LAVERDAD/Albacete* : La alcaldesa socialista de Elche de la Sierra, Mª Carmen Ruiz Escudero, el ex alcalde Domingo del Val, el ex concejal Juan Fernández Sánchez y el concejal Juan Carlos Belmonte, se encuentran procesados, en situación de libertad provisional sin fianza, según el auto del Juzgado de Instrucción nº2 de Hellín que ha decidido abrir juicio oral por «un delito continuado de prevaricación administrativa».
El juzgado ha adoptado esta decisión tras resolver los escritos de acusación del fiscal, que pide penas de un año y medio de prisión y nueve de inhabilitación para cada uno de los acusados, por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística; y de la acusación particular, que eleva su petición a penas de dos años y seis meses, e inhabilitación de doce años, por los mismos delitos. La causa pasará ahora al Juzgado de lo Penal de Albacete. Para dar a conocer este auto, y exigir responsabilidades políticas en este asunto, comparecieron ayer en la sede del PP el portavoz Juan Marcos Molina, y los concejales populares de Elche de la Sierra Cayetano Guerrero, Javier Gomáriz y Asensio Moreno.
Explicaron que los hechos que han dado lugar a este procesamiento se remontan «a las denuncias que realizó el PP en 2005 porque se habían autorizado cinco licencias contra los informes de secretaría y el arquitecto técnico municipal».
Indicaron que cuatro de las licencias eran para viviendas unifamiliares, y que en dos de ellas los beneficiarios tenían relación de parentesco con los concejales; la otra licencia era para diez casas rurales, «que además de autorizarse en suelo no urbanizable se ubican en zona Zepa, de especial protección para las aves», en la zona del paraje de El Gallego.
Renuncia frustrada
El noviembre de 2008, cuando el fiscal formuló su acusación contra estos cuatro componentes de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Elche de la Sierra, la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Belmonte, presentaron su renuncia a los cargos que ocupaban, si bien pocos días después rectificaron y decidieron seguir en sus puestos.
Juan Marcos Molina aseguró que «si ya es grave esta situación, es sorprendente que después de conocer esas acusaciones, la alcaldesa haya seguido dando licencias contra los informes técnicos». Y señaló como especialmente grave que «además ha cesado al aparejador, que no parecía dispuesto a cubrirle las espaldas». El portavoz popular en Elche, Cayetano Guerrero, añadió que «a pesar de las imputaciones, sigue haciendo de su capa un sayo; abre expediente al aparejador, y además lo denuncia a la Fiscalía, utilizando un abogado externo al Ayuntamiento, curiosamente el mismo que utiliza en su defensa, y todo además coincide con el auto».
Tanto el portavoz de la oposición en Elche como Juan Marcos Molina dijeron que con la alcaldesa y sus compañeros procesados «el Partido Socialista no puede seguir manteniendo su estrategia de silencio cómplice; estaría bien que el señor Francisco Pardo o José María Barreda dijeran su opinión sobre estas personas, no ya imputados, sino procesadas».
Molina añadió que «parece que estamos otra vez ante el síndrome de los alcaldes del PSOE, como estamos viendo aquí, o en Hellín o Villarrobledo, que parece que no se sienten vinculados por la ley».
Cayetano Guerrero explicó que su acción no ha ido en ningún momento contra los promotores de las viviendas, «que se limitaron a construir porque tenían su licencia», sino contra la actuación irregular del alcalde y sus concejales en estos casos.
* La Verdad - 2.05.10
Foto: Elche de la Sierra - entrepueblos.com
La alcaldesa y el ex alcalde de Elche de la Sierra, procesados penalmente
La Policía Judicial cuestiona las licencias urbanísticas de 678 viviendas en Viveiro
ABC/Lugo* : Tres informes de la Policía Judicial estiman que el Ayuntamiento de Viveiro concedió de forma presuntamente ilegal hasta once licencias urbanísticas, que permitirían la construcción de 678 viviendas y un hotel en el término municipal, valiéndose del trámite del silencio administrativo. Las pruebas periciales forman parte de la extensa investigación que desde hace tres años desarrolla el Juzgado de Instrucción nº2 de la localidad, después de que estas posibles prácticas del alcalde, el socialista Melchor Roel, fueran denunciadas por el anterior regidor, el popular César Aja.
Las once licencias concedidas -nueve en construcción, una finalizada y otra paralizada- tienen en común los informes en contra -entre otros-de los técnicos municipales de urbanismo, que según queda de relieve en las diligencias periciales, fueron ignorados por la Junta de Gobierno que preside Roel «para aprobarlas a través del silencio administrativo». Una de las más representativas corresponde a la promoción de 154 viviendas «Primeira Calidade», actualmente en construcción en una parcela de suelo urbano no consolidado en la que según «reiterados informes emitidos por el ingeniero municipal» no se puede edificar por carecer de la condición de solar al no haberse realizado obras de urbanización en el entorno.
En un informe fechado a 5 de febrero de 2009, la Policía Judicial recoge cómo el ingeniero aconsejó al alcalde en julio de 2006 consultar a la Xunta la calificación urbanística de la parcela. Roel, sin embargo, optó seis meses más tarde por pagar una asesoría técnica a un arquitecto externo, Manuel Cortón, para que le justifique «la viabilidad de la construcción». Los instructores no sólo creen «que la licencia no se podía conceder por no reunir los requisitos» que marca la ley y entienden que Roel y su Junta de Gobierno pudieran haber incurrido en un hipotético delito de prevaricación, sino que atribuyen a Cortón un supuesto delito de falsedad documental por «un informe carente de fundamento legal y faltando a la verdad».
Contra el Patrimonio
La única promoción paralizada por el momento corresponde a un proyecto de «Construcciones Furadiña» de 200 viviendas en el entorno de la Iglesia de Covas, un bien inventariado dentro del patrimonio histórico-artístico y con una zona de protección de 100 metros. La urbanización proyectada invadía ese espacio protegido e inviolable, y contraviniendo los informes del técnico municipal y el vinculante de la Delegación Provincial de la Consellería de Cultura, el 22 de noviembre de 2006 el Ayuntamiento concede la licencia por silencio administrativo.
En el segundo de los informes periciales, del 19 de octubre de 2009, los instructores sentencian que «no se debía haber concedido» dicha licencia ya que «en ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo» autorizaciones «en contra de la legislación o el planeamiento urbanístico».
Entre la documentación presentada ante el juzgado instructor consta copia de un correo electrónico enviado por un técnico de urbanismo al alcalde, en el que se adjuntaba un informe que desaconsejaba la concesión de la licencia por falta de plazos y requisitos legales. Sobre este proyecto ya se pronunció el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Lugo en diciembre de 2008, que anuló la licencia e incluso dio traslado de los hechos a la Fiscalía ante la existencia de «indicios» de infracción penal por posible delito contra el patrimonio, el territorio y otro de prevaricación.
Imputación de Roel
En el primero de los documentos periciales, del que ya informó ABC en diciembre de 2008, la Policía Judicial imputaba a Roel y su Junta de Gobierno la presunta comisión de cuatro delitos de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico. Se trataba de seis expedientes urbanísticos, uno de los cuales se refería a una promoción de 15 viviendas ya construidas, a las que el alcalde incluso ha concedido la cédula de primera ocupación, antes incluso de la resolución judicial.
Sin embargo, la causa contra Roel no acaba de concretarse, ya que tres años después de la apertura de diligencias previas, la instructora del caso no ha formulado escrito de acusación, mientras acumula sobre la mesa informes de la Policía Judicial que ponen de manifiesto las prácticas urbanísticas en el concello de Viveiro. Ante esta situación, el demandante solicitó la pasada semana -por tercera vez desde el inicio del proceso judicial- el fin de la instrucción y la apertura de juicio oral.
* ABC - 2.05.10
Foto: abc.es
Derribábamos ayer ....
DIARIODECÁDIZ/Grazalema* : Parafraseando con ironía a Fray Luis de León, cuando volvió a dar clases a sus alumnos de la Universidad, tras pasar cinco años en la cárcel, como si no hubiera pasado el tiempo, bien podríamos decir en este caso "Derribábamos ayer". Porque han hecho falta que transcurran cerca de cinco años desde el inicio de las obras que desviaron el cauce del río Guadalete, en pleno casco urbano de Grazalema, para que el Ayuntamiento de esta localidad serrana acuerde la demolición de lo edificado.
La Junta de Gobierno Local, que preside la alcaldesa, María José Lara Mateos (PSOE), en sesión celebrada el pasado día 16 de este mes, ha acordado la demolición parcial de edificio de viviendas erigido sobre el cauce del Guadalete por parte de la empresa Inmocentral. En el acuerdo adoptado, el gobierno municipal da un plazo de un mes a la empresa para que acometa el derribo de todo lo que se construyó sobre el río, cuyo cauce fue desviado, construyendo otro artificial con hormigón y piedras.
Entra de este modo por fin en su recta final el último expediente de restitución de la legalidad urbanística que le fue incoado a la empresa promotora. Se atisba por fin al fondo del túnel la luz de una controvertida actuación que arrancó en julio de 2005, cuando los promotores, comenzaron a hacer unos trabajos que, aunque en origen carecían de la preceptiva licencia de obras, no fueron paralizados hasta cerca de tres meses después. Cuando ya habían destrozado el cauce para erigir en dominio público hidráulico un bloque de viviendas, con fachada a la plaza de la Asamblea y a la calle del Chorrito, y a raíz de denunciar el destrozo Ecologistas en Acción.
Desde entonces, han transcurrido otros cuatro años y medio más durante los que varios de los expedientes abiertos por el Ayuntamiento a la empresa han llegado a caducar, debiendo ser sucesivamente reabiertos. Cuatro años y medio de dilaciones, cruces de papeles, y hasta una petición de prórroga por parte de la empresa para presentar el obligado proyecto para instar a la legalización de los trabajos realizados, derribando lo hecho y restaurando el cauce originario, que les fue concedida por el Ayuntamiento. Por pedir, hasta Inmocentral llegó a requerir que la Agencia Andaluza del Agua realizara un informe para decirles por dónde debían volver a poner al cauce primitivo. Y todo ello, para acabar presentando el mismo proyecto que había provocado el desvío. En paralelo, el expediente sancionador también se ha dilatado en demasía en el tiempo. Tanto que hasta el pasado diciembre, más de cuatro años después, no les impuso el Ayuntamiento la primera multa coercitiva (por 9.000 euros, el 10% del valor estimado de las obras hechas). Después, han llegado dos o tres más, pero la empresa hasta el momento no ha abonado ni un euro.
Ahora, por fin, Inmocentral ha presentado el proyecto de restauración exigido que, con todos los informes favorables, ha aprobado el Ayuntamiento, urgiéndoles a que derriben en un mes.
* Diario de Cádiz - 1.05.10
Foto: A la izquierda, edificio construido en el cauce originario del río, que debe ser demolido en un mes. - diariodecadiz.es
El Ayuntamiento de Málaga adjudica más de un millón de euros para soterrar la basura a una empresa "pringada" en el caso Gürtel
REBELIÓN* : El Ayuntamiento de Málaga gobernado por el PP con mayoría absoluta ha adjudicado un contrato de 1.156.810 euros para el soterramiento de contenedores urbanos de basura a la empresa Sufi, informa la web municipal consultada por El Observador. Esta misma sociedad figura en el sumario del caso Gürtel por obtener contratos municipales similares en los ayuntamientos de Madrid, Boadilla del Monte y Majadahonda -también gobernados por el PP- mediante el pago de comisiones a empresas relacionadas con la red de Francisco Correa, cabecilla de la mayor trama de corrupción destapada en España en los últimos años.
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz Guirado, adjudicó por decreto el pasado 14 de abril un contrato de 1.156.810 euros para el soterramiento de contenedores urbanos de basura a la empresa Sufi S.A., dentro del paquete de actuaciones financiadas por el Fondo Estatal para el Empleo. Anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa municipal Promálaga había optado por Sufi SA en un concurso público realizado en 2007, que contempla la ejecución de cincuenta y seis (56) “islas ecológicas”.
Según han recogido varios medios de comunicación tras hacerse público parte del sumario del caso Gürtel, la empresa Sufi SA figura como una de las sociedades que pagó comisiones a la red corrupta tejida po r Francisco Correa para obtener contratos municipales de limpieza en varios ayuntamientos de Madrid gobernados por el Partido Popular. Así lo explica el diario El País en la noticia titulada ‘Un pelotazo de 1,2 millones por un contrato en la capital’ publicada a comienzos de este mes de abril: “Limpiar Moratalaz (un distrito madrileño) era un negocio jugoso en 2002. La empresa que lo consiguiera obtendría 48 millones de euros durante 10 años (algo más de cuatro anuales). La ganadora fue Sufi, SA, presidida por Rafael Naranjo. El alcalde de la ciudad era entonces José María Álvarez del Manzano y su concejal de Limpieza Urbana -que formaría después parte del Gobierno de Esperanza Aguirre como consejero de Deportes- se llamaba Alberto López Viejo, ahora imputado en la causa. Naranjo logró la adjudicación, según un informe policial que consta en el sumario del caso, gracias a una comisión millonaria que entregó a la red de Correa. La trama corrupta se habría embolsado el 3% de la operación, 1.200.000 euros. No fue la única vez que esta empresa conseguía contratos de limpieza en municipios madrileños; y, casualmente, muchos de ellos eran adjudicaciones de Ayuntamientos como Majadahonda o Boadilla del Monte, cuyos alcaldes de la época están imputados en este procedimiento. Había contratos muy similares al de Moratalaz: limpieza viaria o recogida de basuras que se desarrollaban durante 10 o 12 años. Gonzalo Naranjo, hi jo de Rafael y ex contable de Sufi, negó ante el juez que hubiera pagos irregulares, pero reconoció que en dos contratos con Boadilla y Majadahonda aparecía una partida del 2% del presupuesto de adjudicación que ellos debían dedicar a algo llamado "campañas de comunicación". Las reglas eran precisas: no podían hacer ellos mismos la campaña, sino que tenían que pagar por ello a quien les ordenara el consistorio. Y las afortunadas eran, de nuevo casualmente , empresas de Correa”.
Hay que advertir, por otra parte, que Sufi SA fue adquirida por la constructora Sacyr Vallehermoso en abril de 2005 por 142 millones de euros.
No es esta la única vinculación del Ayuntamiento de Málaga con empresas implicadas en el caso Gürtel. El equipo gobernado por Francisco de la Torre eligió a Begar Construcciones y Contratas, empresa constructora propiedad de José Luis Ulibarri, para hacer una promoción de 66 Viviendas de Protección Oficial en calle Curadero que tuvieron un presupuesto de 3,6 millones de euros y fueron entregadas en mayo de 2008. Aunque el plato fuerte de la obra pública para Begar en Málaga llegó en 2007, cuando el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) le adjudicó, junto a Ferrovial Agromán, las obras de 280 VPO de Soliva Este por un importe de 22 millones y medio de euros.
A José Luis Uliba rri se le sitúa como un íntimo amigo del ‘cerebro’ de la trama Gürtel, Francisco Correa , con quien (según pública el diario El País) tiene un trato casi íntimo. Su nombre aparece en múltiples conversaciones grabadas: “Os traigo a Ulibarri y se sienta con vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo”. Aparte de las obras promovidas por el Consistorio malagueño, Ulibarri construye también obra privada en la ciudad de Málaga a través de la promotora UFC, responsable de la urbanización La Senda, proyecto de 93 viviendas en la zona de Puerto de la Torre, en el cañaveral, cerca de la zona universitaria, tal y como adelantó El Observador en febrero de 2009.
También la constructora ‘gurtelliana’ Teconsa, actualmente en suspensión de pagos y señalada en un informe policial por financiar al PP valenciano, extendió sus actividades a Málaga capital. La Fiscalía de Málaga investiga supuestos pagos realizados desde el Consistorio de esta ciudad a esta mercantil por unos trabajos no realizados en la carretera Azucarera-Intelhorce. El grupo popular en el Ayuntamiento de Málaga tumbó con su mayoría absoluta la propuesta de realizar una comisión de investigación que aclarase lo ocurrido en la actuación de este vial, que estuvo parado durante meses, en el que se produjeron impagos y retrasos a las empresas subcontratadas, y en el que hay indicios de facturación de materiales que no han sido utilizados.
Fuente: http://www.revistaelobservador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3609&Itemid=29
* Rebelión - El Observador - 29.04.10
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
Un millón de afectados por los desahucios - Ada Colau 3
* sicomtv — 19 de febrero de 2010
— En España una vivienda desahuciada va a subasta. El precio de salida es el correspondiente al de la burbuja financiera. Ante el precio fuera de mercado, la subasta queda desierta. En este caso la entidad financiera puede quedarse el piso a mitad de precio. Resultado: la familia se queda sin la vivienda y en la práctica con la misma deuda. ¿Cómo es posible tamaña injusticia?
Pues la crisis ha empeorado la situación con la aprobación gubernamental del llamado desahucio exprés.
La mitad de los habitantes del mundo viven en el "urbanismo informal"
E-CONSULTA MAGAZINE* : La mitad de los habitantes de las grandes urbes y aldeas del planeta ha construido sus viviendas en el urbanismo informal, es decir, sin normas de la construcción ni planeación territorial o urbanística. Para el año 2030 habrá tenido que duplicarse la vivienda existente desde 2000; eso significaría la construcción de 23 millones de viviendas, de las cuales nueve millones serían producto del urbanismo informal.
Estos y otros importantes aspectos acerca de la vivienda son revelados en el libro "Urbanismo Informal" que coordinó el maestro Sergio Padilla Galicia, investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Durante la presentación dicha obra -efectuada en el Museo Franz Mayer- el doctor Adrián de Garay Sánchez, investigador del Departamento Sociología de la misma universidad, explicó que en 20 años no se resolverán los problemas que genera el urbanismo informal, por lo que las universidades deberán participar con propuestas para resolver este fenómeno.
El miembro del Sistema Nacional de Investigadores subrayó que la gobernanza, tema que también aborda la publicación, debe entenderse como un proceso para dialogar y negociar con múltiples actores sociales medidas de solución adecuadas a problemáticas de distinta índole; tal es el caso de una gestión fluida, transparente, participativa y creativa que reconozca a sectores desconocidos y minorías silenciosas.
Para el especialista la gobernanza se convierte en piedra angular para repensar la democracia, la participación social, la toma de decisiones y la nueva función de los gobiernos. "Es aceptar la construcción de una reforma novedosa de hacer política e impulsar la búsqueda de alternativas de bienestar y calidad de vida para millones de habitantes que viven en el urbanismo informal".
De acuerdo con De Garay Sánchez, el libro es referencia obligada para urbanistas y arquitectos, además de que brinda aportaciones a la Sociología urbana, pues trata temas sobre asentamientos en México, Colombia, Bolivia, así como la situación de los campos de refugiados en los territorios autónomos de Palestina, un conflicto que se originó desde fines de la Segunda Guerra Mundial.
En el acto, el embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio Isaza, quien se congratuló por la publicación, señaló que el urbanismo informal "nos invadió en varios países". En el caso de Colombia el rescate de Cartagena es un ejemplo exitoso que se comenta en el volumen.
Padilla Galicia explicó que el volumen editado por la UAM es un esfuerzo colectivo de revisión de la urbanización espontánea y auto-constructiva y recupera experiencias de otras latitudes.
Contiene diez casos seleccionados de urbanización en África, Medio Oriente y América Latina, en los que los urbanistas presentan propuestas concretas para mejorar la vivienda y urbanización, así como sugerencias para aplicar políticas públicas en materia de urbanización y vivienda. (Con información de uam.mx)
* E-CONSULTA MAGAZINE - 20 de abril de 2010
Foto: La mitad de los habitantes de las grandes urbes y aldeas del planeta ha construido sus viviendas en el urbanismo informal, es decir, sin normas de la construcción ni planeación territorial o urbanística - e-consulta.com
