas. Tal es el caso de zonas como La Florida (donde se prevén más de 3.000 viviendas, más del 70% de VPO) o el campo de golf de Viña Rango (unas 700), entre otros.
Tanto el Área de Urbanismo del Ayuntamiento portuense como el equipo redactor destacan que el planeamiento hace una gran apuesta por la vivienda de protección oficial (serán unas 8.900 las que puedan acogerse a alguno de estos regímenes). Algunos de los nuevos desarrollos prevén reservas muy por encima del 30% de la edificabilidad residencial que fija como mínima la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).
El documento de aprobación provisional 2 que se llevará a Pleno la próxima semana incluye también la regularización de un importante número de viviendas del término municipal (se estima que unas 3.800). La propuesta divide a todos los diseminados en 11 categorías en función de su grado de consolidación y colmatación así como su cercanía con la ciudad. Y esta calificación incide, por tanto, en el proceso de regularización que se les aplicará. Eso sí, habrá núcleos que no podrán entrar en este proceso ya que se encuentran edificados sobre terrenos catalogados de especial protección ambiental, aunque a los propietarios se le dan alternativas de solución.
Pero, más allá de nuevos desarrollos, tanto la dirección política como técnica del Plan destacan que el documento establece un "nuevo modelo de ciudad" que busca hacer una ciudad "más próspera, ordenada y bella, que contribuya al bienestar de sus ciudadanos y a la evolución positiva del entorno metropolitano".
En este sentido, se hace una apuesta firme por cambiar el sistema de movilidad en la ciudad. El equipo redactor considera fundamental un replanteamiento del transporte colectivo (se fijan intercambiadores de transporte en zonas claves como la estación de tren o la Plaza de Toros, entre otros), la ampliación de la red de itinerarios peatonales y de bicicletas y la construcción de aparcamientos subterráneos en el entorno del casco histórico, entre otras medidas.
No obstante, el nuevo Plan contempla destacadas mejoras en el sistema viario de la ciudad, aunque para ello considera fundamental que la Junta de Andalucía ejecute el futuro acceso a las localidades de la Costa Noroeste a través de la prolongación de la Carretera de El Portal (A-2002) para eliminar de la ciudad el tráfico interurbano. Por cuenta municipal correría la ejecución de un anillo de circunvalación que conectaría la Costa Oeste con el polígono Las Salinas y que serviría igualmente para fijar un límite de crecimiento de la ciudad. Además, se proyectan nuevos corredores norte-sur y este-oeste para facilitar los accesos a los nuevos desarrollos urbanísticos.
La propuesta de futuro ordenamiento recoge también una mejora de la red de infraestructuras y servicios básicos, ampliando la red de tuberías de abastecimiento y saneamiento así como el incremento del número de subestaciones eléctricas en la ciudad. Entre los aspectos más destacados se encuentra la construcción de una nueva depuradora, que se ubicaría a los pies de la Sierra de San Cristóbal (en unos terrenos que hoy día son una cantera de arena). Territorio y Ciudad propone, además, la instalación de cuatro depósitos de almacenamiento para que el agua depurada pueda ser usada posteriormente para el riego del campo de golf de Viña Rango y de las zonas ajardinadas de la ciudad (para ello se plantea una red de reutilización).
Ya por último, en lo que se refiere a espacios verdes, se contempla la reserva de más de 4,3 millones de metros cuadrados bajo la categoría de parques, medida con la que se quiere preservar las zonas forestales del término municipal.
* Diario de cádiz - E. M. Cañas - 20.10.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Sada: El Supremo confirma la anulación del complejo residencial Porto Infanta
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la promotora Sociedad General de Terrenos y Edificios SL contra la anulación del plan parcial de la urbanización Porto Infanta, un complejo residencial de casi medio millar de viviendas que en su segunda fase incluía la construcción de un puerto deportivo con 300 puntos de amarre.
Para el actual equipo de gobierno, presidido por el nacionalista Abel López, la sentencia dictada el pasado 25 de septiembre por el Tribunal Supremo confirma que Porto Infanta vulneraba la Lei de Costas, por lo que supone "una buena noticia para Sada". El Gobierno local quiso reconocer la labor realizada por la Plataforma para a Defensa da Ría de Sada y considera la resolución judicial "de especial trascendencia" tanto para los intereses del Concello como a la hora de asentar "criterios generales sobre la ordenación urbanística en la zona de protección del litoral". Así, pretende que el futuro PGOM, en fase de redacción, incluya en esta parte de la costa sadense "una gran zona de verde para uso y disfrute de los vecinos".
Porto Infanta fue considerado el proyecto estrella del ex alcalde Ramón Rodríguez Ares, una actuación a la que se opuso frontalmente el BNG, ahora en el Gobierno municipal. En junio de 2001, el pleno aprobó el plan parcial necesario para desarrollar el proyecto y Rodríguez Ares aseguró que la iniciativa conllevaría "un gran beneficio para Sada", que se convertiría así "en la capital náutica del norte de Galicia".
Poco después, se constituía la Plataforma de Defensa de la Ría de Sada (en realidad Ares y Betanzos), que aglutinó a todos los colectivos que denunciaban el impacto medioambiental del proyecto y su efecto pantalla debido a la altura de los edificios proyectados en el litoral sadense.
El colectivo recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el plan parcial de Porto Infanta, que fue anulado por los jueces en noviembre de 2004. Los magistrados consideraron que no estaba justificada la expansión del núcleo de población de Fontán y manifestaron que en dos de los cuatro montajes fotográficos realizados para intentar mostrar la futura macrourbanización se podía comprobar "el grave impacto visual y el efecto de muro pantalla" de las edificaciones no sólo desde el mar, sino también desde la carretera.
Antes de que el TSXG dictase la sentencia contraria a este documento urbanístico, emitió un auto en el que decretaba la paralización cautelar de una parte de la urbanización. Fue en 2002.
La anulación de Porto Infanta supuso un varapalo para el Concello de Sada, que en 2004 preveía ingresar 1,3 millones de euros en concepto de aprovechamiento urbanístico, es decir, por los terrenos que le correspondían en la urbanización. El BNG destacaba entonces que la situación obligaría al equipo de gobierno a realizar importantes ajustes económicos, pero Rodríguez Ares salía al paso manifestando que el dinero que se dejaría de ingresar no afectaría "para nada" a las arcas municipales.
* La Opinión A Coruña - NURIA RODRÍGUEZ - 20.10.09
Foto: Recreación virtual de la urbanización Porto Infanta y el puerto deportivo incluido en el proyecto. / m. losada , laopinioncoruna.es
